Enfoque de Reforma, (02-Sep-2012);
Los cinco meses que dura la transición mexicana afectan la economía, las inversiones, propician la ingobernabilidad y la inseguridad. El vacío de poder, en circunstancias como las que se viven actualmente, obliga a pensar opciones para acortar el periodo transcurrido entre la elección del Presidente y su toma de protesta.
El jurista Diego Valadés, experto en derecho constitucional; el ex senador Carlos Jiménez Macías, autor de la más reciente iniciativa presentada en el Congreso para acortar el periodo de transición; el especialista en filosofía política Luis F. Aguilar y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, coinciden en que este largo periodo genera incertidumbre.
México es uno de los tres países con la entrega-recepción más lenta entre 41 Estados de Europa occidental y América.
El interregno mexicano de 152 días, etapa entre las elecciones y el día de la toma de posesión, sólo es superado por Haití, con 167 días, y Luxemburgo, con 222. A países como Gran Bretaña y Francia su transición sólo les lleva nueve días.
Los 152 días de México sobrepasan por más del doble el promedio de la tabla, que es de 62.5 días.
Hasta hoy, han transcurrido dos meses desde las elecciones en las que el priista Enrique Peña Nieto obtuvo la mayoría de los votos. Ese periodo, en el que transcurrió la calificación del proceso luego del recurso de nulidad presentado por la coalición Movimiento Progresista, mantuvo paralizado al ganador de los comicios.
Peña Nieto ha anunciado una agenda de reformas, que van desde las denominadas estructurales (laboral, energética y fiscal) hasta las coyunturales (una comisión nacional anticorrupción, la ampliación de facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información y la regulación de los contratos publicitarios entre medios de comunicación y gobiernos).
Pero ha dedicado la mayor parte de su tiempo a defender su elección.
Luego de recibir la constancia de mayoría por parte del Tribunal Electoral, el Presidente electo deberá esperar otros tres meses para asumir el poder.
Mientras, podrá conformar su gabinete, realizar giras internacionales, preparar su plan de gobierno y trabajar en el proyecto de Presupuesto de Egresos que deberá presentar al Congreso 15 días después de su toma de protesta.
Para ello contará con una partida de 150 millones de pesos aprobada el año pasado por la Cámara de Diputados (la misma cantidad que ejerció Felipe Calderón entre el 7 de septiembre y el 30 de noviembre del 2006).
Avisos de ingobernabilidad: Valadés
En los dos primeros meses de esta transición han ocurrido hechos que, según el jurista Diego Valadés, muestran vacíos de poder y un deterioro institucional que se acelera conforme se extingue la administración calderonista.
En Nuevo León se han presentado granadazos, quemas de negocios y ataques a medios de comunicación. En San Luis Potosí, el 9 de agosto se registraron 21 ejecuciones y tres días después fue asesinado del alcalde electo de Matehuala, Édgar Morales.
El 10 de agosto hubo enfrentamientos y narcobloqueos en Michoacán; el 11 de agosto, quema de vehículos y gasolinerías en cuatro municipios de Guanajuato; el 22, un grupo armado secuestró a la directora del Cereso de Cieneguillas, Zacatecas, Fabiola Quiroz Zárate; el 24, policías federales emboscaron una camioneta en Morelos en la que viajaban presuntos agentes de la CIA de Estados Unidos y un marino mexicano, sin que hasta el momento haya una versión gubernamental de los hechos, y el 25 se registraron narcobloqueos en Guadalajara tras el rumor de que había sido detenido Nemesio Oceguera, presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación.
A ello se suma la pugna al interior del Ejército por el relevo en la Secretaría de la Defensa Nacional, que quedó de manifiesto con el proceso en contra de los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe y Ricardo Escorcia, acusados de colaborar con el cártel de los Beltrán Leyva.
Además, el gobierno saliente ha tomado al menos dos decisiones de fin de sexenio que causaron polémica: el retiro a MVS de las concesiones de la banda de 2.5 GHz, que provocó que Joaquín Vargas revelara cómo fue presionado por la vocera presidencial Alejandra Sota. Y el anuncio de la Sedena de gastar casi 10 mil millones de pesos para comprar un nuevo avión presidencial.
Adicionalmente, el partido en el poder se hundió en una
crisis interna tras su derrota electoral, a la que Felipe Calderón dedicó
prácticamente todo el mes de julio y los primeros 10 días de agosto. El
Presidente sostuvo más de 25 reuniones con consejeros nacionales del PAN para
reflexionar sobre la derrota electoral y cabildear un plan para mantener el
control del partido, pero el 11 de agosto el Consejo Nacional votó en contra de
su propuesta de refundar y convocar a una Asamblea Nacional extraordinaria
antes del 1o. de diciembre.
En medio de este escenario, el semanario The Economist
publicó el pasado 18 de agosto un artículo titulado The waiting game, en el que
califica los cinco meses de espera como un prolongado limbo que conlleva
riesgos, una lenta transición que retrasa la negociación de las reformas
estructurales.
"Hoy estamos en una etapa de una indefinición absoluta
en cuanto al ejercicio del poder político, y estamos experimentando una
situación que no se puede calificar de anárquica, porque no lo es, pero sí de
anomia, una situación de abdicación en la vigencia del ordenamiento
jurídico", advierte Valadés, "no puedo hablar de que haya un Estado
fallido, pero sí hay un déficit en cuanto a la vida jurídica y de las
instituciones".
El ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM y ex titular de la PGR afirma que todos los días en los periódicos
se informa sobre graves signos de ingobernabilidad, y pone dos ejemplos: el
hecho de que un funcionario público declare que los crímenes cometidos por la
delincuencia organizada no pueden ser objeto de una Averiguación Previa, o que
se vendan combustibles robados a lo largo de carreteras federales sin que
ninguna autoridad haga algo por impedirlo.
Valadés observa al gobierno de Calderón relajando la
capacidad de conducción del proceso institucional del país.
"Y hay, por otro lado, un gobierno que no se acaba de
constituir y no podrá asumir sus funciones sino hasta el 1o. de diciembre.
Todavía después de la calificación de la elección nos espera un periodo muy
amplio en el que el país estará expuesto a un creciente deterioro
institucional, cuyos efectos se proyectarán en la condiciones de gobernabilidad
del gobierno que se instale en diciembre. Ese día, el nuevo gobierno tendrá que
enfrentar las condiciones acumuladas que ya conocíamos, más las que se
produzcan en estos últimos meses", comenta.
El abogado constitucionalista considera que en 2006, a
pesar de que había tensión generada por el conflicto postelectoral, la
transición era entre dos presidentes del mismo partido y eso ayudó a que
fluyera el cambio de gobierno. Sin embargo, considera que desde ahí se crearon
condiciones de ingobernabilidad que crecieron durante el sexenio.
Y en el 2000, aunque fue un cambio de un régimen de 70
años, no había el contexto que hoy se tiene: violencia, deterioro de las
instituciones y avisos de crisis económica.
"Una sucesión que se da en un país desorganizado como
es México, con un déficit institucional, entre dos partidos diferentes y
después de un proceso electoral muy ríspido al que se adiciona una impugnación
de quien quedó en segundo lugar, hace que esto esté siendo la transición de un
gobierno a otro más difícil que yo recuerde en el último siglo, desde la
vigencia de la Constitución de 1917 a la fecha, quizás con una excepción en
1928, cuando se dio el homicidio del presidente electo Álvaro Obregón",
añade.
Valadés
propone una salida para acortar el periodo de transición: mover la fecha de los
comicios federales y la integración de la Legislatura.
En la elección intermedia del 2015, los comicios se
celebrarían el primer domingo de agosto, y la Legislatura entraría el 1o. de
septiembre y duraría hasta el 30 de octubre del 2018.
En 2018 la elección podría hacerse el primer domingo de
octubre y así la instalación de la legislatura podría hacerse el 1o. de
noviembre y la toma de posesión del Presidente el 1o. de diciembre.
Valadés ve más complicado mover la fecha de toma de
posesión, pues el Presidente fue electo para gobernar hasta el 30 de noviembre
del 2018 y, si se hiciera una reforma, ésta entraría en vigor hasta el 2024. En
2018 se viviría, nuevamente, una transición de cinco meses.
Ingobernabilidad:
Jiménez Macías
El ex senador del PRI Carlos Jiménez Macías presentó el 18
de julio una iniciativa de reforma al artículo 83 constitucional, para mover la
toma de posesión al 1o. de septiembre.
"Cada seis años, durante estas prolongadas
transiciones en el país, se han generado eventos muy desafortunados que han
provocado grandes costos políticos y económicos a México; ni qué decir de los
sociales", advierte el senador en la exposición de motivos de dicha
iniciativa.
En entrevista, Jiménez Macías califica estos cinco meses
como un espacio muerto para el país, en el que el Presidente que se va ya no
quiere tomar decisiones y el que va a llegar no las puede tomar.
El priista considera que el largo periodo de
entrega-recepción afecta en lo económico porque se detienen las inversiones.
"Han disminuido en los últimos meses las inversiones,
porque muchos capitales y muchos empresarios consideran que hay que esperar a
ver qué sucede en cuanto a eje del nuevo gobierno, y peor cuando hay un
problema postelectoral", expone.
Jiménez Macías recuerda dos episodios que deterioraron la
economía mexicana y que se suscitaron por las decisiones que tomaron presidentes
salientes en el periodo de transición: la nacionalización de la banca y la
crisis económica de 1994 desatada a partir del llamado "error de
diciembre".
En su perspectiva, la morosidad del trámite fomenta también
la opacidad del gobierno saliente y propicia un vacío de autoridad.
"Tengo la impresión de que le dan demasiado tiempo al
que se va para que se prepare, sobre todo si no ganó su partido. Si hay cosas
irregulares lo más seguro es que estos meses les permitan parcharlas",
explica.
Señala que entre el 1o. de septiembre, fecha del último
Informe de Gobierno, y el 1o. de diciembre, día en que entrega la Presidencia,
la información gubernamental queda perdida.
Herencia
del pasado: Aguilar
Luis F. Aguilar, miembro del Comité Internacional de Expertos
de la ONU en Administración Pública, asegura que la sucesión presidencial
debería ser un mero trámite para el cual deberían estar listos tanto el
gobierno saliente como el candidato ganador.
"La entrega-recepción de cinco meses es una
exageración puesto que debería ser preparada oportunamente y ser algo de
semanas, donde la vieja administración enlista dónde están los principales
problemas, las principales dificultades o la agenda a realizar.
"No se requiere tanto tiempo para tantos equilibrios
políticos, ya el equilibrio político se resolvió con la democratización
electoral; es sólo un equilibrio burocrático, quién va a ocupar qué puestos,
con base en qué conocimientos, con base en qué competencia, experiencias,
etcétera", detalla.
Aguilar recuerda que esta lentitud se origina desde la
Constitución de 1917, en la que se establece el 1o. de diciembre como la fecha
de toma de posesión, y afirma que es una expresión típica del sistema
presidencial priista, de una época en la que este tiempo servía para cicatrizar
heridas entre los miembros de la élite gobernante.
"Eran demasiados meses para que el nuevo dirigente
ajustara cuentas con el pasado dirigente todopoderoso y creara una composición
política con los equilibrios fundamentales. Como las elecciones no eran
dirimentes de la legitimidad política, era el arreglo político posterior a las
elecciones lo que consumía el tiempo.
"La transición era un tiempo político de real
transmisión del poder, no uno administrativo de entrega y recepción de la
documentación de la hacienda y la administración pública. Se transmitía el
poder político, no se hacía entrega de una administración", reseña.
El especialista en filosofía política considera que una
transición tan larga en la actualidad crea una situación de vacío de poder y
genera incertidumbres política y económica.
Define el tiempo de la transmisión actual, en medio de
dudas, inconformidades e impugnaciones, como un largo tiempo de incertidumbre
política sobre los gobernantes legítimos, de incertidumbre económica, y de
inseguridad.
El enrarecimiento del ambiente político, el divisionismo y
la confrontación son otros efectos que vislumbra.
"El periodo de la impugnación legal suele ser un
periodo de política pura, de ampliación y radicalización de la controversia
política, que tiene la ventaja de que los atacados ya no corren el riesgo de
perder votos. Es pura política mediante instrumentos judiciales. Lo que importa
en el tiempo de la impugnación y espera del juicio, independientemente de las
pruebas ofrecidas, si son suficientes y son robustas, es alimentar el
enfrentamiento, socavar la legitimidad política del candidato ganador, limitar
su capacidad de gobierno y buscar obstaculizar su gobierno", refiere.
Aguilar recomienda no sólo reducir el periodo de
transición, sino regular todo el proceso de entrega-recepción.
"Debe ser una entrega-recepción de la administración
pública, con información abierta, actualizada, transparente; en vez de
clandestina, oculta, propiedad personal de los ministros y secretarios",
aconseja.
Hay
que aprovecharlo: Gutiérrez Candiani
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, no vislumbra graves riesgos económicos por lo largo de
esta transición, pero coincide en la necesidad de acortar el periodo.
"Un proceso de cinco meses siempre es muy largo, se
podría acortar. Deberíamos empezar por acortar las definiciones jurídicas
después de la elección, que hubiera un tiempo razonable para dirimir las
diferencias e impugnaciones. Como parte del fortalecimiento de la democracia y
de las instituciones, es importante dar certidumbre de manera mucho más
rápida", demanda.
El presidente del CCE deja ver que, en este año, los
empresarios no esperaron cruzados de brazos la definición del Tribunal, pues su
sector avanzó en las propuestas para el siguiente gobierno, que hasta el
momento han trabajado con el Legislativo.
"Nosotros hemos seguido avanzando. Nos hemos reunido
con los presidentes de los principales partidos, con los liderazgos y con los
líderes de las fracciones parlamentarias para ir definiendo agendas comunes que
nos permiten identificar prioridades y tiempos y empezar a construir con la
LXII Legislatura, con los partidos y las fuerzas, y ser un factor de
consenso", detalla.
Gutiérrez Candiani expone que el largo periodo de la
transición debe servir para una buena coordinación entre equipos y dar
continuidad a programas fundamentales.
"Estamos haciendo un inventario de programas que deben
darles continuidad y seguimiento y que deben ser transexenales, indispensables,
y que se puedan mejorar", señala.Sin embargo, el pasado 29 de agosto el
CCE expuso sus inquietudes por el ambiente que se está viviendo en el país:
"Vemos con profunda preocupación los recientes actos
de violencia, en particular los bloqueos que sufrió la ciudad de Guadalajara y
el asalto en Morelos a un vehículo con placas diplomáticas. Estos hechos
reflejan una falta grave de coordinación tanto entre las instancias federales
involucradas, como entre los tres órdenes de gobierno, lo que resulta
inaceptable", alertó el CCE en un desplegado publicado en diarios
nacionales.
"Todos consideramos que es anómalo, pero ha sido un
tema ausente en las discusiones de reforma del Estado, ha sido un grave
descuido en las discusiones políticas y académicas".
Diego Valadés, Doctor en Derecho.
"Los empresarios bajan la cortina y ahora más, porque
había un pleito en el Tribunal; hay un cierto nivel de desconfianza, ha
disminuido en los últimos meses el nivel de inversión extranjera en
México".
Carlos Jiménez Macías, Ex senador del PRI.
"La entrega-recepción de cinco meses es una
exageración. Debería ser algo de semanas, donde la vieja administración enlista
dónde están los principales problemas, las principales dificultades o la agenda
a realizar".
Luis F. Aguilar, Miembro del Comité Internacional de
Expertos de la ONU en Administración Pública.
"Deberíamos empezar por acortar las definiciones
jurídicas después de la elección, que hubiera un tiempo razonable para dirimir
las diferencias e impugnaciones".
Gerardo Gutiérrez Candiani, Presidente del Consejo
Coordinador Empresarial.
Un mes
de tensión
Agosto registró sucesos políticos y episodios de violencia
que tensaron el ambiente previo a la calificación de la elección.
Agosto 11. Luego de un mes de cabildeos con líderes del
PAN, Calderón es derrotado en el Consejo Nacional de su partido.
Agosto 11. Comandos armados atacan gasolineras y vehículos
en cinco municipios de Guanajuato.
Agosto 15.- Joaquín Vargas revela amenazas de Presidencia
previas a que la SCT retirara a MVS la concesión de la banda de 2.5.
Agosto 22. Luego de que Joaquín Vargas presentara pruebas
de que Los Pinos le pidió sacar del aire a Carmen Aristegui; la vocera
Alejandra Sota negó ser responsable.
Agosto 24.- Policías federales emboscan una camioneta en
Morelos, con presuntos agentes de la CIA y un marino mexicano a bordo.
Agosto 25. Narcobloqueos en Guadalajara tras el rumor de
que había sido detenido Nemesio Oceguera, presunto líder del cártel Jalisco
Nueva Generación.
Costo
de las transiciones
De Zedillo a Fox
• Vicente Fox fue declarado Presidente electo el 2 de agosto
del 2000. Ese mes, su equipo de transición solicitó 100 millones de pesos al
gobierno de Ernesto Zedillo para sufragar sus gastos.
• Como no estaba contemplada ninguna partida para ese fin
en el Presupuesto de Egresos, la Secretaría de Hacienda decidió destinar sólo
40 millones.
• Los principales colaboradores de Fox cobraron sueldos de
85 mil pesos mensuales.
De Fox
a Calderón
• El Congreso aprobó una partida de 150 millones de pesos
para la transición; el equipo de Felipe Calderón pudo disponer de ella hasta
que el Tribunal Electoral lo declaró Presidente electo, el 6 de septiembre del
2006.
• 20 millones de pesos los administró el Estado Mayor
Presidencial para resguardar a Calderón.
• Los 130 millones de pesos restantes sirvieron para:
a. Honorarios asimilados a salarios. Se contrataron 317
personas con sueldos que iban desde los 5 mil hasta los 106 mil pesos. El gasto
en nómina en los dos meses superó los 32 millones 400 mil pesos.
b. Consultoría y asesoría.
c. Adquisición y arrendamiento de bienes muebles diversos:
mobiliario para oficina, equipo de cómputo, de impresión, de fotocopiado,
software, consumibles.
d. Capacitación.
e. Seguridad privada para oficinas y escoltas, limpieza,
subcontratación de servicios, digitalización de documentos, procesamiento
electrónico de datos, agua, luz.
f. Arrendamiento y adaptaciones de oficinas.
g. Seguros.
h. Fondo de gastos menores: útiles y material de oficina,
mensajería, gasolina, viáticos, pasajes, gastos de alimentación, gastos de
telefonía local y larga distancia, telefonía celular, internet y servicios
generales.
• El equipo de transición de Calderón gastó en total 104
millones 436 mil pesos y regresó a la Tesorería de la Federación 27 millones
393 mil pesos.
• En marzo del 2008, la Auditoría Superior de la Federación
reportó anomalías en el ejercicio de los recursos.
Calderón-Peña Nieto
• La Cámara de Diputados aprobó una partida de 150 millones
de pesos.
• La Secretaría de Hacienda depositó en julio estos
recursos en un fideicomiso de Banjército, la misma institución que hace seis
años manejó el fondo de transición.
• El Presidente electo puede disponer de los recursos luego
de recibir la constancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
Transiciones en el mundo
Sólo dos países entre las 41 democracias de América y
Europa, superan a México en lo largo del periodo de transición entre un
gobierno y otro.
La cifra corresponde al número de días.
Gran Bretaña 9
Francia 9
Canadá 14
Irlanda 15
Malta 15
Dinamarca 18
Suecia 18
Croacia 19
Italia 24
Panamá 28
España 31
Noruega 32
Bolivia 35
Andorra 39
Portugal 46
Colombia 47
Argentina 48
Liechtenstein 49
Ecuador 50
Chile 53
Perú 53
Venezuela 58
Honduras 59
Brasil 61
Alemania 65
Austria 65
Finlandia 66
Nicaragua 66
Eslovenia 68
Suiza 71
Estados Unidos 77
El Salvador 77
República Dominicana 88
Costa Rica 90
Uruguay 91
Paraguay 117
Guatemala 124
Holanda 127
México 152
Haití 167
Luxemburgo 222
No hay comentarios.:
Publicar un comentario