Red de influencias
JORGE CARRASCO ARAIZAGA, reportero.
Revista Proceso # 1725, 22 de noviembre de 2009
Aspirante a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Sergio Armando Valls poco aporta a esa máxima instancia, según sus críticos. Con todo, las relaciones políticas y familiares de este juez de perfil conservador le abren un abanico de intereses que pasan desde el expresidente Carlos Salinas de Gortari y el panista Diego Fernández de Cevallos hasta prácticamente todos los partidos y el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto.
La sucesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación removió el historial del ministro Sergio Armando Valls Hernández. Designado por el Senado en noviembre de 2004, es el ministro de más reciente ingreso, pero también el más cuestionado dentro y fuera del máximo tribunal.
Sus ostensibles relaciones políticas, su paso como administrador del Consejo de la Judicatura Federal, su influencia en distintos tribunales del país y su escasa aportación al debate en la Corte le han construido una imagen de juez que es rechazada por juristas consultados sobre el perfil de los ministros que habrán de sustituir a los salientes Genaro Góngora Pimentel y Mariano Azuela Güitrón.
Por los intereses en torno a los cuales se mueve, Valls se ha convertido en un ministro aislado dentro de la Suprema Corte, por lo que sus aspiraciones de presidir el máximo tribunal en los 10 años que aún le quedan de máximo juez dependen de los nuevos colegas, dos de los cuales ejercerán a partir del próximo año.
Los dos candidatos más fuertes incluidos en las ternas que la semana pasada presentó el presidente Felipe Calderón al Senado son el abogado Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y el magistrado Luis María Aguilar, ambos cercanos al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Calderón, Gómez Mont y Zaldívar son egresados de la Escuela Libre de Derecho.
Cuando en 2007 Valls compitió para la actual presidencia de la Corte, fue el único ministro que votó por sí mismo. Políticamente conservador, que lo mismo defiende a gobernadores del PRI que del PAN, es uno de los ministros más cambiantes en sus criterios.
Su intrincada red de intereses es cuestionada en la propia Corte y se conoce en despachos de abogados, escuelas de derecho y el sector empresarial, según pudo constatar Proceso.
Los nexos
Dos de los principales promotores de Sergio Armando Valls Hernández han sido el expresidente Carlos Salinas de Gortari y el exsenador panista Diego Fernández de Cevallos, quienes en 2004 lo apuntalaron para que el entonces presidente Vicente Fox lo propusiera como ministro.
La relación con Salinas, quien lo hizo magistrado, se afianzó después de ocupar varios cargos en el PRI en el sexenio de Miguel de la Madrid, entre ellos, presidente de ese partido en Chiapas, donde nació hace 68 años.
Su familia inmediata es la expresión de una extensa red política que pasa por el PAN, el PRI, el PRD y hasta el PT, Convergencia y el Verde. Como él mismo, sus hijos Jaime y Guillermo Valls Esponda –también con militancia en el PRI– se han beneficiado de alianzas políticas con otros partidos. El primero es presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez y prospecto al gobierno de Chiapas, cargo que el ministro buscó en 1999. El segundo es, desde el sexenio de Fox, delegado de la PGR en Europa.
Un tercer hijo, Sergio Arturo, es colaborador del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, el precandidato más fuerte del PRI a la Presidencia de la República para 2012.
Los vínculos políticos familiares no acaban ahí: su hija Maricarmen es suplente del diputado del PAN por Chiapas, Roberto Gil Zuarth, operador del presidente Felipe Calderón en la Cámara de Diputados y, en esa condición, mano derecha de la coordinadora de la bancada de ese partido, Josefina Vázquez Mota.
Valls Hernández tiene otras relaciones con la Presidencia de la República: uno de sus sobrinos políticos, Ricardo Celis Aguilar Álvarez, es adjunto del consejero jurídico Miguel Alessio Robles.
La cercanía de los Valls con el partido gobernante la ha cultivado también a través de su yerno Carlos Alberto Lezama, quien fue director jurídico adjunto del PAN durante la presidencia de nueve meses de Germán Martínez. El titular del área en ese periodo fue el propio Roberto Gil.
El consuegro de Valls, Marco Antonio Lezama Moo, es el subprocurador de Justicia de la zona centro de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, otro político cercano a Salinas.
Valls Hernández y Lezama Moo emparentaron en mayo de 2007, cuando se casaron sus hijos en Cuernavaca. En la fiesta estuvieron Carlos Salinas, Diego Fernández y Peña Nieto. La misa la ofició el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, según una crónica del Sol de México, periódico del que el ministro es colaborador habitual y cuyo dueño es su amigo Mario Vázquez Raña, también asistente a la boda.
El ministro es un hombre de favores. Uno de los más comentados en la Corte y entre los litigantes es su intervención para la liberación de Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo, en junio 2005, apenas medio año después de haber sido designado por el Senado como ministro del máximo tribunal a propuesta de Fox.
En la negociación para ser ministro participó Diego Fernández, quien como coordinador del PAN el 31 de agosto de ese año asumió la presidencia de la Mesa Directiva del Senado. Valls fue designado en octubre siguiente, en sustitución del fallecido ministro Humberto Román Palacios.
“Para resolver la liberación de Salinas, tuvieron que cambiar a los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado, con sede en Toluca, y en eso intervino el ministro Valls”, coinciden funcionarios judiciales y litigantes consultados.
El 13 de junio de 2005, Raúl Salinas quedó en libertad luego de que los magistrados José Nieves Luna Castro, Adalid Ambriz Landa y Manuel Barbier Constantino absolvieron a Raúl Salinas de la acusación penal como autor intelectual del asesinato del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. Salinas cumplió 10 de los 27 años a los que había sido condenado. El nombre de Luna Castro había surgido como uno de los que integrarían una de las ternas para sustituir a Góngora o Azuela.
Fue Salinas quien impulsó la carrera judicial de Valls Hernández. En 1989, según lo establecía la legislación de la época, el entonces presidente lo propuso a la Cámara de Diputados como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
En ese cargo estuvo hasta 1993, cuando regresó a su carrera burocrática. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo fue subdirector y director jurídico del IMSS, cuando el titular era Genaro Borrego Estrada, con cuyo hermano, Felipe, compitió por la Corte.
Como responsable del área jurídica, Valls participó también en el esquema de subrogación de guarderías del IMSS, tema que ahora pide que forme parte de la investigación especial que realiza la Corte sobre el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, en junio pasado, que causó la muerte de 49 niños y secuelas en 25 más. En medio de la tragedia y el escándalo, el director del IMSS, Daniel Karam, declaró el 10 de junio pasado que ese esquema tiene más de 25 años de operar en el instituto.
Vieja aspiración
Valls había intentado llegar a la Corte desde 2003. Primero, cuando fue designado el ministro José Ramón Cossío Díaz, y luego cuando se le adelantó Margarita Luna Ramos, también de Chiapas y con quien coincidió como magistrado en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En la estructura del Poder Judicial, el CJF está encabezado por el presidente de la Suprema Corte, tiene las funciones de vigilancia, disciplina y administración de los juzgados de distrito y tribunales de circuito del país. En la práctica, es una plataforma que tienen sus miembros para influir en jueces y magistrados.
Cuando estuvo en el CJF, Valls presidió durante 2003 la Comisión de Administración, mientras que Azuela era el presidente de la Corte. De acuerdo con el reglamento del Consejo, esa comisión es la encargada de administrar los recursos del Poder Judicial de la Federación y el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados.
Como responsable de la administración del Poder Judicial, Valls manejó multimillonarios recursos. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el año en que estuvo en esa comisión, el CJF administró 14 mil 858 millones de pesos, para el propio Consejo, la Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En la revisión de la cuenta pública de ese año, la ASF puso especial atención en la construcción y ampliación de siete edificios judiciales e hizo observaciones por más de 178 millones de pesos, de un total revisado de 274 millones 448 mil pesos.
Se trata de obras realizadas para los Palacios de Justicia Federal de Torreón, Aguascalientes, Hermosillo, Tuxtla Gutiérrez, Mexicali y de San Lázaro, en el Distrito Federal, además de tribunales en Tijuana.
El órgano revisor de la Cámara de Diputados decidió examinar los contratos de esas obras “por la variación significativa entre el monto contratado y el ejercido”, y porque no se cumplieron “los plazos de ejecución ni el costo programado”.
Además, en algunos casos encontró que no se elaboraron los estudios de preinversión, de factibilidad técnica y ecológica o estudios de costo-beneficio para sustentar la factibilidad de las obras; que no se sancionó a los contratistas por el atraso en la ejecución de obras, y que se pagó obra no ejecutada.
En su dictamen, la ASF hizo 96 observaciones que, “de no solventarse debidamente, podrían tener efectos económicos por 178 millones 619 mil pesos, con posibles recuperaciones a la Hacienda Pública por 86 millones 140 mil pesos”, aunque aclaró que esos recursos “no necesariamente implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal”. Consultados sobre las aclaraciones, la ASF y el CJF aseguraron que “por el momento” no podían dar detalles sobre la comprobación de esos recursos.
La obra en el Palacio de Justicia de San Lázaro derivó en una demanda penal de la empresa Lagüera Construcciones en contra del Consejo de la Judicatura Federal debido a que no le finiquitó 24 millones de pesos por término de la obra.
En 2006, el abogado de la empresa, Ricardo Ríos, responsabilizó al consejero Miguel Quirós Pérez, quien sustituyó a Valls en la comisión de Administración, de haber ordenado la suspensión del pago a través de Carlos Fernando Matute González, quien en ese momento era secretario ejecutivo de Obras, Recursos Materiales y Servicios Generales.
Hombre de Valls, Matute fue también titular del Comité de Desincorporación de Bienes Muebles y del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pública y Servicios en la Comisión de Administración. En el IMSS fue su coordinador de asesores. Valls logró su nombramiento como magistrado y en esa condición lo promovió en 2007 para hacerlo miembro del CJF. No lo logró, pero Matute es ahora magistrado supernumerario del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Es representante del gobierno federal en la Primera Sala.
La cercanía de Matute y Valls los ha llevado no sólo a escribir dos libros sobre derecho administrativo, sino a entrar en compraventa de un departamento en la Ciudad de México.
Beneficiario del foxismo
Son muchas las historias que se cuentan sobre las influencias del ministro Sergio Armando Valls Hernández, pero pocos las quieren documentar. Algunos abogados se quejan de que, cuando ha sido ponente de sus casos, ha llegado al pleno con dos proyectos de resolución y presenta el que más apoyo puede tener.
Ajeno a improvisar en los debates, se limita a leer los dictámenes que le preparan sus secretarios de estudio y cuenta. Sus escasas aportaciones al trabajo jurídico de la Corte fueron advertidas, desde su llegada, por especialistas (Proceso 1556).
Los intereses políticos más conocidos son los de su hijo Jaime Valls Esponda, quien después de que en la década pasada ocupó altos cargos en las administraciones del PRI, en 2007 ganó la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez al amparo de una amplia coalición integrada por el PRD, el PT, Convergencia y el Partido Verde.
Jaime Valls se ha beneficiado de gobiernos de distintos signos. En el sexenio de Carlos Salinas trabajó con el entonces subsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz; en el de Ernesto Zedillo, en las secretarías de Educación, de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda, además de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Antes de que terminara ese gobierno, se integró al equipo del entonces presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez y ahora gobernador de Chiapas, Juan Sabines. De tesorero municipal pasó a secretario estatal de Planeación y Desarrollo Sustentable.
Antes, como militante del PRI buscó ser candidato a diputado federal por el sexto distrito de Chiapas. De su militancia priista da cuenta también su membresía en el Colegio Nacional de Economistas, de la que fue tesorero y secretario, según consta en el folio mercantil de esa organización que gravita en torno al PRI.
Pero al igual que lo hizo Sabines, compitió contra el PRI y se hizo del gobierno de la capital chiapaneca, aunque el triunfo se lo dio finalmente el TEPJF, en cuya administración participó Valls como magistrado del CJF.
El excandidato del PRI Bayardo Robles, quien impugnó la elección, el 19 de octubre de 2007, declaró al periódico Reforma que Sabines le ofreció un cargo en su gobierno a cambio de reconocer el triunfo de Valls.
En Chiapas, el ministro tiene relación cercana con el secretario de Gobierno, Noé Castañón León, su compadre y exministro de la Suprema Corte que salió tras la reforma del Poder Judicial en 1995, al inicio del gobierno de Zedillo. La Corte tenía entonces 26 ministros y varios de ellos salieron en medio de sospechas de corrupción.
El propio Castañón, primo de Paulina Castañon, expareja de Raúl Salinas, fue acusado en 2001 por el entonces gobierno de Pablo Salazar de peculado, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad y abuso de funciones públicas.
Otra muestra de las habilidades de la familia para granjearse espacios en gobiernos de distintos partidos es también Sergio Arturo Valls Esponda, quien de ser delegado del ISSSTE en Morelos durante el sexenio foxista, pasó a formar parte del gabinete de Peña Nieto.
En Morelos, el hijo del ministro coincidió con el cuestionado gobernador panista Sergio Estrada Cajigal, acusado por el Congreso estatal de incurrir en graves omisiones al mantener en su cargo a un mando policial relacionado con Vicente Carrillo Leyva, del cártel de Juárez.
Al propio gobernador se le acusó de estar relacionado sentimentalmente con la hija del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno El Azul, de la misma organización. La acusación llegó hasta la Suprema Corte, donde una mayoría de ministros, entre ellos Valls, exculparon al entonces gobernante.
A su salida de Morelos, ya en el gobierno de Calderón, Sergio Arturo se integró al gobierno mexiquense como coordinador jurídico de la secretaría de Medio Ambiente, y en agosto pasado, a propuesta de Peña Nieto, el Congreso lo designó comisionado del Instituto de Acceso a la Información del Estado de México.
Beneficiario del foxismo también fue Guillermo Valls Esponda, quien desde el sexenio pasado es agregado jurídico de la Procuraduría General de la República para la Unión Europea y Suiza, con sede en Madrid. Entre otros casos, ha estado a cargo de indagar las propiedades del exgobernador del estado de México, Arturo Montiel, en Francia.
Militante también del PRI, el hijo del ministro fue titular del Órgano Interno de Control y comisario del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
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