¡Ya te cargó la chingada!

¡Ya te cargó la chingada!

Firmado por La Redacción, revista Proceso # 1832, 11 de diciembre de 2011

Al abandono y las agresiones a los que se hallan expuestas las comunidades nahuas de Santa María de Ostula y Xayakalan, en Michoacán, se suma el asesinato del líder comunitario Trinidad de la Cruz Crisóforo a manos de un grupo armado. Integrante del Movimiento por la Paz, don Trino había salido de la entidad apenas en noviembre, luego de escapar de sus secuestradores. Pero volvió dos semanas después a reanudar su lucha por la tierra: un conflicto que se remonta al siglo XIX y que hasta ahora ningún nivel de gobierno ha podido solucionar. Los grupos armados que controlan la zona de la costa michoacana no se lo perdonaron…

SANTA MARÍA DE OSTULA, MICH.- Trinidad de la Cruz Crisóforo acababa de regresar a Xayakalan con el cuerpo cubierto de heridas. Todas tenían la misma huella: la de la cacha del fusil AK-47 con el que dos semanas antes lo habían golpeado sus captores.

Lo primero que hizo fue abandonar su comunidad y el estado, tal como lo han hecho otras 100 familias. El motivo: la violencia que no cesa desde que, en junio de 2009, los comuneros recuperaron mil 200 hectáreas costeras en el municipio de Aquila.

De la Cruz y sus paisanos prefirieron dejar sus tierras y pertenencias para salvar la vida. “Yo no me quería ir; no podía dejar a la gente sola. Pero no tuve opción”, dijo entonces el dirigente indígena. Pero luego decidió retornar para “denunciar a estas personas”, aclaró.

Al mediodía del martes 6, parado debajo de la palapa central –ubicada en el punto más alto del poblado, desde donde se ven la playa y la sierra–, don Trino relató a los comuneros nahuas de Xayakalan: “Allá arriba (en la cabecera de Ostula) voy a informar de la agresión. Son personas que quieren controlar nuestras tierras. Y los vamos a sacar, porque este sitio nos ha costado hasta sangre de compañeros. No nos vamos a dejar amenazar”.

Los habitantes de esta localidad habían programado para ese día una consulta. El propósito: analizar las opciones técnicas sobre el problema agrario. Llevaban meses aplazándola por falta de seguridad en la zona, donde se han registrado 27 asesinatos y cuatro desaparecidos en los últimos dos años.

Entre los caídos, los indígenas de esta comunidad integrada por 5 mil personas recuerdan a Pedro Leyva, quien fue asesinado el 6 de octubre último, poco antes de que se realizara el segundo diálogo del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad con representantes del gobierno federal. Dicen que su propósito es negociar con las autoridades una opción que les permita escapar del terror que los envuelve desde hace varios meses.

Don Trino, de 73 años, era el líder moral de esta comunidad de origen nahua; también se encargaba del orden en el nuevo poblado. Por eso decidió regresar porque, dijo, había llegado una caravana del Movimiento por la Paz que entraría a la región escoltada por la Policía Federal. Pero la patrulla decidió retirarse en la puerta de Xayakalan.

Algunos pobladores salieron a saludar, luego fueron a cortar cocos, sacaron tortillas de maíz blanco y morado recién hechas, caldo de pollo y refrescos. Don Trino incluso bromeó con sus representados y hasta se dio tiempo para explicar las opciones agrarias que se discutirían más tarde en la cabecera de Ostula.

Con su dedo índice empezó a delinear hacia el norte: “Desde esas palmeras que ven por allá –dijo– empieza el territorio que nos corresponde, según la resolución presidencial –y continuó, siguiendo el contorno de los cerros–… hasta el punto en el que dan la vuelta hacia el poniente y desembocan en el mar y para allá; todo lo que se alcanza a ver desde aquí”, explicó a los integrantes del movimiento.

Su vehemencia sorprendió a uno de los visitantes, quien comentó a uno de sus compañeros: “Me impacta la alegría de la gente de la costa… A él casi lo matan hace unas semanas (fue secuestrado el 14 de noviembre) y míralo, ¡tan sonriente! Son esos extremos de la gente de acá: son resistentes y entrones; por eso los que son malos, son realmente muy malos”.

Cuando todos regresaban del paseo frente al mar, él se paró entre las varas de Jamaica y explicó paso por paso la forma en que se puede sembrar en casa. Mientras acariciaba la flor de la planta incluso le tomaron fotos… La última imagen fue la de su mano herida por los golpes de AK-47 recibidos durante su secuestro, con tres flores entre sus dedos.

Llegó la hora

Antes de despedirse, las mujeres de Xayakalan le pidieron a don Trino que se cuidara. Él se subió a la camioneta blanca en la que iban los integrantes del Movimiento por la Paz. Metros antes de la puerta de salida el chofer frenó abruptamente, casi en el mismo punto donde la Policía Federal los había abandonado a su suerte.

Cuatro hombres armados con cuernos de chivo, escuadras y pistolas apuntaban hacia la camioneta. Estaban encapuchados y daban órdenes que nadie entendía. En la camioneta iban 13 personas, incluido don Trino. Las mujeres se echaron al suelo y los que estaban alrededor del dirigente se quedaron paralizados.

Algunos alzaron las manos: “¡No traemos armas, no traemos armas!”. Los atacantes bajaron al que iba adelante junto al chofer. Le ordenaron que abriera la puerta de atrás; incluso dispararon una vez a centímetros de su oído. Al abrir la puerta, los encapuchados apuntaron hacia el líder nahua:

–¡A ti te andamos buscando! –gritó uno de ellos, un adolescente que no dejaba de apuntarle con su cuerno de chivo.

–Aquí estoy. Ya me encontraron… si esa es su estrategia para matarme –respondió el anciano.

–Venimos a matarte porque eres nuestra contra.

–¿Pero yo qué les hice? ¿Yo qué les hice?

–¡Ya se los cargó la chingada!

–¡Por favor! ¡No hagan tonterías! ¡Viene gente conmigo; por favor…!

Hubo alegatos, gritos, movimientos desesperados, caras lívidas, órdenes, frases amenazantes… De repente, silencio.

Los agresores subieron a la camioneta blanca y le ordenaron al chofer que reanudara la marcha. Uno de ellos miraba fijamente a los ocupantes. Don Trino se pasó a otro asiento, se sentó sobre un sombrero y una libreta de reportero. Las armas seguían su cuerpo, lo que lo obligaba a moverse.

El vehículo avanzó hacia la carretera y dio vuelta a la izquierda en una brecha, hacia la sierra, en sentido contrario al mar. Al ver las ramas que pegaban en las ventanas, todos evocaron imágenes de masacres anteriores, como la de los 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.

La camioneta se detuvo. El comando ordenó a los ocupantes descender y uno de los encapuchados los acomodó en tierra. Primero los tres varones del Movimiento por la Paz, con la cara al suelo y las manos en la cabeza; luego una mujer, cuya pareja se echó encima de ella para protegerla. Al lado quedó otra joven y encima de ella su hermana mayor, abrazándola, susurrándole al oído que confiaba en que regresarían a casa con su madre.

Don Trino quedó al final, detrás de todos. El que traía dos pistolas caminaba de un lado a otro, al tiempo que entonaba una canción del Movimiento Alterado: “Andamos loqueando, somos sanguinarios… “, que alternaba con gritos y amenazas: “¡Ah, Trino, viejo cabrón. Ya te cargó la chingada!”.

En el aire volaban los sonidos. Eran los pasos de los sicarios que cortaban cartucho. Don Trino balbuceaba, apagada su voz… Algunos lloraron y suplicaron a sus captores que los dejaran ir. El de la malla negra intentó tranquilizar a los de la caravana: “No les va a pasar nada; a ustedes no les va a pasar nada”.

Otro de sus compañeros gritó enloquecido: “¡Voy a mandar sus cabezas como macetas!” Luego revisó la camioneta y los interrogó a todos. Buscó entre sus pertenencias para recoger los celulares. Y al encontrar cigarros, exclamó emocionado: “¡Cigarros!, ¡traen cigarros!”, y se olvidó momentáneamente del viejo líder social, a quien los criminales que controlan la costa michoacana acusan de “contra” por defender el territorio de Xayacalan.

“Van a largarse ahorita mismo; van a irse por Lázaro Cárdenas. Si se van por La Placita van a regresar hechos pedazos, ¿me oyeron? Los va a esperar una camioneta negra que los va a escoltar hasta Lázaro Cárdenas. Cuidadito con que vayan con la Marina o los militares… ¡Órale, súbanse ya, cabrones!”, les dijo.

Casi a gatas se subieron los del Movimiento por la Paz. Don Trino no pudo levantarse. “Páralo a piquetes, vas a ver cómo se levanta”, dijo uno de los encapuchados. El vehículo de la caravana salió en reversa y tomó camino. Pudieron avisar a las autoridades casi llegando al puerto de Lázaro Cárdenas… Demasiado tarde.

Horas después, el cuerpo del líder nahua fue localizado. Tenía cuatro balazos y huellas de tortura. Su ejecución “es un parteaguas para Ostula”, comenta a Proceso uno de los jóvenes activistas de la zona. Dice que los grupos criminales han ido acabando con los defensores comunales más importantes.

“Sin don Trino, no sé qué vaya a pasar. La consulta agraria era necesaria para comenzar el proceso de construcción de paz, pero con lo que ha pasado, ¿cómo van a realizarla?”, dice.

El jueves 8 por la tarde, Ostula lanzó un llamado de alerta ante el temor de que los agresores lleguen al pueblo a ejecutar a los pocos comuneros que aún resisten, pese a las medidas cautelares que dictó al gobierno mexicano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de los habitantes de esa localidad y pese al llamado del Alto Comisionado de la ONU en el mismo sentido.

El asesinato de don Trino hace más que evidente que los tres niveles de gobierno han dejado a los pobladores de Ostula sin protección, abandonados a su suerte; incluso los observadores externos y los medios de comunicación se marcharon tras la irrupción de los encapuchados y el atentado contra el dirigente nahua.

Recuperación de tierras

A lo largo del siglo XIX los nahuas de esta región lograron sortear la Ley sobre el Reparto de Bienes Comunales expedida en 1851 por el gobierno del estado de Michoacán y la conocida como Ley Lerdo de 1856, que prohibía la propiedad comunal y que en 1857 incluso fue incorporada a la Constitución.

Ya en el siglo XX, el 27 de octubre de 1961, Santa María de Ostula obtuvo, a través de una resolución presidencial, el reconocimiento y titulación de una superficie comunal de 19 mil 32 hectáreas. En esa misma resolución se otorgó legalidad a la posesión de seis pequeños propietarios de La Placita sobre terrenos que deberían conformar parte de su territorio, según los viejos títulos primordiales de la comunidad.

A lo largo de los años los terrenos de los pequeños propietarios “crecieron” de tal forma que incluso contando con escrituras que amparan las propiedades, peritos de la Reforma Agraria han documentado invasiones de más de 700 hectáreas correspondientes a las tierras tituladas en favor de Ostula en la resolución presidencial; aunque según los comuneros nahuas la invasión es superior a las mil 200 hectáreas, si se toman en cuenta los títulos primordiales.

Ante la inacción de las autoridades federales y estatales respecto de este conflicto, y considerando que la razón legal les asistía, los comuneros planearon una acción pacífica para recuperar el paraje invadido, conocido entonces como La Canahuancera.

El 29 de junio de 2009 más de un millar de personas bajó de la zona serrana de Ostula para entrar en el territorio ubicado a 60 kilómetros de Tecomán, entre la playa y la carretera costera. Un grupo armado los recibió a tiros e hirió a un comunero. La columna se partió y algunos quedaron aislados e indefensos dentro del terreno en disputa.

En ese momento la gente de Ostula movilizó a su guardia comunitaria, no reconocida por el gobierno de Michoacán, y solicitó la ayuda de los nahuas de Coire y Pómaro. La falta de garantías por parte de las autoridades estatales y federales obligó a las tres comunidades a activar sus propias medidas de seguridad en toda la región.

Un día después, tras establecer condiciones de seguridad mínimas, la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de Ostula pidió a las autoridades respeto a la posesión de su territorio, amparados en los títulos de propiedad de 1802 y 1803; exigió también que se castigara a los autores intelectuales y materiales de la violencia, y que se garantizara la seguridad de las comunidades.

La última petición implicaba que el gobierno federal reconociera la existencia de las policías comunitarias tradicionales, por lo cual la comisión invocaba el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como el artículo 39 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho consuetudinario de las comunidades indígenas.

Para establecerse como posesionarias de la tierra en disputa, 40 familias de las encargaturas de Ostula edificaron pequeñas casas para crear el poblado que hoy se conoce como Xayakalan.

Desde entonces se inició un nuevo diálogo con el gobierno estatal y la Secretaría de la Reforma Agraria para buscar una solución, y aun cuando desde finales de 2010 la dependencia federal pidió a la comunidad hacer una consulta para tratar el problema, ésta no se ha realizado debido a las amenazas y ejecuciones de los grupos paramilitares que operan en la región.

Tras el asesinato de don Trino, habitantes de Xayakalan denunciaron que hombres armados se concentraron en La Palma de Oro, población enclavada en la sierra, sin que las autoridades intervengan.

Temen por la vida de Victorino Faustino Domínguez, hijo de Juan Faustino, otro de los líderes históricos en la lucha por la recuperación y defensa de sus tierras.

David Peña, abogado de la comunidad de Santa María Ostula y encargado de dar seguimiento a las medidas cautelares solicitadas por instancias internacionales, dice que el asesinato de don Trino es un mensaje claro de que la inacción del Estado se ha convertido en complicidad y en permisividad para que se cometan atentados como éste.

Peña sostiene que se trata de una ejecución extrajudicial, porque de acuerdo con los criterios internacionales no necesariamente tendría que haber acción directa de un agente estatal, sino que si el Estado sabe lo que está ocurriendo, está prevenido lo que puede suceder y no interviene, entonces es corresponsable.

“Responsabilizamos al Estado mexicano por su falta de actuación, porque estaba enterado de las condiciones de peligro y sabía lo que podía pasar”, insiste el abogado, y anuncia que se enviará una comunicación al Grupo de Trabajo sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU para que se haga responsable por ello al Estado mexicano.