El Nuevo Dardo de Washington y la estampida silenciosa

El Nuevo Dardo de Washington y la estampida silenciosa

Como en toda buena historia de poder y claroscuros, esta semana saltó una liebre que nadie esperaba en el escenario político. Desde Washington, el Departamento del Tesoro lanzó una ofensiva económica por el contrabando de combustible a favor del Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero el verdadero dardo se esconde en 82 palabras explosivas dentro de su documento oficial.

Por primera vez, EU traza una línea directa: las ganancias del huachicol financian campañas políticas y medios de comunicación en nuestro país, buscando instalar funcionarios a modo. Un movimiento que trasciende la burocracia financiera y que, bajo las nuevas doctrinas estadounidenses, abre la puerta a la extraterritorialidad.

En Palacio Nacional, la respuesta de la presidenta Sheinbaum fue la negación, era de esperarse. Exigió pruebas frente a lo que parece ser una gestión calculada de la desconfianza por parte de las agencias vecinas. Sin embargo, el verdadero terremoto no está en los comunicados diplomáticos, sino en el subsuelo de la política nacional.

Como bien lo detonó  Raymundo Riva Palacio, estamos ante el epitafio de la cohesión interna. La revelación de que figuras clave como Adán Augusto López y Rutilio Escandón podrían estar colaborando con el Tío Sam nos confirma una vieja máxima: el instinto de supervivencia es el motor más poderoso de la política.

Mientras se exigen pruebas a gritos, presenciamos una estampida silenciosa. Los antiguos guardianes de los secretos prefieren el blindaje personal ante la justicia internacional. Al final, la lealtad histórica termina volviéndose moneda de cambio.

Les recomiendo leer hoy Otro gol al gobierno, la columna Estrictamente Personal de Raymundo Riva Palacio en El Financiero.

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 Otro gol al gobierno/ Raymundo Riva Palacio

Estrictamente Personal

El Financiero, julio 02, 2026 |

Por donde menos se esperaba saltó una nueva liebre envenenada el martes. La Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionaron a dos mexicanos y a nueve empresas acusadas de contrabandear combustible en beneficio del Cártel Jalisco Nueva Generación. Este tipo de sanciones económicas y alertas al sistema financiero para reforzar sus acciones contra el lavado de dinero no son nuevas, y forman parte de un sistema de vigilancia y respuesta contra individuos y entidades que consideren una amenaza a su seguridad nacional.

El documento del Tesoro subraya que aproximadamente el 30% del combustible en México es de contrabando, pero de manera extraordinaria, por lo inusual, incluye 82 palabras explosivas que advierten: “En México, los cárteles utilizan las ganancias ilícitas de la venta de combustible en el mercado negro para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles para controlar puestos administrativos clave en el gobierno, lo que facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos estatales para lavar las ganancias ilícitas de estos esquemas y otras actividades delictivas”.

Es la primera vez que estos organismos del Departamento del Tesoro establecen una relación directa entre las estructuras financieras criminales y la inversión en campañas políticas en México, cuyas consecuencias pueden rebasar el catálogo de sanciones que pueden aplicar la OFAC y el FinCen –que no van más allá de las sanciones económicas–, y las alinean con la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en su primer día en la Casa Blanca, que designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, que le otorga a Estados Unidos herramientas legales extraordinarias para combatirlas, como operaciones militares en territorio mexicano.

Las sanciones del Tesoro deben verse como un nuevo mensaje de insatisfacción de Washington a Palacio Nacional por la forma como está manejando el caso del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acusado de haber llegado al poder con el dinero y la operación electoral del Cártel de Sinaloa, y a quien Estados Unidos solicitó que se le detuviera con fines de extradición. Rocha Moya sigue bajo protección en un rancho al norte de Culiacán, y la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum, hasta hoy, es que no se los entregará bajo ningún presupuesto. Es importante observar que solo el Cártel de Sinaloa había sido señalado de intervenir en elecciones; ahora se añadió al CJNG.

Ni la OFAC ni el FinCEN abundaron en la imputación, que ayer fue rechazada por la presidenta con el mismo argumento como se ha negado a reconocer que hay políticos de Morena vinculados con el crimen organizado: no hay pruebas. “Así pasó con tres instituciones financieras (contra las que) de manera unilateral el Departamento del Tesoro tomó una medida”, recordó Sheinbaum el señalamiento a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa en junio del año pasado, cuando las definieron de “mayor preocupación” en materia de lavado de dinero y presuntamente vinculadas al tráfico ilegal de fentanilo. Sheinbaum agregó que cuando le pidió su gobierno pruebas para acompañarlos en el proceso, “solo enviaron dos páginas sin pruebas”. La Secretaría de Hacienda, sin embargo, actuó y los intervino. Poco después, las tres instituciones desaparecieron.

La presidenta se quejó de que pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda –controlada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch– trabaja con la OFAC y el FinCen, “nunca fuimos informados” y adelantaron un comunicado sin esperar a un boletín conjunto. El Tesoro contrastó sus declaraciones. “Las sanciones”, informó, “fueron diseñadas conjuntamente con la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de México”. Lo que probablemente desconocían aquí era el señalamiento de que el dinero del huachicol fiscal sirviera para financiar campañas políticas y medios de comunicación para apoyar a funcionarios corruptos dispuestos a colaborar con el CJNG.

Es la primera vez que un documento oficial del gobierno de Estados Unidos incluye a medios de comunicación como parte de la red criminal de políticos y el crimen organizado, con lo cual, de acuerdo con la manera en que funcionan la OFAC y el FinCEN, las sanciones pueden extenderse a dueños de medios, sociedades o cooperativas, así como a editores y periodistas que sean señalados como parte de esa red. Pero en el alineamiento de estas acciones con la orden ejecutiva de Trump, los periodistas quedan sujetos a sus mecanismos legales, y pueden ser acusados de terrorismo y capturados incluso en México, al permitir sus leyes la extraterritorialidad.

Igualmente, en el nuevo marco de referencia en el que se mueven esos organismos, se refuerza la posibilidad de que Morena y otros partidos, dentro de la coalición gobernante o de oposición, puedan ser declarados como “organizaciones terroristas” si se demuestra que un cártel financió campañas políticas, y enfrentar sanciones a funcionarios y políticos que hubieran facilitado o recibido recursos ilegales.

El señalamiento al CJNG tiene un impacto en 22 estados, y es la fuerza criminal dominante en Guanajuato, gobernado por el PAN; Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano; Michoacán y Nayarit, que gobierna Morena. El partido en el poder está al frente en otros 15 estados: Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

La OFAC y el FinCEN suelen actuar con base en investigaciones de inteligencia financiera y de procuración de justicia, y esta operación fue coordinada por la Fuerza de Tareas del Departamento de Seguridad Nacional en Texas, que es una iniciativa multiagencias que se creó en noviembre pasado para desmantelar las organizaciones criminales, los cárteles y las pandillas a lo largo de la frontera con México.

En esa fuerza de tareas participan prominentemente la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, que caza a terroristas en todo el mundo y fue la responsable de la captura de Ismael El Mayo Zambada; el FBI, que tiene una área de inteligencia en México; la DEA, Migración, Aduanas y los fiscales de las cortes de los distritos Sur y Occidente de Texas, que tienen los casos del huachicol en Tamaulipas.

La reacción de la presidenta Sheinbaum era predecible, pero endeble al no abordar el fondo de la molestia estadounidense y seguir negándose a procesar políticos vinculados con el crimen organizado.

¡Qué dijo la c. Presidenta en la mañanera?…

Exige rigor: "¿Dónde están las pruebas?", cuestiona ante los señalamientos del Departamento del Tesoro sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación y su metástasis en el huachicol y las campañas. 

Pero en esta diplomacia de espejos, las formas son el fondo. Cuando Washington decide operar en solitario —lanzando acusaciones sin nombres, sin filiaciones, pero con una dirección clara—, el mensaje no es solo contra el crimen: es un aviso de sospecha absoluta hacia nuestras instituciones.

Lo inquietante no es el señalamiento, es la prisa. En efecto, si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presumía ya estar sobre la pista, ¿por qué el desdén por la coordinación? La respuesta duele: porque a EU le resulta más rentable el golpe mediático que la colaboración con México…Hay que decirlo..  Estamos ante una gestión calculada de la desconfianza donde la soberanía se exhibe como un estandarte mientras, en los hechos, se desmorona ante la falta de cooperación real.

Pero el verdadero terremoto no está en los comunicados, sino en el subsuelo. Mientras Palacio Nacional se parapeta tras el discurso del intervencionismo ideológico, en los pasillos de Washington se escucha el sonido seco de las lealtades fracturándose...

La bomba que detona ayer Raymundo en El Financiero es, más que una primicia, el epitafio de la cohesión en la autollamada "Cuarta Transformación". La revelación de que Adán Augusto López y Rutilio Escandón han pasado de ser los pilares del régimen a convertirse en informantes del Tío Sam, confirma que, al final del día, el instinto de supervivencia es el único motor que realmente mueve a la clase política.

Es la crónica de una traición anunciada: el miedo a las mazmorras de Miami y Washington ha logrado lo que la oposición mexicana jamás pudo: romper el núcleo duro del obradorismo. 

Estos antiguos guardianes de los secretos, acorralados por el asedio a sus gestiones en el sur del país, han decidido que su libertad personal vale más que la narrativa del movimiento.

Mientras la Presidenta pide pruebas a gritos, sus propios aliados —los que mejor conocen las bitácoras inconfesables de los sexenios pasados— ya se las están entregando a los fiscales estadounidenses. Es una estampida silenciosa. Los antiguos hermanos de causa hoy se apresuran a señalar hacia el círculo más íntimo del expresidente y sus herederos, buscando un blindaje que, paradójicamente, terminará hundiendo el barco que juraron proteger.

Al final, la soberanía resulta ser un escudo de papel frente a la descarnada realidad: la "lealtad histórica" no es más que una moneda de cambio cuando la justicia internacional toca a la puerta. Y en ese "sálvese quien pueda", el movimiento no está cayendo por culpa de una intervención extranjera, sino por el peso de sus propios secretos.

Textual..

PREGUNTA: Por otro lado, preguntarle sobre esta información que surgió de una sanción que hizo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a unas personas que están vinculadas al delito del huachicol fiscal y, a su vez, vinculadas con el cártel Jalisco Nueva Generación.

Se informó que este dinero lo utilizan para financiar también algunas campañas electorales aquí en México.

Preguntarle si ¿su gobierno tenía conocimiento de esta información y cómo es que…? Porque bueno, también se dice…

 CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Una parte de ello se trabaja con la UIF.

Lo que no entendemos es la parte de cuando informan de las campañas, porque de eso nunca fuimos informados.

Y, además, ¿qué pruebas tienen también? Porque es lo mismo, lo mismo; o sea, es decir: “que ocurre algo sin ninguna prueba”.

Así pasó con las tres instituciones financieras que, de manera unilateral, el Departamento del Tesoro toma una medida: cuando nosotros le pedimos que dieran las pruebas para que pudiéramos acompañarlos en ese proceso, solo se enviaron dos páginas sin pruebas.

Y hay que repetir que nosotros, cuando hemos solicitado, por ejemplo, en el caso de extradición, ellos nos piden pruebas, o sea, es una práctica común que se pida pruebas de uno y de otro lado.

En este caso, las personas que fueron… Bueno, de las que habla este comunicado, ya estaban también bajo investigación de la UIF, pero ellos se adelantan con el comunicado, no esperaron a la comunicación conjunta.

Y ponen este tema de las campañas, que no entendemos a qué viene, así lo digo muy francamente.

PREGUNTA: Sobre el tema…

 CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Pero es muy importante. Nosotros debemos aquí en “La mañanera”, les debemos a ustedes y a todos los que nos escuchan: todo lo que hemos hecho para reducir sustancialmente el llamado “huachicol fiscal”, o se puede hablar también de contrabando de combustible.

Que son muchísimas medidas: administrativas, de vigilancia en aduanas, medidas del SAT, detenciones que ha habido por parte de la Fiscalía General de la República; todavía siguen en investigación muchas carpetas o tienen muchas carpetas de investigación que todavía están buscando las pruebas para poder solicitar las órdenes de aprehensión.

Entonces, se ha hecho muchísimo para disminuir el contrabando de combustible. Y, de hecho, ha bajado. La mejor prueba es que están subiendo las ventas de Pemex, incluso también las ventas de los privados.

Entonces, se ha trabajado mucho, y también incluso en congelamiento —le llaman de otra manera en la UIF—, pero congelamiento de cuentas.

Entonces, se ha hecho muchísimo trabajo.

Y esto se estaba analizando conjuntamente, nada más que deciden adelantarse.

PREGUNTA: Sí, es que decían que era contrario a esta información que surgía con lo que usted mencionaba, bueno, su gobierno ha dicho ¿no?, que ha bajado ya este delito de huachicol.

 CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Claro que ha bajado. Claro que ha bajado, y tenemos las pruebas y lo vamos a mostrar aquí. Y la mejor forma de verlo es el incremento de ventas de Pemex, es la mejor manera de verlo.

PREGUNTA: Gracias, Presidenta.