Con la reforma se busca evitar la manipulación política y excesos de la autoridad con el uso de los testigos protegidos.
Además, se reformó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental a fin de proteger los datos personales de quienes sean protegidos por la autoridad en un proceso penal, y de quienes colaboren con la autoridad.
El proyecto de decreto fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación y entrada en vigor.
El Dictamen que expide el decreto:
Antecedentes
Primero. Con fecha 5 de octubre de 2010, en la LXI Legislatura de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, la diputada Dolores de los Ángeles Nazares
Jerónimo, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, presentó la iniciativa que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Leyes Federales contra la Delincuencia Organizada, y de
transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como de los
Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, que regula la
participación de los denominados testigos protegidos en las actuaciones
penales.Segundo. La Mesa Directiva, en esa misma fecha, acordó se turnara a las Comisiones Unidas de Justicia y de Función Pública para su estudio y correspondiente dictamen.
Tercero. Con fecha 8 de diciembre de 2010, el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño; de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Cuarto. La Mesa Directiva, en esa misma fecha, acordó se turnara a las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública para su estudio y correspondiente dictamen.
Quinto. Con fecha 27 de abril de 2011, el diputado Óscar Martín Arce Paniagua; de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Protección a Testigos, Víctimas y demás Sujetos Intervinientes en el Procedimiento Penal.
Sexto. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acordó se turnara dicha iniciativa a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
Séptimo. El 15 de septiembre del 2011, en la 22 reunión ordinaria de la Comisión de Justicia, se acordó presentar una nueva iniciativa de ley por parte de los integrantes de dicha comisión, recopilando las iniciativas propuestas por los diputados Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo y Víctor Humberto Benítez Treviño.
Y toda vez que el fin último del estado es salvaguardar el interés común, la justicia y la paz, estas comisiones se encuentran comprometidas a establecer las medidas y procedimientos que garanticen la protección y atención de personas intervinientes en el procedimiento penal, cuando se encuentren en situación de riesgo o peligro por su participación directa o indirecta que verse sobre delitos graves o delincuencia organizada.
Es por ello que a efecto de otorgar seguridad a las personas que participan en algún proceso penal, mismas que son vulnerables ante la delincuencia organizada, tiene a bien esta Comisión de Justicia impulsar la iniciativa de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal.
Octavo. El 20 de septiembre de 2011, el diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), en nombre de los integrantes de la Comisión de Justicia, presentó la iniciativa con proyecto de decreto de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, y del artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Noveno. El 22 de septiembre de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acordó se turnara dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de la Función Pública para su estudio y dictamen correspondiente y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
Décimo. El jueves 24 de noviembre de 2011, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto que expide la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal; y reforma el artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Proyecto que fue enviado al Senado de la República para su estudio y análisis.
Undécimo. En sesión ordinaria celebrada por el Senado de la República, el 29 de noviembre de 2011, se recibió de la Cámara de Diputados para los efectos del procedimiento legislativo previsto en el inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente con la minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el procedimiento penal; y se reforma el artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, recibida de la Cámara de Diputados, para los efectos del inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Duodécimo: En sesión ordinaria celebrada por el Senado de la República, el 19 de abril de 2012, fue aprobado la minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el procedimiento penal; y se reforma el artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, recibida de la Cámara de Diputados. Dicho proyecto fue devuelto a la Cámara de Diputados para efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Análisis de la minuta
I. Esta colegisladora comparte las consideraciones de la minuta devuelta por el Pleno del Senado de República mediante la que se aprueba el proyecto de Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal y la correspondiente reforma al artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
En ese sentido, el objetivo de dicho ordenamiento legal es de generar un mecanismo de índole legal que atienda las necesidades actuantes del devenir diario de la vida gregaria que exige toda sociedad, fortaleciendo y proporcionando el pilar, cuyo esquema erija de manera sólida el cimiento jurídico de protección a las personas que por circunstancias diversas se vean involucradas en un procedimiento de índole penal, permitiendo garantizarles su participación enmarcada en el manto protector de un correcto desarrollo procedimental, de certeza y seguridad jurídica pero también personal.
Para ello, es necesaria contar con instituciones fuertes, con gente altamente capacitada en su personal, en su quehacer investigatorio y de protección, junto con una regulación clara de cómo y en qué condiciones las autoridades deben captar y valorar los testimonios, como sucede en Italia y la Corte Europea que exigen que los testigos protegidos, sean tratados con absoluto cuidado y no sean manipulados por la autoridad que los tiene a su cargo.
Es así, y toda vez que el fin último del Estado es salvaguardar el interés común, la justicia y la paz, los integrantes de esta Comisión, sometemos a la elevada consideración de esta Honorable Cámara la presente iniciativa comprometida a establecer las medidas y procedimientos que garanticen la protección y atención de personas intervinientes en el procedimiento penal.
II. Es destacar que el presente proyecto de Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal establece las medidas de protección consistentes, entre otras, en tratamiento médico, psicológico o sanitario; asesoría jurídica; gestión de trámites, salvaguarda de la integridad física, psicológica, patrimonial y familiar; vigilancia; traslado de lugar; custodia policial; alojamiento temporal y apoyo económico; cambio de domicilio, trabajo y estudios; previo acuerdo con la Procuraduría General de la República el cambio de identidad; reserva de identidad; métodos que imposibiliten la identificación; participación a distancia; desahogo de diligencias por video conferencia, designar el domicilio del Centro para cualquier requerimiento; y en el caso de recluidos en prisión preventiva o sentenciados, separación de la población general y el traslado a otro centro penitenciario.
Consideraciones
Primera. Se coincide con el Senado de la República en que la ley que se propone
expedir pretende dar vida a un mecanismo de “Protección de Personas”, mediante
la expedición de un ordenamiento innovador, indispensable para garantizar el
correcto desarrollo de la impartición de justicia y el ejercicio armónico que
otorgue la libertad para practicar el derecho de toda persona a participar sin
cortapisas y con seguridad en su persona, en el procedimiento penal, en donde
incluso pueden ser sujetos a protección, las víctimas, ofendidos, peritos,
policías, Ministerio Públicos, servidores público del Poder Judicial, en suma,
toda aquel que por su intervención en el procedimiento penal se encuentre en situación
de riesgo o peligro.Segunda. En ese sentido el proyecto contiene hace las siguientes aportaciones que sin dada alguna permitirán al estado mexicano avanzar hacia la constitución de un sistema de procuración y administración de justicia en el que la impunidad sea excluida:
a) Contenido del programa. En la ley se establecen los mínimos que todo programa debe contener como son: requisitos de ingreso, terminación, mecanismos de protección, así como los apoyos para solventar necesidades personales básicas del protegido.
b) Clasificación de las medidas de protección. Se prevén dos tipos de medidas: a) de asistencia y b) de seguridad, que a su vez se puede subdividir en medidas aplicadas durante la investigación penal directamente ordenadas por el Centro y medidas aplicadas durante el proceso que requieren de un mandamiento judicial.
c) Medidas de protección provisionales. Establece la facultad del Agente del Ministerio Público de otorgar medidas de protección provisionales en los casos en que la persona se encuentre en situación de riesgo o peligro; así como del Director del Centro de proporcionar éstas o mantener las concedidas por el Ministerio Público, en tanto se resuelve el ingreso al Programa.
d) Características de las medidas de protección. Prevé que las medidas deberán ser viables y proporcionales al riesgo, importancia del caso, trascendencia e idoneidad del testimonio, vulnerabilidad de la persona y su capacidad de adaptación.
e) Colaboración. Prevé la obligación de que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal presten colaboración con la Procuraduría General de la República y el Centro.
Dispone la celebración de acuerdos o convenios con personas físicas o morales, estatales, nacionales o internacionales para el logro del objeto de la ley.
Contempla la posibilidad de celebrar convenios de colaboración con las Procuradurías o sus equivalentes de las entidades federativas para la incorporación de procesados y sentenciados del fuero común al Programa
Prevé reglas de cooperación internacional, la que se llevará a cabo mediante asistencia jurídica y técnica mutua, y reuniones de intercambio de experiencias.
f) Reserva de la información. Establece que la información relacionada con las personas protegidas es reservada y confidencialidad en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), salvo la información estadística que no las ponga en riesgo.
g). Selección de personal y seguridad social. Prevé la implementación de procedimientos de selección, permanencia y capacitación del personal del Centro, así como un sistema complementario de seguridad social para sus familias y dependientes.
h) Procedimiento de incorporación al Programa. I nicia con la solicitud que sólo puede ser presentada por el MP o Juez que conozca del proceso penal ante el Centro. Tratándose de secuestro hace un reenvió a la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro.
i). Impugnabilidad de las resoluciones. Establece que las resoluciones del Director del Centro serán definitivas e inatacables, por lo que no se admite ningún medio de impugnación, sólo se prevé la posibilidad de la reevaluación
j). Convenio de Entendimiento. Condiciona la admisión al Programa a la firma del convenio de entendimiento y establece su contenido.
k). Obligaciones. Dispone expresamente tanto obligaciones de las personas incorporadas como de la autoridad encargada de la administración del Programa.
l). Terminación de las medidas de protección y desincorporación del Programa. Establece expresamente entre otros supuestos: falta de veracidad; incumplimiento de las obligaciones asumidas en el convenio; comisión de un delito doloso renuncia voluntaria; desaparición del riesgo; incumplimiento de las medidas de protección.
m). Ejecución de las Medidas. La ejecución y medidas de protección estarán a cargo de la Unidad integrada por agentes de la Policía federal Ministerial.
Tercera. Asimismo, las colegisladoras en establecer las medidas de asistencia y de seguridad así como los procedimientos que garanticen la protección y atención de personas intervinientes en el procedimiento penal, cuando se encuentren en situación de riesgo o peligro por su participación o como resultado del mismo. Se creará el Centro Federal de Protección a Personas como órgano desconcentrado y especializado de la Procuraduría General de la República; con autonomía técnica y operativa en la aplicación de las medidas de protección.
Cuarta. Tal y como lo señala el Senado de la República, la protección a testigos y a otras personas que intervienen dentro de un procedimiento penal, también fue retomada por diversos instrumentos de índole internacional, los cuales han sido suscritos por el Estado Mexicano, entre los que se encuentra, la citada Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también conocida como “Convención de Palermo”, sirve de referencia también la Ley Modelo sobre Protección de Testigos, versión para América Latina, así como las Guías de Santiago sobre Protección de Víctimas y Testigos, las cuales disponen de diversas medidas tendentes a garantizar la seguridad e integridad de aquéllas personas que de alguna forma participan en alguna de las fases del procedimiento penal.
Quinta. Finalmente, el Senado de la República consideró oportuno realizar algunas precisiones para robustecer y perfeccionar la minuta de mérito. Modificaciones que esta Comisión estima acertadas y a las que se adhiere en sus términos:
a) Se coincide con la colegisladora en eliminar la referencia al Agente del Ministerio Público de la Federación del catálogo de conceptos;
b) Se coincide con la colegisladora en determinar la independencia del otorgamiento de las medidas de protección respecto del desarrollo del procedimiento penal, el cual solamente servirá para determinar los factores de riesgo de la persona sujeta a protección;
c) Se coincide con la colegisladora en establecer la colaboración de dependencias y entidades de la administración pública federal para la aplicación de las medidas en la Ley a través de la suscripción de convenios, acuerdos o instrumentos jurídicos;
d) Se coincide con la colegisladora en precisar los principios de proporcionalidad y necesidad, así como el de celeridad;
e) Se coincide con la colegisladora en puntualizar que el Director del programa estará sujeto a las disposiciones establecidas en la presente Ley, respetando en todo momento su autonomía;
f) Se coincide con la colegisladora en señalar que el encargado del Centro, será un Director, cuyo nombramiento correrá a cargo del Presidente de la República a propuesta del Titular de la Procuraduría General de la República;
g) Se coincide con la colegisladora en enfatizar como una de las facultades del Director la de suscribir previa consideración del Procurador General de la República instrumentos jurídicos que faciliten el funcionamiento y operación del programa;
h) Se coincide con la colegisladora en que las solicitudes de incorporación de una persona al Programa, sean presentadas por el Titular de la Subprocuraduría o de la unidad administrativa a la que se encuentre asignado el ministerio público responsable del procedimiento penal;
i) Se coincide con la colegisladora en establecer la obligación de que las medidas de protección cesarán por acuerdo del Director del Centro con el Titular de la Procuraduría General de la República;
j) Se coincide con la colegisladora en dotar al Director del Centro con pleno mando, directo e inmediato, sobre el personal que le esté adscrito;
k) Se coincide con la colegisladora en determinar que el personal cuente con el equipo necesario para el desempeño de sus funciones;
l) Se coincide con la colegisladora en determinar que el personal policial con que cuente dicho Centro dependerá del Director;
m) Se coincide con la colegisladora en llevar a cabo una distinción entre las medidas que serán de aplicación exclusiva por el Director del Centro Federal de Protección a Personas, de aquellas que podrán ser aplicadas de forma inmediata por el ministerio público;
n) Se coincide con la colegisladora en establecer que la decisión de incorporar o no a una persona al programa pueda ser reconsiderada a petición del titular de la Procuraduría General de la República;
o) Se coincide con la colegisladora en establecer que todos los requerimientos para la práctica de una diligencia ministerial y/o judicial en los que ésta intervenga, serán realizados por el Titular del Centro, quien adoptará las medidas necesarias para presentarlo ante la autoridad correspondiente;
p) Se coincide con la colegisladora en se realizar la adecuación del
término “expulsión del programa”, por el de revocación de su “incorporación al
programa”;
q) Se coincide con la colegisladora en determinar que la incorporación al
Programa deberá sujetarse a una solicitud que realizará el Titular de la
Subprocuraduría o unidad administrativa a la que pertenezca el ministerio
público, o el juez que conozca del procedimiento penal, la cual será resuelta
por el Director del Centro; y,r) Se coincide con la colegisladora en incluir los principios de índole internacional de doble incriminación y reciprocidad.
Lo anterior con fundamento en los siguientes razonamientos:
I. Se modifica el artículo 2º, relativo a las definiciones, para efecto de suprimir la fracción VII, consistente en el acrónimo AMPF, es decir, Agente del Ministerio Público de la Federación, para utilizar el término de Ministerio Público, en concordancia con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, entre otros. En consecuencia, la numeración pasa de XV a XIV fracciones.
II. Una vez que fue analizado en el artículo 3°, se estimó conveniente
adicionar un párrafo en el cual se hace énfasis que el otorgamiento de las
medidas de protección, materia de la ley propuesta, será independiente del
procedimiento penal, es decir, que la aplicación de las citadas medidas no
afectará el desarrollo del procedimiento y viceversa, ya que éste sólo servirá
como punto de referencia para el otorgamiento o revocación de la protección.
III. En el proyecto de ley se contempla, de forma acertada, la colaboración
de dependencias y entidades de la administración pública federal, como un
instrumento indispensable para la aplicación de las medidas dispuestas en la
Ley. Al respecto, y para conseguir una eficiente colaboración con la
Procuraduría General de la República por conducto del Centro, se prevé la
suscripción de convenios, acuerdos o demás instrumentos jurídicos con personas
físicas o morales, así como con autoridades federales, gobiernos del Distrito
Federal, de los Estados de la Federación y Municipios, organismos públicos
autónomos, incluso constitucionales, así como con organismos de los sectores
social y privado e incluso internacionales, que resulten conducentes para
otorgar la protección de las personas, por lo que se modificó la redacción del
artículo 4°, para efecto de hacerlo coincidir con las atribuciones del Titular
de la Procuraduría General de la República, establecidas en su Ley Orgánica.
IV. Además, en la Ley Federal para la Protección a Personas propuesta, se
establecen diversos principios básicos que coadyuvan al mejor desarrollo del
Programa Federal de Protección a Personas, por lo que estas comisiones coinciden
con la colegisladora en precisar en el principio de proporcionalidad y
necesidad que se garantizará la identidad personal del sujeto a protección.
Adicionalmente, y toda vez que dicha ley establece directrices a seguir
para una eficaz protección a las personas, se estima necesario que el Director
del Centro, dentro de la autonomía que goza, tenga plena facultad para hacer
cumplir las disposiciones establecidas en la presente ley, en estricto apego a
la misma, por lo que se adiciona el término “sujeten” en el principio de
autonomía, a fin de robustecer este espíritu.
Por otra parte, en armonía con lo antes señalado resulta necesario
especificar en el principio de celeridad que corresponderá de forma directa al
Director del Centro la adopción de las medidas relativas al ingreso de una
persona al programa y su revocación.
V. En la minuta de mérito, se propone la creación del Centro Federal de
Protección a Personas, el cual será un órgano desconcentrado y especializado,
con autonomía técnica y operativa en la aplicación de las medidas de protección
de la Procuraduría General de la República, mismo que estará a cargo de un
Director, cuyo nombramiento originalmente la minuta señalaba como facultad del
Procurador, para quedar como una facultad del Presidente de la República, a
propuesta del Titular de la Procuraduría General de la República.
Lo anterior con el objeto de garantizar la transparencia e imparcialidad
en su nombramiento, en razón de la delicadeza y naturaleza de las funciones que
desempeñará, es por ello que se estima conveniente que la designación sea
acorde a las designaciones que se realizan de otros funcionarios de alto nivel.
VI. Dentro del artículo 7, relativo a las facultades del Director del
Centro, se estima pertinente enfatizar que en ellas se encuentra la de
suscribir y emitir instrumentos jurídicos que faciliten la operación del
Programa, previa consideración del Procurador, por lo que se ha modificado la
fracción I del citado numeral.
Asimismo, en la fracción II se ha estimado necesario que las solicitudes
de incorporación de una persona al Programa, sean presentadas por el Titular de
la Subprocuraduría o de la unidad administrativa a la que se encuentre asignado
el ministerio público responsable del procedimiento penal, en donde interviene
la persona a proteger.
Lo anterior, atendiendo a la naturaleza de la protección y no dejar de
manera discrecional la solicitud a consideración del ministerio público, sino
que sea por acuerdo de su superior jerárquico, brindando certeza y seguridad
jurídica en las decisiones que se tomen al respecto.
En ese orden de ideas, se propone la modificación a la fracción VII del
numeral referido, para que las medidas de protección que dicte el ministerio
público sean establecidas previa solicitud del Titular de la Subprocuraduría o
de la unidad administrativa equivalente a la que se encuentre adscrito.
De igual forma, con el propósito de dar certeza y seguridad a las
personas protegidas, se establece la obligación de que las medidas de
protección cesarán por acuerdo del Director del Centro con el Procurador,
modificándose así la fracción IX del numeral en comento, la cual en su origen
era facultad exclusiva del Director del Centro.
Finalmente, con el objeto de que el Director del Centro pueda desempeñar
eficazmente las facultades que le han sido atribuidas en la ley propuesta, se
estima adicionar una fracción XI, recorriéndose en su orden la subsecuente, a
efecto de dotarle de pleno mando, directo e inmediato, sobre el personal que le
esté adscrito.
VII. Se adiciona el artículo 8, con el propósito de que el personal
responsable de la operación del programa cuente con el equipo necesario para el
desempeño eficaz de sus funciones y actividades.
VIII. Por lo que respecta al artículo 10 de la minuta, esta dictaminadora estima
pertinente precisar que el personal policial con que cuente dicho Centro
dependerá del Director del mismo, ello acorde a lo establecido en la fracción
XI del artículo 7 de la referida Ley.
IX. Resulta pertinente realizar una distinción entre las medidas que serán
de aplicación exclusiva por el Director del Centro Federal de Protección a
Personas, de aquellas que podrán ser aplicadas de forma inmediata por el
ministerio público. Es por ello, que se considera necesario llevar a cabo esta
precisión en el párrafo segundo del artículo 13 de la Ley en estudio.
X. Tomado en consideración la importancia que reviste la protección a
personas, aunado a que el responsable del cumplimiento de las medidas así como
de lo que dispone la Ley de la materia se estima necesario incluir un apartado
en el que se establezca que los requerimientos en los que implique un traslado
de la persona sujeta a protección para la práctica de una diligencia dicho
traslado correrá a cargo del Director del Centro, el cual deberá de adoptar las
medidas necesarias para el cumplimiento de la misma, que garanticen la
seguridad e integridad de las personas protegidas, la cual como se ha
establecido debe ser previa solicitud del titular de la Subprocuraduría o
Unidad Administrativa que corresponda por lo que se adicionó un segundo y
tercer párrafo bajo este contexto en la fracción X del artículo 18 de la
minuta.
XI. Tomado en consideración que la facultad para incorporar o no a una
persona al programa es decisión exclusiva del Director del Centro, la cual
tomará con apoyo en los dictámenes que se emitan para tal efecto, no obstante
ello, la referida Ley también establece que una persona que no haya sido
aceptada originalmente para incorporarse al programa pueda ser de nueva cuenta
planteada su solicitud con la única condición de que a parezcan nuevos datos
que justifiquen el planteamiento de dicha petición; no obstante, se estima
pertinente dotar al ministerio público de una facultad adicional para que sea
reconsiderada la decisión de aceptar o no a una persona para que reciba los
beneficios de esta Ley, es por ello que se incorpora como una facultad
adicional del Titular de la Procuraduría General de la República, la de
reconsiderar dicha decisión de su incorporación o no al programa, por ello se precisa
esta facultad en el artículo 26 de la minuta.
XII. Por cuestiones de técnica jurídica se realizó la adecuación del término
“expulsión del programa”, por el de revocación de su “incorporación al
programa” en el artículo 34 de la minuta, el cual versa en el otorgamiento y
mantenimiento de las medidas de protección.
XIII. Por otra parte, tomando en consideración que en la referida minuta, se
hace alusión a la aplicación y suscripción de acuerdos, convenios de índole
internacional y asistencia jurídica para la eficaz protección de personas,
resulta conveniente que en dicho apartado se incluyan principios de índole
internacional que rigen la materia como el de doble incriminación y
reciprocidad motivo por el cual se agregan dichos principios dentro del artículo
42 de la minuta.
Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los incisos a) del
artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Comisión de Justicia dictamina en sus términos la Minuta que expide la Ley
Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento
Penal; y se reforma el artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental, para que se envié al Ejecutivo Federal
para los efectos de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, por
las consideraciones que han quedado expuestas en el presente dictamen , por lo
que nos permitimos someter a la consideración del Pleno de esta Honorable
Asamblea, el siguiente proyecto de
Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Protección a
Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; y se reforma el artículo 31
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental
Artículo Primero. Se expide la Ley Federal para la Protección a Personas que
Intervienen en el Procedimiento Penal, para quedar como sigue:
Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el
Procedimiento Penal
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. Las disposiciones de esta Ley, son de orden público y observancia
general y tienen por objeto establecer las medidas y procedimientos que
garanticen la protección y atención de personas intervinientes en el
procedimiento penal, cuando se encuentren en situación de riesgo o peligro por su
participación o como resultado del mismo.
ARTÍCULO 2. Para los efectos de la presente Ley se entiende por:
I. Ley: Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el
Procedimiento Penal.
II. Programa: El Programa Federal de Protección a Personas.
III. Centro: El Centro Federal de Protección a Personas.
IV. Director: El Director del Centro.
V. Procuraduría: La Procuraduría General de la República.
VI. Procurador: Titular de la Procuraduría General de la República.
VII. Medidas de Protección: Las acciones realizadas por el Centro
tendientes a eliminar o reducir los riesgos que pueda sufrir una persona
derivado de la acción de represalia eventual con motivo de su colaboración, o
participación en un Procedimiento Penal, así como de personas o familiares
cercanas a éste.
VIII. Convenio de Entendimiento: Documento que suscribe el Titular
del Centro y la persona a proteger de manera libre e informada, en donde acepta
voluntariamente ingresar al Programa y se definen de manera detallada las
obligaciones y acciones que realizará el Centro, así como las obligaciones y
acciones a que deberá sujetarse la persona a proteger y las sanciones por su
incumplimiento.
IX. Persona Protegida: Todo aquel individuo que pueda verse en situación de
riesgo o peligro por su intervención en un procedimiento penal. Asimismo,
dentro de dicho concepto se considerarán a las personas ligadas con vínculos de
parentesco o afectivos con el testigo, víctima, ofendido o servidores públicos,
que se vean en situación de riesgo o peligro por las actividades de aquellos en
el proceso.
X. Testigo Colaborador: Es la persona que habiendo sido miembro de la
delincuencia organizada accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la
autoridad investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o aportando otras
pruebas conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros miembros de
la organización delictiva.
XI. Procedimiento Penal: Son aquellas etapas procesales que comprenden desde
el inicio de la averiguación previa hasta la sentencia de segunda instancia.
XII. Riesgo: Amenaza real e inminente que, de actualizarse, expone la vida e
integridad física de la Persona Protegida, por su intervención en un
Procedimiento Penal.
XIII. Unidad: La Unidad de Protección a Personas del Centro.
XIV. Estudio Técnico: Es el análisis elaborado por un grupo
multidisciplinario del Centro para determinar acerca de la incorporación o
separación de una persona al Programa.
ARTÍCULO 3. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en el
ámbito de su competencia, están obligadas a prestar la colaboración que les
requiera la Procuraduría General de la República, por conducto del Centro para
la aplicación de las Medidas de Protección previstas en esta Ley.
La administración y ejecución de las medidas de protección contempladas
en el Programa, son independientes del desarrollo del Procedimiento Penal, el
cual sólo servirá para determinar y eliminar los factores de riesgo de la
persona sujeta a protección.
La información y documentación relacionada con las personas protegidas,
será considerada como reservada y confidencial, en los términos que dispone la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
con excepción de aquella de carácter estadístico la cual podrá ser proporcionada
en los términos de la ley referida, siempre y cuando no ponga en riesgo la
seguridad de las personas sujetas a protección.
Los servidores públicos que dejen de prestar sus servicios en el Centro,
así como las personas que estuvieron sujetas a las Medidas de Protección, están
obligadas a no revelar información sobre la operación del Programa, apercibidos
de las consecuencias civiles, administrativas o penales, según corresponda por
su incumplimiento.
La anterior obligación, también comprende a los servidores públicos que
participen en la aplicación de la presente Ley.
ARTÍCULO 4. A fin de lograr los objetivos de esta Ley, el Procurador y/o el
Director, en términos de sus atribuciones, podrán celebrar acuerdos, convenios
o demás instrumentos jurídicos con personas físicas o morales, así como con
autoridades federales, gobiernos del Distrito Federal, de los Estados de la
Federación y Municipios, organismos públicos autónomos, incluso
constitucionales, así como con organismos de los sectores social y privado e
incluso internacionales, que resulten conducentes para otorgar la protección de
las personas.
Cuando se tenga que realizar la contratación o adquisición de servicios
con particulares, se deben aplicar criterios de reserva y confidencialidad
respecto de los antecedentes personales, médicos o laborales de la persona
incorporada al Programa. Esto es, los proveedores de dichos servicios bajo
ningún caso podrán tener acceso a la información que posibiliten por cualquier
medio la identificación de la Persona Protegida.
La Procuraduría podrá celebrar convenios de colaboración con las
procuradurías de justicia, Fiscalía o su equivalente, de los Estados y del
Distrito Federal, para establecer los mecanismos necesarios para incorporar al
Programa a personas que deban ser sujetas de protección.
CAPÍTULO II
PRINCIPIOS BÁSICOS
ARTÍCULO 5. La protección de personas se regirá por los siguientes principios:
I. Proporcionalidad y Necesidad: Las Medidas de Protección que se
acuerden en virtud de la presente Ley y demás disposiciones aplicables, deberán
responder al nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona y sólo
podrán ser aplicadas en cuanto fueren necesarias para garantizar su seguridad,
así como su identidad personal.
II. Secrecía: Los servidores públicos y las personas sujetas a protección mantendrán
el sigilo de todas las actuaciones relacionadas con las Medidas de Protección
adoptadas por el Centro, así como lo referente a los aspectos operativos del
Programa.
III. Voluntariedad: La persona expresará por escrito su voluntad de acogerse y recibir las
medidas de protección y en su caso los beneficios que la ley en la materia
prevé, además de obligarse a cumplir con todas las disposiciones establecidas
en el mismo. Asimismo, en cualquier momento podrá solicitar su retiro, sin
perjuicio de los casos en que proceda su separación del Programa por las
causales establecidas en esta Ley y en las demás disposiciones reglamentarias
del Programa.
IV. Temporalidad: La permanencia de la persona en el Programa estará sujeta a un periodo
determinado o a la evaluación periódica que realice el Centro, el cual
determinará si continúan los factores o circunstancias que motivaron el acceso
de la persona al Programa.
V. Autonomía: El Director gozará de las más amplias facultades para dictar las medidas
oportunas que sujeten y garanticen la exacta aplicación de la presente Ley.
VI. Celeridad: El Director del Centro adoptará sin dilación las decisiones relativas al
ingreso de las personas al Programa, en su caso, las Medidas de Protección
aplicables, así como el cese de las mismas.
VII. Gratuidad: El acceso a las Medidas de Protección otorgados por el Programa no
generará costo alguno para la Persona Protegida.
CAPÍTULO III
DEL CENTRO FEDERAL DE PROTECCIÓN A PERSONAS
ARTÍCULO 6. El Centro es un Órgano Desconcentrado y Especializado de la Procuraduría
General de la República; con autonomía técnica y operativa en la aplicación de
las Medidas de Protección, el cual estará a cargo de un Director, nombrado y
removido libremente por el Presidente de la República, a propuesta del
Procurador.
ARTÍCULO 7. El Director, para el cumplimiento de la presente Ley contará con las
siguientes facultades:
I. Suscribir y emitir los instrumentos jurídicos que faciliten el
funcionamiento y operación del Programa, previa consideración del Procurador.
II. Recibir y analizar las solicitudes de incorporación de una persona
al Programa, en virtud de encontrarse en situación de riesgo o peligro por su
intervención en un Procedimiento Penal.
Estas solicitudes deberán ser presentadas por el Titular de la
Subprocuraduría o de la unidad administrativa equivalente a las que se
encuentre asignado el Ministerio Público responsable del Procedimiento Penal,
en donde interviene o ha intervenido la persona a proteger.
III. Ordenar la práctica de estudios psicológicos, clínicos y, en
general, de todos aquellos que sean necesarios para garantizar la idoneidad de
la incorporación de la persona al Programa, así como para su permanencia.
IV. En caso de ser procedente, autorizar la incorporación al Programa a
la persona propuesta.
V. Integrar y proponer al Procurador el presupuesto para la operatividad
del Programa, en coordinación con las áreas competentes de la Procuraduría.
VI. Llevar el registro y expediente de las personas incorporadas al
Programa.
VII. Mantener las Medidas de Protección que dicte provisionalmente el
Ministerio Público o establecer las que estime necesarias para su debida
protección, previa solicitud del Titular de la Subprocuraduría o de la unidad
administrativa equivalente a la que pertenezca, hasta en tanto se determina su
incorporación al Programa.
VIII. Dictar las Medidas de Protección que resulten procedentes.
IX. Acordar con el Procurador el cese de las Medidas de Protección
cuando se entiendan superadas las circunstancias que las motivaron o, en caso
de incumplimiento, de las obligaciones asumidas por la persona a través del
Convenio de Entendimiento o por actualizarse alguna de las hipótesis planteadas
en los artículos 27, 29, 33, 34, 36, 37 y demás relativos de la presente Ley.
X. Gestionar ante la Oficialía Mayor de la Procuraduría lo relativo a la
obtención de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros para
la correcta aplicación de sus obligaciones, una vez que se haya autorizado el
presupuesto para tal efecto.
XI. Ejercer el mando directo e inmediato sobre el personal que le esté
adscrito; y
XII. Las demás que determinen otras disposiciones y el Procurador,
cuando sean inherentes a sus funciones.
SECCIÓN I
DEL PERSONAL DEL CENTRO
ARTÍCULO 8. Para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, se dotará a todo
el personal responsable de la operación del Programa de las herramientas y el
equipo necesario para un desempeño eficaz.
Además, se implementarán procedimientos de selección que garanticen la
idoneidad del personal, así como su capacitación para el ejercicio del cargo.
El personal del Centro, contará con un sistema complementario de
seguridad social para sus familias y dependientes.
La Procuraduría deberá garantizar las condiciones presupuestales,
tecnológicas y de diversa índole que sean necesarias para el adecuado
cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley.
ARTÍCULO 9. El Centro deberá contar con un grupo multidisciplinario de servidores
públicos, integrado por abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y
demás profesionistas que sean necesarios, así como con elementos de la Policía
Federal Ministerial adscritos a la Unidad.
SECCIÓN II
DE LA UNIDAD
ARTÍCULO 10. La ejecución de las Medidas de Protección estarán a cargo de la Unidad
misma que dependerá del Director y se integrará con agentes de la Policía
Federal Ministerial, entrenados y capacitados para tal fin.
ARTÍCULO 11. Los agentes de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Unidad
tendrán las siguientes atribuciones:
I. Ejecutar las Medidas de Protección dictadas por el Director.
II. Colaborar en la realización del Estudio Técnico.
III. Realizar sus actividades con respeto a los derechos humanos.
IV. Guardar secrecía de las cuestiones que tuvieran conocimiento con
motivo del ejercicio de sus funciones, en los términos de los instrumentos
jurídicos que para tal efecto se emitan. Esta disposición la deberán observar
aún después de que hayan dejado de prestar sus servicios como miembro de la Policía
Federal Ministerial.
V. Garantizar la protección de la integridad física y psicológica de la
persona bajo su cuidado o custodia.
VI. Informar de forma inmediata al Director de cualquier incumplimiento
de las obligaciones de la Persona Protegida.
VII. Las demás que disponga el Director para el cumplimiento de la
presente Ley.
ARTÍCULO 12. La Unidad contará con un área de análisis de riesgo que
apoyará en la elaboración del Estudio Técnico para los efectos del ingreso y
permanencia de la Persona Protegida, la cual dependerá directamente del Centro.
CAPÍTULO IV
DEL PROGRAMA
ARTÍCULO 13. El presente Programa tendrá aplicación exclusivamente para aquellos
casos en los que se encuentren relacionadas personas que estén en una situación
de riesgo por su participación de forma directa o indirecta en un procedimiento
penal que verse sobre delitos graves o delincuencia organizada.
En los demás casos corresponderá al Ministerio Público y a sus
auxiliares dictar y ejecutar las medidas de protección distintas a las de
aplicación exclusiva por el Director del Centro, tendientes a garantizar la
seguridad de las personas que se encuentren en una situación de riesgo, por su
participación dentro de alguna de las etapas del procedimiento penal, entre las
cuales se podrán tomar en cuenta las previstas en los artículos 17, fracciones
I, II y V, y 18, fracciones I, incisos a) y b), II, IV, V, VIII, incisos a), b)
y c) y X del presente ordenamiento; así como las demás que estime pertinentes o
las que se encuentren previstas en los ordenamientos legales aplicables.
ARTÍCULO 14. El Programa establecerá cuando menos los requisitos de ingreso,
terminación, mecanismos de protección para la persona, así como los apoyos para
solventar sus necesidades personales básicas cuando por su intervención en el
Procedimiento Penal así se requiera.
CAPÍTULO V
PERSONAS PROTEGIDAS
ARTÍCULO 15. De acuerdo con el artículo 2, fracciones X y XI, de la presente Ley,
podrán incorporarse al Programa:
a) Víctimas.
b) Ofendidos.
c) Testigos.
d) Testigos Colaboradores.
e) Peritos.
f) Policías.
g) Ministerio Público, Jueces y miembros del Poder Judicial.
h) Quienes hayan colaborado eficazmente en la investigación o en el
proceso.
i) Otras personas cuya relación sea por parentesco o cercanas a las
señaladas en los incisos anteriores y por la colaboración o participación de
aquellos en el Procedimiento Penal les genere situaciones inminentes de amenaza
y riesgo.
CAPÍTULO VI
CLASES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN
ARTÍCULO 16. Las Medidas de Protección previstas en el Programa serán de dos tipos:
I. De asistencia, que tendrán como finalidad acompañar a los sujetos
destinatarios del Programa. Estas medidas se realizarán a través de
profesionales organizados interdisciplinariamente, de acuerdo a la problemática
a abordar, procurando asegurar a la persona que su intervención en el
procedimiento penal no significará un daño adicional o el agravamiento de su
situación personal o patrimonial.
II. De seguridad, que tendrán como finalidad primordial brindar las
condiciones necesarias de seguridad para preservar la vida, la libertad y/o la
integridad física de los sujetos comprendidos en el artículo 2, fracciones X y
XI, de la presente Ley.
Las Medidas de Protección podrán aplicarse en forma indistinta.
ARTÍCULO 17. Las medidas de asistencia podrán ser:
I. La asistencia y/o el tratamiento psicológico, médico y/o sanitario en
forma regular y necesaria a personas, a través de los servicios de asistencia y
salud pública, velando en todo momento por el resguardo y protección de las mismas.
II. La asistencia y el asesoramiento jurídico gratuito a la persona, a
fin de asegurar el debido conocimiento de las medidas de protección y demás
derechos previstos por esta Ley.
III. Asistir a la persona para la gestión de trámites.
IV. Apoyo económico, para el alojamiento, transporte, alimentos,
comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites,
sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda y demás gastos
indispensables, dentro o fuera del país, mientras la persona se halle
imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios. La asistencia económica
subsistirá por el tiempo exclusivamente necesario que determine el Director,
conforme al Estudio Técnico que se realice, así como a la evaluación de la
subsistencia de las circunstancias que motivaron su apoyo.
V. Implementar cualquier otra medida de asistencia que, de conformidad
con la valoración de las circunstancias, se estime necesario adoptar con la
finalidad de garantizar la asistencia física y psicológica de la persona
incorporada al Programa.
ARTÍCULO 18. Las medidas de seguridad, además de las previstas en otros
ordenamientos, podrán consistir en alguna de las siguientes:
I. La salvaguarda de la integridad personal en los siguientes aspectos:
a) Físico.
b) Psicológico.
c) Patrimonial.
d) Familiar.
II. Vigilancia.
III. Modo y mecanismos para el traslado de las personas protegidas a
distintos lugares, asegurando en todo momento el resguardo de las mismas.
IV. Custodia policial, personal móvil y/o domiciliaria a las personas
protegidas, que estará a cargo de los elementos de la Unidad; salvo en los
supuestos de urgencia establecidos en el artículo 21 de la presente Ley, en los
cuales el Ministerio Público podrá solicitar el apoyo de sus auxiliares en
términos del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República.
V. Suministrar a la persona alojamiento temporal o los medios económicos
para transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza,
reinserción laboral, trámites personales y aquellos que requiera para cumplir
con sus obligaciones, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda y
demás gastos indispensables, dentro o fuera del país, mientras la Persona
Protegida se halle imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios.
VI. Facilitar la reubicación, entendida como el cambio de domicilio y/o
residencia, lugar de trabajo y centro de estudios de la persona.
VII. En los casos que así se justifiquen, previo acuerdo del Procurador,
se podrá otorgar, con base en las circunstancias del caso, la autorización para
que ante las autoridades competentes se gestione una nueva identidad de la
Persona Protegida, dotándolo de la documentación soporte.
VIII. Durante el proceso el Ministerio Público, podrá solicitar las
siguientes medidas procesales:
a) La reserva de la identidad en las diligencias en que intervenga la
Persona Protegida, imposibilitando que en las actas se haga mención expresa a
sus nombres, apellidos, domicilio, lugar de trabajo, profesión o cualquier otro
dato que lo ponga en evidencia en términos de lo dispuesto en la legislación
aplicable.
b) El uso de métodos que imposibiliten la identificación visual o
auditiva de la persona, en las diligencias en que intervenga. La aplicación de
esta medida, no deberá coartar la defensa adecuada del imputado.
c) La utilización de procedimientos mecánicos o tecnológicos que
permitan la participación de la persona a distancia y en forma remota.
d) Se fije como domicilio de la persona el del Centro.
e) Otras que a juicio del Centro sean procedentes para garantizar la
seguridad de la persona.
IX. Tratándose de personas que se encuentren recluidas en prisión
preventiva o en ejecución de sentencia, se tomarán las siguientes medidas:
a) Separarlos de la población general de la prisión, tratándose de
Testigos Colaboradores, se asignarán a áreas especiales dentro del Sistema
Penitenciario Federal.
b) Trasladarlo a otro centro penitenciario con las mismas o superiores
medidas de seguridad, cuando exista un riesgo fundado que se encuentra en
peligro su integridad física.
c) Otras que considere el Centro para garantizar la protección de las
personas incorporadas al Programa.
Las autoridades penitenciarias federales deberán otorgar todas las
facilidades al Centro para garantizar las medidas de seguridad de los internos
que se encuentran incorporados al Programa.
Cuando la persona o Testigo Colaborador se encuentre recluso en alguna
prisión administrada por una entidad federativa, el Centro con apoyo de la
Secretaría de Seguridad Pública Federal, podrá suscribir los convenios
necesarios para garantizar la protección de las personas o Testigos
Colaboradores incorporados al Programa.
X. Implementar cualquier otra medida de seguridad que de conformidad con
la valoración de las circunstancias, se estime necesario adoptar con la
finalidad de proteger la vida y/o la integridad física de la persona.
Con el objeto de garantizar la seguridad de la persona protegida, todos
los requerimientos para la práctica de una diligencia ministerial y/o judicial
en los que esta intervenga, se solicitarán directamente al Director del Centro,
quien adoptará las medidas necesarias para presentarlo ante la autoridad
correspondiente. En caso de existir algún impedimento o que no existan las
condiciones de seguridad adecuadas para cumplimentar la diligencia, lo hará del
conocimiento de la autoridad y, en su caso, solicitará una prórroga para su
cumplimiento, que le deberá ser otorgada.
Tratándose de diligencias ministeriales, las solicitudes deberán ser
presentadas por el Titular de la Subprocuraduría o de la unidad administrativa
equivalente a la que se encuentre asignado el Ministerio Público responsable de
la investigación.
ARTÍCULO 19. Las Medidas de Protección deberán ser viables y proporcionales a:
I. La vulnerabilidad de la Persona Protegida.
II. La situación de riesgo.
III. La importancia del caso.
IV. La trascendencia e idoneidad del testimonio.
V. La capacidad de la persona para adaptarse a las condiciones del
Programa.
VI. La capacidad del agente generador del riesgo de hacer efectivo el
daño.
VII. Otras circunstancias que justifiquen la medida.
CAPÍTULO VII
DE LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA
ARTÍCULO 20. La solicitud de incorporación al Programa, la deberá realizar el Titular
de la Subprocuraduría o unidad administrativa equivalente a la que pertenezca
el Ministerio Público o el juez a que se refiere este artículo que conozca del
Procedimiento Penal en los que intervenga la persona a proteger, las cuales
serán resueltas por el Director del Centro.
Cuando se niegue el ingreso de una persona al Programa, se podrá
reevaluar la solicitud de incorporación siempre que se aleguen hechos nuevos o
supervenientes.
En los casos que la solicitud provenga de la autoridad judicial en
términos de lo dispuesto por la Ley General para Prevenir y Sancionar los
Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI, del Artículo
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estará a lo
dispuesto por el artículo 23 de la presente Ley.
ARTÍCULO 21. Si el Ministerio Público responsable del Procedimiento Penal advierte
que una persona se encuentra en situación de riesgo o peligro por su
intervención en éste, podrá dictar provisionalmente las Medidas de Protección
necesarias y, el Titular de la Subprocuraduría o unidad administrativa
equivalente a la que pertenezca, remitirá inmediatamente, por cualquier medio
idóneo, la solicitud de incorporación al Programa al Director del Centro, para
que se inicie el Estudio Técnico correspondiente.
El juez que conozca del Procedimiento Penal, tomando en consideración
cuando menos lo señalado en el párrafo anterior, podrá ordenar como parte de
las Medidas de Protección, que ésta sea incorporada al Programa.
Hasta en tanto el Director autoriza la incorporación de una persona al
Programa, se podrán mantener las Medidas de Protección dictadas por el
Ministerio Público.
ARTÍCULO 22. La petición de otorgar Medidas de Protección deberá contener como
elementos mínimos que permitan realizar el Estudio Técnico, los siguientes:
a) Nombre completo del candidato a protección, su dirección o lugar de
ubicación.
b) Datos acerca de la investigación o proceso penal en la que
interviene.
c) Papel que detenta en la investigación o en el proceso y la
importancia que reviste su participación.
d) Datos que hagan presumir que se encuentra en una situación de riesgo
su integridad física o la de personas cercanas a él.
e) No obstante que la solicitud no contenga toda la información
requerida no impide iniciar el Estudio Técnico, pudiéndose recabar los datos
necesarios para su elaboración en breve término.
f) Cualquier otra que el Ministerio Público estime necesaria para
justificar la necesidad de su protección.
CAPÍTULO VIII
DEL ESTUDIO TÉCNICO
ARTÍCULO 23. El Director deberá contar con el Estudio Técnico que le permita decidir
sobre la procedencia de incorporación o no de una persona al Programa.
En los casos en que la incorporación al Programa sea ordenado por una
autoridad jurisdiccional en términos de la Ley General para Prevenir y
Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción
XXI, del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Centro deberá realizar el Estudio Técnico correspondiente, con la
finalidad de determinar las Medidas de Protección aplicables.
ARTÍCULO 24.- Recibida la solicitud de incorporación al Programa, el Director en un
tiempo razonable, a fin de determinar su procedencia, tomará en consideración
el resultado del Estudio Técnico, el cual deberá de contener por lo menos los
siguientes aspectos:
I. Que exista un nexo entre la intervención de la persona a proteger en
el Procedimiento Penal y los factores de riesgo en que se encuentre la persona
susceptible de recibir protección.
En los casos en que se haya concluido la participación de la Persona
Protegida en el procedimiento penal, se realizará un estudio a fin de
determinar si subsisten las condiciones de riesgo para determinar su
continuidad o su terminación de las medidas de protección.
II. Que la persona otorgue su consentimiento y proporcione información
fidedigna y confiable para la realización el Estudio Técnico, apercibido que la
falsedad en su dicho pudiere tener como consecuencia la no incorporación al
Programa.
III. Que la persona a proteger no esté motivado por interés distinto que
el de colaborar con la procuración y administración de justicia.
IV. Que las Medidas de Protección sean las idóneas para garantizar la
seguridad de la persona.
V. Las obligaciones legales que tenga la persona con terceros.
VI. Los antecedentes penales que tuviere.
VII. Que la admisión de la persona, no sea un factor que afecte la
seguridad del Programa, del Centro o de la Procuraduría.
ARTÍCULO 25. En la solicitud de incorporación de la persona al Programa, el
Ministerio Público del conocimiento previa autorización del Titular de la
Subprocuraduría o de la unidad administrativa equivalente a la que pertenezca,
de ser el caso, informará al Centro la importancia de la intervención de la
persona en el Procedimiento Penal.
ARTÍCULO 26. Una vez concluido el Estudio Técnico, el Director adoptará la decisión
que corresponda, la cual podría ser reconsiderada a solicitud del Procurador,
con independencia de lo previsto en el artículo 20, párrafo segundo de la
presente Ley, la que será en el siguiente sentido:
a) Incorporar a la persona al Programa y establecer las Medidas de
Protección que se le aplicarán.
b) No incorporar al Programa.
CAPÍTULO IX
DEL CONVENIO DE ENTENDIMIENTO
ARTÍCULO 27. Cada Persona Protegida que se incorpore al Programa deberá suscribir el
Convenio de Entendimiento, de manera conjunta con el Director, el cual como
mínimo contendrá:
A) La manifestación de la persona, de su admisión al Programa de manera
voluntaria, con pleno conocimiento, sin coacción y que las Medidas de
Protección a otorgar no serán entendidas como pago, compensación o recompensas
por su intervención en el Procedimiento Penal.
B) La manifestación de la persona de estar enterada sobre la
temporalidad de las Medidas de Protección, las cuales se mantendrán mientras
subsistan las circunstancias que le dieron origen.
C) Los alcances y el carácter de las Medidas de Protección que se van a
otorgar por parte del Centro.
D) La facultad del Centro de mantener, modificar o suprimir todas o
algunas de las Medidas de Protección durante cualquier etapa del Procedimiento
Penal cuando exista la solicitud de la persona o se produzcan hechos o
circunstancias que así lo ameriten.
E) Las obligaciones de la persona, en donde según sea el caso, deberá:
I. Proporcionar información veraz y oportuna para la investigación y
comprometerse a rendir testimonio dentro del juicio.
II. Comprometerse a realizar las acciones solicitadas por el Centro para
garantizar su integridad y seguridad.
III. El deber de confidencialidad de las condiciones y formas de operación
del Programa, incluso cuando salga del mismo.
IV. Cualesquiera otra que el Centro considere oportuna.
F) Las sanciones por infracciones cometidas por la persona, incluida la
separación del Programa.
G) Las condiciones que regulan la terminación de su incorporación al
Programa.
La Persona Protegida, será responsable de las consecuencias que se
deriven, cuando por sus actos infrinja las normas que el Programa le impone. En
consecuencia, debe respetar las obligaciones a que se compromete al suscribir
el Convenio de Entendimiento.
En caso de que la Persona Protegida sea un menor o incapaz, el convenio
de entendimiento deberá también ser suscrito por el padre o tutor o quien
ejerza la patria potestad y/o representación.
En caso de que sean incorporados de manera simultánea por un mismo hecho
o circunstancia varias personas para la protección, el hecho de que alguna de
ellas incumpla las obligaciones impuestas, no afectará a las demás personas que
se encuentren relacionadas con esta.
CAPÍTULO X
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA
ARTÍCULO 28. La persona que se incorpora al Programa no puede condicionar su ingreso
o su estadía en el mismo, a la ejecución de determinada Medida de Protección a
su favor.
ARTÍCULO 29. Las obligaciones a las que queda sujeta la persona que se incorpora al
Programa, además de las expresamente estipuladas en el Convenio de
Entendimiento, son las que a continuación de manera enunciativa se señalan:
I. Informar plenamente de sus antecedentes (penales, posesiones,
propiedades y deudas u obligaciones de carácter civil, al momento de solicitar
su incorporación al Programa).
II. Abstenerse de informar que se encuentra incorporada en el Programa o
divulgar información del funcionamiento del mismo.
III. Cooperar en las diligencias, que sean necesarias, a requerimiento
del Ministerio Público o del juez penal.
IV. Acatar y mantener un comportamiento adecuado que hagan eficaces las
Medidas de Protección, dictadas por el Centro.
V. Utilizar correctamente las instalaciones y los demás recursos que
para el desarrollo de su propia vida, el Programa ponga a su disposición.
VI. Abstenerse de asumir conductas que puedan poner en peligro su
seguridad y la del Programa.
VII. Someterse a tratamientos médicos, y de rehabilitación a que hubiere
lugar.
VIII. Mantener comunicación con el Director, a través del agente de la
Unidad que haya sido asignado, salvo situaciones de extrema gravedad o
urgencia.
IX. Cuando sea reubicado abstenerse de entrar en contacto sin
autorización, con familiares que no se encuentren dentro del Programa, o con
personas con quien hubiese sostenido relación antes de su incorporación al
Programa.
X. Otras medidas que a consideración del Centro sean necesarias y que
podrán estar expresamente señaladas en el Convenio de Entendimiento.
CAPÍTULO XI
OBLIGACIONES DEL PROGRAMA CON LA PERSONA
ARTÍCULO 30. Los servidores públicos que tengan contacto con la Persona Protegida
deben abstenerse de hacerle cualquier ofrecimiento que no tenga sustento o no
esté autorizado por el Director.
ARTÍCULO 31. Son obligaciones del Centro:
I. Otorgar un trato digno a la persona, informándole de manera oportuna
y veraz sus derechos y obligaciones.
II. Diseñar e implementar las acciones correspondientes para atender las
necesidades de seguridad de las personas.
III. Gestionar con entidades prestadoras de salud la atención integral
para la persona.
IV. Ayudar a la Persona Protegida con asesoría legal para cumplir
aquellos compromisos adquiridos frente a terceros.
V. Cuando existan procesos familiares, civiles, laborales, agrarios,
administrativos, o de cualquier otra índole pendientes, en los que una Persona
Protegida sea parte; los abogados del Centro podrán asumir su representación
legal.
VI. Gestionar ante Estados extranjeros, con los que se tenga convenio,
la reubicación de la persona, para lo cual realizará ante las autoridades
competentes o por conducto de aquellas, los trámites legales para regularizar
su situación migratoria y lo deje en posibilidad de obtener un empleo digno y
honesto para la manutención de él y su familia; en tanto, tomará las medidas
pertinentes para el envío de dinero para el sustento de las personas
incorporadas al Programa.
VII. Velar para que los recursos asignados sean correctamente empleados
y que la persona cumpla con los compromisos asumidos en el Convenio de
Entendimiento.
ARTÍCULO 32. El Centro no responderá por las obligaciones adquiridas por la Persona
Protegida antes de su incorporación al Programa, así como de aquellas que no se
hubieran hecho de su conocimiento para el efecto de pronunciarse sobre su
incorporación al Programa. De igual forma, el Centro tampoco asumirá como suyas
las promesas que le hubieran hecho personal no autorizado para ello a la
Persona Protegida.
CAPÍTULO XII
TERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DESINCORPORACIÓN DEL PROGRAMA
ARTÍCULO 33. El Centro podrá mantener, modificar o suprimir todas o algunas de las
Medidas de Protección durante cualquier etapa del Procedimiento Penal cuando
exista la solicitud de la persona o se produzcan hechos o circunstancias que
así lo ameriten.
ARTÍCULO 34. El otorgamiento y mantenimiento de las Medidas de Protección está
condicionado al cumplimiento de las obligaciones descritas en el artículo 29 de
la presente Ley y de las obligaciones establecidas en el Convenio de
Entendimiento; su incumplimiento podrá dar lugar a la revocación de su
incorporación al Programa.
La persona podrá renunciar de manera voluntaria a las Medidas de
Protección o al Programa, para lo cual el Centro deberá realizar las gestiones
necesarias para dejar constancia de esa circunstancia.
El Centro también podrá dar por concluida la permanencia de la Persona
Protegida en el Programa, cuando dejen de actualizarse las circunstancias de
riesgo que originaron su incorporación; o que su estancia sea un factor que
afecte la seguridad del Programa, del Centro o de la Procuraduría.
La anterior resolución en todo caso será notificada por escrito a la
Persona Protegida y en caso de que se desconozca su ubicación y después de
haber realizado una búsqueda no se haya logrado dar con su paradero, se
levantará constancia de dicha circunstancia y se acordará su baja
correspondiente. Contra dicha determinación no se admitirá recurso alguno.
ARTÍCULO 35. El Centro, una vez concluido el Proceso Penal e impuestas las sanciones
del caso podrá, siempre que estime que se mantiene la circunstancia de amenaza
o peligro, extender la continuación de las Medidas de Protección.
ARTÍCULO 36. La terminación del otorgamiento de las Medidas de Protección o la revocación
de la incorporación al Programa, será decidido por el Director previo acuerdo
con el Procurador, de oficio, a petición del Titular de la Subprocuraduría o
unidad administrativa equivalente que solicitó su ingreso de la persona
protegida, o cuando se entiendan superadas las circunstancias que motivaron la
protección, o por incumplir con las obligaciones asumidas por la Persona
Protegida.
Cuando la incorporación al Programa se hubiese realizado por mandato de
la autoridad jurisdiccional, en términos de lo previsto por la Ley General para
Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la
fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Director deberá solicitar la revocación de la incorporación al
Programa al juez que conozca del procedimiento penal, cuando se actualice lo
dispuesto del artículo 29 de la citada Ley y las causas de revocación o
terminación señaladas en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 37. Son causas de terminación o revocación de la incorporación al Programa:
I. La extinción de los supuestos que señala el artículo 24 de esta Ley,
a criterio del Director.
II. La Persona Protegida se haya conducido con falta de veracidad.
III. La Persona Protegida haya ejecutado un delito doloso durante la
permanencia en el Programa.
IV. La Persona Protegida no cumpla con las Medidas de Protección
correspondientes.
V. La Persona Protegida se niegue a declarar.
VI. El incumplimiento reiterado de las obligaciones asumidas en el
Convenio de Entendimiento.
VII. Las demás establecidas en la presente Ley.
ARTÍCULO 38. El Estado o cualquiera de sus servidores públicos que apliquen la
presente Ley no estarán sujetos a ninguna responsabilidad civil por la sola
decisión de brindar o no protección, siempre que la misma haya sido tomada
conforme a las disposiciones establecidas en la misma, así como a las
circunstancias que sirvieron en su momento para tomar tal determinación.
ARTÍCULO 39. Tratándose de la incorporación al Programa, de Testigos Colaboradores,
el Director deberá considerar la opinión del Titular de la Unidad Especializada
a que se refiere el artículo 8 de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada.
ARTÍCULO 40. Las Medidas de Protección otorgadas a los Testigos Colaboradores se
regirán por lo dispuesto en la Ley General para Prevenir y Sancionar los
Delitos en materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI, del artículo
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada, la presente Ley y demás disposiciones
aplicables.
CAPÍTULO XIII
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN A PERSONAS
ARTÍCULO 41. El Estado mexicano con el fin de garantizar la seguridad y protección de
las personas, coadyuvará con los esfuerzos de otros Estados en la materia,
comprometiéndose a prestar la asistencia recíproca, para el cumplimiento del
objeto de la presente Ley, en los ámbitos de:
I. Implementación de Medidas de Protección de personas, y
II. Aplicación de procedimientos jurisdiccionales.
Lo anterior, se realizará a través de los siguientes mecanismos:
a) Asistencia Jurídica Mutua.
b) Asistencia Técnica Mutua.
c) Reuniones de intercambio de experiencias.
ARTÍCULO 42. Para el caso de que se requiera la comparecencia de la persona en algún
otro país, ya sea para rendir declaración o para facilitar la investigación de
delitos en los que esté involucrado o tenga conocimiento de información
relevante para su persecución; la solicitud respectiva se atenderá de
conformidad con lo dispuesto en los Tratados Internacionales en materia penal y
demás normas aplicables.
Aplicarán los principios de doble incriminación y de reciprocidad cuando
no exista Tratado Internacional y se observará en todo momento, los límites de
las disposiciones de sus ordenamientos legales internos.
En el supuesto de que el testimonio que vaya a rendir la persona en otro
país se refiera a delitos en los que haya estado involucrado, el país
requirente deberá otorgar la garantía suficiente por vía diplomática de que no
detendrá, ni procesará a la persona y que lo regresará a México en cuanto
termine de rendir la declaración que le competa, además de otorgar las medidas
de seguridad que resulten necesarias para preservar su seguridad e integridad.
ARTÍCULO 43. Las solicitudes de asistencia en materia de protección de personas
deberán ser solicitadas en cumplimiento de las disposiciones y normas internas
del Estado requerido y los Acuerdos bilaterales y multilaterales en la materia.
Las solicitudes de asistencia en relación a la protección de personas,
se tramitarán a través del conducto correspondiente que se designe para tal
efecto en los Tratados Internacionales.
ARTÍCULO 44. En atención a lo dispuesto por el artículo 59 del Código Federal de
Procedimientos Penales, la práctica de diligencias tendentes a obtener la
declaración de un Testigo residente en el extranjero, se deberá realizar
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y a través de la
representación diplomática o consular del Estado mexicano en el país que corresponda,
con intervención en la diligencia del personal de la Procuraduría General de la
República que para tal efecto se designe.
ARTÍCULO 45. Si es autorizado por la autoridad judicial y/o en su caso
por el Titular de la Subprocuraduría o unidad administrativa equivalente a la
que pertenece el Ministerio Público encargado de la investigación, y las
condiciones técnicas lo permiten, la declaración testimonial en otro país de
una persona que se encuentre en México y viceversa, podrá realizarse mediante videoconferencia.
ARTÍCULO 46. En el supuesto caso de que una persona que se encuentre dentro del
Programa manifieste libre, informada y voluntariamente, así como ante la
presencia de su defensor, su deseo de ser trasladado a otro país para colaborar
por tiempo indeterminado con las autoridades de procuración de justicia de ese
país, se informará inmediatamente a esas autoridades para que, si lo aceptan,
se gestione ante las autoridades migratorias correspondientes de ambos países
la salida de México y el ingreso al país correspondiente en la calidad
migratoria que éste determine, siempre y cuando su situación jurídica lo
permita; además en caso de resultar procedente conforme a la normatividad
aplicable en el país extranjero y atendiendo a los principios internacionales,
así como los convenios que existieran para tal efecto se procurará dar la
seguridad correspondiente, siempre que lo solicite la persona sujeta a
protección.
Este traslado no ocasionará responsabilidad alguna para el Estado
mexicano y las autoridades encargadas del Programa.
En el supuesto de que el país receptor de la persona requerida, pretenda
procesarla penalmente, deberá estarse a lo establecido en la Ley de Extradición
Internacional y en los Tratados Internacionales en la materia.
CAPÍTULO XIV
DE LA TRANSPARENCIA DEL PROGRAMA
ARTÍCULO 47. El Director por conducto del Procurador presentará un informe anual al
H. Congreso de la Unión sobre los resultados y las operaciones del Programa.
Dichos informes se elaborarán de modo que se ofrezca la relación estadística
más detallada posible. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia se podrán
asentar datos que pongan en riesgo la integridad de las personas incorporadas
al Programa.
ARTÍCULO 48. El Órgano Interno de Control en la Procuraduría y la Auditoría
Superior de la Federación podrán realizar todas las actividades de auditoría al
Programa; su personal debe estar habilitado y suscribirá una carta compromiso
en donde se establezca su obligación de confidencialidad, respecto a la
operación del Programa, incluso una vez que se hubiese separado de su empleo,
cargo o comisión.
CAPÍTULO XV
DE LOS DELITOS
ARTÍCULO 49. A la persona que conozca información relacionada con la aplicación,
ejecución y personas relacionadas con el presente Programa y divulgue la misma,
sin contar con la autorización correspondiente, se le aplicará una pena de seis
a doce años de prisión.
En caso de que sea un servidor público el que revele la información, la
pena se incrementara hasta en una tercera parte, esto con independencia de
otros posibles delitos en que pueda incurrir.
Los imputados por la comisión de este delito, durante el proceso penal
estarán sujetos a prisión preventiva.
CAPÍTULO XVI
DE LOS FONDOS DEL PROGRAMA.
ARTÍCULO 50. El Programa operará con los recursos que al efecto se asignen en el
Presupuesto de Egresos de la Federación.
TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente ley entrará en vigor a los 180 días siguientes de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. La Procuraduría General de la República dentro de los 180 días
siguientes a la publicación de este decreto desarrollará los lineamientos,
protocolos, acuerdos y demás instrumentos necesarios para el debido
funcionamiento del Programa Federal de Protección a Personas y del Centro
Federal de Protección a Personas.
La Procuraduría General de la República realizará las acciones
administrativas correspondientes para dar cumplimiento a los objetivos de esta
Ley, conforme al presupuesto que le sea aprobado para tal efecto en el
ejercicio fiscal
TERCERO. Las personas que se encuentren bajo protección a la fecha de la entrada
en vigor de la presente ley, podrán ser incorporadas al Programa, previa la
satisfacción de los requisitos establecidos en la presente Ley.
CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones contrarias al objeto de esta
Ley.
Artículo Segundo. Se reforma el artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue:
Artículo 31. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de
Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro
Federal de Protección a Personas; la Dirección de Coordinación de Inteligencia
de la Policía Federal Preventiva; la Subprocuraduría de Investigación Especializada
en Delincuencia Organizada; el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la
Defensa Nacional y el Estado Mayor General de la Armada o bien, las unidades
administrativas que los sustituyan, no estarán sujetos a la autoridad de los
Comités a que se refiere el Artículo 29, siendo sus funciones responsabilidad
exclusiva del titular de la propia unidad administrativa.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, en México,
Distrito Federal, a 25 de abril de 2012.
La Comisión de Justicia
Diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato
García (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Óscar Martín Arce
Paniagua (rúbrica), Camilo Ramírez Puente, Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Olga Luz
Espinoza Morales (rúbrica), Eduardo Ledesma Romo, secretarios; Jaime Aguilar
Álvarez y Mazarrasa (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Luis
Carlos Campos Villegas (rúbrica), Nancy González Ulloa, Leonardo Arturo Guillén
Medina, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre,
Elvia Hernández García (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija, Israel Madrigal Ceja
(rúbrica), Sonia Mendoza Díaz, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo
(rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González
(rúbrica), Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero,
Miguel Ángel Terrón Mendoza (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica),
Josué Cirino Valdés Huezo, Alma Carolina Viggiano Austria, Pedro Vázquez
González, J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica
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