Inicitiva para combatir el secuestro

Comisión de Justicia crea la figura de secuestro político

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ya tiene listo el predictamen de la ley general contra el secuestro, que crea la figura del “secuestro extorsivo político”, propone mecanismos para evitar el pago de rescate y prohíbe la intervención de negociadores privados.

Diputados integrantes de ese órgano jurisdiccional detallaron el contenido del documento, que incluye, por primera vez, la figura del “secuestro extorsivo político”, que sancionará a las personas o grupos de ciudadanos que retengan por horas o días a funcionarios o policías para presionar a favor del cumplimiento de demandas sociales o ciudadanas.

El diputado Josué Valdés Huezo (PRI) indicó que el “secuestro político” será equiparado con la privación ilegal de la libertad, aunque tendrá penalidades menores al secuestro tradicional y exprés.

Valdés Huezo expuso asimismo que se retomará el “modelo italiano” de combate a ese ilícito, que ha dado buenos resultados en esa nación, en el que se evita el pago de rescate, lo que desalienta este delito, en el que México ya es primer lugar a escala mundial con 5 mil casos anuales, de los cuales sólo se denuncia una cuarta parte.

En este sentido se prevé solicitar la colaboración de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para inmovilizar las cuentas bancarias de los familiares y del secuestrado.

También se plantea prohibir la intervención de negociadores privados, ajenos a las corporaciones policiacas.

Para la conformación del predicatamen, los integrantes de la Comisión de Justicia estudiaron 12 iniciativas —incluidas la de los ex diputados César Camacho (PRI) y Carlos Alberto Pérez Cuevas (PAN), la del PVEM, y la de Isabel Miranda de Wallace—, a partir de las cuales se hizo un concentrado para tomar lo mejor de cada una.

Miranda de Wallace, quien encabezó una investigación propia para encontrar a los responsables del secuestro y asesinato de su hijo, entregó a principios de diciembre a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley de víctimas de ese delito, en la que entre otros puntos propone que los montos pagados como rescate sean deducibles de impuestos. Ese punto, sin embargo, se rechazó, pues se consideró que si los rescates se hacen deducibles de impuestos se corre el riesgo de que los secuestros simulados aumenten para obtener los beneficios fiscales.

Sin embargo, se retoma de las propuestas de Miranda de Wallace el tema de la protección a las víctimas, en especial la ampliación de sus derechos tanto durante la averiguación previa como en el proceso penal, así como la reparación del daño.

Respecto de la iniciativa del Partido Verde Ecologista de México, se rechazó la posibilidad de incluir la pena de muerte para los secuestradores, pero se retomaron propuestas en materia de protección a las víctimas de plagio.

El documento también prevé federalizar el delito de plagio. De esta manera, las autoridades federales serían las encargadas de investigar y penalizar los secuestros de alto impacto o realizados por la delincuencia organizada, mientras que los estados tendrían a su cargo los llamados secuestros exprés y virtuales.

Fuente: Milenio Diario