La autonomía de las mujeres como desafío/María Pazos Morán, investigadora del Instituto de Estudios Fiscales. Su último libro publicado es Economía e Igualdad de Género: Retos de la Hacienda Pública en el Siglo XXI
Publicado en EL PAÍS, 29/01/09):
A pesar de los desoladores datos y previsiones sobre la recesión, las medidas tomadas hasta ahora han sido, además de inquietantemente parcas, carentes de un sistemático análisis coste-beneficio. Por un lado se habla de la gran oportunidad que esta crisis proporciona para solucionar los problemas estructurales que aquejan a nuestra economía, y por otro se aprueban partidas de gasto para obras públicas sin ni siquiera establecer prioridades o condiciones; como si no diera tiempo a pensar en las dos cosas a la vez. Para constatarlo, basta consultar el Decreto sobre el Fondo Estatal de Inversión Local y la lista de proyectos aprobados.
Sin embargo, admitida la urgencia, nada impide dedicar el gasto a inversiones social y económicamente rentables. De hecho, se tarda más en imaginar nuevos proyectos que en recordar, sin ir más lejos, que la universalización de la educación infantil desde los 0 años era una promesa electoral para la presente legislatura. Tampoco estaría mal recordar que lo que se ha desarrollado de la Ley de Dependencia ha sido, sobre todo, la ayuda económica por “cuidados en el entorno familiar” (calificada de “excepcional” en la propia Ley), hasta el punto de que los medios de comunicación frecuentemente identifican la aplicación de la ley con el número de estas prestaciones concedidas.
En un país como España, que arrastra un déficit social histórico, ¿no sería oportuno un plan de servicios públicos para atender a estas necesidades ya que se buscan, y sin duda se buscarán, destinos para tantas partidas de gasto? A juzgar por las encuestas, la ciudadanía así lo demanda. Además, sería de justicia aliviar a las mujeres que se están sacrificando para suplir la citada falta de servicios. Entonces, ¿por qué no se hace? El descuido podría estar relacionado con ciertos prejuicios obsoletos: más servicios públicos, se piensa, exigirían gasto para su funcionamiento (no como “arreglar el cementerio”, por tomar un ejemplo real), y además liberarían a muchas mujeres que se lanzarían a competir con los “cabeza de familia” por el empleo. Pero esas ideas ya no tienen sentido: según la EPA del IV trimestre de 2008, el 43% de las “personas de referencia en el hogar” en paro son mujeres. En todo caso, la cifra de los 827.200 hogares con todos sus miembros desempleados nos recuerda, además de dramáticos casos de mujeres solas con cargas familiares, que el modelo de familia “sustentador masculino/esposa dependiente” es una perfecta trampa de pobreza.
Los servicios públicos de educación infantil son una apuesta altamente rentable. En primer lugar, no solamente generan empleo durante la construcción de las infraestructuras sino posteriormente. Además, la inversión se amortiza sobradamente con el aumento de impuestos y cotizaciones sociales resultante del mayor empleo femenino. Asimismo, ayudan a eliminar las ineficiencias que actualmente provoca en el mercado de trabajo el hecho de que las mujeres tengan la etiqueta de “menos disponible”. Por último, contribuyen a disminuir la división del trabajo, que tiene menos sentido económico que nunca en el contexto actual de aumento en la esperanza de vida, disminución del tamaño familiar, pérdida de centralidad de la familia como unidad de producción y alta formación de las mujeres.
Pero más graves aún que el despilfarro del capital humano actual son los problemas demográficos, es decir, los relacionados con la generación y formación del capital humano futuro. El nivel de las tasas de fecundidad y la pobreza infantil son asuntos íntimamente relacionados, y para ambos es imprescindible que las mujeres puedan compatibilizar un empleo de calidad con el número de hijos deseados (que, según las encuestas, viene a ser una media de 2, 1, justamente el nivel de reemplazo poblacional).
España tiene unas tasas de fecundidad tan bajas que, de continuar con esta tendencia, a final de siglo la población española podría llegar a caer hasta aproximadamente 10 millones de personas. Para 2060, la población mayor de 65 años constituiría ya un 32,3% (frente al 16,6% en 2008); la mayor de 80 años un 14,5% (4,6% en 2008). Y todas estas estimaciones son anteriores a la actual crisis económica. Ahora, ¿qué mujer, autóctona o inmigrante, va a decidir tener hijos con la que está cayendo?
La demografía y el medio ambiente son los dos grandes retos para un desarrollo económico y social sostenible; pero aunque el medio ambiente está ya (tibiamente) presente en las consideraciones sobre la crisis, la demografía parece seguir siendo tabú. Por distintas razones, todos los sectores meten la cabeza debajo del ala. Unos confían en que el descenso de las tasas de fecundidad se detendrá si se dificulta el acceso de las mujeres al empleo, a los anticonceptivos y al aborto. Pero las mujeres con un mínimo nivel de información se las arreglan (a veces a costa de poner en riesgo su propia vida) para no tener más hijos de los que desean y esperan poder mantener. Otros creen que la preocupación por la demografía es un asunto de xenofobia, ignorando que el problema es global.
En Europa, a pesar de que la inmigración aún compensa en parte la falta de nacimientos, Alemania y algunos países del Este ya están perdiendo población desde hace años; y se estima que hacia 2035 la población europea total comenzará a descender. El crecimiento poblacional se está ralentizando también en la mayor parte de los países de Asia y América en los que las tasas de fecundidad son aún elevadas. Mientras, continúa la explosión demográfica en el África Subsahariana y en Oriente Próximo, precisamente en las zonas más pobres y donde las mujeres están más esclavizadas. La explicación es sencilla: las tasas de fecundidad empiezan a descender en todos los países en cuanto las mujeres tienen acceso a la educación y al empleo. Esto es bueno cuando las tasas de fecundidad son demasiado altas, no solamente por la superpoblación sino precisamente por la pobreza infantil. Pero el descenso no se frena si las mujeres no encuentran las condiciones adecuadas para ser madres sin renunciar a su profesión. Así es como la falta de autonomía de las mujeres se sitúa en el centro del problema demográfico.
El derecho universal a la educación infantil de calidad, que a precios de mercado resulta inasequible para la mayoría de las familias, no solamente es imprescindible para recuperar las tasas de fecundidad a un nivel aceptable sino también para amortiguar sus oscilaciones con el ciclo económico que tantos problemas de planificación originan. Francia es un ejemplo con su tasa de fecundidad de 1,9 hijos/as por mujer (en España tenemos 1,3), aunque no llegue al nivel adecuado. Para mantener tasas de fecundidad altas y estables se necesitan también otras medidas, principalmente dirigidas a actuar sobre la gran reserva de capital cuidador masculino que hoy sigue en gran medida desaprovechado; pero un sistema público de educación infantil es una condición sine-qua-non. Por último, y no menos importante, la educación infantil de calidad es necesaria para garantizar el derecho a una formación en igualdad y contribuye substancialmente a disminuir la pobreza infantil.
El sistema público de atención a la dependencia, junto con la corresponsabilidad de los hombres en el cuidado, es también un asunto de primer orden cuya dimensión se puede estimar a partir de las previsiones demográficas, tanto en lo que se refiere a la creciente necesidad de cuidados como a la escasez de personas para cuidar, pero a la hora de la verdad no entra en el lote de los asuntos “serios”. A la falta de costumbre de pensar en estos temas se añade, como en el caso del medio ambiente, la inercia de moverse en el corto plazo. Sin embargo, es urgente ponerse manos a la obra. Y ya que desgraciadamente la crisis se perfila profunda y larga, bienvenida sea la solución keynesiana que nos proporciona recursos y nos da la oportunidad de poner condiciones a su utilización. Sabemos que las medidas tomadas hasta ahora no serán las últimas, así que ¿no deberíamos estar hace tiempo debatiendo cuáles son esas inversiones que deben mejorar la productividad y posibilitar un desarrollo sostenible? ¿Qué mejor ocasión para un verdadero New Deal inclusivo, feminista, ecológico y demográficamente viable?
A pesar de los desoladores datos y previsiones sobre la recesión, las medidas tomadas hasta ahora han sido, además de inquietantemente parcas, carentes de un sistemático análisis coste-beneficio. Por un lado se habla de la gran oportunidad que esta crisis proporciona para solucionar los problemas estructurales que aquejan a nuestra economía, y por otro se aprueban partidas de gasto para obras públicas sin ni siquiera establecer prioridades o condiciones; como si no diera tiempo a pensar en las dos cosas a la vez. Para constatarlo, basta consultar el Decreto sobre el Fondo Estatal de Inversión Local y la lista de proyectos aprobados.
Sin embargo, admitida la urgencia, nada impide dedicar el gasto a inversiones social y económicamente rentables. De hecho, se tarda más en imaginar nuevos proyectos que en recordar, sin ir más lejos, que la universalización de la educación infantil desde los 0 años era una promesa electoral para la presente legislatura. Tampoco estaría mal recordar que lo que se ha desarrollado de la Ley de Dependencia ha sido, sobre todo, la ayuda económica por “cuidados en el entorno familiar” (calificada de “excepcional” en la propia Ley), hasta el punto de que los medios de comunicación frecuentemente identifican la aplicación de la ley con el número de estas prestaciones concedidas.
En un país como España, que arrastra un déficit social histórico, ¿no sería oportuno un plan de servicios públicos para atender a estas necesidades ya que se buscan, y sin duda se buscarán, destinos para tantas partidas de gasto? A juzgar por las encuestas, la ciudadanía así lo demanda. Además, sería de justicia aliviar a las mujeres que se están sacrificando para suplir la citada falta de servicios. Entonces, ¿por qué no se hace? El descuido podría estar relacionado con ciertos prejuicios obsoletos: más servicios públicos, se piensa, exigirían gasto para su funcionamiento (no como “arreglar el cementerio”, por tomar un ejemplo real), y además liberarían a muchas mujeres que se lanzarían a competir con los “cabeza de familia” por el empleo. Pero esas ideas ya no tienen sentido: según la EPA del IV trimestre de 2008, el 43% de las “personas de referencia en el hogar” en paro son mujeres. En todo caso, la cifra de los 827.200 hogares con todos sus miembros desempleados nos recuerda, además de dramáticos casos de mujeres solas con cargas familiares, que el modelo de familia “sustentador masculino/esposa dependiente” es una perfecta trampa de pobreza.
Los servicios públicos de educación infantil son una apuesta altamente rentable. En primer lugar, no solamente generan empleo durante la construcción de las infraestructuras sino posteriormente. Además, la inversión se amortiza sobradamente con el aumento de impuestos y cotizaciones sociales resultante del mayor empleo femenino. Asimismo, ayudan a eliminar las ineficiencias que actualmente provoca en el mercado de trabajo el hecho de que las mujeres tengan la etiqueta de “menos disponible”. Por último, contribuyen a disminuir la división del trabajo, que tiene menos sentido económico que nunca en el contexto actual de aumento en la esperanza de vida, disminución del tamaño familiar, pérdida de centralidad de la familia como unidad de producción y alta formación de las mujeres.
Pero más graves aún que el despilfarro del capital humano actual son los problemas demográficos, es decir, los relacionados con la generación y formación del capital humano futuro. El nivel de las tasas de fecundidad y la pobreza infantil son asuntos íntimamente relacionados, y para ambos es imprescindible que las mujeres puedan compatibilizar un empleo de calidad con el número de hijos deseados (que, según las encuestas, viene a ser una media de 2, 1, justamente el nivel de reemplazo poblacional).
España tiene unas tasas de fecundidad tan bajas que, de continuar con esta tendencia, a final de siglo la población española podría llegar a caer hasta aproximadamente 10 millones de personas. Para 2060, la población mayor de 65 años constituiría ya un 32,3% (frente al 16,6% en 2008); la mayor de 80 años un 14,5% (4,6% en 2008). Y todas estas estimaciones son anteriores a la actual crisis económica. Ahora, ¿qué mujer, autóctona o inmigrante, va a decidir tener hijos con la que está cayendo?
La demografía y el medio ambiente son los dos grandes retos para un desarrollo económico y social sostenible; pero aunque el medio ambiente está ya (tibiamente) presente en las consideraciones sobre la crisis, la demografía parece seguir siendo tabú. Por distintas razones, todos los sectores meten la cabeza debajo del ala. Unos confían en que el descenso de las tasas de fecundidad se detendrá si se dificulta el acceso de las mujeres al empleo, a los anticonceptivos y al aborto. Pero las mujeres con un mínimo nivel de información se las arreglan (a veces a costa de poner en riesgo su propia vida) para no tener más hijos de los que desean y esperan poder mantener. Otros creen que la preocupación por la demografía es un asunto de xenofobia, ignorando que el problema es global.
En Europa, a pesar de que la inmigración aún compensa en parte la falta de nacimientos, Alemania y algunos países del Este ya están perdiendo población desde hace años; y se estima que hacia 2035 la población europea total comenzará a descender. El crecimiento poblacional se está ralentizando también en la mayor parte de los países de Asia y América en los que las tasas de fecundidad son aún elevadas. Mientras, continúa la explosión demográfica en el África Subsahariana y en Oriente Próximo, precisamente en las zonas más pobres y donde las mujeres están más esclavizadas. La explicación es sencilla: las tasas de fecundidad empiezan a descender en todos los países en cuanto las mujeres tienen acceso a la educación y al empleo. Esto es bueno cuando las tasas de fecundidad son demasiado altas, no solamente por la superpoblación sino precisamente por la pobreza infantil. Pero el descenso no se frena si las mujeres no encuentran las condiciones adecuadas para ser madres sin renunciar a su profesión. Así es como la falta de autonomía de las mujeres se sitúa en el centro del problema demográfico.
El derecho universal a la educación infantil de calidad, que a precios de mercado resulta inasequible para la mayoría de las familias, no solamente es imprescindible para recuperar las tasas de fecundidad a un nivel aceptable sino también para amortiguar sus oscilaciones con el ciclo económico que tantos problemas de planificación originan. Francia es un ejemplo con su tasa de fecundidad de 1,9 hijos/as por mujer (en España tenemos 1,3), aunque no llegue al nivel adecuado. Para mantener tasas de fecundidad altas y estables se necesitan también otras medidas, principalmente dirigidas a actuar sobre la gran reserva de capital cuidador masculino que hoy sigue en gran medida desaprovechado; pero un sistema público de educación infantil es una condición sine-qua-non. Por último, y no menos importante, la educación infantil de calidad es necesaria para garantizar el derecho a una formación en igualdad y contribuye substancialmente a disminuir la pobreza infantil.
El sistema público de atención a la dependencia, junto con la corresponsabilidad de los hombres en el cuidado, es también un asunto de primer orden cuya dimensión se puede estimar a partir de las previsiones demográficas, tanto en lo que se refiere a la creciente necesidad de cuidados como a la escasez de personas para cuidar, pero a la hora de la verdad no entra en el lote de los asuntos “serios”. A la falta de costumbre de pensar en estos temas se añade, como en el caso del medio ambiente, la inercia de moverse en el corto plazo. Sin embargo, es urgente ponerse manos a la obra. Y ya que desgraciadamente la crisis se perfila profunda y larga, bienvenida sea la solución keynesiana que nos proporciona recursos y nos da la oportunidad de poner condiciones a su utilización. Sabemos que las medidas tomadas hasta ahora no serán las últimas, así que ¿no deberíamos estar hace tiempo debatiendo cuáles son esas inversiones que deben mejorar la productividad y posibilitar un desarrollo sostenible? ¿Qué mejor ocasión para un verdadero New Deal inclusivo, feminista, ecológico y demográficamente viable?
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