La lucha por la seguridad pública

La lucha por la Seguridad Pública/FCH

2010-06-13 | Comunicado

I. Introducción

Uno de los desafíos más importantes que enfrenta México es el de la inseguridad. Soy consciente tanto de su gravedad como de la exigencia ciudadana de ponerle fin. Se trata de una problemática que se ha venido exacerbando con el tiempo. En particular, las violentas “ejecuciones” de las que se da cuenta cotidianamente generan una situación de intranquilidad en la población. La inseguridad, en general, y la información que de ella deriva, envían no sólo a México sino al mundo una señal de violencia que deteriora la imagen de nuestro país.

Para responder a este desafío, el gobierno federal ha decidido enfrentar con determinación al crimen organizado desde el inicio de esta Administración. El objetivo ha sido recuperar la seguridad de las familias mexicanas; refrendar a México como un país de leyes y de instituciones; y garantizar una convivencia ordenada y tranquila en todo el país.

La lucha es, pues, por la Seguridad Pública. Enfatizo lo anterior porque existe una percepción generalizada de que el objetivo del gobierno es “combatir el narcotráfico”. Usualmente las referencias a la acción del gobierno se etiquetan o refieren simplemente como una “guerra contra el narco” o “la lucha antinarco”. Esto, sin embargo, no es así. Nuestro objetivo medular es lograr la seguridad pública de los ciudadanos, y no única ni principalmente combatir al narcotráfico. Combatimos con determinación al crimen organizado, porque es nuestra obligación constitucional y ética, porque es obligación del gobierno federal hacerlo, pero también y fundamentalmente porque el crimen organizado ha alterado, de manera significativa, la paz de los ciudadanos.

II. Las Causas del Problema

a) El Consumo de Drogas en Estados Unidos

El origen de nuestro problema de violencia radica en primer término en el hecho de que México está situado al lado del país que tiene el mayor consumo de drogas a nivel mundial. Es como si tuviésemos al lado a un vecino que es el mayor adicto del mundo, con el agravante de que todos quieren venderle droga a través de nuestra casa. Se calcula que, en 2008, en Estados Unidos había más de 117 millones de personas que habían consumido droga alguna vez, y de ellos más de 35 millones lo habían hecho en el último año con datos disponibles, 2008. Algo más preocupante: 33.5% de los jóvenes entre 18 y 25 años, es decir uno de cada tres jóvenes americanos, consumieron drogas ilícitas en ese año.

El tráfico de drogas hacia Estados Unidos fue el inicio de la configuración de poderosas bandas del crimen organizado. Durante décadas, el narcotráfico en México fue una actividad orientada exclusivamente al tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Por ello, los criminales anteriormente se dedicaban “sólo” a asegurar rutas de tráfico, fundamentalmente carreteras y puntos de cruce en la frontera y trataban de pasar desapercibidos ante la autoridad y ante la sociedad. Por eso se pensaba que “no se metían con nadie”, era una actividad de “bajo perfil”. Sin embargo, desde mediados de la década de los 90, asociado al crecimiento del ingreso per cápita y del poder de compra de la población, los criminales comenzaron a diversificar su actividad, mediante la búsqueda de un mercado de consumo entre los jóvenes mexicanos. En efecto, el ingreso per cápita de los mexicanos pasó de poco más de 3,000 dólares, en 1995, a más de 10,000 dólares, en 2008. Por su parte, los niveles de adicción también aumentaron. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones, el consumo de drogas en México, por ejemplo en cocaína, si bien partiendo de una base muy pequeña, se duplicó entre 2002 y 2008.

b) Del Narcomenudeo al Control Territorial

La búsqueda de mercados de consumo en México y la lucha por controlarlos implicó un cambio sustancial en la actividad de los criminales. Al pasar de ser un negocio meramente exportador a ser también un negocio de distribución en el país, la actividad criminal buscó, de manera muy violenta, controlar sus propios mercados, a las autoridades y a los ciudadanos.

El crimen organizado necesitaba controlar y “marcar” el territorio, y para ello tenía que hacerse sentir y temer no sólo por otros grupos criminales, sino también por las autoridades y los ciudadanos. Así, pasó del bajo perfil que utilizó en el pasado, en el que teóricamente “no se metía con nadie”, a un perfil violento, intrusivo y desafiante. En lugar de esconderse de la autoridad, los criminales comenzaron a buscarla abiertamente para dominarla, a través de la cooptación o la intimidación: la llamada ley “de plata o plomo”.

c) Del Control Territorial al Control de la Sociedad

Una vez hechos con el control del territorio, e incluso con el propósito de ejercerlo y refrendarlo, los criminales trataron de hacer sentir su poder. Comenzaron a cobrar “derecho de piso” a otros criminales que pretendían actuar en “su” territorio, un comportamiento típico de todas las mafias. Sin embargo, pronto dejaron de distinguir entre la actividad ilícita y la que no lo era. También empezaron a cobrarle “cuotas de protección” a los negocios lícitos. Si le cobraban “piso” al que vendía gasolina robada, ¿por qué no cobrarle al que tiene una gasolinera justo enfrente? De esta forma, el dominio territorial de las organizaciones criminales provocó que se extendieran delitos nuevos que agravian severamente a la sociedad como la extorsión y el secuestro, además de que la extrema violencia utilizada en la “eliminación” de sus enemigos –torturas, decapitaciones y los mensajes de amenaza que los acompañan– comenzó a llenar de terror y miedo a las comunidades.

Así, la delincuencia dejó de ser mero “narcotráfico”. Se transformó plenamente en Crimen Organizado: “la organización criminal que a través de la violencia o la amenaza busca apoderarse de las rentas de las empresas lícitas o ilícitas en una comunidad”, según algunas definiciones académicas. No sólo “narco”, sino crimen organizado que domina comunidades enteras para “exprimirlas”. Son eso y así actúan, como han actuado en otros momentos y en otros países otras organizaciones a lo largo de la historia moderna: la “Cosa Nostra” en Italia, las mafias en Estados Unidos en los años 30 y 40 en ciudades como Chicago, y en los 80 en Miami, o en Colombia los capos durante los 80 y 90 y aún en esta década. Por ello, es imprescindible combatirlos con todo hasta doblegar su fuerza e influencia en cualquier punto de nuestro territorio nacional.

d) El Viejo Modelo y los “Arreglos”.

Esta nueva actividad de los criminales sorprendió a unas debilitadas estructuras institucionales del Estado, responsables de la seguridad y de la administración y la procuración de justicia: policías, ministerios públicos, gobiernos municipales, estatales y federal, entre otros, que no habían enfrentado algo semejante. Algunas de ellas procuraron un arreglo implícito o explícito con los criminales, pensando que así “controlarían” a los delincuentes. Creían que ese esquema “siempre funcionaba”. Es exactamente al revés, pues una vez hecho el “arreglo”, los delincuentes controlan a la autoridad y, una vez que la han sometido, se apoderan de la plaza sin restricción alguna y no existe límite a sus abusos sobre la población. Quizá anteriormente, cuando el interés del criminal era pasar desapercibido hacia Estados Unidos, eso llegó a tener alguna lógica, aunque ni aún así comparto esa teoría. Más allá de ello, el hecho es que ahora con el nuevo modelo de control territorial y extorsión, definitivamente los “arreglos” no funcionan. De hecho, la complicidad y la corrupción que suponen ese tipo de “arreglos” sólo provocaron que la expansión de los grupos criminales se acelerara y que éstos se apoderaran del control de pueblos y ciudades sin encontrar resistencia. En esta nueva modalidad, los “arreglos” no solucionan nada. Neutralizada la acción de la autoridad, particularmente en el ámbito local, los criminales comenzaron a acosar a los ciudadanos, lo mismo ganaderos que empresarios o pequeños comerciantes.

e) El Fácil Acceso a más Armamento

Otro factor que ha favorecido la estrategia de control territorial de los criminales ha sido la facilidad de tener acceso a armamento cada vez más letal. Una de las principales razones de este problema ha sido el descuido de las autoridades estadounidenses de contener este proceso que ha llegado a permitir la venta de casi cualquier arma en Estados Unidos. En 2004, ni el Congreso ni el Gobierno de ese país ratificaron la llamada Assault Weapons Ban, es decir, la legislación que prohibía la venta de armas de alto poder y otro armamento letal. Desde entonces las armas se venden casi sin restricción. En los estados fronterizos del lado americano hay más de 7,000 tiendas de armas, esto es casi diez veces más armerías que tiendas Wal-Mart en esa región.

Para ilustrar la dimensión de este problema, hay que decir que durante mi gobierno se han decomisado más de 76,000 armas, de las cuales más de la mitad son fusiles de asalto. Y de las que hemos podido averiguar su origen, más del 90% fueron fabricadas y vendidas en Estados Unidos. Además, se han asegurado más de 5,400 granadas, así como más de 8 millones de cartuchos. Un verdadero arsenal que incluye lanzamisiles y ametralladoras muy poderosas. El crecimiento de la violencia en México comienza coincidentemente con la derogación de la Ley que prohibía la venta de armas de asalto en Estados Unidos, entre uno y dos años antes del inicio de mi Administración.

f) Otras Causas Sociales

La falta de oportunidades educativas, laborales y de esparcimiento para los jóvenes en algunas ciudades del país los hace especialmente susceptibles de ser presa fácil de las organizaciones criminales. Para algunos de ellos el ambiente social es más propicio para caer en adicciones o incluso ser reclutados como “halcones” (vigilantes), vendedores de droga o “sicarios” (pistoleros) de los propios criminales. Por ello es medular trabajar activamente en el mejoramiento del entorno social y en la prevención y tratamiento de adicciones, así como fortalecer, tanto en la casa como en la escuela y en los medios de comunicación, principios y valores que les permitan enfrentar de mejor manera ese entorno, especialmente a quienes más lo sufren.

Este fenómeno ocurre en todo tipo de centros urbanos, aunque es probable que se intensifique en ciudades y estados que registran mayores niveles de inmigración, entre otras cosas por su actividad económica (maquila o centros turísticos por ejemplo). Ello lleva a que las autoridades en esos lugares resulten rebasadas por el crecimiento de la población y que no puedan responder a la creciente demanda de servicios de educación, salud y esparcimiento, como es el caso de regiones fronterizas. En ellas, esta situación se agrava, porque ahí además concurren las dos vertientes originales del crimen: tráfico a Estados Unidos, y narcomenudeo.

III. La Lucha entre las Bandas y el Incremento en la Violencia

Un elemento central que ha detonado la violencia en el caso mexicano es la guerra que libran entre sí los distintos grupos criminales en el país. Las bandas se disputan el control de territorios y ciudades, lo que ha provocado un crecimiento expansivo de las “ejecuciones”. Por ejemplo, en los primeros años de esta década, se dio una lucha entre el cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo-Zetas por el control del noreste del país.

Más que una “guerra del gobierno contra el narcotráfico”, la guerra más mortífera que existe es la que libran los criminales entre sí. En general, el gobierno puede detectar razonablemente indicios sobre las causas de los homicidios cometidos en aproximadamente un 70% de los casos. Alrededor del 90% de estos casos de homicidio con algún indicio en su causa corresponde a personas muy probablemente vinculadas a organizaciones criminales, que caen durante enfrentamientos o ejecuciones entre bandas. En la disputa por el control de una plaza se producen homicidios especialmente violentos, como decapitaciones, torturas o ejecuciones colectivas, y se generan agravios que recrudecen aún más su nivel de violencia. Al tradicional conflicto entre los cárteles del Golfo y del Pacífico, se han sumado otros: “Beltrán” vs. “Pacífico”, “Pacífico” vs. “Juárez”, “Golfo” vs. “Zetas”, “Familia” vs. “Zetas”, “Beltrán” vs. “Familia”. Los niveles de venganza recíproca, las disputas por el control interno, las escisiones y las traiciones, aunados a la inestabilidad, los conflictos internos y la pérdida de dominio que les genera la acción de la autoridad, han llevado a que estas disputas se multipliquen. Los Estados que registran mayor número de homicidios son escenarios del enfrentamiento entre cárteles por el control territorial o de constantes conflictos y traiciones al interior de los cárteles.

No sólo eso, una guerra entre cárteles tan abierta los obligó a salir a la calle y a las carreteras en grandes contingentes. Por combatir esta circunstancia que afecta a los ciudadanos, el gobierno federal ha incrementado la presencia de efectivos federales en las zonas de mayor conflicto. Todo esto aumentó la probabilidad de enfrentamientos con otros cárteles o con las fuerzas federales. Lamentablemente, dado que los enfrentamientos muchas veces se dan en áreas urbanas muy pobladas, por desgracia aumenta la probabilidad de que haya víctimas inocentes en el fuego cruzado. Esta tragedia es lo más doloroso para todos. La parte más indignante y triste de esta lucha es, sin duda, la pérdida de vidas inocentes, sea por homicidios a mansalva de los criminales, que es el mayor de los casos, o sea como consecuencia del fuego cruzado entre criminales y agentes de la autoridad.

IV. Había que Actuar

Esto encontré al inicio de la administración y fue lo que motivó fuertes y decididas intervenciones del gobierno federal en contra del crimen organizado. Había que actuar y actuar rápido. Ante esta difícil situación, era indispensable contener la expansión de las actividades de los criminales. De ahí la decidida intervención del gobierno federal para combatirles y fortalecer la plena autoridad del Estado, en cada punto del territorio nacional donde fuese vulnerada. El gobierno federal le hizo frente al problema en aras de construir un México más seguro.

Sin dejar de reconocer lo delicado de la situación y lo mucho que falta por hacer, la estrategia avanza en la dirección necesaria y establecida desde el principio. Se ha planteado por algunos analistas que fue un error combatir a la delincuencia, que no se les debió haber “provocado”. Considero que es una perspectiva errónea. Se plantea como si la acción del gobierno fuera la que provocó la violencia y la criminalidad cuando es completamente al revés. Ha sido la violencia y la delincuencia las que han motivado la acción decidida del gobierno.

También se hace esa afirmación, como haciendo suponer que si el gobierno no hubiera actuado, estaríamos mejor. Me imagino que suponen que los criminales dejarían voluntaria y generosamente sus actividades y no molestarían a la población. Sin embargo, si el gobierno no interviene con firmeza y apenas a tiempo como lo hemos hecho, los criminales se hubieran apoderando de una gran parte del país, y habrían sometido ya a millones y millones de familias mexicanas a través del secuestro, la extorsión, el cobro de “piso”, o incluso el acoso directo a los integrantes de las familias. No niego que el problema es serio y existe, pero estoy convencido de que claramente estaríamos muchísimo peor si no nos hubiéramos decidido a combatir a los criminales, como también estoy convencido de que esto no hubiera ocurrido si se hubiera actuado con la misma determinación y firmeza muchos años antes. Se perdió un tiempo muy valioso que permitió la expansión y el fortalecimiento de los criminales.

El combate al crimen organizado es un medio indispensable para recuperar la seguridad de los ciudadanos. Y soy sensible a las voces de la ciudadanía que, al mismo tiempo que reconocen los golpes del gobierno federal contra el crimen organizado, reclaman una mayor atención a los delitos que sufren como el secuestro, el robo, la extorsión.

Por eso, al mismo tiempo que el gobierno federal cumple con el ámbito de su responsabilidad y de su competencia al combatir al crimen organizado, también está apoyando a las autoridades locales en la lucha contra los delitos que les corresponde conocer a ellos, es decir, los del fuero común.

V. La Estrategia

Decidimos combatir a la delincuencia con firmeza. El punto clave es reducir la acción del crimen organizado contra la población, mediante el fortalecimiento de la autoridad del Estado en todo el territorio nacional y la recomposición del tejido social, cuya carencia es campo propicio para la expansión de la delincuencia.

Para avanzar en el camino correcto hemos puesto en marcha una estrategia clara e integral para detener en el largo plazo el fenómeno delictivo. La Estrategia Nacional de Seguridad que establecimos desde el principio cuenta con cinco componentes:

1. Operativos Conjuntos en Apoyo a las Autoridades Locales y a los Ciudadanos

Frente a la presencia de grupos criminales fuertemente armados y cada vez más desafiantes que erosionaban la fuerza de las autoridades locales, había que oponer una fuerza superior, mejor armada y más organizada. Se trataba de restituir la fuerza legítima de los gobiernos locales, restablecer la seguridad pública y la tranquilidad de los ciudadanos. Para ello debía recurrirse a lo que constituye un elemento central del poder del Estado: la fuerza pública. Eso incluye no sólo a las policías municipales y estatales, sino también a la federal y, desde luego, a las Fuerzas Armadas, que constitucionalmente deben velar no sólo por la soberanía exterior, sino también por la seguridad interior del país.

Por ello y para combatir a las bandas que pretendían tomar el control de territorios y comunidades enteras, sometiendo a los Poderes Locales, pusimos en marcha los Operativos Conjuntos. Con ellos, la Policía Federal y las Fuerzas Armadas se despliegan en varias zonas del territorio nacional con el fin de fortalecer la presencia de la autoridad pública y restablecer condiciones mínimas de seguridad y estabilidad local.

Como nunca antes, estamos debilitando a las estructuras logísticas y financieras de la delincuencia. La droga que hemos decomisado alcanzaría para proveer con más de 80 dosis a cada joven mexicano entre los 15 y los 30 años de edad. Golpeamos con firmeza y, subrayo, sin distingos, a todas las organizaciones criminales. Tan sólo en 2009 capturamos a 70 lugartenientes de todos los cárteles. Ese año hubo más capturas de capos regionales que las que solían hacerse en un sexenio completo.

Sin embargo, la intervención del gobierno federal no pretende ni puede ser permanente. Debe entenderse como una intervención necesaria pero transitoria, que busca dar tiempo y oportunidad a los gobiernos locales para reorganizar su propia fuerza, depurar y fortalecer sus cuerpos policiacos y ministeriales, y así estar en condiciones de impedir la acción de los criminales en su propio territorio. Los operativos tienen efectos más o menos permanentes cuando la autoridad local termina por cumplir su tarea de reorganizar y elevar su propia fuerza. De otra manera, de poco sirve el despliegue federal. De ahí la importancia de que en la esfera local se acelere y fortalezca el proceso de depuración y fortalecimiento de las instituciones en las entidades federativas.

2. Escalar las capacidades Operativas y Tecnológicas de las Fuerzas del Estado

Uno de los factores asociados al cambio en la forma de operar del crimen organizado y que contribuyó a que la delincuencia creciera es, sin duda, la impunidad. Por eso, decidimos fortalecer y profesionalizar a las instituciones de seguridad y de justicia.

a) Una Nueva Policía Federal

Desde el inicio de la Administración nos hemos concentrado en escalar las capacidades técnicas y operativas de la Policía Federal. Hemos multiplicado el número de sus integrantes y la estamos dotando de la tecnología más avanzada para combatir eficazmente a los criminales. Hemos puesto particular énfasis en el proceso de selección y reclutamiento del personal de la Nueva Policía. Para ello se han aplicado exámenes de control de confianza y también se ha entrenado y proporcionado mejor armamento a la Policía Federal.

Desde la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, hemos aplicado más de 14,000 evaluaciones de control de confianza al personal de la Secretaría de Seguridad Pública. Se reactivó la academia de policía de San Luis Potosí en donde se forman y capacitan elementos de la Policía Federal y de las policías locales. El objetivo de estas acciones es formar nuevas generaciones de policías profesionales, confiables y honestos, no sólo en la Policía Federal, sino también en las corporaciones estatales y municipales.

b) Renovación en la Procuraduría General de la República

Se está depurando y profesionalizando a los ministerios públicos. Desde la suscripción del Acuerdo, hemos aplicado alrededor de 7,000 evaluaciones de control de confianza al personal de la Procuraduría General de la República. Y se puso en marcha la Operación Limpieza, a través de la cual se han detenido redes de funcionarios de los tres órdenes de gobierno presuntamente vinculados con el crimen organizado.

c) Plataforma México

Pusimos en operación la “Plataforma México”, con la que se está avanzando en la consolidación del Sistema Único de Información Criminal, una poderosa base de datos de información delictiva compartida por las autoridades federales, estatales y municipales. Esta importante herramienta nos ha permitido desarticular redes operacionales, logísticas y financieras de los grupos criminales, a través de la generación de inteligencia.

d) Apoyo al Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas

También en esta administración, hemos aumentado constantemente el presupuesto para las Fuerzas Armadas, a fin de mejorar las condiciones operativas y de equipo con que cuentan. Al mismo tiempo, hemos aumentado los ingresos y prestaciones de su personal, particularmente en los niveles de menor ingreso, al grado que casi se ha duplicado el ingreso del personal de tropa y marinería en esta administración. Asimismo, se les han otorgado otras prestaciones como mayor capacidad de crédito hipotecario, o un sistema de becas completas para que los hijos de los militares puedan estudiar preparatoria o universidad en el centro educativo público o privado de su elección.

3. Reforma al Marco Legal e Institucional

Otro problema que enfrenta el país radica en nuestro Sistema Judicial. Éste no cumple con el principio constitucional de justicia pronta y expedita, ni permite castigar eficazmente a los delincuentes, más bien propicia injustica, impunidad y corrupción. Necesitábamos un cambio profundo y por ello iniciamos un esfuerzo sin precedentes para modernizar y rediseñar nuestro marco legal. Propusimos y finalmente fue aprobada la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal, con la que México adoptará un sistema con juicios orales, procesos simplificados y mucho más transparentes, así como un régimen de protección de los derechos de las víctimas. Ahora el juez deberá escuchar personalmente el alegato de las partes y presenciar el desahogo de las pruebas. Además, esta reforma dota a las autoridades con más herramientas de combate al crimen. Ahora los policías cuentan con nuevas facultades de investigación de delitos; los jueces pueden allegarse con mayor agilidad de pruebas; y las víctimas están mejor protegidas.

La aprobación de la Reforma no derivará por sí misma ni de manera automática en una mejor Justicia. Se requiere de la acción decidida de los Congresos y Gobiernos Estatales para establecer su propia legislación y poner en marcha el nuevo régimen. En particular, debe evitarse que una mala implementación de la Reforma genere una problemática que se ha presentado en ciertos casos de Reforma Penal “Adversarial” en México y en el mundo: “la puerta giratoria” (la expresión hace referencia a la noción de que “el delincuente todavía no acaba de entrar y ya está saliendo”). Finalmente de nada servirá una buena reforma si no se depura y fortalece también al Poder Judicial. La impunidad crónica en México tiene que ver con las enormes posibilidades de corrupción de ministerios públicos y jueces. Si no nos aseguramos todos y, desde luego, el Poder Judicial y las autoridades estatales de la idoneidad y honestidad de ministerios públicos y juzgadores, el problema de la impunidad y sus efectos nocivos sobre la seguridad pública persistirán.

4. Una Política Activa de Prevención del Delito

Otra realidad que encontramos al inicio de mi gobierno fue la imperante necesidad de recomponer el tejido social dañado por la delincuencia y de brindar oportunidades de desarrollo, educación, salud, recreación y bienestar a las familias, particularmente a los jóvenes. Por eso, hemos actuado para fortalecer la confianza ciudadana y fomentar la cultura de prevención del delito, de la legalidad y de la denuncia. Pusimos en marcha el Programa Escuela Segura para luchar contra la violencia y la droga en los centros educativos. A la fecha este programa opera en alrededor de 25,000 planteles. Asimismo, hemos implementado el Programa de Recuperación de Espacios Públicos para devolver a los ciudadanos espacios que habían sido tomados por la delincuencia. No se trata simplemente de reconstruir canchas, parques y espacios deportivos, como de hecho se hace, sino de organizar al vecindario para que el espacio pueda ser rescatado y usado por las familias de la comunidad. A la fecha, hemos recuperado 2,700 espacios públicos en todo el país. También hemos construido más de 300 Centros “Nueva Vida” para la prevención y el tratamiento de adicciones. Tanto la operación de los centros como la vigilancia de los espacios públicos dependen en buena medida de la participación ciudadana y, sobre todo, de la responsabilidad y el compromiso de las autoridades locales.

Un claro ejemplo de los esfuerzos del gobierno federal por fortalecer el componente preventivo y recomponer el tejido social es la estrategia “Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad”. Por eso, además de los programas antes mencionados, en esta ciudad estamos poniendo en marcha acciones que incluyen la ampliación del programa de becas, la remodelación de escuelas, la inversión en espacios deportivos, la ampliación de programas de combate a la pobreza como Oportunidades, el establecimiento de más Estancias Infantiles, nuevas obras de pavimentación y urbanización, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, opciones de empleo temporal, así como diversas medidas de salud como son el incremento en la afiliación al Seguro Popular y el fortalecimiento y equipamiento de la infraestructura hospitalaria.

5. Fortalecer la Cooperación Internacional

Como señalé anteriormente, gran parte de la situación de inseguridad y de violencia por la que atraviesa nuestro país se debe a que compartimos frontera con Estados Unidos. De ahí que hemos decidido promover la cooperación internacional, basada en los principios de responsabilidad compartida, respeto a la soberanía y jurisdicción de cada Estado. Destaca la Iniciativa Mérida, que marca el inicio de una nueva etapa de cooperación con Estados Unidos, nación que ha reconocido que el crimen organizado es un problema común y que es importante luchar de manera corresponsable y conjunta en contra de un enemigo que no conoce fronteras: el crimen organizado transnacional. Así, hemos realizado el mayor número de extradiciones de que se tenga registro, incluyendo a peligrosos delincuentes que seguían operando aún desde cárceles mexicanas.

En suma, la estrategia del gobierno federal ha sido apostar por las reformas de fondo, actuar por la vía de la ley y crear instituciones fuertes y sólidas que prevalezcan más allá de quienes somos hoy los responsables de la seguridad de los ciudadanos.

Nuestro objetivo primordial es lograr que, sin importar quien gobierne, los mexicanos estén protegidos por una policía honesta y profesional, por un sistema de justicia eficaz y transparente, por un marco legal que fortalezca a las autoridades frente a los criminales y que permita castigar efectivamente a los delincuentes.

Estoy convencido que ante la problemática de inseguridad no hay mejor respuesta que la solución institucional que perdura, y eso es precisamente lo que estamos haciendo.

VI. Conclusiones

Ante el crecimiento de la delincuencia organizada tomamos la decisión de enfrentarla y de frenar el proceso de degradación de la vida social e institucional del país. La tendencia que estaban siguiendo las organizaciones criminales apuntaba hacia su propagación a todas las esferas de la vida nacional y a todos los rincones del país. Las opciones eran muy claras: ignorar este problema y administrarlo para tratar de evitar los costos de su solución, lo cual hubiera implicado abandonar a la sociedad y dejarla en manos de los criminales o hacerle frente con toda la fuerza del Estado y resolverlo. Lejos de claudicar, se asumió el problema, porque la obligación primordial del Estado es velar por la seguridad y el pleno ejercicio de las libertades de todos los mexicanos. La única opción para rescatar al país era cambiar radicalmente la actitud de tolerancia y dejadez, y encarar con decisión al crimen organizado.

Hemos constatado una y otra vez que los criminales no tienen el menor reparo en dañar a gente inocente en asesinar a quien no cumple con sus designios. Por eso, mi gobierno está absolutamente decidido a seguir combatiendo sin tregua a la criminalidad hasta poner un alto a este enemigo común y conseguir el México que queremos. Eso es lo que estamos haciendo con la Estrategia Nacional de Seguridad.

Sabemos que recuperar la seguridad no será tarea fácil ni rápida, pero vale la pena seguir adelante para construir un país libre y seguro. Y como dije desde el primer día, ésta es una lucha que costará tiempo, que costará recursos económicos y que, por desgracia, costará también vidas humanas, pero es una lucha que vale la pena librar porque lo que está en juego es nuestro futuro. Y somos millones y millones más los mexicanos que queremos vivir en paz que esos criminales. Somos millones más y el gobierno de la República está absolutamente decidido a hacerles frente con la enorme fuerza de que dispone. Por eso ésta es una batalla que, unidos, vamos a ganar.

Es hora de que los mexicanos sumemos todas nuestras capacidades para recuperar la seguridad pública. Todas las autoridades del país debemos comprometernos a hacer nuestra parte para combatir al enemigo común. Se trata de una tarea impostergable. El enemigo se puede vencer y sé que unidos habremos de derrotarlo.

Quienes proponen la retirada del gobierno parten de la falsa premisa de que los criminales por sí solos abandonarán sus actividades violentas y delictivas. Esto no es así. Lo que hay que hacer es enfrentar a la delincuencia. Si nos quedamos cruzados de brazos quedaremos en manos del crimen organizado, viviremos siempre con miedo, nuestros hijos no tendrán futuro, habrá mayor violencia y perderemos nuestra libertad.

No es momento de bajar la guardia o claudicar. Debemos combatir sin tregua al crimen para defender nuestras libertades, para recuperar nuestra tranquilidad, para que haya más inversión y más empleos, para construir el México más fuerte y ganador que nuestros hijos merecen. La lucha vale la pena: es por México y por los mexicanos.

Felipe Calderón Hinojosa

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos