Entre jueces te veas/Fred Alvarez Palafox
Publicado en la revista Código Topo de Excélsior, 3 de octubre de 2011
“También, es indispensable que el Poder Judicial, tanto en el ámbito Federal como estatal, revise sus estructuras e integrantes. Reitero: No tengo la menor duda de la honestidad de la gran mayoría de los jueces y magistrados, pero debemos ser conscientes de que el Judicial, como todas las instituciones, enfrenta la amenaza del poder corruptor de la criminalidad.” FCH, 2 de septiembre de 2011
“Yo no digo que el juez o la juez se hayan corrompido. Yo lo que digo es que algo tenemos que hacer para cerrar esa distancia” FCH
"Asumo mi responsabilidad. Yo sé que nuestras averiguaciones tienen que estar mejor integradas. Creo que cada fuerza pública tiene que asumir su responsabilidad de ser cuidadoso a la hora de actuar…”FCH
En un discurso pronunciado el pasado 15 de septiembre de 2011 en el marco del día Internacional de la Democracia el Ministro Presidente de La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) don Juan Silva Meza fijo el posicionamiento del poder Judicial –diferente por cierto a un comunicado del CJF de la cual es presidente-, para decir abiertamente que ellos están “obligados a rendir cuentas sin reticencia, sin importar consecuencias, “estamos comprometidos con hacer y hacemos todo lo que sea necesario para que nuestras decisiones, apoyadas en la Constitución y las leyes, sean ampliamente analizadas, cuestionadas, criticadas."
Agregó “"Somos servidores públicos de un régimen democrático y, como tales, estamos abiertos al más meticuloso escrutinio; la sociedad y el resto de los poderes así lo esperan de nosotros".
Precisó que los poderes pueden no estar de acuerdo y disentir en el ámbito de sus responsabilidades, pero –eso si- “antes que nada, está el interés de la Nación”; se dijo abierto a escuchar el punto de vista de todas las personas y todos los grupos sociales al sistema de impartición de justicia. La sociedad, indicó, no puede esperar menos que la excelencia de parte de sus juzgadores federales. Cualquier acto reprochable que se suscita en las filas del Poder Judicial, aseveró, es investigado y, una vez comprobado, es sancionado.”
Dicha declaración se dio en el contexto de las críticas que fue sometido al Poder Judicial por el caso del comportamiento sospechoso de algunos integrantes del Poder Judicial.
Los comentarios adversos abarcaron varias semanas, desde el 23 de junio hasta principios del mes de septiembre. Las reprimendas fueron duras y comenzaron nada menos que del mismo Presidente de la República por el asunto del caso Hank Rhon principalmente y luego se sumaron acciones irregulares en el caso de uno de los atacantes del Casino Royale en Monterrey.
Lo que más les molestó al CJF fueron las expresiones del Presidente del pasado lunes 5 de septiembre cuando en una entrevista con internautas en el ejercicio “Pregúnt@le al Presidente” dijo que estaba “harto” de jueces corruptos. “¡Ya también empieza uno a cansarse!
De hecho el Ciudadano Presidente de la República hizo pública su molestia –una y otra vez, desde tres meses por lo menos- por la liberación que los jueces hacen de delincuentes vinculados con el crimen organizado y la corrupción.
Pero concretamente y la que mes le dolió- y nos duele a todos como sociedad- son las liberaciones que hubo de un delincuente que fue uno de los que provocó el incendio en el Casino Royale. “Ahí hay una gran fuga y una gran impunidad. La verdad real, la que importa al ciudadano es que el señor es un ratero y está libre y ahora volvió a matar a 52 gentes. Ésa es la impunidad que a mí también me molesta”, expuso. “Yo también le preguntaría al juez ¿Por qué lo dejaste ir? ¿Por qué lo sacaron? ¡Y que se le exija rendición de cuentas!, abundó el presidente Felipe Calderón.
¡Esa fue la gota que derramó el vaso!
Un día después -6 de septiembre- el pleno del CJF emitió una inusual respuesta. En un comunicado oficial - # 46-, denominado “Posicionamiento del Consejo de la CJF” se acusó al Ejecutivo de “atentar contra la estabilidad nacional” por criticar el desempeño del Poder Judicial en casos donde otorgó amparos que pusieron en libertad a ex funcionarios acusados de corrupción.
¡Debemos decir que se exageró en el asunto!
Habría que ver como se dio el jaloneo para emitir ese comunicado. El CJF es un órgano que tiene 7 integrantes y hay diferencia. Lo que si podemos decir que hubo dos voces discordantes, la del Consejero César Jáuregui Robles y la del Don Juan Silva Meza.
César Jáuregui al clausurar un coloquio sobre la Ley de Amparo expresó que las críticas que constantemente se suceden no sólo entre ciudadanos, juristas y autoridades sino también entre poderes, son normales en un Estado democrático. “Porque, precisamente, en la transparencia y publicidad de los actos estamos en el escrutinio público, en cajita de cristal, y solamente aquel que le asusten los fantasmas que no salga de noche”.
Hay que especificar que las opiniones adversas nos sólo fueron del Presidente Calderón, también surgieron voces críticas del Poder Legislativo quién aprobaron por el pleno de la comisión Permanente un exhorto “al CJF a establecer un convenio de coordinación permanente con la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que le permita intercambiar información a efecto de verificar con oportunidad la situación patrimonial de los integrantes del Poder Judicial que sean de su competencia”.
Hay que decirlo sin tapujos, así como hay caso de corrupción en la policía y en la PGR, no tienen porque non haberlo entre los integrantes del Poder Judicial.
Para muestra basta un botón; hay una persona de nombre Esiquio Martínez Fernández, ex secretario de juzgado acusado de lavado de activos, se le encontraron en su cuenta millones de pesos que no pudo comprobar. Hoy se encuentra en el Reclusorio Norte y quedó a disposición de Ricardo Delgado Quiroz, Juez Tercero de Distrito en materia de Procesos Penales Federales.
Este caso fue el que obligó al CJF a emitir el Acuerdo General 10/2011, donde el consejo puede solicitar directamente a las instituciones financieras información sobre las cuentas de los jueces, magistrados, consejeros y demás servidores públicos del Poder Judicial. Dicho acuerdo fue publicado en el DOF el 10 de junio de 2011.
Ese instrumento jurídico fue una buena decisión sin duda, pero no es suficiente.
El periodismo de investigación a los largo de los años ha publicado varios casos de jueces corruptos; algunos están procesados, otros han sido suspendidos, otros más -los menos- están procesados. Hay muchos, que sólo han sido amonestados por la vía administrativa por asuntos menores, como el haber llegado borracho a su oficina, por faltarle el respeto a las compañeras y otras menudencias, pero casi nadie está en la cárcel por corrupción.
Los Jueces no tienen fuero para hacer injusticias.
César Jáuregui ha dicho que en últimos años ha habido servidores públicos castigados, además la PGR ha interpuesto quejas, algunas de las cuales han sido procedentes y otras desechadas (de hecho la mayoría han sido relegadas).
Ahora bien bienvenido el Acuerdo 10/2011 del CJF, pero no siempre la ropa sucia se debe lavar en casa.
Qué bueno que el Poder Judicial tenga un órgano interno de inspección, de supervisión, de vigilancia, que sancione a sus integrantes, pero no basta. No es casual que la Sra. Gabriela Carina Knaul de Alburquerque y Silva, Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, quien en su reciente informe sobre México; recomendó que “todas las decisiones disciplinarias y administrativas que tengan un impacto sobre el estatus de las juezas y jueces y magistrados y magistrados deberían tener la posibilidad de ser revisadas por otro órgano judicial independiente….” Y tiene razón la relatora.
Lejos, muy lejos estamos cuando hace 10 años el Poder Judicial fue dura e injustamente cuestionado por el entonces relator de la ONU, Dato' Param Curamaswamy quién afirmó sin pruebas y además ocurrentemente que ¡más de 70 por ciento de los jueces mexicanos eran corruptos! Esa si fue una barbaridad. Hoy en 2011 lo que hay es sospechosísimo de que hay malos elementos, pero tampoco hay pruebas contundentes, solo suposiciones.
Y gracia a es conjeturas los jueces y magistrados no tienen una gran confianza ciudadana.
Si pudiéramos medirlos saldrían seguramente reprobados. Hay una encuesta realizada hace años donde salieron mal. Incluso en el dictamen aprobado por los legisladores de todos los partidos políticos se manifiesta que el Poder Judicial “mantiene una percepción de relativa confianza ciudadana, al grado en que le retribuye un nivel suficiente de conformidad con sus resoluciones como para mantener estable el sistema de administración de justicia. Sin embargo, somos conscientes también de que diversos órganos judiciales son objeto de señalamientos que implican corrupción de algunos de sus integrantes. Lo que, como es obvio, mina la confianza ciudadana en la imparcialidad de los medios de administración de justicia del Estado, lo cual repercute en desconfianza hacia el resto de los órganos de gobierno, pues se identifica su actuar como arbitrario e impune.”
Pero también hay que decir cosas positivas en Poder Judicial. Han mejorad mucho. La Presidencia de la SCJN y el CJF están hoy y hasta el 31 de diciembre de 2014 en manos de un jurista destacado Don Juan Silva Meza y el como buen juez sabe que debe empezar a limpiar la casa.
En un discurso pronunciado el pasado 21 marzo y haciendo alusión a trabajo que como juzgador hizo don Benito Juárez al actuar con rectitud, honorabilidad, independencia, imparcialidad, y con transparencia reconoció incluso que en el Poder Judicial hay una crisis de confianza “Lo reconocemos, estamos dentro de y con la sociedad. Debemos nutrir nuestro trabajo con sus reclamos y exigencias, para así abatir, entre todos, las dolencias y temores que nos son comunes…
Agregó: “Hoy que algunas voces de la sociedad se sienten seria, justificadamente, a veces, insatisfechas de todo el sistema de justicia (…) que desconfían del uso que se le da sus atribuciones, (por lo que) debemos llevar al extremo el respeto y la dignidad de las leyes y las instituciones, y cumplir, cada uno de nosotros, con nuestra responsabilidad…
Concluyó “Hacemos el trabajo que nos toca, aplicamos con pulcritud las normas que nos han sido dadas para hacerlo. El resultado lo mostramos a la sociedad, quien lo aprueba o no lo aprueba y, si fuera el caso, ordena la mejora de las reglas que nos rigen a todos, a través del trabajo de sus representantes populares….
Subrayó que el trabajo cotidiano de los jueces y magistrados será necesariamente diferente, para ello nos estamos preparando. “La sociedad nos exige y nos reclama legítimamente, pero vale la pena preguntarnos, qué debe pedirle la sociedad a sus jueces. La sociedad debe pedir a sus jueces trabajar, sobre todo, con profesionalismo, con honestidad, con transparencia, con calidez, oportunidad, eficiencia. Debe exigir a sus jueces que rindan cuentas de sus actos, que honren los valores democráticos de la Constitución y que, de ser el caso, se haga valer a la Constitución como la ley del más débil. Así lo entendemos.”
Ese es posicionamiento de Don Juan, es coincidente con varias voces de la sociedad. No se asusta de las críticas; es como dice el Consejero César Jáuregui “aquel que le asusten los fantasmas que no salga de noche”.
El CJF administra hoy más de 600 juzgados y tribunales federales en todo el País, con alrededor de 30 mil empleados. Todos deben estar en una caja de cristal.
La Sociedad demanda jueces honestos, comprometidos, imparciales, transparentes, que apliquen la justicia sin miedo.
Si no cumplen con y otras exigencias más deben dejar el cargo. No cualquiera puede y deber ser juez.
Y también hay que decir que gran parte de la culpa de que hay altos niveles de impunidad se debe no sólo al trabajo de los jueces sino que en gran parte es debido0 a la maña preparación del Ministerio Público, por averiguaciones previas mal hechas, exageradamente descuidadas, al acusar por ejemplo de flagrancia en caso que no lo hubo.
El mismo presidente lo reconoce que gran parte es culpa del Ejecutivo: "En parte, culpa nuestra, porque no agarramos a los delincuentes, no investigamos bien. En parte, también, porque agarrándolos, a lo mejor no se arman bien las averiguaciones. Y, en parte, también, porque agarrándolos y armando bien las averiguaciones, salen libres. Por eso yo hablo insistentemente e, insisto, no debe tomarse ni como agravio ni mucho menos. Sí tenemos que cerrar la distancia que hay entre la verdad real y la verdad legal.”
El tema dará para muchos más.
Anexo: Línea del tiempo.
23 de junio de 2011: Ahí empezó la historia
Todo empezó por una serie de críticas públicas que hizo el Presidente a propósito de reveses que le ha dado el Poder Judicial a las acciones de la PGR, concretamente por el caso Hank Rhon.
Ese jueves 23 de junio el Presidente Calderón se reunió a dialogar con organizaciones sociales en el Alcázar del Castillo de Chapultepec encabezadas por el poeta Javier Sicilia. En los diálogos salió a relucir el tema de un probable caso de corrupción en el Poder Judicial, sin embargo, -insisto- el quid es que hubo una torpeza de las autoridades en la detención al no poder demostrar que hubo flagrancia. Y así lo reconoció el presidente con el poeta Sicilia, cuando dijo que le hubiera gustado que la detención hubiera terminara de otra manera.
Subrayó el presidente a Sicilia: “El hecho es que, independientemente de la forma de detención, hay ahí un delito: armas de uso exclusivo del Ejército.” “ Y la juez concluye que, como no está demostrada la flagrancia, ni los rifles tienen valor probatorio, ni lo casquillos, ni los periciales, ni nada.” “La verdad es que, yo créame, don Javier (Sicilia), hago lo que puedo. Sí, sí me hubiera gustado que los hechos hubieran ocurrido de otra manera, que todos los eslabones jurídicos estuvieran debidamente cuidados.
Concluyó entonces Calderón sobre este delicado tema: “En fin. A lo mejor pudo haberse. Pero que no valgan las pruebas, que se diga que porque es dudosa la manera en que se entró a la casa, no tienen validez probatorio. Yo como Presidente, estoy obligado a respetar lo que dice esa Juez y esa ley, porque primera obligación es respetar la ley…”
1 de julio
Durante la ceremonia de inauguración del Laboratorio Central De Servicios Periciales de la PGR, el Jefe del ejecutivo dijo abiertamente que el país necesita jueces honestos, y aunque subrayó que la mayoría de ellos son gente de bien y que quiere la justicia, pero al mismo tiempo, hizo notar que es necesario que lo sean todos porque el País así lo reclama. Sembró la duda. Se refirió al caso de la jueza novena del Baja california Blanca Evelia Parra Meza que dejó en libertad al empresario Jorge Hank por falta de pruebas. Y es que en efecto, no hubo flagrancia, por tanto las pruebas fueron inadmisibles. Pidió a los jueces reconsiderar el caso Hank - sin referirse a él por su nombre. “…yo pido a los jueces que consideren, que no obvien, que no nulifiquen, porque me uno a la exigencia de fin de la impunidad, de toda la sociedad. Y si estamos presentando evidencias científicas, esas evidencias tienen que ser analizadas.
Hoy estamos en esa posibilidad, de poder levantar las evidencias de los muchos crímenes que se cometen en el país para poder dar con la huella balística del arma utilizada en el asesinato, y de la persona que tenga en su posesión dichas armas….”
Hizo un exhorto para para que “en aquellos casos que un juzgador no responde a esta exigencia ética de honestidad y de compromiso con la justicia (…)” exista depuración de jueces y magistrados. “Insisto, sé que la mayoría abrumadora de los jueces son gente de bien, gente de paz y gente que quiere justicia. Pero si no fuera el caso, es importante que lo sean todos, porque México lo necesita urgentemente”, subrayó.
Sábado 9 de julio de 2011
El CJF en voz del Consejero Jorge Moreno Collado pidió al Presidente que, en caso de tener pruebas de corrupción contra jueces, las presente y proceda a denunciar para que se inicien las investigaciones, por el mismo CJF. Durante la ceremonia en la que la Barra Nacional de Abogados le otorgó la Medalla al Mérito Jurídico "Vasco de Quiroga", Moreno, señaló que no se puede sancionar con generalidades. "Del señor Presidente de la República, como de cualquier otro ciudadano del país, si tiene algún elemento específico, si tiene alguna prueba específica o alguna sospecha fundada del mal comportamiento de un juez, esperaríamos que nos lo dijera, para que pudiéramos proceder a la investigación correspondiente",
El consejero veracruzano garantizó que, en caso de que las acusaciones contra juzgadores sean fundadas, la Judicatura sancionará a los responsables.
Miércoles 13 de julio, exhorto del Poder Legislativo
El Poder Judicial Federal recibió observaciones y exhortos del Poder Legislativo. Ese día 13 de julio de 2011, el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó “al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a establecer un convenio de coordinación permanente con la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que le permita intercambiar información a efecto de verificar con oportunidad la situación patrimonial de los integrantes del Poder Judicial que sean de su competencia”, y en el mismo Acuerdo aprobado por todos los partido0s políticos le hicieron al Poder Judicial “una respetuosa invitación” para llevar a cabo conjuntamente con el Congreso de la Unión un diagnóstico de la justicia en México que, con absoluto respeto a la esfera constitucional de competencias de los poderes, permita evaluar el desempeño de los órganos judiciales, combatir la corrupción, fortalecer la transparencia y abatir el rezago en la materia….”
El Senador Pablo Gómez señaló desde la tribuna que dicha petición es una reacción a los escándalos producidos en el seno del Poder Judicial.
Jueves 14 de julio
Los Consejeros de la Judicatura Federal manifestaron en un comunicado oficial # 35 del CJF- que no están obligados a cumplir con el exhorto del Poder Legislativo, pero que sí están dispuestos a explicar su combate a la corrupción interna. Precisan que las acciones que ha adoptado -Acuerdo 10/2011, publicado el 10 de junio de 2001- para fiscalizar a jueces y magistrados rebasan al exhorto aprobado.
Cabe destacar –señala el comunicado oficial- que los exhortos de los legisladores no tienen ningún efecto vinculatorio para el Consejo de la Judicatura Federal. Pero pese a ello el Consejo se muestra abierto a explicar las actividades que desarrolla en la materia por ser de interés de la sociedad el que se conozca, de manera transparente, cómo opera la institución en este rubro. Es por ello que se precisa que a través del Acuerdo General 10/2011, aprobado por el Pleno del CJF desde el 19 de enero de 2011, se establecieron una serie de medidas con base en las cuales se busca prevenir, detectar y denunciar a tiempo conductas irregulares de funcionarios del Poder Judicial de la Federación.”
Y con relación al punto dos del exhorto en el que se invita a llevar a cabo con el Congreso de la Unión un diagnóstico de la justicia en México, “el Consejo de la Judicatura refrenda su compromiso de colaborar y trabajar de manera coordinada con los Poderes de la Unión en el mejoramiento del sistema de impartición de justicia. Además de que también reitera que el Poder Judicial de la Federación es el primer interesado en que la sociedad en general, y no sólo los legisladores, conozca el trabajo que se desarrolla en los juzgados y tribunales federales, y las herramientas que ha desarrollado el Consejo de la Judicatura para evaluar su desempeño.”
La reunión FCH- Juan Silva Meza.
Miércoles 14 de julio de 2011
Se concreta una reunión en Los Pinos con Don Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del CJF. En la reunión, estuvieron presentes el secretario de Gobernación José Francisco Blake Mora y el Consejero Jurídico Miguel Alessio Robles. Como era de esperarse salió a relucir en la charla -según comunicado de Los Pinos y de la SCJN- los "posibles casos de corrupción de funcionarios judiciales Federales (secretarios, jueces y magistrados...)”.
El Presidente Calderón manifestó que “en aquellos casos en los que se cuente con información relevante se hará del conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal de manera oportuna." En ese sentido, el Ministro Silva Meza "solicitó de manera respetuosa que si existiera información en ese sentido, ésta se haga llegar a las instancias competentes del Estado mexicano para que se proceda conforme a la ley".
El Ministro Presidente subrayó que en el Poder Judicial cuentan con estrictos mecanismos de vigilancia y de disciplina para garantizar una justicia efectiva, confiable y transparente, y refrendó su convicción de fortalecer las relaciones entre Poderes, con el fin de que los ciudadanos cuenten con un mejor sistema de justicia Federal.
Hasta ahí las cosas siguieron bien, sin ruido.
25 de agosto
Sucedieron los lamentables hechos en El casino Royale de Monterrey salieron a relucir corrupción de jueces y magistrados, tanto por permisos en casino como por haber liberado a un delincuente responsable del incendio que le costó la vida a 52 personas, todas víctimas inocentes. El hecho caló fuerte en la sociedad.
El ataque lamentable al Casino Royale por parte de la delincuencia organizada demostró que hay la corrupción se encuentra en varias esferas, incluyendo en el Poder Judicial.
Según el alcalde de Monterrey Fernando Larrazabal el casino funcionaba por “la complicidad de autoridades encabezadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo” (TCA) del estado. El alcalde fue refutado al aire en una televisora local por la presidenta del TCA, Juana María Treviño Torres, quien responsabilizó al ayuntamiento al señalar que la tragedia fue provocada por Protección Civil municipal. La magistrada dijo que “El Tribunal no abre casinos. Sólo califica, en este caso, lo que la autoridad estatal o municipal presente como actos o resoluciones apegadas a derecho…” Empero, José Adrián González Navarro, director jurídico del municipio, señala directamente a Juana María Treviño, presidenta, y a los dos magistrados de las salas ordinarias, Alfonso Solís Navarro y Aurora Gámez.
Asimismo el alcalde afirmó que el representante del Casino Royale era el juez que litigaba los juicios de amparo a favor. El edil comentó en conferencia de prensa que todos los amparos provenían del estado vecino de Coahuila en el año 2009, donde el juez Pedro Arturo Cardona Calderón impartía "justicia".
En medio de esas acusaciones
El día viernes 26 de agosto
El presidente publicó en el DOF el decretó de tres días de luto nacional por la tragedia ocurrida en Monterrey, Nuevo León, el 25 de agosto de 2011. “En señal de duelo nacional, se acuerda el izamiento de la Bandera Nacional a media asta los días 27, 28 y 29 de agosto de 2011.
La respuesta del Poder Judicial ese mismo día, a 26 de Agosto de 2011
Comunicado No. 40
El Poder Judicial de la Federación se une al luto nacional por los lamentables hechos ocurridos ayer en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y expresa su solidaridad con las familias afectadas.
Los impartidores de justicia están conscientes de que, en los momentos por los que atraviesa el país, la sociedad busca y debe encontrar mejoras en la impartición de justicia, y para ello refrendan su compromiso de seguir colaborando, en el ámbito de su competencia, con los Poderes Legislativo y Ejecutivo para dar respuesta a este legítimo reclamo.
En particular, en el nuevo escenario que se vive en nuestro país, generado por las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos, de amparo y penal, que abren una nueva época en el sistema jurídico mexicano, en beneficio de la sociedad.
El Consejo de la Judicatura Federal reitera que como parte de sus acciones, en todo momento, revisa el actuar de los juzgados y tribunales federales, y atiende todas las quejas, debidamente sustentadas, que se presenten en contra de sus integrantes.
Viernes 2 de septiembre
El Presidente Calderón emitió un mensaje con motivo de su quinto informe de Gobierno dijo. “También, es indispensable que el Poder Judicial, tanto en el ámbito Federal como estatal, revise sus estructuras e integrantes. Reitero: No tengo la menor duda de la honestidad de la gran mayoría de los jueces y magistrados, pero debemos ser conscientes de que el Judicial, como todas las instituciones, enfrenta la amenaza del poder corruptor de la criminalidad.
El lunes 5 de septiembre
Un grupo de abogados universitarios encabezados por el Dr. José Narro Robles presentó al Jefe del Ejecutivo el documento “Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia”. No se abordó abiertamente el tema, pero si se habló de la Reforma de Justicia Penal, los sistemas de Inteligencia, los sistemas de Reinserción Social y de la impunidad y corrupción.
Esa tarde en una reunión con Tuiteros: “Pregúnt@le al Presidente”, Calderón afirmó en uno de sus tuits: “No es que yo la traiga contra los jueces. Pero ya también empieza uno a cansarse, mano. Uno los agarra y los agarra y los agarra y los agarra (a los delincuentes), y los sacan y los sacan y los sacan”.
En su cuenta el Presidente dijo sobre el asunto de los jueces: “¡Ya también empieza uno a cansarse! El mandatario dijo que está “harto” de jueces corruptos.
Estas palabras despertaron reacciones en el órgano que vigila y regula la conducta de los jueces y magistrados federales, y fue la gota que derramó el vaso.
Martes 6 de septiembre: atentar contra la estabilidad nacional.
Y al día siguiente el pleno del CJF emitió una respuesta inusual a través de un comunicado y conferencia de prensa de uno de los Consejeros de la Judicatura: Juan Carlos Cruz, quien dio explicaciones justificando la actuación de algunos jueces por el caso de Néstor Félix Moreno Díaz, acusado por delitos “no graves”. Y ahí se aprovechó para afirmar que si se criticaba la actuación de los jueces era “atentar contra la estabilidad nacional.
No pretendo confrontarme con ningún poder: FCH
El miércoles 7 de septiembre de 20112
El presidente les responde al posicionamiento del CJF. Al inaugurar la Octava Semana Nacional de la Transparencia, les dijo: “No es cierto que la transparencia atente contra la seguridad. Al contrario. Lo que atenta contra la seguridad, lo que atenta contra el interés nacional, lo que atenta contra la estabilidad del país, es la opacidad y sus hijas, que son: la corrupción y la impunidad. “Eso es, precisamente, lo que ha dañado a México. Eso es lo que agravia a los ciudadanos. Y, por eso mismo, la transparencia debe seguirse abriendo, no sólo en el Poder Ejecutivo Federal, sino también en otros niveles de Gobierno, estatales y municipales, donde hay una enorme disparidad en los grados de transparencia eficaz.
Hay de todo. Hay una enorme transparencia y compromiso en muchos lugares, pero también hay una enorme opacidad, no sólo en manejo de recursos, sino de decisiones públicas, y también en otros Poderes de la Unión. No sólo es un asunto que implica al Poder Ejecutivo, también al Legislativo, también al Judicial.”
Horas más tarde en una reunión en Guadalajara, Jalisco, al inaugurar el V Informe Regional abundó sobre el tema ante preguntas de la ciudadanía:
¿Por qué no se castigan esos delitos? se le pregunto al Presidente
“En parte, culpa nuestra, porque no agarramos a los delincuentes, no investigamos bien. En parte, también, porque agarrándolos, a lo mejor no se arman bien las averiguaciones. Y, en parte, también, porque agarrándolos y armando bien las averiguaciones, salen libres. Por eso yo hablo insistentemente e, insisto, no debe tomarse ni como agravio ni mucho menos.
Yo no digo que el juez o la juez se hayan corrompido. Yo lo que digo es que algo tenemos que hacer para cerrar esa distancia, dijo el presidente.
Agregó “asumo mi responsabilidad. Yo sé que nuestras averiguaciones tienen que estar mejor integradas. Creo que cada fuerza pública tiene que asumir su responsabilidad de ser cuidadoso a la hora de actuar, para poder no echar a perder la prueba, digamos. No pretendo confrontarme con ningún poder. Al contrario, lo que llamo es a la corresponsabilidad y que abordemos este tema como un reto de todos. “
Y pidió al final:
“No hagamos un falso debate. Lo que verdaderamente daña la estabilidad y la seguridad del país, es la impunidad. Es que los ladrones y los criminales anden en la calle y en nuestras narices. Y no digo que sea culpa de un poder o de otro, pero que todos tenemos que hacer.
Yo, por lo pronto yo, me comprometo a hacer mi parte. A, desde luego, respetar lo que otros hagan, pero, también es mi deber, como representante de los mexicanos, que todos digamos: Un ya basta a la impunidad, y que cada quien su parte para acabar con ella..
Jueves 8 de septiembre.
Se emite un mensaje inteligente del Consejero de la Judicatura Federal Exlegislador chihuahuenses César Alejandro Jáuregui Robles para cerrar elegantemente esta parte del “falso debate”.
Al participar en la clausura del Segundo Foro Nacional 2011 sobre la Iniciativa de Ley de Amparo, que se llevó a cabo en el Senado, expresó que las críticas que constantemente se suceden no sólo entre ciudadanos, juristas y autoridades sino también entre poderes, son normales en un Estado democrático. “Porque, precisamente, en la transparencia y publicidad de los actos estamos en el escrutinio público, en cajita de cristal, y solamente aquel que le asusten los fantasmas que no salga de noche”, porque quien se dedica al servicio público está comprometido con la sociedad, agregó.
Resaltó que el Poder Judicial de la Federación atiende cerca de un millón de asuntos en un año – en 685 juzgados- y puede haber señalamientos y críticas, que hay que entenderlas y respetarlas cuando van acompañadas de sustento.
Jáuregui Robles señaló la mayoría de los jueces son honorables, probos y comprometidos con la excelencia y profesionalismo de la función jurisdiccional.
Ese día -8 de septiembre- el Presidente de la Republica en el 5º Informe de Gobierno Regional en Mérida, Yucatán, ya no dijo nada sobre el tema de los jueces.
Jueves 15 de septiembre
Aprovechando la conmemoración el día Internacional de la Democracia, don Juan Silva Meza, presidente de la SCJN y del CJF, fijo su posicionamiento, dijo: "Ningún poder por encima del otro, los tres por debajo y al amparo de la Constitución". Las instituciones podemos y debemos disentir, subrayó.
El Ministro Presidente resaltó que las instituciones pueden no estar de acuerdo y disentir en el ámbito de sus responsabilidades porque saben que, antes que nada, está el interés de la Nación. "El nuestro es un País libre y democrático porque las instituciones podemos y debemos disentir, no estar de acuerdo, sin ser posiciones divergentes. En el ámbito de nuestra responsabilidades, tenemos claro que antes que nada está el interés de la Nación", expresó.
Don Juan se dijo abierto a escuchar el punto de vista de todas las personas y todos los grupos sociales al sistema de impartición de justicia. La sociedad, indicó, no puede esperar menos que la excelencia de parte de sus juzgadores federales. "Estamos obligados a rendir cuentas de nuestros actos sin reticencia, sin importar consecuencias, estamos comprometidos con hacer y hacemos todo lo que sea necesario para que nuestras decisiones, apoyadas en la Constitución y las leyes, sean ampliamente analizadas, cuestionadas, criticadas", dijo.
¡Estamos obligados a rendir cuentas de nuestros actos sin reticencia, sin importar consecuencias!
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