Genaro García Luna en Proceso, de nuevo

Revista Proceso, # 17171, 27 de septiembre de 2009;

Ya tiene su propio ejército...
Carlos Acosta Y Jorge Carrasco Araizaga
Si bien condicionó los programas sociales a la aprobación del impuesto de 2% generalizado al
consumo, el presidente Felipe Calderón no escatimó recursos a la Secretaría de Seguridad
Pública, cuyo titular, Genaro García Luna, concentra cada vez más dinero, hombres y poder. Un análisis del proyecto de presupuesto para 2010 revela que la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad permanecen como pilares de la actual administración y que no variará la estrategia basada en el despliegue policiaco y militar.
En su proyecto de presupuesto para 2010 Felipe Calderón va por más efectivos para su “guerra” contra el narcotráfico: pretende incorporar a 12 mil 347 hombres en las corporaciones de seguridad e inteligencia, cifra que supera al recorte de personal que prevé con la desaparición de tres secretarías de Estado.
Más de la mitad de esos refuerzos son para su más estrecho colaborador, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a quien en tres años Calderón ha convertido en el hombre fuerte del gabinete de seguridad y a quien ya dotó de más de 40 mil efectivos.
Los 10 mil despidos que el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, adelantó el lunes 14 por la
anunciada desaparición de las secretarías de Turismo, Reforma Agraria y Función Pública, le serán útiles a Calderón para su discurso de austeridad.
Pero en realidad su proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 prevé la creación de más plazas. Sólo que éstas serán para las áreas que han marcado a su administración: la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
De las 12 mil 347 nuevas plazas, más de la mitad –6 mil 804– serán para García Luna, quien las deberá distribuir entre la Policía Federal (PF) y el Servicio de Protección Federal, un nuevo órgano policial creado por Calderón en diciembre de 2008.
Concebido como órgano desconcentrado de la SSP, y con autonomía técnica y operativa, el Servicio de Protección Federal se dedicará a vender vigilancia a las instalaciones de los tres poderes del Estado, pero al mismo tiempo hará funciones de inteligencia y seguridad en todo el país.
Este nuevo cuerpo policial, cuyo titular tendrá el cargo de comisionado y será designado por Calderón a propuesta de García Luna, es el principal beneficiado en el proyecto de presupuesto, pues se le autorizan 4 mil 932 elementos.
Con excepción de los operativos en estados o municipios, el Servicio de Protección Federal podrá cobrar por los servicios de custodia, vigilancia y seguridad que proporcione a dependencias, entidades administrativas federales, órganos de carácter federal de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los organismos autónomos, según se establece en su decreto de creación firmado por Calderón el 9 de diciembre de 2008.
Además, en caso de que se apruebe la propuesta, García Luna podrá disponer de mil 872
nuevos efectivos para la PF. Con los 38 mil 340 policías que tiene ahora, está previsto que la SSP llegue el próximo año a 45 mil 344 elementos, igualando el número de efectivos que la Sedena recambia cada mes para los operativos contra el narcotráfico.
Armados y consentidos
“Será un presupuesto para la coerción”, ya que implica recortes en diversos rubros para asignarle más recursos al Ejército y las policías, aseguran Alfonso Suárez del Real y Victoria Livia Unzueta, exdiputado federal y exasesora de la comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, encargados en el PRD de analizar la propuesta presupuestaria de Calderón en materia de seguridad.
Según lo previsto por Calderón, después de la SSP, la Sedena es la segunda dependencia más
beneficiada, al autorizarle 3 mil 658 plazas. Le siguen la Semar, con mil 332 nuevos elementos,
y el Cisen con 553.
El presupuesto total de esas dependencias para el próximo año sólo se incrementa en 377 millones de dólares respecto de los 85 mil 60 millones de este año. Eso significa que la contratación de los nuevos efectivos se hará a costa de fuertes recortes administrativos.
Por eso, ese proyecto de presupuesto es la máxima expresión de la cercanía que mantiene con
Felipe Calderón el secretario Genaro García Luna, quien en su comparecencia del jueves pasado en la Cámara de Diputados fue severamente cuestionado por el PRI y el PRD.
Si bien de esas dependencias la Sedena es la que cuenta con los mayores recursos –42 mil 531
millones de pesos–, la SSP es la que más se ha fortalecido política y financieramente durante el actual sexenio, ya que está muy por encima de la Procuraduría General de la República (con 12 mil 91 millones) y de la Semar (15 mil 888 millones).
En 2007, la SSP tuvo un presupuesto de 19 mil 712 millones de pesos. Pero en vista de que el narcotráfico y en general la delincuencia organizada hicieron ver pequeños los operativos anticrimen, en 2008 el presupuesto de la dependencia registró un espectacular brinco a 30 mil
956 millones de pesos, un aumento de 11 mil 244 millones, es decir, 57% más.
Para este año, desatada la crisis internacional que empezó a mermar las principales fuentes de
ingresos públicos, se le aprobaron a la SSP 31 mil 918 millones de pesos, un aumento de mil 961 millones de pesos (6.3%).
En 2010, como todas las dependencias, la SSP acusará recibo del colapso de los ingresos públicos y del derrumbe de la economía nacional: su presupuesto será menor en 3.4% respecto
del que recibió en 2009, para quedar en 31 mil 803 millones de pesos.
Sin embargo, aun cuando el próximo año su dependencia sufrirá un recorte de mil 114 millones
100 mil pesos, García Luna podrá disponer no sólo de 6 mil 804 plazas más, sino también de importantes recursos en áreas clave para su desempeño y que confirman las prioridades de
Calderón.
En particular, el mayor beneficio dentro de la SSP ha sido para la Policía Federal, la principal apuesta de García Luna. Antes conocida como Policía Federal Preventiva, la PF seguirá ocupando el primer lugar del gasto en esa secretaría, pues se prevé destinarle el próximo año 15 mil 985 millones de pesos (50.3% de lo asignado a la dependencia), que constituyen un aumento de 737 millones (4.8%) respecto de 2009.
Esos recursos servirán para sufragar mil 872 nuevas plazas que, sumadas a las ya existentes, en
2010 ascenderían a 40 mil 212 plazas en la PF. Es decir, la PF ocupará casi 72% de los 56 mil 53
puestos totales de la SSP, sin contar con los 4 mil 932 efectivos del Servicio de Protección Federal.
Sumado el presupuesto de la PF con los mil 479 millones de pesos previstos para el nuevo cuerpo policial –cuyo reglamento interno se publicó el martes 1–, se llega a 17 mil 464 millones
de pesos; lo cual quiere decir que 55% del presupuesto total de la SSP será para sus órganos
operativos, es decir, para la movilización de efectivos.
Con el trato preferencial de Calderón, la SSP es la dependencia que más cuesta por cada plaza.
Según el análisis de Suárez del Real y Unzueta, considerando los 45 mil 344 elementos de la PF,
el costo por cada uno será de 386 mil 849 pesos. En el caso de la Sedena, tomando en cuenta a
todo su personal, el mismo costo es de 205 mil 603, y en la Semar –con 57 mil 656 plazas– es
de 275 mil 548 pesos.
En el caso de la Sedena, aunque el número de sus plazas se ha incrementado en menor proporción, para el próximo año se espera que siga creciendo: de las 203 mil 203 de este año,
según lo previsto por Calderón pasará a 206 mil 861.
El proyecto de presupuesto considera un aumento de 9.75% para la operación del Ejército, aunque para la Fuerza Aérea se propone una disminución de 3%. De las 12 regiones militares, la
que tendrá el mayor incremento es la XII, que abarca Querétaro, Guanajuato y Michoacán, estado natal de Calderón y asiento de La Familia. Esa región tendrá 28.13% más de recursos.
Le sigue la VIII Región Militar, que comprende el sur de Veracruz y el estado de Oaxaca. Ahí el
aumento será de 13.90%. Casi en la misma proporción (13.82%) será para la IX Región, en Guerrero.
El discurso oficial sobre la equidad de género en las Fuerzas Armadas Mexicanas se traducirá, en el caso del Ejército, en 200 millones de pesos para el programa de capacitación y sensibilización para efectivos en el tema. Una cantidad similar, 221 millones, se destinará al programa de becas para los hijos de militares en activo que cursen el bachillerato o la universidad, con lo que Calderón busca granjearse el apoyo castrense.
En cambio, se le destinan menos recursos (36 millones 525 mil pesos) al programa de derechos
humanos, pese a que en ese rubro está uno de los puntos más vulnerables de la campaña antinarco de Calderón, toda vez que el número de quejas contra el Ejército se ha sextuplicado
en este sexenio.
La Marina tampoco se queda atrás en el reforzamiento de su capacidad operativa, pues en el proyecto de presupuesto es una de las pocas instancias de gobierno que recibe un aumento, además de que tendrá el más sustancial: de 16.82%. Es decir, de los 7 mil 800 millones de pesos de este año, subirá a 9 mil 107 millones, lo que le permitirá pasar de 56 mil 324 plazas de este año a 57 mil 656 en 2010.
Otra expresión del fortalecimiento de las capacidades operativas del gobierno de Calderón en
materia de seguridad y justicia es el aumento de 17.38% en el presupuesto de la Policía Federal Ministerial (antes Agencia Federal de Investigación) de la PGR, que pasará de mil 506 millones de pesos a mil 769 millones.
En el caso del Cisen hay una disminución de 6.37%, pues de los 2 mil 380 millones de pesos de este año se le reducirán 151 millones. Sin embargo, el impacto será menor si se considera que
este año tuvo un aumento de 92% respecto de 2008. Incluso, para 2010 se considera otorgarle 533 nuevas plazas, con las que llegaría a 3 mil 360.
Policía blindada... ante la crisis
En la SSP, la recomposición del gasto servirá también para aumentarles el sueldo a sus empleados y, sobre todo, a los funcionarios, aunque sea una “pizcachita” de casi 10%. Pero, en pesos, ese porcentaje significará algo totalmente distinto para cada nivel de mando. Según el sapo será la pedrada.
Por ejemplo, para el titular de la Policía Federal, que ahora recibe un sueldo de 3 millones 47 mil 603 pesos al año con todo y prestaciones, el aumento será de casi 293 mil pesos, con lo que el año próximo ganará 3 millones 340 mil 260. Al mes: 278 mil 355 pesos.
El sueldo del comisario general de la PF será, inclusive, mayor que el del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en 66 mil 667 pesos al año, y mayor también que el de Calderón, en 15 mil 441 pesos anuales.
Pero para los policías de más bajo rango, que ahora ganan 165 mil 289 pesos al año, el aumento será de poquito menos de 20 mil pesos, con lo que percibirán 185 mil 15 pesos. Al mes: 15 mil 418 pesos, ya con todas las prestaciones.
En el segundo lugar dentro del presupuesto total de la SSP seguirá estando el área de Prevención y Readaptación Social, aunque con una reducción presupuestal de 6.2%, pues pasará de 6 mil 781 millones de este año a 6 mil 359 millones en 2010, lo que implica una baja de 423 millones.
El gasto propuesto para Prevención y Readaptación Social ocupa 20% del presupuesto de la SSP. Se propone otorgarle al área 722 plazas nuevas, con las que tendría un total de 6 mil 920.
Le sigue el cuestionado Sistema Nacional de Seguridad Pública –que para poco ha servido, pues en lo que va de la actual administración panista han ocurrido 14 mil muertes relacionadas con la delincuencia organizada– con un presupuesto de 4 mil 960 millones, apenas superior en 1% al de este año, y que constituye 15.6% del presupuesto total de la secretaría.
Donde sí habrá un tijeretazo implacable, dentro de la SPP, es en el área administrativa, sobre
todo en el sector central. La Oficialía Mayor y sus direcciones generales, salvo la de Programación, Organización y Presupuesto, serán las más afectadas.
En general, la Oficialía Mayor sufre de un recorte de 62%, pues de un presupuesto aprobado para 2009 de 4 mil 140 millones de pesos, pasará en 2010 a mil 571 millones, es decir, 2 mil 569 millones de pesos menos. Este año el presupuesto de la Oficialía Mayor significó 12.6% del
presupuesto total de la SSP, mientras que para 2010 representará apenas 4.9%.
A casi todas las áreas de la Oficialía les irá como en feria: la Dirección General de Obras Públicas y Servicios tendrá un presupuesto menor en 84.6%, pues pasa de 403.6 millones a 62 millones; la de Recursos Materiales y Servicios perderá casi 80%, al pasar de 547.5 millones a 111.4 millones; la de Sistemas Administrativos tendrá un presupuesto 64.1% más bajo, ya que pasa de 223 millones a 80.1 millones.
La dirección general de Recursos Humanos, con todo y que sigue teniendo el presupuesto más
alto de la Oficialía Mayor, perderá 57.3%, pues de 2 mil 865 millones bajará a mil 222 millones
280 mil pesos; es decir, mil 643 millones menos.
Sólo la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto tendrá un presupuesto
mayor, pero apenas en 1.3%: de 39.9 millones de pesos ascenderá a 40.3 millones.

El gobierno federal no se animó a meter en serio la tijera en Comunicación Social de la SSP, dedicada a la propaganda de sus supuestos éxitos en la “guerra” contra el narcotráfico. La
dirección general respectiva tendrá un presupuesto de 85 millones 893 mil 500 pesos, una disminución de sólo 1 millón 314 mil pesos, 1.5%, respecto de este año. A cambio de todos esos recortes, el presupuesto de la SSP se verá compensado en parte con un importante aumento en la Coordinación General de la Plataforma México, el sistema de telecomunicaciones e información que integra todas las bases de datos de seguridad pública y
que enlaza a todas las instancias policiales y de procuración de justicia de todo el país, de todos los niveles de gobierno.
Según la SSP, la Plataforma México cuenta con más de 300 millones de registros, incluidas estadísticas, mapas delictivos, fichas criminales y toda una gama de productos de inteligencia policial. El presupuesto previsto para este organismo es de 605 millones 670 mil 500 pesos, casi 300 millones más, lo que implica un aumento de 98.1% respecto del aprobado para este año.
Al analizar esas cifras, Suárez del Real y Unzueta llegaron a la conclusión de que el proyecto presupuestal de Calderón pretende “fortalecer un Estado policial en México, bajo el falaz argumento de una guerra contra el narcotráfico”.

***
Los sinsentidos del secretario
Jesusa Cervantes
El 29 de julio pasado, en el centro de mando de la Policía Federal, ubicado en la delegación
Iztapalapa del Distrito Federal, el jefe de la División Antidrogas, Ramón Pequeño, presentó ante los medios de comunicación a seis presuntos integrantes del grupo delictivo La Familia.
Entre las evidencias, y frente a los detenidos, el jefe policiaco exhibió fusiles automáticos
“cuerno de chivo”, munición, fajos de billetes, equipo de radiocomunicación y una memoria USB que incluía reportes sobre la venta de droga y extorsión. Pero además, en primer plano, colocó cuatro números de Proceso.
El jueves 24, tras casi dos meses de aquella maniobra mediática, el titular de la Secretaría de
Seguridad Pública, Genaro García Luna, compareció en la Cámara de Diputados como parte de la Glosa del Tercer Informe de gobierno de Felipe Calderón. Llevaba poco más de cinco horas
evadiendo cuestionamientos sobre la inseguridad que prevalece en el país y aguantando
reclamos por el fracaso de su estrategia para combatir al narcotráfico, así como el auge de los
secuestros y las ejecuciones.
Durante la segunda ronda de preguntas, el diputado federal por el Partido del Trabajo Jaime
Cárdenas Gracia le planteó 10 puntos a García Luna, entre ellos el siguiente:
–¿Por qué señaló a la revista Proceso, ante la opinión pública, como integrante de los recursos con que opera la organización delictiva La Familia michoacana?
–Señor diputado, voy a contestar una a una sus preguntas de manera puntual –respondió el
secretario consentido de Calderón.
Cuando llegó el turno a la pregunta citada, dijo: “Respecto a la fotografía a que hace referencia en la revista Proceso, quiero decir a usted, que se aseguró a un presunto narcotraficante que entre sus bienes, al momento de ponerlo a disposición del Ministerio Público, traía diferentes artículos, y dentro de ellos esta revista.”
Como en un susurro, y al parecer tratando de minimizar su orden de presentar a este semanario como un instrumento de la organización criminal, agregó:
“No tiene ningún sentido, es una referencia específica. Sólo es de obligación institucional que
tenemos que poner a disposición del Ministerio Público todos los objetos que tenga el presunto
delincuente.”
Presunto daño moral
Insatisfecho con la respuesta del secretario de Seguridad Pública, el diputado Jaime Cárdenas,
que es abogado, dice en entrevista que la maniobra policiaca tuvo como objeto afectar a la
revista. “Hice la pregunta porque considero que parte de la estrategia del actual gobierno federal y de García Luna es la utilización de los medios de comunicación para mostrar con espectacularidad las acciones realizadas. Con sus actos de propaganda, que no obedecen a un efectivo combate al narcotráfico, a García Luna no le importa violar derechos de terceros, y en el caso de Proceso, dar a entender que es una revista vinculada al crimen organizado”, explica el legislador.
“Queríamos que desde la tribuna se mostrara si el uso de la propaganda y el vincular a la revista fuera para afectar a Proceso. Con su respuesta (García Luna) nos demostró que sí hubo una intención y que, desde su lógica, la de la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza, se considera que Proceso es la revista leída por los narcotraficantes”, agrega.
Desde el punto de vista legal, dice el diputado, “con esta acción se desprende que hay una
afectación a la revista que puede implicar daño moral e indemnización correspondiente. Se
intentó afectar la honra que la revista ha forjado durante 30 años, así como el profesionalismo
de sus periodistas. Esto nos demostró que García Luna puede violar derechos de gente ajena a
las investigaciones que realiza.
“Queríamos ver cuál es el límite del secretario. Su respuesta y su acto nos demostraron que
hubo un exceso al asegurar, exhibir y tratar de desprestigiar a Proceso al presentarla como un
instrumento del delito”, señala.
Además, el legislador niega que se deban dar a conocer “todos los bienes del presunto
inculpado al momento de la detención”, como argumentó García Luna. Ante las autoridades
ministeriales, aclara, se muestran los bienes “que se relacionan con el supuesto delito, no
aquellos que no están vinculados”.
Aunque breve y sin fundamentos legales para justificar su intento de sugerir un vínculo de
Proceso con La Familia, la respuesta de García Luna sobre el particular fue una de las pocas que se dignó ofrecer en las siete horas de su comparecencia. En general ignoró las críticas, evadió las preguntas y minimizó los reclamos con la ayuda del PAN.
Desde el inicio de la sesión, los legisladores panistas trataron de exponer lo menos posible al
polémico secretario a la avalancha de cuestionamientos de la mayoría opositora. Tuvieron éxito:
si acaso, García Luna habló una hora. El resto del tiempo lo consumieron el PAN y el PRI en sus
acusaciones mutuas de mantener vínculos con el crimen organizado.
Entre tanto, el secretario compareciente pasó de actor principal a espectador secundario. El
también diputado petista Porfirio Muñoz Ledo lo llamó “el convidado de piedra”.
Por lo pronto, el abogado y diputado federal Jaime Cárdenas Gracia sostiene que con esa
declaración del funcionario policiaco, este semanario cuenta con elementos para interponer una
demanda civil por el daño moral que le causó la autoridad al presentarla como instrumento de
un cártel. “El resultado sería que un juez ordenara a Genaro García Luna deslindar, de manera
pública, a la revista Proceso con respecto del cártel La Familia michoacana”, concluye.
... Y sus muchachos, enlodados
Ricardo Ravelo
A raíz de la captura de Jesús Zambada García, El Rey, en octubre de 2008, se puso al
descubierto la infraestructura que controlaba el capo del cártel de Sinaloa en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México. Ahora se sabe, a partir de testimonios de los implicados
en el caso y de testigos protegidos, que agentes y funcionarios de la Secretaría de Seguridad
Pública, algunos de ellos cercanos a Genaro García Luna, se beneficiaban del negocio.
Agentes de la Policía Federal, en su mayoría exmiembros de la Agencia Federal de Investigación
(AFI), crearon una red de protección en las dos terminales aéreas del Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (AICM) para facilitar la llegada y salida de cargamentos de cocaína y
dinero que manejaba el cártel de Sinaloa a través de Jesús Zambada García, El Rey, según la
averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0350/08 y el acta circunstanciada
PGR/SIEDO/UEIDCS/AC/1016/2008.
Esa red, que comenzó a operar en este sexenio, contó con el respaldo policiaco y
presuntamente con la complicidad de altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública federal
(SSP) y de la Procuraduría General de la República (PGR), revelan las investigaciones.
El Rey disponía de aeronaves para transportar cocaína, así como de helicópteros para realizar
sobrevuelos de vigilancia, una flotilla de pipas para abastecer de turbosina a las naves y de
aviones chatarra. Así, el cártel de Sinaloa podía seguir los movimientos de droga de las
organizaciones rivales.
Además, tenía a su servicio a buena parte de los policías fiscalizadores de equipaje, quienes en
contubernio con agentes federales custodiaban las maletas con dinero que llegaban de
Sudamérica o salían hacia allá para cubrir los pagos de sus abastecedores de droga. Las
investigaciones señalan que el capo les retribuía sus servicios con dólares.
En este tejido de complicidades también participó el agente de la Interpol adscrito al AICM:
Edwin Said González Isaías, según la declaración de varios testigos protegidos, entre ellos María
Fernanda y El Tigre. Ambos aseguraron que él era enlace principal entre la célula criminal
encabezada por los hermanos Ismael y Jesús Zambada García y altos mandos de la SSP y policías
federales asignados a la terminal aérea de la Ciudad de México.
En su declaración del 28 de octubre de 2008, ocho días después de la captura de El Rey y su
banda, María Fernanda afirmó que: su función era la de inteligencia, así como la de encontrar
autoridades para sobornarlas a efecto de que nos brinden protección y nos proporcionen
información de otros grupos delictivos… Y dentro de esa actividad conocí a un agente de la AFI,
el cual se llama Edwin (el de la Interpol, según se refiere en las averiguaciones)… al cual le
pagaba la cantidad de 10 mil dólares mensuales para que trabajara con nosotros, ya sea
pasándonos información, brindándonos protección o también ayudándonos para sacar las
maletas del aeropuerto que traían cocaína…
A ese grupo que servía a los Zambada García pertenece Édgar Enrique Bayardo del Villar (ahora
identificado en los expedientes de la SIEDO como el testigo protegido con clave Tigre), quien
fue inspector de Operaciones Especiales de la desaparecida PFP, así como subprocurador de
Justicia de Tlaxcala.
Cuando trabajó en la SSP, Bayardo fue uno de los hombres de confianza de Genaro García Luna.
Su jefe inmediato, Víctor Gerardo Garay Cadena, quien se desempeñó como comisionado
interino de la PFP hasta el 31 de octubre de 2008, también está implicado con el narcotráfico,
aunque trabajaba para los hermanos Beltrán Leyva.
A finales de octubre de 2008 surgieron los conflictos entre los colaboradores cercanos al titular
de la SSP, la mayoría motivados por la infiltración del narco. La dupla de funcionarios comenzó a
espiarse entre sí desde entonces. Y se desataron las traiciones.
A partir de las investigaciones de la SIEDO, asentadas en la averiguación previa
PGR/SIEDO/UEIDCS/359/2008, se sabe que durante meses Garay Cadena espió a Bayardo.
Incluso grabó un video cuando su subalterno salía de la residencia de El Rey, localizada en la
colonia Lindavista, al norte de la Ciudad de México, donde el capo fue detenido el 20 de octubre
de 2008 junto con su banda.
Sin embargo, el espionaje de Garay no resultó tan eficaz, pues un soplón de la Drug
Enforcement Administration (DEA), para la que también trabajaba Bayardo, le avisó que su jefe
en la SPP le seguía los pasos. Garay decidió cambiar la estrategia e invitó a su colaborador a un
curso, donde agentes de la SIEDO lo aprehendieron. Lo acusaron de servir a la red de Ismael El
Mayo Zambada.
En la indagatoria citada se asienta no sólo que Bayardo trabajaba para los hermanos Zambada
García; también se le acusa de recibir entre 25 y 500 mil dólares por la captura de cada enemigo del clan sinaloense, así como por avisarles con anticipación cuando había un operativo en contra del grupo.
Garay Cadena cayó en desgracia luego de traicionar a su subalterno. Se le acusó de estar ligado
a la célula de los hermanos Beltrán Leyva. El 31 de octubre de 2008 renunció a su cargo en la
SSP y cuatro días después fue arraigado. El 11 de diciembre siguiente fue consignado por el
delito de delincuencia organizada.
Testimonios
Bajo el cobijo de altos mandos de la AFI y de la PFP (hoy Policía Federal) los hermanos Zambada
García operaban el tráfico de cocaína con diversas empresas instaladas en el AICM.
En una declaración ampliada el 29 de octubre de 2008, el testigo protegido con clave María
Fernanda detalló la forma en que trabajaban los Zambada en las terminales aéreas:
(…) deseo manifestar que al lado de la terminal número 2 del Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, sin recordar el nombre y número de la calle, contamos con una compañía
llamada “Aviones”, la cual se encuentra pegada al hangar (de) AESA, misma que tiene acceso
directo al aeropuerto y que el nombre se puede ver desde afuera, que la fachada es de color
blanco y el rótulo en color azul, que desde la calle se aprecian como oficinas, que son dos
niveles, que en ellas trabajan aproximadamente 30 personas.
Para entrar al lugar hay una pluma que custodia un policía, que en el interior se encuentra un
avión de carga color azul (el cual) nunca tuvimos oportunidad de mover, pero se compró con
dinero ilícito. Dicho avión casi lo pintan cada mes, pero la última vez que lo vi estaba pintado de
color azul, sin rótulos…
(…) En el mismo lugar contamos con dos helicópteros, uno de ellos lo rentamos al municipio de
Ecatepec y el otro está en reparación porque se le averió una hélice, ambos helicópteros
también los adquirimos con dinero ilícito, están pintados de azul con blanco y dicen Ecatepec,
Estado de México. Dichos helicópteros también los ocupábamos para ubicar las posiciones de
los enemigos y para paseos… En el mismo lugar existen tres pipas con gasolina, que nos
pertenecen, dos pequeñas y una grande, de color blanco y tienen rotulado en las puertas el
nombre de Aviafiel. También deseo manifestar que el prestanombres de la empresa Aviones S.A.
de C.V. se llama Raúl Marín, sin recordar su otro apellido, y quien administra dicha empresa es
un militar al que le decimos El Raz…
También declaró que varios agentes federales, tanto de la PGR como de la SSP, acudían a una
residencia ubicada en la colonia Bosques de Las Lomas, al poniente de la Ciudad de México,
“enfrente de la plaza Duraznos y de un Superama para planear las operaciones de trasiego de
drogas en el aeropuerto:
(Dijo que en una ocasión) nos encontrábamos reunidos Jesús Zambada García, El Rey, otra
persona de la cual me reservo su nombre y yo… Después de hablar con esa persona (un
presunto alto mando de la SSP) se llegó al acuerdo de pagarle la cantidad de 75 mil dólares
mensuales para que trabajara para la organización, mencionándonos este policía federal que 50
mil dólares eran para él y 25 para otro mando policiaco al que refirió como X-1, el cual es el
segundo del regional, entregándole en ese momento personalmente dicha cantidad y que en
otras ocasiones más desde febrero a la fecha mensualmente se le enviaba ese dinero a través de
Edwin. Asimismo, quiero manifestar que esta persona participó en el operativo Lindavista,
donde se detuvo a El Rey Zambada García.
De acuerdo con las investigaciones de la PGR y la indagatoria
PGR/SIEDO/UEIORP/FAM/119/2007, el cártel de Sinaloa disponía de 13 aviones y tenía el
control de varios aeropuertos del país gracias al apoyo de agentes federales.
Asimismo, en sus declaraciones ante la SIEDO, un hijo de El Rey declaró en el hangar del AICM
que se definían los envíos de drogas a Colombia y se utilizaban tres aviones. El responsable de
vigilar el desembarque de la droga del cártel de Sinaloa, según las indagatorias, era Ricardo
Flores Quintana, también conocido como Richard Arroyo Guízar, El Richard, a quien se le
identifica como hijastro de El Rey.
Parte de la banda encabezada por El Rey fue capturada el 20 de octubre de 2008. Una llamada
anónima alertó a la PGR sobre la presencia de un grupo de personas armadas en la calle
Wilfredo Massieu 430, colonia San Bartolo Atepehuacan, en la delegación Gustavo A. Madero.
Al llegar al lugar, los agentes federales capturaron a José Martín Zarza Escamilla, Armando Javier
Rojo Aguilar, Ignacio Moreno Aguilar, Alma Rosa Victal Linares y Jesús Ángel Valencia Callejas.
Después supieron que los detenidos eran integrantes de la banda de Jesús e Ismael Zambada
García.
Las divisiones
La guerra entre los Beltrán Leyva y los Zambada García no sólo dividió al grupo cercano a García
Luna, también desató conflictos por el control del AICM. La célula encabezada por Arturo
Beltrán, que recibía protección de los agentes federales adscritos a la terminal aérea, movía
millones de dólares en maletas. Todas las operaciones eran protegidas por los propios policías
de las desaparecidas AFI y PFP.
Para el transporte del dinero los capos utilizaban a personas que se hacían pasar como
minusválidos y eran conducidos en sillas de ruedas. Este modus operandi era conocido por los
mandos de la SSP, según el testimonio del testigo identificado con la clave Tigre y cuyo
verdadero nombre es Édgar Enrique Bayardo del Villar.
Durante el interrogatorio al que fue sometido en la SIEDO, El Tigre aceptó conocer a Edwin (Said
González Isaías), quien era el encargado de la AFI en el AICM, incluso afirmó que se lo presentó
otro agente federal llamado David. “Él era de la Interpol”, dijo El Tigre.
Y añadió: Aunado a lo anterior, tengo conocimiento que dicha persona manejaba la ruta del
aeropuerto para la salida y entrada de dinero y maletas de droga, de acuerdo al testimonio de
dos personas que fueron detenidas y puestas a disposición… de la SIEDO, derivado de la
investigación del Box, presumiblemente operador financiero de Arturo Beltrán Leyva…
Esas personas manifestaron que uno de ellos era el que se encargaba de manejar la silla de
ruedas en el aeropuerto y el otro se hacía pasar como una persona lisiada, este último
manifestó ser amigo de infancia de Edwin, el encargado de la AFI en el aeropuerto, y también
manifestó que lo iba a invitar a ganarse un dinero, para lo (cual) tenía que hacerse pasar por
inválido, lo que aceptó y una vez hecho lo anterior fue llevado a un restaurante en el interior del
aeropuerto, para entrevistarse con un individuo al que apodan El Grande (Sergio Villarreal
Barragán, operador de Los Beltrán en la Comarca Lagunera) y con El Box, quienes le dijeron que
tenía que seguir las indicaciones al pie de la letra y entregar el dinero en Venezuela.
Según El Tigre, la instrucción era que Edwin permaneciera un día en ese país. Por esa razón,
agregó, lo “estábamos investigando”, pues era evidente que tenía vínculos con la organización
de los hermanos Beltrán Leyva.
Por lo que atañe a la ficha criminal de El Tigre, Richard Arroyo Guízar, hijastro de Jesús Zambada
García, capturado por elementos de la SIEDO en el operativo del 20 de octubre de 2008, declaró
que ese día, durante el tiroteo, El Rey pensó que los atacaba una banda contraria, por lo que
llamó por teléfono a Bayardo para que lo auxiliara. Y éste le respondió: “Ya voy, padrino, ya
voy”, según Arroyo Guízar.
Asimismo, en su testimonio ministerial Arroyo Guízar aportó detalles de los vínculos de Bayardo
y otros mandos de la PFP y de la SSP con el cártel de Sinaloa. Refirió, por ejemplo, que en una
ocasión se entrevistó con él y otro policía conocido como El Pelón. “Nos saludamos –dijo– y
Bayardo se puso a las órdenes de la organización”.
Desde entonces le íbamos dando dinero para que obtuviera puestos más altos dentro de la PGR
y así (pudiera) sernos más útil. Quiero aclarar que la suma que en ese entonces se le
proporcionaba era un aproximado de 100 mil dólares cada vez que nos decía que iba a
ascender de puesto en la PGR, pues el dinero serviría de pago para las personas que lo estaban
ayudando a obtener dichos puestos.
Por otra parte, a partir de noviembre del año pasado (se refiere a 2007) en que lo hicieron
comisionado o inspector de la PFP, empezó a darnos seguridad, siendo ésta logística, ya que
cuando sabía de un cateo o de información importante que se generaba en la PFP, inclusive en
la DEA, relativa a la organización de mi padre, nos avisaba para que se tomaran las medidas
necesarias.
La sombra presidencial
Ricardo Ravelo
Creada en noviembre de 2001, la Agencia Federal de Investigación (AFI) que fue infestada por
los intereses del narcotráfico y desaparecida en mayo de 2009, sigue pagando su salario a quien
la fundó y encabezó antes de convertirse en el todopoderoso secretario de Seguridad Pública
federal, Genaro García Luna.
Acusado de nepotismo, enriquecimiento ilícito y nexos con el narcotráfico, García Luna, quien
durante la glosa del tercer informe de gobierno de Felipe Calderón tuvo que afrontar severos
cuestionamientos de los diputados durante ocho horas, recibió la pregunta directa del diputado
Francisco Cárdenas en el sentido de por qué en las bases de datos de las computadoras él sigue
apareciendo como coordinador general de la AFI, con su clave presupuestal, lo que equivale a
que su salario por esa función sigue vigente.
Y aunque el secretario de Seguridad Pública no respondió a esa pregunta, documentos a los que
accedió Proceso muestran que, por lo menos hasta el miércoles 2, García Luna seguía fungiendo
como titular de la AFI y presuntamente cobrando como tal, pues no ha sido dado de baja del
sistema conocido como “Persons”, según consta en un Reporte individual de incidencias.
En dicho documento –que tiene el membrete de la PGR y enseguida refiere que corresponde a la
Agencia Federal de Investigaciones– se apunta: “García Luna Genaro. RFC: GALG680710”.
Y luego aparecen, entre otros datos, los siguientes: “Clave presupuestal: CFJB001. Adscripción
Actual: Coordinador General de la AFI”.
Y pese a que, en su comparecencia, García Luna pareció ignorar las acusaciones de nepotismo,
ineficiencia e impreparación de su personal que le hacían los diputados, Proceso obtuvo al
respecto la siguiente información:
Luis Cárdenas Palominos, brazo derecho de García Luna, ha habilitado a personal de su
confianza, como a su chofer y a su ayudante, Israel Espinoza Ruiz y Raúl Pérez Ocaña,
respectivamente, como altos funcionarios de investigación en la SSP sin que hayan tenido una
carrera policiaca.
Ambos provienen de la AFI y, de acuerdo con sus antecedentes, siempre han trabajado a la
sombra de Cárdenas Palominos. Así, con sólo estudios de bachillerato, Espinoza Ruiz aparece
actualmente en la SSP como director de Secuestros, mientras que Pérez Ocaña –quien cargaba
maletas y llevaba y traía recados de Cárdenas Palominos cuando éste era funcionario de la PGR–
actualmente figura como director del área de Investigación Técnica de la SSP.
Pérez Ocaña está hoy encargado de realizar, entre otras tareas, las investigaciones sobre casos
de indocumentados, terrorismo y todo lo relacionado con el tema del tráfico de armas. De
acuerdo con su ficha, en la AFI –donde sigue registrado– tiene la clave presupuestal CFM002, y
el 28 de mayo de este año todavía presentó una declaración patrimonial en la que asienta que
no tiene propiedades a su nombre.
Un caso más escandaloso relacionado con la AFI es el de la comandante Lorena González
Hernández, quien fue detenida en septiembre de 2008 acusada de brindar protección a bandas
de secuestradores –presuntamente había protegido a los plagiarios y homicidas del joven
Fernando Martí–, estaba registrada como agente de la AFI y devengaba su salario como personal
activo de esa corporación, de acuerdo también con un Reporte Individual de Incidencias y datos
del sistema “Persons”.
La comparecencia
Durante la comparecencia de García Luna en la Cámara de Diputados el jueves 24, legisladores
de diversos partidos reprobaron la estrategia del gobierno federal contra el crimen organizado
“por fallida”.
El diputado Francisco Cárdenas, quien le preguntó por qué de acuerdo con las computadoras
tiene un salario vigente de la AFI, interrogó asimismo al titular de la SSP sobre la incorporación
de sus hermanas como funcionarias de la dependencia con un salario casi del mismo nivel que
el de Felipe Calderón, y, para rematar, lo cuestionó: “¿Por qué señaló a la revista Proceso, ante la
opinión pública, como integrante de los recursos con que opera la organización delictiva La
Familia?”.
Sobre el salario que al parecer sigue cobrando en la AFI, aunque ya haya desaparecido, García
Luna guardó silencio. Lacónico y con una pronunciación entrecortada, dijo que es falso que una
hermana suya tenga un puesto y un salario en la SSP, y “respecto a la fotografía en la que se
implica a Proceso como parte de las armas de La Familia, quiero decir que se aseguró a un
presunto narcotraficante que entre sus bienes, al momento de ponerlo a disposición del
Ministerio Público Federal, traía artículos, y dentro de ellos esta revista. No tiene ningún sentido:
es una referencia específica; sólo es obligación institucional poner a disposición del Ministerio
Público todos los objetos que tenga el presunto delincuente”.
El diputado Fernández Noroña lo encaró: “Le pregunto a García Luna: ¿Cómo construye una casa
de 20 millones de pesos, cuando su sueldo no da para eso? ¿De dónde sale ese dinero? ¿De los
decomisos? ¿Del crimen organizado? ¿Del crimen desorganizado que encabeza? ¿De dónde sale
todo esto?”.
Ante esa andanada, García Luna guardó silencio. La mayor parte del tiempo se la pasó sin
comer, sin tomar agua, jugando continuamente con su pluma y en ocasiones secando el sudor
de su rostro.
Pero en su discurso, García Luna, quien ha sido el policía más poderoso del sexenio, aunque se
le han atribuido nexos con los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas, aprovechó su presencia ante
los diputados para plantear el proyecto de transformar las 2 mil 22 policías municipales del país
en 32 cuerpos policiacos que serían, dijo, supervisados por la Policía Federal a su cargo.
La propuesta fue abucheada por diputados de diferentes fracciones, con el argumento de que
García Luna quiere aún más poder cuando el gobierno se ha mostrado incapaz de frenar a la
delincuencia organizada y con el dato de que la lucha contra el crimen ha dejado en los tres
años transcurridos del sexenio un saldo de alrededor de 13 mil muertos sin que el narco haya
sido debilitado.
Carta ignorada
El presidente Felipe Calderón había recibido informes previos –sin ninguna consecuencia– sobre
el cúmulo de fallas y la descomposición que enfrentó la AFI antes de ser fusionada con la PFP.
Agentes de la AFI que enviaron una carta al presidente Felipe Calderón le advirtieron sobre “el
desmantelamiento de la AFI y el desvío de recursos”. Le dijeron que estaban recibiendo
“amenazas y hostigamientos para hacernos renunciar a la AFI y contratarnos en la SSP”.
Y agregaron: “Sabemos que la encargada de la SIEDO ha ordenado que el trabajo se comience a
mandar a la Policía Federal (a pesar) de que (la nueva corporación) no cuenta con un sustento
legal”.
“Quizá usted ignore y desconozca, o tal vez quiere ignorar por algo, el negro historial con el
que cuentan Genaro García Luna y todos aquellos que son sus allegados. Tal vez ignore el
desvío millonario de recursos financieros que van a parar a manos de todos los que están con
García Luna, quien permite y aprueba el robo en despoblado al erario.”
Pidieron al presidente Calderón practicar una auditoría y una investigación sobre delitos como
tráfico de influencias, homicidios, secuestros, robos, extorsiones, amenazas, lesiones y desvío
de recursos.
Y tras asegurar que “son claras las conexiones” de García Luna “con la delincuencia organizada
que azota a la sociedad”, la misiva indica que aquéllas “son bien comprobables, y basta ver a
qué cárteles de la droga dice que les asesta golpes y al mismo tiempo a cuáles ni se les
molesta”.
Para más adelante precisar: “Las muertes de gente como Édgar Millán Gómez e Igor Labastida
Calderón (asesinados el 9 de mayo y el 27 de junio de 2008, respectivamente) no fueron
producto de la casualidad, ya que la orden vino del crimen organizado, pero la ejecución fue
planeada al interior de la misma SSP…”.
La carta también indica que, con su proyecto de unificar la AFI y la PFP, García Luna no se
proponía “abatir el delito ni frenar al narco”, sino convertirse en el mando absoluto de una sola
policía y controlar todo el país.
Los agentes exponen: “Lo único que (ahora sí) queda claro es que Genaro García, apoyado por
su gente de confianza en todos los puestos jerárquicos, tiene el control absoluto de fronteras,
puertos, aeropuertos, caminos y las investigaciones sobre delincuencia organizada. Así tiene la
seguridad de que nada ni nadie podría hacer nada en contra suya.
“Este es el verdadero propósito de la unificación de las policías de México, proyecto que García
Luna le vendió a usted, señor presidente, y que ahora vemos que (usted) le otorga toda su
confianza a un hombre que ha generado más dudas que resultados, por lo que ahora
comenzamos a preguntarnos si será cierto que le debe la Presidencia (de la República) a Genaro
García…”
Entrevistado por Proceso, el agente federal Juan Manuel Peña Aguirre afirma a su vez que los
males que acabaron con la AFI fueron propiciados precisamente por su mismo creador, Genaro
García Luna, quien “minó las capacidades de la corporación desde el inicio de la actual
administración”.
Ahora, prosigue, García Luna y su camarilla –que incluye en primer término a Luis Cárdenas
Palominos, coordinador general de Inteligencia para la Prevención del Delito– ya controlan todas
las actividades de seguridad en la República sin limitación alguna.
Por ejemplo, puntualiza, García Luna ejerce férreos controles en puertos y aeropuertos; también
vigila carreteras; decide la protección de edificios que, según su propio criterio, son
considerados de
considerados de “alta vulnerabilidad”. Con la Policía Federal como instrumento, realiza tareas
preventivas y tiene el control absoluto de las investigaciones relacionadas con la delincuencia
organizada, a pesar de que la PGR cuenta con unos 4 mil elementos incrustados en lo que ahora
se denomina la Policía Federal Ministerial.
De ese modo, señala, García Luna y su fuerza policiaca –a la que ya se le ve como un símil del
Ejército por la capacidad de despliegue y la influencia que tiene en Los Pinos– concentra en sus
manos las tareas de investigación sobre narcotráfico, terrorismo y secuestros, entre otras, lo
que consiguió a partir de que Marisela Morales asumió la titularidad de la Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Pero de acuerdo con una carta enviada el 18 de noviembre de 2008 a Juan Francisco Rivera
Bedolla, entonces presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, el
poder que ejerce García Luna no se traduce en beneficios para la sociedad, pues la violencia
sigue imparable y el narcotráfico continúa boyante en el territorio nacioanal.