El subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Juan de Dios Castro Lozano, rechazó las afirmaciones vertidas por el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, y asegura que la dependencia que dirige Eduardo Medina Mora no rechaza “sistemáticamente” las recomendaciones del organismo y que tampoco la averiguacioón previa relacionada con el caso Pasta de Conchos haya sido enviada “indebidamente” a la reserva.
Comunicado de la CNDH CGCP/015/09
México, D. F., a 28 de enero de 2009
Entre las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, la Procuraduría General de la República ha sido la excepción de la regla al rechazar e incumplir sistemáticamente con las Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La actitud de no investigar ni fincar presuntas responsabilidades en casos que le expone la CNDH abona la impunidad y la falta de respeto a las garantías fundamentales, lamentó hoy el Ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández.
En vez de confrontarse con el órgano constitucional autónomo y tomarlo como si fuera el enemigo a vencer, hubiera sido deseable que la PGR buscara el fin superior de hacer justicia, en vez de eludirla, como sucedió en los casos de Lázaro Cárdenas, Michoacán; Atenco, Pasta de Conchos –del que no se solicitó “reabrir la mina”, sino reabrir la averiguación previa-- y en el del homicidio del periodista Bradley Roland Will.
Entrevistado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a donde acudió a presentar el Informe de Actividades 2008 de la CNDH ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que preside el diputado César Duarte, Soberanes Fernández recordó que la PGR ha rechazado, entre otras, las Recomendaciones relativas a los casos arriba mencionados.
Tras señalar que en el caso del periodista Brad Will el Poder Judicial de la Federación dio la razón a la Comisión Nacional al poner en libertad a una persona a la que se imputaba la muerte del camarógrafo, Soberanes Fernández respondió que no le corresponde opinar acerca de si el Procurador General de la República debe renunciar.
Cuestionado también sobre las expresiones del gobierno estadounidense acerca de la violencia interna y los presuntos riesgos que ésta representa para el vecino país del norte, consideró que Estados Unidos ejerce medidas de presión sobre México lo que no es nada nuevo y en nuestro país estamos conscientes de la situación que aquí se vive y también de lo que significan las actitudes del gobierno vecino.
Durante el Informe Anual de Actividades 2008 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Soberanes Fernández reiteró la urgencia de poner un alto a la criminalidad desbordada que amenaza la paz social. Alertó que varias regiones del país sufren severas crisis de gobernabilidad, como resultado de los saldos del narcotráfico y el clima de inseguridad que se ha apoderado de ellas.
Señaló que si se cumpliera con mayor certeza y eficacia la aplicación de las leyes en materia penal se advertiría que con ellas es posible abatir la enorme impunidad que caracteriza al delito y a la delincuencia organizada. Subrayó que cualquier otro camino que no sea el de la aplicación rigurosa de las leyes –incluso el aumento de penalidades, que puede ser hasta de 70 años o el de buscar que se implante la pena de muerte— opera como una distracción, no para aprender a enfrentar a la delincuencia, sino para evadir la realidad.
La impotencia social generada por la inseguridad es tal, dijo, que han llegado a presentarse iniciativas de ley contrarias a derechos humanos, que proponen abierta permisividad para que se realicen cateos sin orden judicial, aprehensión de personas bajo el supuesto de que “parecen sospechosos”, que permiten el arraigo domiciliario e incluso medidas “irracionales e inútiles” como la pena de muerte.
Tras apuntar que la CNDH presentó su II Informe Especial sobre el Ejercicio Efectivo del Derecho a la Seguridad Pública, puntualizó que el Organismo nacional será aliado de cualquier movimiento cívico impulsor de cambios en favor del pleno respeto a los derechos humanos, comenzando por el derecho a la seguridad pública, sin desdibujar o confundir las causas de la inseguridad.
Recordó que dicho Informe contiene cinco propuestas de trabajo basadas en la necesidad de reevaluar la eficacia del a estrategia nacional de seguridad pública; en la promoción de políticas efectivas e integrales para prevenir el delito, y en recuperar la confianza social hacia las instituciones de procuración y administración de justicia.
Ante diputados y senadores reunidos en el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro, Soberanes Fernández presentó el informe anual de la CNDH, de conformidad con lo que establece el artículo 102 constitucional. Enfatizó que las situaciones que enfrentamos han obligado al Estado a hacer uso de las fuerzas armadas en tareas policiales que no son de su competencia, con lo que se ponen en riesgo la plena vigencia de las garantías individuales y el reconocimiento que con muchos años de trabajo y esfuerzo labró el Ejército Nacional.
“Esa presencia y acción directa de nuestras fuerzas armadas en tareas de seguridad pública –recordó— debe ser temporal. No hagamos de lo excepcional algo normal, a menos que aceptemos que se desdibuje el proyecto nacional trazado en nuestra Constitución, lo cual –estoy seguro— nadie desea”.
Soberanes Fernández mencionó que durante 2008 la CNDH proporcionó más de 40 mil servicios al público en el Distrito Federal y atendió más de cinco mil personas en sus oficinas foráneas, y como consecuencia de lo anterior se registraron seis mil cuatro quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en que las autoridades más señaladas fueron la Secretaría de la Defensa Nacional, con 1,230; IMSS, 1,007; PGR, 769; PFP, 284; INM, 258; ISSSTE, 256; SEP, 237; Prevención y Readaptación Social, 216; SSP, 191 e Infonavit, 189.
Dijo que durante el año pasado la CNDH emitió 676 Recomendaciones cuyos principales destinatarios fueron Sedena, 14; INM, 7 y SSP federal, 5, en tanto que algunas autoridades las rechazaron, como la PGR y los gobernadores de Baja California, Sinaloa y Guerrero, lo que en nada contribuye a combatir la impunidad y sí abre la puerta para que otras autoridades cometan abusos sin señalamiento y castigo alguno.
Luego de señalar que la CNDH acepta muchas de las observaciones tendentes a mejorar su trabajo y está abierta al diálogo y a la cooperación, expuso que la institución cuenta con un alto nivel de confianza social ganada en 19 años de trabajo institucional, y es reconocida por la ciudadanía como una de las primeras cinco instituciones más confiables del país.
Agradeció el compromiso de los legisladores y ombudsman locales en favor de la CNDH, y puntualizó que no obstante algunas descalificaciones personales hacia el Ombudsman nacional, siempre hubo firmeza en las decisiones y compromiso activo de estricto apego a la ley y de nunca rehuir la responsabilidad de señalar las omisiones y abusos de una autoridad, como fueron los casos de desaparición forzada de personas en la década de los 70 y los feminicidios en Juárez, donde las autoridades no cumplieron con los señalamientos, por falta de voluntad y de capacidad para afrontar la problemática y los resultados de la investigación. “Por los dos casos señalados, dijo, persiste una gran deuda con las víctimas y sus familiares”.
“Nuestro más alto deber es apostar por el Estado de Derecho y la democracia. Las garantías individuales son una victoria del pueblo de México y tenemos el honor de velar por su estricto cumplimiento. Actuar cada año guiado por esa convicción –manifestó Soberanes Fernández— ha sido mi obligación y, al mismo tiempo, el mayor privilegio que he tenido como servidor público”.
México, D. F., a 28 de enero de 2009
Entre las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, la Procuraduría General de la República ha sido la excepción de la regla al rechazar e incumplir sistemáticamente con las Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La actitud de no investigar ni fincar presuntas responsabilidades en casos que le expone la CNDH abona la impunidad y la falta de respeto a las garantías fundamentales, lamentó hoy el Ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández.
En vez de confrontarse con el órgano constitucional autónomo y tomarlo como si fuera el enemigo a vencer, hubiera sido deseable que la PGR buscara el fin superior de hacer justicia, en vez de eludirla, como sucedió en los casos de Lázaro Cárdenas, Michoacán; Atenco, Pasta de Conchos –del que no se solicitó “reabrir la mina”, sino reabrir la averiguación previa-- y en el del homicidio del periodista Bradley Roland Will.
Entrevistado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a donde acudió a presentar el Informe de Actividades 2008 de la CNDH ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que preside el diputado César Duarte, Soberanes Fernández recordó que la PGR ha rechazado, entre otras, las Recomendaciones relativas a los casos arriba mencionados.
Tras señalar que en el caso del periodista Brad Will el Poder Judicial de la Federación dio la razón a la Comisión Nacional al poner en libertad a una persona a la que se imputaba la muerte del camarógrafo, Soberanes Fernández respondió que no le corresponde opinar acerca de si el Procurador General de la República debe renunciar.
Cuestionado también sobre las expresiones del gobierno estadounidense acerca de la violencia interna y los presuntos riesgos que ésta representa para el vecino país del norte, consideró que Estados Unidos ejerce medidas de presión sobre México lo que no es nada nuevo y en nuestro país estamos conscientes de la situación que aquí se vive y también de lo que significan las actitudes del gobierno vecino.
Durante el Informe Anual de Actividades 2008 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Soberanes Fernández reiteró la urgencia de poner un alto a la criminalidad desbordada que amenaza la paz social. Alertó que varias regiones del país sufren severas crisis de gobernabilidad, como resultado de los saldos del narcotráfico y el clima de inseguridad que se ha apoderado de ellas.
Señaló que si se cumpliera con mayor certeza y eficacia la aplicación de las leyes en materia penal se advertiría que con ellas es posible abatir la enorme impunidad que caracteriza al delito y a la delincuencia organizada. Subrayó que cualquier otro camino que no sea el de la aplicación rigurosa de las leyes –incluso el aumento de penalidades, que puede ser hasta de 70 años o el de buscar que se implante la pena de muerte— opera como una distracción, no para aprender a enfrentar a la delincuencia, sino para evadir la realidad.
La impotencia social generada por la inseguridad es tal, dijo, que han llegado a presentarse iniciativas de ley contrarias a derechos humanos, que proponen abierta permisividad para que se realicen cateos sin orden judicial, aprehensión de personas bajo el supuesto de que “parecen sospechosos”, que permiten el arraigo domiciliario e incluso medidas “irracionales e inútiles” como la pena de muerte.
Tras apuntar que la CNDH presentó su II Informe Especial sobre el Ejercicio Efectivo del Derecho a la Seguridad Pública, puntualizó que el Organismo nacional será aliado de cualquier movimiento cívico impulsor de cambios en favor del pleno respeto a los derechos humanos, comenzando por el derecho a la seguridad pública, sin desdibujar o confundir las causas de la inseguridad.
Recordó que dicho Informe contiene cinco propuestas de trabajo basadas en la necesidad de reevaluar la eficacia del a estrategia nacional de seguridad pública; en la promoción de políticas efectivas e integrales para prevenir el delito, y en recuperar la confianza social hacia las instituciones de procuración y administración de justicia.
Ante diputados y senadores reunidos en el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro, Soberanes Fernández presentó el informe anual de la CNDH, de conformidad con lo que establece el artículo 102 constitucional. Enfatizó que las situaciones que enfrentamos han obligado al Estado a hacer uso de las fuerzas armadas en tareas policiales que no son de su competencia, con lo que se ponen en riesgo la plena vigencia de las garantías individuales y el reconocimiento que con muchos años de trabajo y esfuerzo labró el Ejército Nacional.
“Esa presencia y acción directa de nuestras fuerzas armadas en tareas de seguridad pública –recordó— debe ser temporal. No hagamos de lo excepcional algo normal, a menos que aceptemos que se desdibuje el proyecto nacional trazado en nuestra Constitución, lo cual –estoy seguro— nadie desea”.
Soberanes Fernández mencionó que durante 2008 la CNDH proporcionó más de 40 mil servicios al público en el Distrito Federal y atendió más de cinco mil personas en sus oficinas foráneas, y como consecuencia de lo anterior se registraron seis mil cuatro quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en que las autoridades más señaladas fueron la Secretaría de la Defensa Nacional, con 1,230; IMSS, 1,007; PGR, 769; PFP, 284; INM, 258; ISSSTE, 256; SEP, 237; Prevención y Readaptación Social, 216; SSP, 191 e Infonavit, 189.
Dijo que durante el año pasado la CNDH emitió 676 Recomendaciones cuyos principales destinatarios fueron Sedena, 14; INM, 7 y SSP federal, 5, en tanto que algunas autoridades las rechazaron, como la PGR y los gobernadores de Baja California, Sinaloa y Guerrero, lo que en nada contribuye a combatir la impunidad y sí abre la puerta para que otras autoridades cometan abusos sin señalamiento y castigo alguno.
Luego de señalar que la CNDH acepta muchas de las observaciones tendentes a mejorar su trabajo y está abierta al diálogo y a la cooperación, expuso que la institución cuenta con un alto nivel de confianza social ganada en 19 años de trabajo institucional, y es reconocida por la ciudadanía como una de las primeras cinco instituciones más confiables del país.
Agradeció el compromiso de los legisladores y ombudsman locales en favor de la CNDH, y puntualizó que no obstante algunas descalificaciones personales hacia el Ombudsman nacional, siempre hubo firmeza en las decisiones y compromiso activo de estricto apego a la ley y de nunca rehuir la responsabilidad de señalar las omisiones y abusos de una autoridad, como fueron los casos de desaparición forzada de personas en la década de los 70 y los feminicidios en Juárez, donde las autoridades no cumplieron con los señalamientos, por falta de voluntad y de capacidad para afrontar la problemática y los resultados de la investigación. “Por los dos casos señalados, dijo, persiste una gran deuda con las víctimas y sus familiares”.
“Nuestro más alto deber es apostar por el Estado de Derecho y la democracia. Las garantías individuales son una victoria del pueblo de México y tenemos el honor de velar por su estricto cumplimiento. Actuar cada año guiado por esa convicción –manifestó Soberanes Fernández— ha sido mi obligación y, al mismo tiempo, el mayor privilegio que he tenido como servidor público”.
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