Eduardo D Aubuisson

Centroamérica: Crímenes y debilidad institucional

El pasado lunes 19 de febrero de 2007, Centroamérica sufrió una sacudida. El epicentro del “sismo” fue localizado en Guatemala, pero la fuerza destructiva del “golpe” se centró en El Salvador. Tres diputados salvadoreños y un colaborador de éstos, fueron encontrados totalmente calcinados en el interior de un vehículo, en una finca ubicada en las afueras de la capital guatemalteca. Los cuatro habían sido secuestrados unas ocho o nueve horas antes de descubrirse su trágico fin.

El estremecimiento ha ido en escala. En primer lugar, porque se trató del asesinato de tres legisladores de una entidad subregional, el Parlamento Centroamericano (Parlacen). Eduardo D´Aubuisson, Wiliam Pichinte y Ramón González Rivas eran también miembros dirigentes del partido de gobierno, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

Conmoción, confusión, incertidumbre, duda... El lunes 19, en horas de la noche, los centros de poder en El Salvador entraron en emergencia. El gobierno salvadoreño, en particular el presidente Antonio Saca, en sus primeras declaraciones, dijo que el mensaje que los asesinos estaban enviando era contra ARENA y su gobierno, por “luchar por la libertad”. Acto seguido, añadió que en El Salvador “no se iba a permitir que comunistas e irresponsables llegaran al gobierno”. En la misma conferencia intentó retractarse y agregó que no podía responsabilizar a grupo alguno y había que espera el resultado de las investigaciones. Saca envió a Guatemala al comando de la Policía Nacional Civil (PNC) y al Fiscal General, Garrid Safie.

No era para menos: uno de los asesinados era el hijo menor del fundador de ARENA, el ya fallecido y controversial exmilitar de inteligencia, Roberto D´Aubuisson, a quien se le responsabiliza de graves hechos de violencia política antes y durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

Por su parte, el presidente de Guatemala, Oscar Berger, señaló como una de las hipótesis del crimen la polarización política que envuelve a las dos principales fuerzas política de El Salvador y, aunque no lo mencionó, se refería a ARENA y al izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Nunca Berger se imaginó que los secuestradores y asesinos eran, como se evidenció después, oficiales y agentes de la policía guatemalteca, entre ellos el jefe de la Sección del Crimen Organizado de la División de Investigación Criminal (DINC) de la policía.

El jueves 22 de febrero, la misma policía capturó al “comando” homicida: Luis Arturo Herrera, oficial jefe de DINC; José Lorki López, oficial, y los agentes, José Adolfo Gutiérrez y Mervin Escobar. Dos miembros de la policía están prófugos. Los capturados han sido sometidos a la justicia y se investigan los móviles del hecho y los posibles nexos y tentáculos, que según el mandatario Oscar Berger, podrían llegar a El Salvador.

Institucionalidad débil

Edgardo Amaya, coordinador de la temática de Seguridad de la Fundación para el Estudio y la Aplicación del Derecho (Fespad), estima que tanto en Guatemala como en El Salvador existe una grave debilidad institucional, con lo que las democracias están vulnerables.

“En Guatemala, tras la llegada de la paz, hace un poco más de diez años, no se reformó la policía, sino que se recicló con el viejo aparato militarizado y corrupto. En el caso de El Salvador, creo que la policía tiene un aparato más plural, porque fue creada de cero, pero no deja de tener debilidades”, agregó Amaya, quien recordó que en El Salvador se frustró la lucha contra el desmantelamiento de las organizaciones del crimen organizado.

Aún más, Benjamín Cuellar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), hace señalamientos más directos: “Tras los acuerdos de paz la Comisión de la Verdad y el Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Irregulares Armados recomendó la investigación, el desmantelamiento y el enjuiciamiento de los escuadrones de la muerte. Se nos advirtió que estos grupos degenerarían en estructuras del crimen organizado... Pero no se prestó atención, la violencia criminal del pasado se encubrió con una amnistía y la consecuencia de ello es que la impunidad ya está en la propia casa de quienes la promovieron”.

En Guatemala no es la primera vez que la estructura policial es objeto de escándalo: en 2005 los tres máximos jefes antinarcóticos fueron apresados por autoridades de Estados Unidos, involucrados en una red de narcotraficantes. En El Salvador la policía a cada instante tiene que admitir que sus elementos participan en actos delictivos, aunque nunca se ha detectado un escándalo como los ocurridos en el vecino país.

“Lo más claro que ahora evidenciamos es que tenemos democracias incipientes y con débiles instituciones que nos colocan a cada instante en situaciones de crisis”, dijo Julio Hernández, máximo líder del centro-izquierdista Frente Democrático Revolucionario (FDR).

Hernández consideró que los trágicos acontecimientos vividos nos deben llevar a darnos cuenta que “el Estado de Derecho” es una tarea pendiente y que el “poder delincuencial” se ha tratado de imponer y en ocasiones se impone. “No ha habido buenos ejemplos de lucha contra la impunidad. El FDR propone un nuevo acuerdo nacional para fortalecer, despartidizar y despolarizar las instituciones. Necesitamos acuerdos y compromisos mínimos para evitar descalabros”, agregó el político.

Carretera de la muerte

La carretera que desde San Salvador conduce a la Ciudad de Guatemala, tiene una historia nefasta que data de épocas previas a la guerra civil (1980-1992). Durante la posguerra ha sido común y frecuente el número de asaltos a vehículos, tanto autos como camiones de carga, e incluso autobuses de transporte de turistas.

Sin embargo, existen al menos dos hechos, además del reciente, que han conmocionado a los salvadoreños, ocurridos en dicha carretera, y que tienen nexos políticos.

El 12 de enero de 1990, fueron secuestrados en la Ciudad de Guatemala el líder opositor salvadoreño Héctor Oquelí Colindres y su acompañante Gilda Flores Arévalo. Ese mismo día aparecieron sus cuerpos sin vida en la carretera, a la altura de la zona de San José el Coco, a 5 kilómetros de la frontera con El Salvador. Oquelí era uno de los máximos dirigentes del Frente Democrático Revolucionario (FDR) y de la Internacional Socialista Latinoamericana. Según investigaciones, él y Flores fueron secuestrados por escuadrones de la muerte salvadoreños, con nexos en Guatemala, y posteriormente ejecutados.

El otro: “En noviembre de 1996, mi hermano Jaime Centeno, fue ametrallado y asesinado por soldados del ejército de Guatemala, en la misma zona donde fueron localizados los diputados asesinados. Los victimarios de mi hermano tenían como móvil el robo; fueron después apresados y juzgados”, narró Vladimir Centeno, hijo del diputado y dirigente del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Humberto Centeno. (26 de febrero de 2007)