A un año del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el presidente de la Cámara de Diputados, César Duarte Jáquez, manifestó que los compromisos “van por buen rumbo” para combatir el clima de inseguridad que prevalece en todos los estados de la República. “Son avances los que se tienen a las formas y en las medidas de las políticas públicas que debe retomar el gobierno federal y las instituciones de justicia en el país y todo esto va en buen rumbo”, refirió.
En entrevista antes de su ingreso al salón de sesiones de la Comisión Permanente, en el Palacio de Xicoténcatl, el diputado precordó que presentará una iniciativa para adelantar los tiempos de los juicios orales, toda vez que hoy en día son ocho años para generar las condiciones integrales y este proceso, dijo, debe agilizarse.
Por fin hoy entrará la propuesta de punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Poderes de la Unión a agilizar el proceso de aprobación e inmediata instrumentación de las reformas en materia de justicia penal, particularmente sobre las que se refieren al sistema acusatorio oral.
Dice en su EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La situación que se vive actualmente en México con motivo de la inseguridad que acecha cada región del país, demanda acciones contundentes y coordinadas para abatir desde cada una de sus aristas la problemática que involucra, al tiempo de propiciar mayor certeza jurídica para los ciudadanos y la confianza en sus autoridades.
La reforma constitucional en materia de Justicia Penal y Seguridad Publica, aprobada por el Poder reformador y consistente en la adecuación de los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115, así como la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, representa un consolidado avance en la modernización, perfeccionamiento y desarrollo de las instituciones y figuras legales tendientes a establecer un renovado sistema mexicano de justicia penal, orientado por el respeto a las garantías en el proceso judicial, la atención a las víctimas del delito y la eficacia en el combate a la delincuencia organizada, regido por los principios de lesividad, publicidad e inmediación, contradicción y continuidad, todo lo anterior complementado por la acusatoriedad y uno de los elementos más relevantes, la oralidad de los juicios.
Sin duda, ello va a contribuir para erradicar la opacidad y corrupción mediante procedimientos transparentes a la vista de todos.
En dicha previsión, se incluye la presunción de inocencia y mecanismos alternativos de solución de controversias. Se establece un juez de control (que resuelve de manera inmediata las solicitudes del ministerio público y el respeto de las garantías de los indiciados), un juez de conocimiento (lleva a cabo el juicio oral y dictará sentencia), y un juez ejecutor (que vigila y controla la ejecución de la pena).
El ministerio público será más competitivo, se autoriza el arraigo con control judicial y se crea la extinción de dominio de bienes producto de actividades ilícitas a favor del Estado. Todo lo anterior con la finalidad de fortalecer al Estado en la lucha contra la inseguridad y la impunidad.
Como se ha dicho, de esta reforma se desprende particularmente el tema de los Juicios Orales que se regulan en el artículo 20 de la Constitución. Toma especial relevancia por la situación imperante, donde en la mayoría de las veces, los procesos penales son lentos e ineficientes, saturando y deteniendo la justicia expedita.
Sin duda, esta Legislatura ha contribuido con la aprobación de las leyes secundarias necesarias para la aplicación de la reforma constitucional antes mencionada como son la reforma en materia de secuestro, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, la Ley Federal de Extinción de Dominio y la Ley de la Policía Federal entre otras.
El avance es considerable pero aún quedan reformas pendientes para la adecuada instrumentación de esta importante transformación del sistema de justicia penal.
No escapa a nuestra atención, la difícil situación que atraviesan particularmente algunas entidades federativas como lo es Chihuahua, en donde los elevados índices de inseguridad y de actividad delictiva demandan un esfuerzo mayor y coordinado de las autoridades involucradas, en este caso de la Federación a través de instrumentos idóneos como los propuestos en esta reforma.
Por ello, consideramos conveniente que se analice la posibilidad de adelantar en el ámbito federal, en la medida de lo posible, la instauración de del nuevo Sistema Penal Acusatorio, sin esperar la vacatio establecida en el artículo segundo transitorio de la reforma, considerando la experiencia y situación particular de aquellos estados en los cuales, en materia común ya vienen funcionando.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición:
PRIMERO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTAAL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A AGILIZAR EL PROCESO DE APROBACION DE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA PENDIENTE PARA LA INSTRUMENTACIÓN Y APLICACIÓN INTEGRAL DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL.
SEGUNDO.- SE EXHORTA A LOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA QUE INSTRUMENTEN Y PONGAN EN PRÁCTICA, LO ANTES POSIBLE, LAS INSTITUCIONES, PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS ORDENADOS EN LAS REFORMAS RELATIVAS A LA JUSTICIA PENAL, PARTICULARMENTE LAS QUE SE REFIEREN AL SISTEMA ACUSATORIO-ORAL, CONSIDERANDO LA SITUACIÓN PARTICULAR DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DONDE ESTE MODELO YA VIENEN FUNCIONANDO EN MATERIA COMÚN.
México, D.F., 11 de agosto de 2009.
En entrevista antes de su ingreso al salón de sesiones de la Comisión Permanente, en el Palacio de Xicoténcatl, el diputado precordó que presentará una iniciativa para adelantar los tiempos de los juicios orales, toda vez que hoy en día son ocho años para generar las condiciones integrales y este proceso, dijo, debe agilizarse.
Por fin hoy entrará la propuesta de punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Poderes de la Unión a agilizar el proceso de aprobación e inmediata instrumentación de las reformas en materia de justicia penal, particularmente sobre las que se refieren al sistema acusatorio oral.
Dice en su EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La situación que se vive actualmente en México con motivo de la inseguridad que acecha cada región del país, demanda acciones contundentes y coordinadas para abatir desde cada una de sus aristas la problemática que involucra, al tiempo de propiciar mayor certeza jurídica para los ciudadanos y la confianza en sus autoridades.
La reforma constitucional en materia de Justicia Penal y Seguridad Publica, aprobada por el Poder reformador y consistente en la adecuación de los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115, así como la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, representa un consolidado avance en la modernización, perfeccionamiento y desarrollo de las instituciones y figuras legales tendientes a establecer un renovado sistema mexicano de justicia penal, orientado por el respeto a las garantías en el proceso judicial, la atención a las víctimas del delito y la eficacia en el combate a la delincuencia organizada, regido por los principios de lesividad, publicidad e inmediación, contradicción y continuidad, todo lo anterior complementado por la acusatoriedad y uno de los elementos más relevantes, la oralidad de los juicios.
Sin duda, ello va a contribuir para erradicar la opacidad y corrupción mediante procedimientos transparentes a la vista de todos.
En dicha previsión, se incluye la presunción de inocencia y mecanismos alternativos de solución de controversias. Se establece un juez de control (que resuelve de manera inmediata las solicitudes del ministerio público y el respeto de las garantías de los indiciados), un juez de conocimiento (lleva a cabo el juicio oral y dictará sentencia), y un juez ejecutor (que vigila y controla la ejecución de la pena).
El ministerio público será más competitivo, se autoriza el arraigo con control judicial y se crea la extinción de dominio de bienes producto de actividades ilícitas a favor del Estado. Todo lo anterior con la finalidad de fortalecer al Estado en la lucha contra la inseguridad y la impunidad.
Como se ha dicho, de esta reforma se desprende particularmente el tema de los Juicios Orales que se regulan en el artículo 20 de la Constitución. Toma especial relevancia por la situación imperante, donde en la mayoría de las veces, los procesos penales son lentos e ineficientes, saturando y deteniendo la justicia expedita.
Sin duda, esta Legislatura ha contribuido con la aprobación de las leyes secundarias necesarias para la aplicación de la reforma constitucional antes mencionada como son la reforma en materia de secuestro, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, la Ley Federal de Extinción de Dominio y la Ley de la Policía Federal entre otras.
El avance es considerable pero aún quedan reformas pendientes para la adecuada instrumentación de esta importante transformación del sistema de justicia penal.
No escapa a nuestra atención, la difícil situación que atraviesan particularmente algunas entidades federativas como lo es Chihuahua, en donde los elevados índices de inseguridad y de actividad delictiva demandan un esfuerzo mayor y coordinado de las autoridades involucradas, en este caso de la Federación a través de instrumentos idóneos como los propuestos en esta reforma.
Por ello, consideramos conveniente que se analice la posibilidad de adelantar en el ámbito federal, en la medida de lo posible, la instauración de del nuevo Sistema Penal Acusatorio, sin esperar la vacatio establecida en el artículo segundo transitorio de la reforma, considerando la experiencia y situación particular de aquellos estados en los cuales, en materia común ya vienen funcionando.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición:
PRIMERO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTAAL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A AGILIZAR EL PROCESO DE APROBACION DE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA PENDIENTE PARA LA INSTRUMENTACIÓN Y APLICACIÓN INTEGRAL DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL.
SEGUNDO.- SE EXHORTA A LOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA QUE INSTRUMENTEN Y PONGAN EN PRÁCTICA, LO ANTES POSIBLE, LAS INSTITUCIONES, PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS ORDENADOS EN LAS REFORMAS RELATIVAS A LA JUSTICIA PENAL, PARTICULARMENTE LAS QUE SE REFIEREN AL SISTEMA ACUSATORIO-ORAL, CONSIDERANDO LA SITUACIÓN PARTICULAR DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DONDE ESTE MODELO YA VIENEN FUNCIONANDO EN MATERIA COMÚN.
México, D.F., 11 de agosto de 2009.
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