Victoria inalcanzable

 Victoria inalcanzable

Jorge Carrasco Araizaga

Revista Proceso # 1799, 24 de abril de 2011;

Desde 2009, Alfonso Reyes Garcés, capitán de fragata de infantería e integrante de las Fuerzas Especiales de la Armada de México, advirtió que la estrategia del gobierno federal para combatir el narcotráfico estaba encaminada al fracaso. De no cambiarla, dijo, la guerra contra los cárteles no tendrá fin. Y se explayó sobre el tema en su tesis de maestría, que presentó en diciembre de ese año en la Escuela de Posgrado Naval en Monterey, California. Entre sus críticas, el oficial de marina afirma que si el narcotráfico es una amenaza para la seguridad nacional, entonces debe ser tratado como tal. La estrategia no ha cambiado y, en efecto, el gobierno y sus fuerzas armadas no tienen manera de sostener que pueden alcanzar la victoria...

Renuente a modificar la estrategia que exacerbó la violencia en el país, el gobierno de Felipe Calderón quedó entrampado en “una guerra sin fin” contra el narcotráfico y a menos de dos años de abandonar el poder ni siquiera sabe bajo qué parámetros puede demostrar una victoria.

Esta evaluación de lo que ha sido la principal política del sexenio es autoría de un jefe de la Marina, Armada de México, el capitán de fragata de infantería e integrante de Fuerzas Especiales Alfonso Reyes Garcés. La escribió en su tesis de maestría que presentó en la Escuela de Postgrado Naval (NPS, por sus siglas en inglés) de Monterey, California, centro de formación académica naval de Estados Unidos.

Adscrito actualmente al Batallón de Infantería de Marina 27, en el Distrito Federal, Reyes Garcés se graduó en diciembre de 2009 de la NPS, donde se especializó en el Departamento de Análisis de Defensa, división dedicada a la preparación de cuadros para los futuros campos de batalla, en especial en temas de terrorismo, insurgencia, guerras no convencionales y operaciones de información.

Militares estadunidenses y extranjeros egresados de esa división están ahora operando en Irak, Afganistán, Filipinas y Colombia como parte de su formación en guerras irregulares, dentro de las cuales algunos analistas estadunidenses ubican la “insurgencia delictiva” que padece México y que la secretaria de Estado Hillary Clinton y otros funcionarios estadunidenses han tipificado como “narcoinsurgencia”.

Contrario al entusiasmo del titular de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Francisco Saynez Mendoza, con la estrategia de Calderón –que llevó incluso al almirante a declarar el miércoles 20 en Veracruz que la violencia desatada en el país se debe a que “la fiera está acorralada” y un día después a decir “que los cárteles se están desbaratando” –, Reyes Garcés hace una revisión sin paliativos de la manera en que se ha pretendido combatir el narcotráfico en el actual sexenio y las consecuencias negativas que ha tenido, sobre todo por la creciente violencia.

Desde el título, el jefe naval cuestiona los logros que reclama Calderón en su decisión de privilegiar la violencia: ¿Se está ganando la guerra a las drogas en México? La primera respuesta de Reyes Garcés es contundente: Calderón realmente no ha innovado en el combate al narcotráfico. Se ha limitado a repetir lo que se ha hecho desde el siglo pasado en México y el mundo y que ha probado su fracaso: atacar la oferta de droga, sin tomar en cuenta las raíces sociales del narcotráfico.

En ese ataque frontal a los cárteles, las autoridades mexicanas no han tenido los resultados esperados debido a que su principal problema es la “falta de una estrategia bien coordinada”. El resultado, dice a la luz del círculo vicioso de violencia en que está atrapado el país, es que la guerra a las drogas en México “se ha convertido en una historia sin fin”.

La tesis publicada por la NPS –cuya sede se ubica al sur de San Francisco, en el Pacífico– tiene como subtítulo: Hacia un enfoque integrado del comercio de las drogas ilegales. Pasada ya la primera mitad del sexenio, el capitán de fragata Reyes Garcés explicó la necesidad de un cambio de estrategia:

 “México está sufriendo cada vez más los efectos negativos de los crecientes niveles de narcotráfico y de consumo de drogas. La política orientada al combate de la oferta de droga, que implica ataques a los poderosos cárteles, ha alcanzado sus límites estructurales. Los signos son claros de que es tiempo de intentar un nuevo enfoque.”

La principal propuesta del jefe militar es pasar de la lógica de que “si no hay disponibilidad de drogas no hay daño” a la de considerar la reducción de los daños sociales causados por las drogas, en especial la “violencia sistemática”.

La propuesta de Reyes Garcés

Integrante de las Fuerzas Especiales de Infantería de Marina, el componente terrestre de la Armada de México que ha sido fortalecido por Calderón como parte de su “guerra al narcotráfico”, Reyes Garcés asegura que la violencia asociada al narcotráfico y el crecimiento en su tamaño son síntomas de una enfermedad más grande: la adicción de la gente y los costos sociales asociados con un extendido uso de drogas ilegales.

Pero también considera que la violencia relacionada con el narcotráfico puede estar vinculada, en un grado importante, con los altos niveles de desigualdad y pobreza, debido a que los cárteles de la droga ofrecen una atractiva fuente de trabajo ante la crisis económica.

Más aún, la estrategia de descabezar a los cárteles ha generado una promoción más rápida en su interior, lo que se ha vuelto atractivo para los jóvenes: “Como resultado de la alta tasa de muertes y detenciones de narcotraficantes, los cárteles están en una constante necesidad de nuevos reclutas”, sostiene Reyes.

Lo que también ha hecho la actual estrategia, dice, es que “el negocio sea más riesgoso, pero más lucrativo”, pues no ha afectado ni la demanda de drogas ilegales en México ni su flujo, especialmente a Estados Unidos.

Alejado de la respuesta represiva, afirma que, más allá de la confrontación a los cárteles, una estrategia diferente a la actual debe tomar en cuenta la dinámica social que incentiva a la gente a participar en el narcotráfico.

En todo caso, el jefe naval propone un balance entre el combate a la oferta de drogas y la reducción del daño social que ocasionan; lo que lo lleva incluso a considerar la legalización de la mariguana. Eso tendría un impacto importante en las finanzas de los cárteles y podría reducir su participación en el mercado de las drogas ilegales debido a que la mariguana representa más de 61% de los ingresos de los narcotraficantes, argumenta.

Reyes apunta que pese a la gran cantidad de recursos destinados por las autoridades mexicanas a las operaciones antidroga, el flujo de las drogas ilegales en el país continúa más o menos en los mismos niveles desde la llegada del PAN a la Presidencia en el año 2000.

En cambio, los efectos negativos asociados con el narcotráfico siguen creciendo. El más visible, la violencia de los cárteles que se disputan el control de las principales rutas hacia Estados Unidos y los centros de distribución en México y la que resulta del conflicto armado con las fuerzas gubernamentales, en lo que el jefe militar define como “un intento fallido de detener o eliminar el tráfico de drogas”.

La principal razón de estas expresiones de violencia es que el gobierno ha desestimado las profundas raíces sociales, como la pobreza y la desigualdad socioeconómica, que propician la continua importancia y expansión del narcotráfico, dice el experto militar.

Lo mismo ocurrió con su antecesor, Vicente Fox, cuya administración se jactaba en 2002 de que en su “guerra a las drogas” había detenido a 40 jefes del narcotráfico. Sin embargo, observa, “el vacío creado por esas detenciones fue rápidamente llenado por miembros de los mismos cárteles o por cárteles rivales que aprovecharon la oportunidad para expandir sus áreas de influencia”.

Aunque Fox presentó como un gran éxito que durante su gobierno le haya causado pérdidas por 17 mil millones de dólares a los cárteles de la droga, además de haber extraditado a Estados Unidos más de 200 miembros de esas organizaciones, “el impacto en el comercio de drogas ilegales fue, de hecho, insignificante”.

Entre 2005 y 2006, los dos últimos años del gobierno foxista, los niveles de violencia entre los cárteles y contra el gobierno alcanzaron niveles sin precedente. La respuesta de Calderón fue lanzar a los militares a combatir a narcotraficantes, usando la misma estrategia “que a lo largo de los años ha probado ser inefectiva” y que al ser más de lo mismo “no permitirá que se obtengan mejores resultados”.

La debilidad del gobierno

Ante la falta de innovación por parte de la autoridad, dice Reyes, los cárteles de la droga se han adaptado muy bien a los esfuerzos antidrogas en México y, lo más grave, han ganado respaldo social: “Con el tiempo, han sido capaces de sobrevivir y adaptarse a un paso más rápido que el gobierno mexicano. Mientras éste ha usado la misma estrategia –focalizada en un ‘asalto frontal’–, los cárteles han modificado su organización, sus relaciones con el Estado y sus relaciones con la sociedad”.

Lo que ha hecho esa estrategia “es evidenciar la debilidad del gobierno mexicano”, con todas las implicaciones sociopolíticas que eso implica. Peor aún, para el jefe naval el uso del término “guerra a las drogas” y la falta de una definición clara de lo que debería ser una victoria, está haciendo que las autoridades no aparezcan ni como perdedores ni como ganadores de esa guerra.

 “El gobierno mexicano puede apuntar a la captura o asesinato de una gran cantidad de narcotraficantes, pero no puede declarar victoria. De hecho, no es claro si sabe qué sería o podría parecer una victoria”, afirma.

A pesar de que desde finales del régimen autoritario del PRI y lo que va del panismo el narcotráfico ha sido considerado como una amenaza para la seguridad nacional, el gobierno de Calderón apenas mencionó este aspecto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012. Pero para enfrentarlo, observa, el PND dispersó el tema en varios programas federales que tienden a tratar el problema básicamente como un asunto policial.

Además de esta estrecha concepción, el autor de la tesis dice que otra limitante es la falta de un objetivo claro, por lo que el gobierno mexicano no está en condiciones de medir y comparar los resultados cuantitativos de su campaña antinarco. Su principal problema para hacer una defensa convincente de sus logros es que no ha establecido objetivos claros, insiste.

Para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), una manera de medir la victoria se encuentra en el Programa Institucional de Seguridad Pública, pero ni en ese ni en el Programa Nacional de Seguridad Pública –en el que participan distintas instituciones– se puede encontrar “ninguna manera de medir qué pudiera indicar si el gobierno está teniendo éxito”.

Precisa que el programa de la SSP se enfoca a operaciones de prevención del delito y al desarrollo de nuevas tecnologías contra la delincuencia, pero “no ha sido capaz de enfrentar temas como la reducción de la violencia y la operación de los mercados de drogas ilegales, o reducir la capacidad de los cárteles para reclutar gente. Además, “no ha tenido impacto para revertir la preferencia de la gente de mantenerse neutral a pesar de las frecuentes peticiones para que informe y coopere con las autoridades”.

Lo mismo ocurre con la PGR, mientras que en el caso de la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), apunta Reyes, “probablemente la única institución en México que ha establecido metas específicas”, la manera en que mide el éxito presenta algunos problemas. Ejemplifica: en 2007, sus metas fueron llevar a cabo 28 operaciones de erradicación de alto impacto al año y reducir en 70% el total de superficie de cultivos ilegales en el país. Sin embargo, de acuerdo con la propia Sedena, en 2009 se desconocía cuál era el total de la superficie de cultivos ilegales.

Eso explica las fluctuaciones en las cantidades de cultivos destruidos. Si en 2006 el Ejército erradicó 28 mil 50 hectáreas de mariguana, cómo se explica que en 2008 destruyó sólo 18 mil 394, observa.

En el caso de las detenciones, asegura que las cifras por sí mismas no se traducen en resultados, particularmente si la principal meta es la reducción de la violencia. Advierte que el uso del número de arrestos y aseguramiento de droga como un indicador de éxito puede crear competencia entre las instituciones de seguridad, “incrementando incluso la violencia y socavando las investigaciones en curso”.

Falta de definiciones

Cuando alude a las pugnas en el interior del gabinete de seguridad, Alfonso Reyes Garcés expone que el énfasis en las detenciones y los decomisos de drogas coloca bajo presión a los comandantes para que, en el terreno, se dediquen a cazar blancos de oportunidad, sin importar las investigaciones que tienen lugar o sin considerar los efectos secundarios que puedan tener esos arrestos.

Además, dice, “cada arresto crea un vacío que será llenado casi inmediatamente, al tiempo que puede generar un incremento en la violencia con nuevos actores que remplazan a los detenidos”, con lo que la propia autoridad puede convertirse en uno de los principales causantes de la violencia.

Otro problema de la estrategia, agrega, es la falta de información sobre las operaciones de los cárteles, lo cual es resultado del “pobre desempeño de los servicios de inteligencia, aunque de manera más significativa puede revelar la falta de confianza de los ciudadanos hacia las autoridades”.

Dice que la campaña de recompensa a los ciudadanos para que den información al gobierno “no ha sido tan efectiva” como éste hubiera querido debido a que los cárteles han construido una red social de apoyo, ya sea voluntaria o involuntariamente. En general, las comunidades no tienen la voluntad de cooperar con el gobierno por temor o porque sus ingresos derivan directa o indirectamente del narcotráfico. Es decir, el ciudadano no se quiere poner en medio del fuego, asegura.

Reyes también critica que en la estrategia calderonista la Secretaría de Desarrollo Social no esté incluida en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, “con lo que el gobierno mexicano se niega a sí mismo el uso de otras poderosas ‘armas’ de apoyo en su actual guerra contra las drogas”.

Añade: México no se puede permitir que las secretarías a cargo de los programas sociales y los de salud mantengan un perfil bajo en la estrategia antidrogas. “Si el narcotráfico es una amenaza a la seguridad nacional, entonces debe ser tratado como tal”.

Asegura que ante los tradicionales bajos niveles de consumo de drogas entre los mexicanos, para las autoridades fue fácil enfocarse en las políticas de combate a la oferta de drogas para ayudar a otros países a enfrentar “su” problema de demanda de drogas. Esto no les ayudó a prepararse ante la creciente y significativa demanda de drogas ilegales.

Para el integrante de las Fuerzas Especiales de Infantería de Marina, el gobierno mexicano debería tener en cuenta que una fuerte presencia del Estado se alcanza no sólo a través de la persecución de los delitos, que sólo lleva a un sentimiento artificial de estabilidad. Lo que tendría que hacer, dice, es proveer servicios públicos, educación, nuevas oportunidades de empleo e incluso reorganizar las cargas fiscales.

 “Sólo la revitalización del contrato social va a cambiar la actual situación. Si no ocurre, habrá vacíos de poder que seguirán siendo llenados por organizaciones de delincuencia organizada nuevas o revitalizadas”, advierte.

México no tiene nada que perder si intenta nuevas estrategias, pero sí perdería mucho si mantiene la actual, que ha probado ser inefectiva en reducir la oferta de drogas y, más importante aún, en prevenir una explosión en el daño social asociado al narcotráfico. l