México, D. F., a 7 de junio de 2009
Comunicado No. 10 del CJF
Del 5 de enero al 31 de mayo de 2009, los seis Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones han atendido mil 727 solicitudes para investigar delitos.
El Consejero Luis María Aguilar Morales declaró que la operación de esos órganos especializados ha contribuido a la transformación del sistema nacional de justicia penal.
A cinco meses de que iniciaron operaciones, los seis Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones han atendido mil 727 solicitudes, requeridas para investigar delitos en toda la República. De ese total, mil 467 correspondieron a cateos, 244 a arraigos y 16 a intervención de comunicaciones.
Luis María Aguilar Morales, Consejero de la Judicatura Federal, dio a conocer lo anterior y subrayó que el sistema de justicia penal se transformó radicalmente con las últimas reformas constitucionales, que impactaron de manera directa en la estructura, presupuesto y organización del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Explicó que el artículo 16 Constitucional determina la existencia de Jueces que resuelvan, en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación. “Con este servicio, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha cumplido con uno de los compromisos que asumió en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad, la Justicia, de agosto de 2008”, añadió.
El Consejero Aguilar Morales dijo que tales órganos jurisdiccionales se instalaron el 5 de enero y desde entonces han atendido las solicitudes del Ministerio Público de la Federación y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), a través de un sistema informático por el que también los Juzgados envían sus resoluciones.
Precisó que las reformas a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, y 22 de la Constitución Política han creado una nueva etapa en materia penal y que los Jueces Especializados se ocupan de conocer de las medidas cautelares necesarias para la investigación de los delitos, así como para la prevención, disuasión, contención y desactivación de amenazas a la seguridad nacional.
El Consejero Aguilar agregó que en el Distrito Federal, del 5 de enero al 31 de mayo, se han solicitado 204 arraigos, 171 cateos y 16 intervenciones de comunicaciones; en Sonora se han pedido 235 cateos; en Nuevo León, 201; en Jalisco, 118, y en Sinaloa, 109.
Mencionó que el sistema ha permitido que con una sola resolución del Juez, el Ministerio Público de la Federación pueda realizar el cateo en varios domicilios ubicados en diversas entidades federativas cuando así se hubiera solicitado, situación que antes no era posible porque cada una de las solicitudes debía realizarse ante el Juez de Distrito con jurisdicción en la residencia del lugar a catear.
Aguilar Morales ratificó que las resoluciones que adoptan los Juzgados Especializados se mantienen en la más estricta reserva, como establecen el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Comunicado No. 10 del CJF
Del 5 de enero al 31 de mayo de 2009, los seis Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones han atendido mil 727 solicitudes para investigar delitos.
El Consejero Luis María Aguilar Morales declaró que la operación de esos órganos especializados ha contribuido a la transformación del sistema nacional de justicia penal.
A cinco meses de que iniciaron operaciones, los seis Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones han atendido mil 727 solicitudes, requeridas para investigar delitos en toda la República. De ese total, mil 467 correspondieron a cateos, 244 a arraigos y 16 a intervención de comunicaciones.
Luis María Aguilar Morales, Consejero de la Judicatura Federal, dio a conocer lo anterior y subrayó que el sistema de justicia penal se transformó radicalmente con las últimas reformas constitucionales, que impactaron de manera directa en la estructura, presupuesto y organización del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Explicó que el artículo 16 Constitucional determina la existencia de Jueces que resuelvan, en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación. “Con este servicio, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha cumplido con uno de los compromisos que asumió en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad, la Justicia, de agosto de 2008”, añadió.
El Consejero Aguilar Morales dijo que tales órganos jurisdiccionales se instalaron el 5 de enero y desde entonces han atendido las solicitudes del Ministerio Público de la Federación y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), a través de un sistema informático por el que también los Juzgados envían sus resoluciones.
Precisó que las reformas a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, y 22 de la Constitución Política han creado una nueva etapa en materia penal y que los Jueces Especializados se ocupan de conocer de las medidas cautelares necesarias para la investigación de los delitos, así como para la prevención, disuasión, contención y desactivación de amenazas a la seguridad nacional.
El Consejero Aguilar agregó que en el Distrito Federal, del 5 de enero al 31 de mayo, se han solicitado 204 arraigos, 171 cateos y 16 intervenciones de comunicaciones; en Sonora se han pedido 235 cateos; en Nuevo León, 201; en Jalisco, 118, y en Sinaloa, 109.
Mencionó que el sistema ha permitido que con una sola resolución del Juez, el Ministerio Público de la Federación pueda realizar el cateo en varios domicilios ubicados en diversas entidades federativas cuando así se hubiera solicitado, situación que antes no era posible porque cada una de las solicitudes debía realizarse ante el Juez de Distrito con jurisdicción en la residencia del lugar a catear.
Aguilar Morales ratificó que las resoluciones que adoptan los Juzgados Especializados se mantienen en la más estricta reserva, como establecen el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
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