Posiciones encontradas

Abogados discuten la legalidad del proceso
Nota de Carlos Avilés

El Universal Lunes 12 de octubre de 2009
El decreto que emitió el presidente Felipe Calderón para extinguir a Luz y Fuerza del Centro generó opiniones encontradas entre los abogados especialistas en materia laboral. Mientras unos consideran que la medida es arbitraria, ilegal y que atenta contra lo dispuesto en la Constitución, otros estiman que es correcta y no viola disposición alguna.
En lo que sí coinciden los especialistas, es en que el futuro de los trabajadores y de Luz y Fuerza quedará en manos de un juez federal, quien tendrá que determinar si suspende o no, temporalmente, el proceso de liquidación que puso en marcha la administración del presidente Calderón.
Desde el punto de vista legal, explican, el sindicato de electricistas cuenta con dos opciones para defenderse. La primera, mediante un juicio de amparo en contra del decreto presidencial; y la segunda, a través de una impugnación ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
La única alternativa realmente importante, afirman, es el amparo, ya que la Junta suele ratificar todo lo que hace el Ejecutivo.
Opiniones encontradas
Para los abogados laboralistas Arturo Alcalde y Néstor de Buen, el decreto que emitió el Presidente es arbitrario, primero, porque no tenía facultades para extinguir la empresa y liquidar a los trabajadores; y, segundo, porque dicha decisión no tenía bases de justificación, en la medida en que no había amenaza de huelga ni el servicio estaba en riesgo.
Arturo Alcalde afirma que el gobierno sí podía desaparecer a Luz y Fuerza, bajo el argumento de los problemas económicos que enfrenta, pero siguiendo el proceso adecuado, que es un juicio de conflicto colectivo de naturaleza económica, mismo que no se llevó acabo.
Esta opinión no la comparte el también abogado laboralista Jorge Cervantes, quien afirma que el titular del Ejecutivo sí tiene atribuciones para extinguir a Luz y Fuerza —en especial si enfrenta tantos problemas económicos—, mediante un decreto, sin necesidad de iniciar ningún proceso ante la Junta federal.
Jorge Cervantes recuerda que, en esencia, el gobierno sigue los mismos pasos que se aplicaron en la liquidación de Aeroméxico, con la diferencia de que en aquel caso la situación se originó por una huelga y por la quiebra de la empresa.
El también especialista en derecho laboral considera que será muy difícil revertir la medida adoptada por el Ejecutivo federal y, en especial, la liquidación, porque si se respeta lo establecido en el contrato, el gobierno no tendrá mayores problemas.