La Guardería ABC

El Pleno del Alto Tribunal aprobó, en sesión pública, el protocolo de investigación presentado por la Comisión Investigadora de los hechos ocurridos en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio pasado, para que los padres y familiares de los menores afectados queden plenamente satisfechos en su legítimo reclamo de que se conozca la verdad, no exista impunidad y se haga justicia.
Los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla plantearon que en sus investigaciones se establecerá si en esos acontecimientos hubo violación grave de las garantías individuales, y se analizará el desempeño global del sistema de guarderías públicas que funcionan bajo el mismo o similar esquema, con el propósito de evitar, o por lo menos minimizar, la posibilidad de que ocurra otro suceso similar al de la Guardería ABC.
Indicaron que en el contexto de la investigación se analizará y verificará el sistema de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en todo el país, y se buscará coadyuvar a que las comunidades local y nacional tengan la certeza de lo que sucedió, así como de la legalidad, oportunidad y efectividad o no de las medidas adoptadas por las diferentes autoridades.
Los magistrados plantearon los diez objetivos de investigación establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
1 - Identificar a las personas que participaron en los hechos que pudieran ser violaciones graves a las garantías individuales --del IMSS, del municipio de Hermosillo y del estado de Sonora, además de las que resulten;
2- Investigar si las autoridades competentes realizaban visitas de inspección y con qué periodicidad, para verificar las condiciones de funcionamiento de la Guardería ABC, y en caso de hacer observaciones, si vigilaban su cumplimiento;
3- Investigar el origen y situación actual de los convenios de subrogación celebrados entre el IMSS con particulares no patrones, para la prestación del servicio;
4- Investigar el origen y situación de los convenios de subrogación entre el IMSS con patrones que tienen guarderías instaladas en sus establecimientos;
5 - Determinar el origen, contenido y cumplimiento del convenio de subrogación entre el IMSS y los particulares que prestaban el servicio en la Guardería ABC;
6 - Especificar qué autoridades administrativas del IMSS celebraron el convenio con los representantes de la Guardería ABC, así como el procedimiento con la normatividad que se observó para su otorgamiento;
7 - Analizar si con la conducta de acción u omisión de los funcionarios encargados del correcto funcionamiento de guarderías, las consecuencias del accidente en la Guardería ABC pudieron evitarse y con ello se hubiera podido salvaguardar la vida e integridad de los menores que se encontraban en el establecimiento;
8 -Identificar los actos de negligencia médica posteriores al suceso;
9 - Esclarecer la intervención de las autoridades del municipio de Hermosillo y del estado de Sonora en relación con el otorgamiento de permiso de uso del suelo y licencia de funcionamiento como guardería, así como los demás otorgados respecto del inmueble correlativo y los demás aledaños, y
10 - Analizar el marco jurídico --federal, estatal y municipal-- relativo al origen, establecimiento, operación y funcionamiento de los servicios de guardería, y estudiar cuáles son los alcances y grados de responsabilidad que existían entre las diversas autoridades encargadas de implementar la política de guarderías, en razón de tratarse de un beneficio de las niñas y niños, en el ejercicio del derecho a la salud y de los derechohabientes.
Los magistrados indicaron que en su investigación, prevista en el párrafo segundo del artículo 97 constitucional, se tiene la hipótesis de si los hechos en la Guardería ABC fueron resultado o están relacionados con la existencia de un desorden generalizado en la instalación, operación y supervisión de las guarderías del IMSS que tienen un esquema similar a la guardería del siniestro.

En su metodología de investigación, los magistrados informaron que se revisará la legislación relativa al funcionamiento, vigilancia y supervisión de las guarderías públicas en general, con el propósito de dar a conocer si el Estado mexicano ha o no cumplido con los compromisos adquiridos en convenios internacionales relativos a la seguridad social y a la protección de los infantes.
El examen normativo también concluirá, precisaron, con un diagnóstico destinado a revelar si la posibilidad de que particulares presten el servicio de guarderías se encuentra prevista en la ley, reglamento u otro instrumento jurídico; y hasta qué punto es factible que el Estado delegue a particulares una obligación que tiene constitucionalmente establecida.
Luego de las investigaciones, la Comisión Investigadora presentará un informe preliminar ante en Pleno del Alto Tribunal, en el que incluirá descripción y grado de responsabilidad de las autoridades en la implementación del régimen de guarderías; esclarecer el grado de incidencia de las conductas activas y omisivas de las autoridades en el accidente en la Guardería ABC, y si existen actos de negligencia posteriores al suceso.