Enfoque de Reforma, 29 de agosto de 2009;
Candidata a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Nací en la Ciudad de México y aquí he pasado la mayor parte de mi vida. Soy licenciada en sociología por la UNAM. Al volver de mis estudios de posgrado ingresé a Amnistía Internacional en 1974, motivada por su vocación humanista, más allá de partidos e ideologías. Desde entonces he dedicado prácticamente toda mi vida a la defensa y promoción de los derechos humanos.
En la década de los setenta éstos eran prácticamente desconocidos en México y el gobierno los miraba con recelo, como una amenaza a la seguridad nacional. Fui electa presidenta de la Sección Mexicana de Amnistía Internacional y logré su registro como asociación civil, empresa difícil en esa época de aguda represión política. Mi relato ilustra el largo recorrido de los derechos humanos en nuestro proceso de transición política. Más tarde fundé y dirigí la Academia Mexicana de Derechos Humanos y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre las primeras organizaciones dedicadas a estos temas. Ambas, junto con otras, me postularon para ocupar el cargo de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
He complementado esta experiencia con el servicio público y la actividad en foros y organismos internacionales, como la ONU y OEA. Como embajadora especial para los Derechos Humanos y la Democracia, y después subsecretaria en la materia, constaté desde la función pública que, a pesar del largo recorrido de la sociedad mexicana en la conquista de sus derechos, falta mucho por hacer. Emprendimos entonces varias iniciativas al respecto, con el apoyo permanente de la sociedad civil y la comunidad internacional. De sustancial importancia fue suscribir un acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que sentó las bases para un programa nacional destinado a remover los obstáculos para el ejercicio de estos derechos y elevarlos al rango de política de Estado.
Después de muchos años de lucha hemos logrado establecer un régimen de partidos, pero aún falta construir un Estado democrático de derecho que le dé verdadera sustancia a nuestra incipiente y aún precaria democracia. En México no existe igualdad ante la ley y la ley todavía no es igual para todos. La inseguridad, la violencia, el abuso y la injusticia son endémicos. La impunidad y la corrupción han invadido las instituciones, especialmente -pero no sólo- a las encargadas de ofrecer seguridad y acceso a la justicia.
Mientras prevalezca esta situación, el disfrute de los derechos humanos será ilusorio y nuestros magros logros democráticos se irán perdiendo al no estar sustentados en una ciudadanía capaz de ejercer todos sus derechos. Es urgente encarar este problema y desmantelar los impedimentos jurídicos, institucionales y culturales que nos impiden hacerlo.
La CDHDF ha asumido el liderazgo en este cometido. A través de su quehacer cotidiano logró establecer una interlocución importante con la población que acude a ella. Su eficacia le ha ganado respeto y generó la confianza de la ciudadanía en la institución, un bien público de incalculable valor. En estos tiempos, este logro no es menor.
La Comisión ha perfilado un modelo de gestión basado en su autonomía, en la profesionalización de su personal, la adopción de un enfoque integral sustentado en estándares internacionales, la ciudadanización, y la transparencia y rendición de cuentas. Estos activos la sitúan a la vanguardia del esfuerzo, emprendido por los principales actores políticos e institucionales de la ciudad, para instrumentar un ambicioso programa de derechos humanos que deberá funcionar como ariete en la transformación de las instituciones de gobierno.
Como toda iniciativa de esa índole, el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal exige un esfuerzo y una atención constantes y sostenidos. Convertirlo en una efectiva política de gobierno requiere de un marco normativo adecuado, un sólido ejercicio de elaboración presupuestal y mecanismos viables de evaluación y seguimiento. La CDHDF deberá jugar un papel central en este proceso, conducido por un comité coordinador de integración amplia y representativa.
Estoy convencida de que mi perfil y trayectoria, y un largo y sólido compromiso con los derechos humanos, me han capacitado para conducir esta misión a buen puerto.
Nací en la Ciudad de México y aquí he pasado la mayor parte de mi vida. Soy licenciada en sociología por la UNAM. Al volver de mis estudios de posgrado ingresé a Amnistía Internacional en 1974, motivada por su vocación humanista, más allá de partidos e ideologías. Desde entonces he dedicado prácticamente toda mi vida a la defensa y promoción de los derechos humanos.
En la década de los setenta éstos eran prácticamente desconocidos en México y el gobierno los miraba con recelo, como una amenaza a la seguridad nacional. Fui electa presidenta de la Sección Mexicana de Amnistía Internacional y logré su registro como asociación civil, empresa difícil en esa época de aguda represión política. Mi relato ilustra el largo recorrido de los derechos humanos en nuestro proceso de transición política. Más tarde fundé y dirigí la Academia Mexicana de Derechos Humanos y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre las primeras organizaciones dedicadas a estos temas. Ambas, junto con otras, me postularon para ocupar el cargo de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
He complementado esta experiencia con el servicio público y la actividad en foros y organismos internacionales, como la ONU y OEA. Como embajadora especial para los Derechos Humanos y la Democracia, y después subsecretaria en la materia, constaté desde la función pública que, a pesar del largo recorrido de la sociedad mexicana en la conquista de sus derechos, falta mucho por hacer. Emprendimos entonces varias iniciativas al respecto, con el apoyo permanente de la sociedad civil y la comunidad internacional. De sustancial importancia fue suscribir un acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que sentó las bases para un programa nacional destinado a remover los obstáculos para el ejercicio de estos derechos y elevarlos al rango de política de Estado.
Después de muchos años de lucha hemos logrado establecer un régimen de partidos, pero aún falta construir un Estado democrático de derecho que le dé verdadera sustancia a nuestra incipiente y aún precaria democracia. En México no existe igualdad ante la ley y la ley todavía no es igual para todos. La inseguridad, la violencia, el abuso y la injusticia son endémicos. La impunidad y la corrupción han invadido las instituciones, especialmente -pero no sólo- a las encargadas de ofrecer seguridad y acceso a la justicia.
Mientras prevalezca esta situación, el disfrute de los derechos humanos será ilusorio y nuestros magros logros democráticos se irán perdiendo al no estar sustentados en una ciudadanía capaz de ejercer todos sus derechos. Es urgente encarar este problema y desmantelar los impedimentos jurídicos, institucionales y culturales que nos impiden hacerlo.
La CDHDF ha asumido el liderazgo en este cometido. A través de su quehacer cotidiano logró establecer una interlocución importante con la población que acude a ella. Su eficacia le ha ganado respeto y generó la confianza de la ciudadanía en la institución, un bien público de incalculable valor. En estos tiempos, este logro no es menor.
La Comisión ha perfilado un modelo de gestión basado en su autonomía, en la profesionalización de su personal, la adopción de un enfoque integral sustentado en estándares internacionales, la ciudadanización, y la transparencia y rendición de cuentas. Estos activos la sitúan a la vanguardia del esfuerzo, emprendido por los principales actores políticos e institucionales de la ciudad, para instrumentar un ambicioso programa de derechos humanos que deberá funcionar como ariete en la transformación de las instituciones de gobierno.
Como toda iniciativa de esa índole, el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal exige un esfuerzo y una atención constantes y sostenidos. Convertirlo en una efectiva política de gobierno requiere de un marco normativo adecuado, un sólido ejercicio de elaboración presupuestal y mecanismos viables de evaluación y seguimiento. La CDHDF deberá jugar un papel central en este proceso, conducido por un comité coordinador de integración amplia y representativa.
Estoy convencida de que mi perfil y trayectoria, y un largo y sólido compromiso con los derechos humanos, me han capacitado para conducir esta misión a buen puerto.
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