UN BUEN CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES/César Camacho

UN BUEN CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES/César Camacho, exdiputado federal

Tres años tarde, pero el Presidente de la República ya envió al Congreso de la Unión su iniciativa de nuevo Código Federal de Procedimientos Penales que tanta falta hace para avanzar en la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral en México. Contar con la propuesta del Ejecutivo era fundamental, para dar nuevo aliento a la discusión y avanzar a paso firme.

 Cabe recordar que la reforma constitucional en la materia, que el propio titular del Ejecutivo calificó como "la más importante de los últimos 150 años", fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2008 (Sic fue el 18); y que dicho ordenamiento disponía, en su régimen de transitoriedad, reformar y adicionar la legislación secundaria lo que, entre otras medidas, requiere sustituir el Código Federal de Procedimientos Penales que por cierto data de 1934, por uno nuevo, pero sobre todo, que esté imbuido de la visión contemporánea de la justicia: eficaz y garantista.

 Apenas hace unos días llegó a la oficialía de partes de la Cámara de Diputados un planteamiento que, a reserva de que, junto con otras iniciativas presentadas anteriormente sobre el mismo tema, lo discutan, modifiquen y aprueben los legisladores, está destinado a ser la herramienta más importante para que la "maquinaria" prevista en la Carta Magna, comience su paso de la letra a la vida real; lo cual es de la mayor importancia ahora que abatir la impunidad, impedir que existan más presuntos culpables y quede crimen sin castigo, son las más grandes exigencias sociales.

 Bien conocida es la preferencia del Ejecutivo Federal de anteponer entre sus prioridades a la seguridad encima de la justicia, como si ambas no formaran un binomio indivisible como lo son, sobre todo desde la perspectiva del ciudadano que resulta implicado en un asunto penal, sea en calidad de víctima o imputado.

 Por eso será tan relevante el trabajo de los legisladores federales, quienes tienen la oportunidad de proveer a las autoridades de un instrumental que les permita ser más eficientes en la lucha contra los criminales, al tiempo de garantizar a los ciudadanos que sus derechos serán respetados.

  Será preciso revisar minuciosamente aspectos delicados como la hipótesis de flagrancia que el Ejecutivo propone pues, todo indica, extralimita la definición constitucional; o la procedencia de la prisión preventiva oficiosa, que el Presidente sugiere se aplique incluso a quienes se impute la comisión de delitos en grado de tentativa; así como la adopción de excepciones a la nulidad de prueba ilícita, establecida en nuestra Carga Magna, entre muchos aspectos que irán saliendo en posterior análisis.

  En fin, con esas u otras adecuaciones, sería deseable que el Código se discutiera y aprobar pronto un buen código de procedimientos penales, para evitar que se amplíe el retraso de tres años que ya arrastra. Y sería igualmente importante que los diputados federales acaben por persuadir al Presidente y sus colaboradores de las bondades del sistema penal acusatorio, pues los mexicanos ya no aguantan más injusticia.