Columna Juegos de Poder/Leo Zuckermann
Calderón va en serio
Calderón va en serio
Excélsior, 12 de octubre de 2009;
Se tardó 38 días, pero el Presidente pasó de las palabras a los hechos. Va en serio en aquello que anunció el 2 de septiembre de que piensa hacer los cambios de fondo que el país necesita. Ya comenzó con uno en el que no necesitaba la aprobación del Congreso: la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.
Esta decisión se encontraba en el ámbito exclusivo del Ejecutivo federal. Evidentemente la fue preparando. Primero, presentó en su iniciativa de presupuesto de 2010 una partida menor a la que necesitaba la empresa para cubrir su déficit. Y como dicho déficit se debe en gran parte a las prebendas que reciben los trabajadores sindicalizados que operan la compañía, pues esto irritó al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Su líder, Martín Esparza, prometió movilizaciones para evitar la reducción presupuestal.
Pero el gremio sindical se encontraba dividido. Esparza se había enfrentado a Alejandro Muñoz, el tesorero del SME, en la elección para dirigir al sindicato. Todo indica que hubo irregularidades. Se dice que hubo más votos que electores y que votaron agremiados fallecidos. Esparza ganó por un margen de 352 votos, una diferencia de menos de uno por ciento. Muñoz se inconformó. La Secretaría del Trabajo decidió no entregar la toma de nota a Esparza al aducir irregularidades. Ello incrementó la ira de Esparza quien tuvo una postura dubitativa. Por un lado, se resistía a caer en la provocación del gobierno a radicalizarse pero, por el otro, hablaba de emplazar a la empresa a huelga.
El conflicto sindical sirvió para poner el tema de Luz y Fuerza como el principal asunto en los noticieros. Gracias a ello, la opinión pública conoció de la ineficiencia y la corrupción de una empresa controlada por su sindicato. Un servicio eléctrico malísimo con precios altísimos que ni siquiera alcanzaban para cubrir los gastos. De esta forma, los contribuyentes de todo el país tenían que pagar 40 mil millones de pesos al año para subsidiar las prebendas de un sindicato con un contrato leonino. En medio de este debate, Esparza cometió un error. Inauguró un nuevo gimnasio del SME que había costado más de cien millones de pesos. La cancha era de la calidad de las que usan los equipos profesionales de basquetbol en Estados Unidos. Mientras el país padece una profunda crisis económica, el SME enseñaba sus excesos con cargo a los contribuyentes de todo México.
Pocos fueron los que salieron a la defensa del SME. Los usuarios, las verdaderas víctimas de la ineficiencia de Luz y Fuerza, por supuesto que no. A los medios llegaron montones de quejas que daban cuenta del mal servicio y la corrupción. Sólo los partidos de izquierda, sobre todo sus miembros más radicales, defendieron al SME debido a la alianza política que tenían. También otros sindicatos se solidarizaron, quizá por aquello de que “cuando las barbas de tu vecino veas cortar pon las tuyas a remojar”.
El gobierno se encargó de poner en la agenda el tema de Luz y Fuerza. El ambiente era inmejorable para liquidar a la empresa. Pero muchos nos preguntábamos si se atreverían. Y es que, en el pasado, el gobierno calderonista prometía mucho pero luego se echaba para atrás y entregaba resultados magros. No obstante, el 2 de septiembre el Presidente había ofrecido cambios de fondo. Más allá del discurso, tenía que demostrarlo. El sábado lo hizo. Se atrevió a lo que ningún otro Presidente se había atrevido desde los años ochenta: enfrentarse a uno de los sindicatos más poderosos y radicales de México liquidando la empresa pública más ineficaz de todas.
Ahora el servicio que daba Luz y Fuerza lo proveerá la que quizá sea la empresa pública más eficaz del país: la Comisión Federal de Electricidad. Se trata de una excelente noticia para todos los usuarios del centro de la República.
Imagino, también, que todos los beneficiarios del statu quo en México han de estar preocupados. El Presidente que prometió cambios de fondo está cumpliendo. Enhorabuena. Ya era tiempo.
El conflicto sindical sirvió para poner el tema de Luz y Fuerza como el principal asunto en los noticieros. Gracias a ello, la opinión pública conoció de la ineficiencia y la corrupción de una empresa controlada por su sindicato.
Esta decisión se encontraba en el ámbito exclusivo del Ejecutivo federal. Evidentemente la fue preparando. Primero, presentó en su iniciativa de presupuesto de 2010 una partida menor a la que necesitaba la empresa para cubrir su déficit. Y como dicho déficit se debe en gran parte a las prebendas que reciben los trabajadores sindicalizados que operan la compañía, pues esto irritó al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Su líder, Martín Esparza, prometió movilizaciones para evitar la reducción presupuestal.
Pero el gremio sindical se encontraba dividido. Esparza se había enfrentado a Alejandro Muñoz, el tesorero del SME, en la elección para dirigir al sindicato. Todo indica que hubo irregularidades. Se dice que hubo más votos que electores y que votaron agremiados fallecidos. Esparza ganó por un margen de 352 votos, una diferencia de menos de uno por ciento. Muñoz se inconformó. La Secretaría del Trabajo decidió no entregar la toma de nota a Esparza al aducir irregularidades. Ello incrementó la ira de Esparza quien tuvo una postura dubitativa. Por un lado, se resistía a caer en la provocación del gobierno a radicalizarse pero, por el otro, hablaba de emplazar a la empresa a huelga.
El conflicto sindical sirvió para poner el tema de Luz y Fuerza como el principal asunto en los noticieros. Gracias a ello, la opinión pública conoció de la ineficiencia y la corrupción de una empresa controlada por su sindicato. Un servicio eléctrico malísimo con precios altísimos que ni siquiera alcanzaban para cubrir los gastos. De esta forma, los contribuyentes de todo el país tenían que pagar 40 mil millones de pesos al año para subsidiar las prebendas de un sindicato con un contrato leonino. En medio de este debate, Esparza cometió un error. Inauguró un nuevo gimnasio del SME que había costado más de cien millones de pesos. La cancha era de la calidad de las que usan los equipos profesionales de basquetbol en Estados Unidos. Mientras el país padece una profunda crisis económica, el SME enseñaba sus excesos con cargo a los contribuyentes de todo México.
Pocos fueron los que salieron a la defensa del SME. Los usuarios, las verdaderas víctimas de la ineficiencia de Luz y Fuerza, por supuesto que no. A los medios llegaron montones de quejas que daban cuenta del mal servicio y la corrupción. Sólo los partidos de izquierda, sobre todo sus miembros más radicales, defendieron al SME debido a la alianza política que tenían. También otros sindicatos se solidarizaron, quizá por aquello de que “cuando las barbas de tu vecino veas cortar pon las tuyas a remojar”.
El gobierno se encargó de poner en la agenda el tema de Luz y Fuerza. El ambiente era inmejorable para liquidar a la empresa. Pero muchos nos preguntábamos si se atreverían. Y es que, en el pasado, el gobierno calderonista prometía mucho pero luego se echaba para atrás y entregaba resultados magros. No obstante, el 2 de septiembre el Presidente había ofrecido cambios de fondo. Más allá del discurso, tenía que demostrarlo. El sábado lo hizo. Se atrevió a lo que ningún otro Presidente se había atrevido desde los años ochenta: enfrentarse a uno de los sindicatos más poderosos y radicales de México liquidando la empresa pública más ineficaz de todas.
Ahora el servicio que daba Luz y Fuerza lo proveerá la que quizá sea la empresa pública más eficaz del país: la Comisión Federal de Electricidad. Se trata de una excelente noticia para todos los usuarios del centro de la República.
Imagino, también, que todos los beneficiarios del statu quo en México han de estar preocupados. El Presidente que prometió cambios de fondo está cumpliendo. Enhorabuena. Ya era tiempo.
El conflicto sindical sirvió para poner el tema de Luz y Fuerza como el principal asunto en los noticieros. Gracias a ello, la opinión pública conoció de la ineficiencia y la corrupción de una empresa controlada por su sindicato.
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Columna Horizonte político/José A. Crespo
Shock eléctrico
Excélsior, 12 de octubre de 2009;}
Nadie creyó que la negativa de Javier Lozano a tomarle nota a Martín Esparza se debiera al interés del gobierno federal por democratizar el sindicalismo. Por ejemplo, **Lozano no ha cumplido sucesivos fallos judiciales que desde hace dos años le instruyen dejar sin efecto la toma de nota al secretario general del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps. Y ni qué decir de la estrecha alianza del gobierno federal con Elba Esther Gordillo, a la que se le han dado cargos y canonjías como a ningún otro aliado del gobierno, sin que ello le quite el sueño a Felipe Calderón. Pero, del otro lado, los partidos de izquierda, con gran simplismo, consideran cualquier cuestionamiento al viejo sindicalismo autoritario como un rechazo a todo sindicalismo, a su concepto mismo. Evidentemente no es así.
El motor aducido por el gobierno para liquidar Luz y Fuerza del Centro (LyFC), es la búsqueda de una racionalidad administrativa en el estratégico rubro de la electricidad: la empresa es un auténtico elefante blanco, torpe e ineficiente, que devora cerca de 40 mil millones de pesos al año, emplea cinco veces más personal del requerido y ofrece a sus trabajadores privilegios que ni en Suecia disfrutan. La crisis económica y el hoyo fiscal han motivado que el gobierno emprenda lo que muchos antes han preferido eludir, por el costo político que supone enfrentar a un sindicato que disfraza sus injustificables privilegios —que ni los trabajadores suecos tienen— de “nacionalismo energético” y “autonomía sindical”. Andrés López Obrador ha condenado con razón los privilegios de los grandes consorcios, pero que ni se mencionen los de sus aliados políticos. Los gobiernos han sido corresponsables de tales canonjías, es cierto, pero por eso mismo procede, por fin, ponerles término. Coincido con René Delgado quien el sábado escribió: “El (SME) defiende privilegios, no derechos, supuestas conquistas que junto con la mala administración de la empresa terminaron por quebrar precisamente la fuente de trabajo… Sexenio tras sexenio ha resistido el saneamiento de la empresa hasta hacerla inviable, y eso vulnera el principal derecho laboral: el trabajo” (Reforma, 10/X/09). El SME jaló la cuerda hasta reventarla. Terminó por matar su gallina de los huevos de oro.
La izquierda alega, por otro lado, que el gobierno en realidad pretende privatizar la energía eléctrica, entregarla de lleno a las transnacionales. ¿Hay acaso alguna iniciativa que sugiera tal propósito? ¿Podría este gobierno dar semejante paso cuando ya vimos lo que ocurrió con su iniciativa sobre la reforma petrolera? ¿Podría realizarse la respectiva modificación constitucional sin el concurso del PRI, buena parte del cual sigue atrincherado en el añejo nacionalismo revolucionario, lo mismo que el PRD? Se ve difícil. Pareciera que, para la izquierda, entre los extremos de mantener empresas públicas en profunda ineficiencia y su entrega a las transnacionales no existen opciones intermedias. Ante la eterna amenaza de la privatización total, mejor la quiebra financiera ad infinitum. O el añejo populismo corporativo o el entreguismo incondicional. En México no puede avanzarse hacia una posición de mayor equilibrio y racionalidad sin que se denuncie como un “primer paso” para la entrega de la empresa al imperialismo transnacional.
Afirma el SME que LyF no pertenece al gobierno federal, sino al pueblo de México y a los trabajadores de la empresa. No pertenece, en efecto, al gobierno federal, pero tampoco a los trabajadores (como en los hechos ocurría), sino al Estado. Es decir, teórica y retóricamente, al pueblo. En cuyo caso, como accionista teórico de este voraz elefante blanco, respaldo su liquidación, lo que no obsta para exigir al gobierno que tome muchas otras medidas de austeridad y recortes en su propia, inflada y cara burocracia. Probablemente la mayoría de la sociedad tomará esta decisión como algo positivo, si no se sale de control; algo que distinguirá al actual gobierno de la anodina gestión de Vicente Fox. Pero también parece haber amplia coincidencia, entre quienes respaldan el decreto, de que Calderón debe también tomar medidas correctivas respecto del sindicato petrolero, el magisterial y otros. Algo que quitaría cualquier sesgo partidista a la eventual desaparición del SME, pero cuya realización parece poco probable. Habrá, con todo, una renovada presión de la opinión pública en ese sentido.
La izquierda alega que el régimen en realidad pretende privatizar la energía eléctrica, entregarla de lleno a las transnacionales.
Shock eléctrico
Excélsior, 12 de octubre de 2009;}
Nadie creyó que la negativa de Javier Lozano a tomarle nota a Martín Esparza se debiera al interés del gobierno federal por democratizar el sindicalismo. Por ejemplo, **Lozano no ha cumplido sucesivos fallos judiciales que desde hace dos años le instruyen dejar sin efecto la toma de nota al secretario general del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps. Y ni qué decir de la estrecha alianza del gobierno federal con Elba Esther Gordillo, a la que se le han dado cargos y canonjías como a ningún otro aliado del gobierno, sin que ello le quite el sueño a Felipe Calderón. Pero, del otro lado, los partidos de izquierda, con gran simplismo, consideran cualquier cuestionamiento al viejo sindicalismo autoritario como un rechazo a todo sindicalismo, a su concepto mismo. Evidentemente no es así.
El motor aducido por el gobierno para liquidar Luz y Fuerza del Centro (LyFC), es la búsqueda de una racionalidad administrativa en el estratégico rubro de la electricidad: la empresa es un auténtico elefante blanco, torpe e ineficiente, que devora cerca de 40 mil millones de pesos al año, emplea cinco veces más personal del requerido y ofrece a sus trabajadores privilegios que ni en Suecia disfrutan. La crisis económica y el hoyo fiscal han motivado que el gobierno emprenda lo que muchos antes han preferido eludir, por el costo político que supone enfrentar a un sindicato que disfraza sus injustificables privilegios —que ni los trabajadores suecos tienen— de “nacionalismo energético” y “autonomía sindical”. Andrés López Obrador ha condenado con razón los privilegios de los grandes consorcios, pero que ni se mencionen los de sus aliados políticos. Los gobiernos han sido corresponsables de tales canonjías, es cierto, pero por eso mismo procede, por fin, ponerles término. Coincido con René Delgado quien el sábado escribió: “El (SME) defiende privilegios, no derechos, supuestas conquistas que junto con la mala administración de la empresa terminaron por quebrar precisamente la fuente de trabajo… Sexenio tras sexenio ha resistido el saneamiento de la empresa hasta hacerla inviable, y eso vulnera el principal derecho laboral: el trabajo” (Reforma, 10/X/09). El SME jaló la cuerda hasta reventarla. Terminó por matar su gallina de los huevos de oro.
La izquierda alega, por otro lado, que el gobierno en realidad pretende privatizar la energía eléctrica, entregarla de lleno a las transnacionales. ¿Hay acaso alguna iniciativa que sugiera tal propósito? ¿Podría este gobierno dar semejante paso cuando ya vimos lo que ocurrió con su iniciativa sobre la reforma petrolera? ¿Podría realizarse la respectiva modificación constitucional sin el concurso del PRI, buena parte del cual sigue atrincherado en el añejo nacionalismo revolucionario, lo mismo que el PRD? Se ve difícil. Pareciera que, para la izquierda, entre los extremos de mantener empresas públicas en profunda ineficiencia y su entrega a las transnacionales no existen opciones intermedias. Ante la eterna amenaza de la privatización total, mejor la quiebra financiera ad infinitum. O el añejo populismo corporativo o el entreguismo incondicional. En México no puede avanzarse hacia una posición de mayor equilibrio y racionalidad sin que se denuncie como un “primer paso” para la entrega de la empresa al imperialismo transnacional.
Afirma el SME que LyF no pertenece al gobierno federal, sino al pueblo de México y a los trabajadores de la empresa. No pertenece, en efecto, al gobierno federal, pero tampoco a los trabajadores (como en los hechos ocurría), sino al Estado. Es decir, teórica y retóricamente, al pueblo. En cuyo caso, como accionista teórico de este voraz elefante blanco, respaldo su liquidación, lo que no obsta para exigir al gobierno que tome muchas otras medidas de austeridad y recortes en su propia, inflada y cara burocracia. Probablemente la mayoría de la sociedad tomará esta decisión como algo positivo, si no se sale de control; algo que distinguirá al actual gobierno de la anodina gestión de Vicente Fox. Pero también parece haber amplia coincidencia, entre quienes respaldan el decreto, de que Calderón debe también tomar medidas correctivas respecto del sindicato petrolero, el magisterial y otros. Algo que quitaría cualquier sesgo partidista a la eventual desaparición del SME, pero cuya realización parece poco probable. Habrá, con todo, una renovada presión de la opinión pública en ese sentido.
La izquierda alega que el régimen en realidad pretende privatizar la energía eléctrica, entregarla de lleno a las transnacionales.
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Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez
Una empresa, un sindicato, un tabú
Excélsior, 12 de octubre de 2009;
La administración de Calderón tomó la noche del sábado la decisión política más importante del sexenio al decidir liquidar Luz y Fuerza del Centro y ejecutar así lo que se había aprobado desde diciembre de 1974, en el gobierno de Luis Echeverría, y que durante 35 años, una y otra vez, se había postergado por consideraciones políticas y electorales. Rompió, también, con el tabú de que este tipo de empresas y sindicatos no podían ser tocados. Vendrán, sin duda, días complejos en esta historia, pero por lo menos el sábado se demostró que no había problema alguno en tomar las instalaciones, hacer que las mismas siguieran funcionando y establecer con claridad un plan de liquidación para los trabajadores.
La mejor demostración de la crisis que vivía LyFC es que la liquidación de la empresa y de todos sus trabajadores equivale a un tercio de lo que se entregó este año de subsidio para el gasto corriente de la misma: 42 mil millones recibió Luz y Fuerza de subsidio y la liquidación de su contrato colectivo costará 16 mil millones, más otros cuatro mil millones que destinarán al pago de compensaciones adicionales para sus trabajadores. Sus pensionados y jubilados no tendrán, como se anunció, ninguna modificación en sus percepciones y en su régimen de retiro, pese a la liquidación de la empresa.
Es un tema político clave porque el Ejecutivo logró ejercer sus atribuciones y liquidar una empresa que resultaba inviable y onerosa para el conjunto del país, incluidas las dos terceras partes de los mexicanos que no recibían servicio de ella pero si tenían que pagar fiscalmente sus rezagos. Una empresa que prestaba un pésimo servicio, cada día más desfasado de las necesidades del país y las de la Ciudad de México. Un servicio caro, mucho más caro que el de la CFE y menos eficiente en todos los sentidos. Se acaba con un sindicato que aprovechó todas las coyunturas políticas y la complacencia de las distintas administraciones, desde la nacionalización de LyFC en 1960, hasta el día de ayer, para construir un contrato colectivo leonino que fue el que en última instancia terminó catalizando la quiebra de la empresa. Con una dirigencia sindical, además, que tras un discurso supuestamente de izquierda cayó en los mismos abusos y excesos de las corrientes más criticadas del movimiento obrero oficial.
La decisión del sábado en la noche impone también al gobierno una norma de acción para el futuro: tendrán que revisarse los números y la actuación de otras instancias públicas y tomar medidas en ese sentido. No todo lo que administra o impulsa el Estado debe tener números negros, pero no puede existir un despilfarro tan notable como el que se vivía en LyFC. Y eso incluye unos sindicatos cuyos recursos y prácticas casi nunca son transparentados. Y allí existe una demanda ciudadana inocultable para que se avance en ese sentido.
Como existe esa misma demanda para que, también, los partidos políticos transparenten sus recursos, sobre todo los que reciben del erario. De la misma forma que los dirigentes del SME reclaman ahora que les regresen “su” empresa, aunque dilapiden recursos y se la hayan literalmente acabado con sus excesos, ahora los dirigentes de los partidos, en particular del PRD, pero también del PRI, están indignados porque el líder del PAN, César Nava, tuvo la osadía de presentar una iniciativa de ley que recorta 50% sus ingresos federales y 100% los locales. En 2010, que no es año electoral federal, los partidos recibirán la friolera de seis mil millones de pesos entre recursos de la Federación y de los estados. Con el recorte planteado, su presupuesto estaría en unos dos mil millones de pesos, una cantidad nada despreciable, pero que según el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, es “demagógica y electorera”, y exige que no se recorte el presupuesto partidario, mientras que, olvidando que tiene en sus filas al diputado prófugo Julio César Godoy, dice que con esa reducción de recursos entrará en los partidos dinero del narcotráfico.
¿Para qué quieren los partidos seis mil millones de pesos al año y el doble cuando es electoral?, ¿cómo pueden exigir que se recorten gastos en todos los ámbitos y ellos no están dispuestos a sacrificar ni un centavo?, ¿con qué cara pueden explicárselo a la sociedad? No será fácil, pero esperemos que la liquidación de LyFC sea el primer paso para dejar de derrochar el dinero que no tenemos.
Una empresa, un sindicato, un tabú
Excélsior, 12 de octubre de 2009;
La administración de Calderón tomó la noche del sábado la decisión política más importante del sexenio al decidir liquidar Luz y Fuerza del Centro y ejecutar así lo que se había aprobado desde diciembre de 1974, en el gobierno de Luis Echeverría, y que durante 35 años, una y otra vez, se había postergado por consideraciones políticas y electorales. Rompió, también, con el tabú de que este tipo de empresas y sindicatos no podían ser tocados. Vendrán, sin duda, días complejos en esta historia, pero por lo menos el sábado se demostró que no había problema alguno en tomar las instalaciones, hacer que las mismas siguieran funcionando y establecer con claridad un plan de liquidación para los trabajadores.
La mejor demostración de la crisis que vivía LyFC es que la liquidación de la empresa y de todos sus trabajadores equivale a un tercio de lo que se entregó este año de subsidio para el gasto corriente de la misma: 42 mil millones recibió Luz y Fuerza de subsidio y la liquidación de su contrato colectivo costará 16 mil millones, más otros cuatro mil millones que destinarán al pago de compensaciones adicionales para sus trabajadores. Sus pensionados y jubilados no tendrán, como se anunció, ninguna modificación en sus percepciones y en su régimen de retiro, pese a la liquidación de la empresa.
Es un tema político clave porque el Ejecutivo logró ejercer sus atribuciones y liquidar una empresa que resultaba inviable y onerosa para el conjunto del país, incluidas las dos terceras partes de los mexicanos que no recibían servicio de ella pero si tenían que pagar fiscalmente sus rezagos. Una empresa que prestaba un pésimo servicio, cada día más desfasado de las necesidades del país y las de la Ciudad de México. Un servicio caro, mucho más caro que el de la CFE y menos eficiente en todos los sentidos. Se acaba con un sindicato que aprovechó todas las coyunturas políticas y la complacencia de las distintas administraciones, desde la nacionalización de LyFC en 1960, hasta el día de ayer, para construir un contrato colectivo leonino que fue el que en última instancia terminó catalizando la quiebra de la empresa. Con una dirigencia sindical, además, que tras un discurso supuestamente de izquierda cayó en los mismos abusos y excesos de las corrientes más criticadas del movimiento obrero oficial.
La decisión del sábado en la noche impone también al gobierno una norma de acción para el futuro: tendrán que revisarse los números y la actuación de otras instancias públicas y tomar medidas en ese sentido. No todo lo que administra o impulsa el Estado debe tener números negros, pero no puede existir un despilfarro tan notable como el que se vivía en LyFC. Y eso incluye unos sindicatos cuyos recursos y prácticas casi nunca son transparentados. Y allí existe una demanda ciudadana inocultable para que se avance en ese sentido.
Como existe esa misma demanda para que, también, los partidos políticos transparenten sus recursos, sobre todo los que reciben del erario. De la misma forma que los dirigentes del SME reclaman ahora que les regresen “su” empresa, aunque dilapiden recursos y se la hayan literalmente acabado con sus excesos, ahora los dirigentes de los partidos, en particular del PRD, pero también del PRI, están indignados porque el líder del PAN, César Nava, tuvo la osadía de presentar una iniciativa de ley que recorta 50% sus ingresos federales y 100% los locales. En 2010, que no es año electoral federal, los partidos recibirán la friolera de seis mil millones de pesos entre recursos de la Federación y de los estados. Con el recorte planteado, su presupuesto estaría en unos dos mil millones de pesos, una cantidad nada despreciable, pero que según el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, es “demagógica y electorera”, y exige que no se recorte el presupuesto partidario, mientras que, olvidando que tiene en sus filas al diputado prófugo Julio César Godoy, dice que con esa reducción de recursos entrará en los partidos dinero del narcotráfico.
¿Para qué quieren los partidos seis mil millones de pesos al año y el doble cuando es electoral?, ¿cómo pueden exigir que se recorten gastos en todos los ámbitos y ellos no están dispuestos a sacrificar ni un centavo?, ¿con qué cara pueden explicárselo a la sociedad? No será fácil, pero esperemos que la liquidación de LyFC sea el primer paso para dejar de derrochar el dinero que no tenemos.
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PRI y PAN respaldan la medida; PRD recurrirá a la Suprema Corte
Ricardo Gómez
El Universal, Lunes 12 de octubre de 2009
Los situación en números rojos provocó la decisión, señalan senadores
El presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priísta Francisco Labastida, dijo que era “inevitable” decretar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y enfatizó que no se trata de un asunto de partidos políticos.
Dijo que aunque no pertenece al PAN, hay que reconocer cuando se toman decisiones por el bien del país.
En entrevista con EL UNIVERSAL, expuso que las condiciones financieras y operativas de la empresa estaban deterioradas y consideró que esa situación se generó también porque más de 30% de la luz se la roban. Además, señaló que ni la calidad del servicio ni la productividad han mejorado.
Consideró que la empresa debe ser absorbida por Comisión Federal de Electricidad y los trabajadores liquidados ser recontratados en esta entidad.
El legislador adelantó que se opone a la privatización del sector, aunque nadie ha realizado esa propuesta aún.
Por separado, el secretario de la Comisión de Energía del Senado, el panista Rubén Camarillo, respaldó la medida tomada por el gobierno federal y advirtió que no cederán a chantajes de grupos que no comparten esa visión.
Dijo que la situación “está más que clara, pues se trata de una empresa que cavó su propia tumba”, por años de corrupción e incapacidad.
Descartó que a raíz de ese fallo pueda venir un estallido social.
“Delicado” el acto “unilateral”
El secretario de la Comisión de Energía del Senado, Graco Ramírez (PRD), advirtió que no permitirán una privatización del sector; consideró “delicado” el acto “unilateral” del gobierno, de aprovecharse de un conflicto sindical, para no asumir sus responsabilidades.
El legislador perredista abrió la posibilidad de crear una comisión para atender el caso, lo cual platicará con los senadores Labastida y Camarillo.
Además, impulsará un punto de acuerdo para convocar desde el Senado y construir un consenso sobre el futuro de la empresa. Denunció que el gobierno ha usado a la empresa para subsidiar a grupos empresariales en zonas de importancia para el país.
Consideró “justificable” que el gobierno haya argumentado el cambio para una mejora en el servicio, “cosa en la que no estamos en desacuerdo”, pero tendrá que hacerse en el contexto de conservarla como una empresa del Estado mexicano, cuyo contrato colectivo con el sindicato no se pierde si pasa a Comisión Federal de Electricidad.
El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, adelantó que ya analizan interponer una controversia constitucional contra el decreto de desaparición de LyFC.
Advierten confrontación social
Por su parte, el diputado del PRI Carlos Flores Rico cuestionó también la acción del gobierno pues consideró que actuó de manera “precipitada e inopinada”, y advirtió que esto podría llevar a una confrontación social que genere más conflictos políticos.
“No se argumenta la causa del uso de fuerza mayor esgrimida ni la justificación de la gestión empresarial”, dijo y agregó que la decisión del Ejecutivo es “desproporcionada y provocadora”.
Mencionó que la medida parece “una represalia del gobierno federal, ante su incapacidad de resolver un problema sindical… tiene mucho de resentimiento ideológico ante una organización sindical combativa y no obedece a un planteamiento serio y responsable”.
“Salinas está detrás”, dice AMLO
El ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador dijo que “la mano peluda” del ex presidente Carlos Salinas, está detrás del golpe “arbitrario e ilegal” contra LyFC.
López Obrador reiteró su respaldo incondicional al Sindicato Mexicano de Electricistas y confirmó que este lunes a las cinco de la tarde emitirá una postura de apoyo a esa organización en la Cámara de Diputados.
El presidente nacional de PRD, Jesús Ortega, advirtió a su vez que bajo ninguna circunstancia permitirán una privatización del sector.
Dijo que no fueron los trabajadores los que tenían la responsabilidad en el funcionamiento de la empresa, sino el Estado mexicano y acusó al PRI y al PAN de abandonar el consorcio.
En contraparte, el presidente nacional del PAN, César Nava Vázquez, lanzó un llamado para que se tranquilicen los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, tras el anuncio de la desaparición de la empresa.
El dirigente sostuvo que desaparecer a LyFC es una medida necesaria y oportuna que redundará en un mejor servicio para los ciudadanos.
“Es un paso valiente, es una decisión histórica la que realizó el presidente Felipe Calderón y Acción Nacional la respalda de forma enfática”, dijo.
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Ricardo Gómez
El Universal, Lunes 12 de octubre de 2009
Los situación en números rojos provocó la decisión, señalan senadores
El presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priísta Francisco Labastida, dijo que era “inevitable” decretar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y enfatizó que no se trata de un asunto de partidos políticos.
Dijo que aunque no pertenece al PAN, hay que reconocer cuando se toman decisiones por el bien del país.
En entrevista con EL UNIVERSAL, expuso que las condiciones financieras y operativas de la empresa estaban deterioradas y consideró que esa situación se generó también porque más de 30% de la luz se la roban. Además, señaló que ni la calidad del servicio ni la productividad han mejorado.
Consideró que la empresa debe ser absorbida por Comisión Federal de Electricidad y los trabajadores liquidados ser recontratados en esta entidad.
El legislador adelantó que se opone a la privatización del sector, aunque nadie ha realizado esa propuesta aún.
Por separado, el secretario de la Comisión de Energía del Senado, el panista Rubén Camarillo, respaldó la medida tomada por el gobierno federal y advirtió que no cederán a chantajes de grupos que no comparten esa visión.
Dijo que la situación “está más que clara, pues se trata de una empresa que cavó su propia tumba”, por años de corrupción e incapacidad.
Descartó que a raíz de ese fallo pueda venir un estallido social.
“Delicado” el acto “unilateral”
El secretario de la Comisión de Energía del Senado, Graco Ramírez (PRD), advirtió que no permitirán una privatización del sector; consideró “delicado” el acto “unilateral” del gobierno, de aprovecharse de un conflicto sindical, para no asumir sus responsabilidades.
El legislador perredista abrió la posibilidad de crear una comisión para atender el caso, lo cual platicará con los senadores Labastida y Camarillo.
Además, impulsará un punto de acuerdo para convocar desde el Senado y construir un consenso sobre el futuro de la empresa. Denunció que el gobierno ha usado a la empresa para subsidiar a grupos empresariales en zonas de importancia para el país.
Consideró “justificable” que el gobierno haya argumentado el cambio para una mejora en el servicio, “cosa en la que no estamos en desacuerdo”, pero tendrá que hacerse en el contexto de conservarla como una empresa del Estado mexicano, cuyo contrato colectivo con el sindicato no se pierde si pasa a Comisión Federal de Electricidad.
El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, adelantó que ya analizan interponer una controversia constitucional contra el decreto de desaparición de LyFC.
Advierten confrontación social
Por su parte, el diputado del PRI Carlos Flores Rico cuestionó también la acción del gobierno pues consideró que actuó de manera “precipitada e inopinada”, y advirtió que esto podría llevar a una confrontación social que genere más conflictos políticos.
“No se argumenta la causa del uso de fuerza mayor esgrimida ni la justificación de la gestión empresarial”, dijo y agregó que la decisión del Ejecutivo es “desproporcionada y provocadora”.
Mencionó que la medida parece “una represalia del gobierno federal, ante su incapacidad de resolver un problema sindical… tiene mucho de resentimiento ideológico ante una organización sindical combativa y no obedece a un planteamiento serio y responsable”.
“Salinas está detrás”, dice AMLO
El ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador dijo que “la mano peluda” del ex presidente Carlos Salinas, está detrás del golpe “arbitrario e ilegal” contra LyFC.
López Obrador reiteró su respaldo incondicional al Sindicato Mexicano de Electricistas y confirmó que este lunes a las cinco de la tarde emitirá una postura de apoyo a esa organización en la Cámara de Diputados.
El presidente nacional de PRD, Jesús Ortega, advirtió a su vez que bajo ninguna circunstancia permitirán una privatización del sector.
Dijo que no fueron los trabajadores los que tenían la responsabilidad en el funcionamiento de la empresa, sino el Estado mexicano y acusó al PRI y al PAN de abandonar el consorcio.
En contraparte, el presidente nacional del PAN, César Nava Vázquez, lanzó un llamado para que se tranquilicen los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, tras el anuncio de la desaparición de la empresa.
El dirigente sostuvo que desaparecer a LyFC es una medida necesaria y oportuna que redundará en un mejor servicio para los ciudadanos.
“Es un paso valiente, es una decisión histórica la que realizó el presidente Felipe Calderón y Acción Nacional la respalda de forma enfática”, dijo.
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Un pleito laboral que terminó en liquidación
Redacción El Universal Lunes 12 de octubre de 2009
El contexto actual de crisis económica, así como el conflicto interno en la sucesión de la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), llevaron al gobierno federal a tomar la decisión de liquidar a la empresa Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
Bajo el argumento de la falta de viabilidad económica, el gobierno del presidente Felipe Calderón decidió invertir 20 mil millones de pesos para poner fin a la empresa que suministra energía eléctrica a la zona centro del país.
Estos son los hechos que desencadenaron en la liquidación de LyFC.
El 16 de junio comenzó la votación interna en el Sindicato Mexicano de Electricistas para renovar 13 carteras, entre éstas, la de secretario general.
Se dijo que la votación estaba abierta para 43 mil trabajadores sindicalizados activos y 22 mil jubilados. Contendieron la Planilla Verde, Unidad y Democracia Sindical, encabezada por Martín Esparza y cuyos simpatizantes acusaron al gobierno federal de “meter las manos en el proceso” y de apoyar a Alejandro Muñoz quien, quien encabezó la Planilla Naranja, Transparencia Sindical. Muñoz basó su campaña en las acusaciones en contra de Esparza por enriquecimiento ilícito.
El 20 de junio Transparencia Sindical acusó irregularidades en el proceso interno favoreciendo a la planilla de Martín Esparza, quien negó las imputaciones en su contra y pidió esperar los resultados de la votación el 26 de junio, fecha en que se cerró la elección interna del SME.
El 2 de julio declararon ganador del proceso electoral a Martín Esparza en la cartera de secretario general, en medio de impugnaciones de la planilla opositora Transparencia Sindical.
El 5 de julio, el candidato opositor, Alejandro Muñoz, denunció que en todo el proceso hubo diversas irregularidades como inducción del voto, amenazas para que se sufragara en favor de Martín Esparza, así como votos repetidos y “se hizo votar a los muertos”.
En medio de protestas e impugnaciones de un numeroso grupo de personas que se concentraron fuera de la sede del SME, el 14 de julio Martín Esparza Flores tomó protesta como dirigente de esa organización sindical por un tercer periodo consecutivo al frente del SME hasta el año 2011, sin contar con la toma de nota de parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Denuncia ante la JFCA
El 15 de julio, Alejandro Muñoz presentó una denuncia ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Secretaría del Trabajo por irregularidades en el proceso de elección en el Sindicato Mexicano de Electricistas.
El 3 de septiembre trabajadores de Luz y Fuerza realizaron un mitin frente a la sede de la Secretaría del Trabajo para exigir al titular de la dependencia, Javier Lozano, la toma de nota.
Sin embargo, el 10 de septiembre la Secretaría del Trabajo dijo que hubo “inconsistencias” en el proceso de elección del SME. El sindicato acusó al secretario Lozano de violar la autonomía sindical.
El 22 de septiembre, Lozano Alarcón rechazó las acusaciones del sindicato de electricistas de entrometerse y violar la autonomía sindical.
El 5 de octubre, la Secretaría del Trabajo anunció que por inconsistencias en la elección no se otorgaba la toma de nota a Martín Esparza.
El 10 de octubre, el gobierno federal anunció la liquidación de Luz y Fuerza.
Redacción El Universal Lunes 12 de octubre de 2009
El contexto actual de crisis económica, así como el conflicto interno en la sucesión de la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), llevaron al gobierno federal a tomar la decisión de liquidar a la empresa Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
Bajo el argumento de la falta de viabilidad económica, el gobierno del presidente Felipe Calderón decidió invertir 20 mil millones de pesos para poner fin a la empresa que suministra energía eléctrica a la zona centro del país.
Estos son los hechos que desencadenaron en la liquidación de LyFC.
El 16 de junio comenzó la votación interna en el Sindicato Mexicano de Electricistas para renovar 13 carteras, entre éstas, la de secretario general.
Se dijo que la votación estaba abierta para 43 mil trabajadores sindicalizados activos y 22 mil jubilados. Contendieron la Planilla Verde, Unidad y Democracia Sindical, encabezada por Martín Esparza y cuyos simpatizantes acusaron al gobierno federal de “meter las manos en el proceso” y de apoyar a Alejandro Muñoz quien, quien encabezó la Planilla Naranja, Transparencia Sindical. Muñoz basó su campaña en las acusaciones en contra de Esparza por enriquecimiento ilícito.
El 20 de junio Transparencia Sindical acusó irregularidades en el proceso interno favoreciendo a la planilla de Martín Esparza, quien negó las imputaciones en su contra y pidió esperar los resultados de la votación el 26 de junio, fecha en que se cerró la elección interna del SME.
El 2 de julio declararon ganador del proceso electoral a Martín Esparza en la cartera de secretario general, en medio de impugnaciones de la planilla opositora Transparencia Sindical.
El 5 de julio, el candidato opositor, Alejandro Muñoz, denunció que en todo el proceso hubo diversas irregularidades como inducción del voto, amenazas para que se sufragara en favor de Martín Esparza, así como votos repetidos y “se hizo votar a los muertos”.
En medio de protestas e impugnaciones de un numeroso grupo de personas que se concentraron fuera de la sede del SME, el 14 de julio Martín Esparza Flores tomó protesta como dirigente de esa organización sindical por un tercer periodo consecutivo al frente del SME hasta el año 2011, sin contar con la toma de nota de parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Denuncia ante la JFCA
El 15 de julio, Alejandro Muñoz presentó una denuncia ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Secretaría del Trabajo por irregularidades en el proceso de elección en el Sindicato Mexicano de Electricistas.
El 3 de septiembre trabajadores de Luz y Fuerza realizaron un mitin frente a la sede de la Secretaría del Trabajo para exigir al titular de la dependencia, Javier Lozano, la toma de nota.
Sin embargo, el 10 de septiembre la Secretaría del Trabajo dijo que hubo “inconsistencias” en el proceso de elección del SME. El sindicato acusó al secretario Lozano de violar la autonomía sindical.
El 22 de septiembre, Lozano Alarcón rechazó las acusaciones del sindicato de electricistas de entrometerse y violar la autonomía sindical.
El 5 de octubre, la Secretaría del Trabajo anunció que por inconsistencias en la elección no se otorgaba la toma de nota a Martín Esparza.
El 10 de octubre, el gobierno federal anunció la liquidación de Luz y Fuerza.
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