Incertidumbre durante la transición

Incertidumbre/Octavio Ortega
Enfoque de Reforma,  (02-Sep-2012);
Los cinco meses que dura la transición mexicana afectan la economía, las inversiones, propician la ingobernabilidad y la inseguridad. El vacío de poder, en circunstancias como las que se viven actualmente, obliga a pensar opciones para acortar el periodo transcurrido entre la elección del Presidente y su toma de protesta.
El jurista Diego Valadés, experto en derecho constitucional; el ex senador Carlos Jiménez Macías, autor de la más reciente iniciativa presentada en el Congreso para acortar el periodo de transición; el especialista en filosofía política Luis F. Aguilar y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, coinciden en que este largo periodo genera incertidumbre.
México es uno de los tres países con la entrega-recepción más lenta entre 41 Estados de Europa occidental y América.
El interregno mexicano de 152 días, etapa entre las elecciones y el día de la toma de posesión, sólo es superado por Haití, con 167 días, y Luxemburgo, con 222. A países como Gran Bretaña y Francia su transición sólo les lleva nueve días.
Los 152 días de México sobrepasan por más del doble el promedio de la tabla, que es de 62.5 días.
Hasta hoy, han transcurrido dos meses desde las elecciones en las que el priista Enrique Peña Nieto obtuvo la mayoría de los votos. Ese periodo, en el que transcurrió la calificación del proceso luego del recurso de nulidad presentado por la coalición Movimiento Progresista, mantuvo paralizado al ganador de los comicios.
Peña Nieto ha anunciado una agenda de reformas, que van desde las denominadas estructurales (laboral, energética y fiscal) hasta las coyunturales (una comisión nacional anticorrupción, la ampliación de facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información y la regulación de los contratos publicitarios entre medios de comunicación y gobiernos).
Pero ha dedicado la mayor parte de su tiempo a defender su elección.
Luego de recibir la constancia de mayoría por parte del Tribunal Electoral, el Presidente electo deberá esperar otros tres meses para asumir el poder.
Mientras, podrá conformar su gabinete, realizar giras internacionales, preparar su plan de gobierno y trabajar en el proyecto de Presupuesto de Egresos que deberá presentar al Congreso 15 días después de su toma de protesta.
Para ello contará con una partida de 150 millones de pesos aprobada el año pasado por la Cámara de Diputados (la misma cantidad que ejerció Felipe Calderón entre el 7 de septiembre y el 30 de noviembre del 2006).
Avisos de ingobernabilidad: Valadés
En los dos primeros meses de esta transición han ocurrido hechos que, según el jurista Diego Valadés, muestran vacíos de poder y un deterioro institucional que se acelera conforme se extingue la administración calderonista.
En Nuevo León se han presentado granadazos, quemas de negocios y ataques a medios de comunicación. En San Luis Potosí, el 9 de agosto se registraron 21 ejecuciones y tres días después fue asesinado del alcalde electo de Matehuala, Édgar Morales.
El 10 de agosto hubo enfrentamientos y narcobloqueos en Michoacán; el 11 de agosto, quema de vehículos y gasolinerías en cuatro municipios de Guanajuato; el 22, un grupo armado secuestró a la directora del Cereso de Cieneguillas, Zacatecas, Fabiola Quiroz Zárate; el 24, policías federales emboscaron una camioneta en Morelos en la que viajaban presuntos agentes de la CIA de Estados Unidos y un marino mexicano, sin que hasta el momento haya una versión gubernamental de los hechos, y el 25 se registraron narcobloqueos en Guadalajara tras el rumor de que había sido detenido Nemesio Oceguera, presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación.
A ello se suma la pugna al interior del Ejército por el relevo en la Secretaría de la Defensa Nacional, que quedó de manifiesto con el proceso en contra de los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe y Ricardo Escorcia, acusados de colaborar con el cártel de los Beltrán Leyva.
Además, el gobierno saliente ha tomado al menos dos decisiones de fin de sexenio que causaron polémica: el retiro a MVS de las concesiones de la banda de 2.5 GHz, que provocó que Joaquín Vargas revelara cómo fue presionado por la vocera presidencial Alejandra Sota. Y el anuncio de la Sedena de gastar casi 10 mil millones de pesos para comprar un nuevo avión presidencial.

Adicionalmente, el partido en el poder se hundió en una crisis interna tras su derrota electoral, a la que Felipe Calderón dedicó prácticamente todo el mes de julio y los primeros 10 días de agosto. El Presidente sostuvo más de 25 reuniones con consejeros nacionales del PAN para reflexionar sobre la derrota electoral y cabildear un plan para mantener el control del partido, pero el 11 de agosto el Consejo Nacional votó en contra de su propuesta de refundar y convocar a una Asamblea Nacional extraordinaria antes del 1o. de diciembre.

En medio de este escenario, el semanario The Economist publicó el pasado 18 de agosto un artículo titulado The waiting game, en el que califica los cinco meses de espera como un prolongado limbo que conlleva riesgos, una lenta transición que retrasa la negociación de las reformas estructurales.

"Hoy estamos en una etapa de una indefinición absoluta en cuanto al ejercicio del poder político, y estamos experimentando una situación que no se puede calificar de anárquica, porque no lo es, pero sí de anomia, una situación de abdicación en la vigencia del ordenamiento jurídico", advierte Valadés, "no puedo hablar de que haya un Estado fallido, pero sí hay un déficit en cuanto a la vida jurídica y de las instituciones".

El ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ex titular de la PGR afirma que todos los días en los periódicos se informa sobre graves signos de ingobernabilidad, y pone dos ejemplos: el hecho de que un funcionario público declare que los crímenes cometidos por la delincuencia organizada no pueden ser objeto de una Averiguación Previa, o que se vendan combustibles robados a lo largo de carreteras federales sin que ninguna autoridad haga algo por impedirlo.

Valadés observa al gobierno de Calderón relajando la capacidad de conducción del proceso institucional del país.

"Y hay, por otro lado, un gobierno que no se acaba de constituir y no podrá asumir sus funciones sino hasta el 1o. de diciembre. Todavía después de la calificación de la elección nos espera un periodo muy amplio en el que el país estará expuesto a un creciente deterioro institucional, cuyos efectos se proyectarán en la condiciones de gobernabilidad del gobierno que se instale en diciembre. Ese día, el nuevo gobierno tendrá que enfrentar las condiciones acumuladas que ya conocíamos, más las que se produzcan en estos últimos meses", comenta.

El abogado constitucionalista considera que en 2006, a pesar de que había tensión generada por el conflicto postelectoral, la transición era entre dos presidentes del mismo partido y eso ayudó a que fluyera el cambio de gobierno. Sin embargo, considera que desde ahí se crearon condiciones de ingobernabilidad que crecieron durante el sexenio.

Y en el 2000, aunque fue un cambio de un régimen de 70 años, no había el contexto que hoy se tiene: violencia, deterioro de las instituciones y avisos de crisis económica.

"Una sucesión que se da en un país desorganizado como es México, con un déficit institucional, entre dos partidos diferentes y después de un proceso electoral muy ríspido al que se adiciona una impugnación de quien quedó en segundo lugar, hace que esto esté siendo la transición de un gobierno a otro más difícil que yo recuerde en el último siglo, desde la vigencia de la Constitución de 1917 a la fecha, quizás con una excepción en 1928, cuando se dio el homicidio del presidente electo Álvaro Obregón", añade.

Valadés propone una salida para acortar el periodo de transición: mover la fecha de los comicios federales y la integración de la Legislatura.

En la elección intermedia del 2015, los comicios se celebrarían el primer domingo de agosto, y la Legislatura entraría el 1o. de septiembre y duraría hasta el 30 de octubre del 2018.

En 2018 la elección podría hacerse el primer domingo de octubre y así la instalación de la legislatura podría hacerse el 1o. de noviembre y la toma de posesión del Presidente el 1o. de diciembre.

Valadés ve más complicado mover la fecha de toma de posesión, pues el Presidente fue electo para gobernar hasta el 30 de noviembre del 2018 y, si se hiciera una reforma, ésta entraría en vigor hasta el 2024. En 2018 se viviría, nuevamente, una transición de cinco meses.

Ingobernabilidad: Jiménez Macías

El ex senador del PRI Carlos Jiménez Macías presentó el 18 de julio una iniciativa de reforma al artículo 83 constitucional, para mover la toma de posesión al 1o. de septiembre.

"Cada seis años, durante estas prolongadas transiciones en el país, se han generado eventos muy desafortunados que han provocado grandes costos políticos y económicos a México; ni qué decir de los sociales", advierte el senador en la exposición de motivos de dicha iniciativa.

En entrevista, Jiménez Macías califica estos cinco meses como un espacio muerto para el país, en el que el Presidente que se va ya no quiere tomar decisiones y el que va a llegar no las puede tomar.

El priista considera que el largo periodo de entrega-recepción afecta en lo económico porque se detienen las inversiones.

"Han disminuido en los últimos meses las inversiones, porque muchos capitales y muchos empresarios consideran que hay que esperar a ver qué sucede en cuanto a eje del nuevo gobierno, y peor cuando hay un problema postelectoral", expone.

Jiménez Macías recuerda dos episodios que deterioraron la economía mexicana y que se suscitaron por las decisiones que tomaron presidentes salientes en el periodo de transición: la nacionalización de la banca y la crisis económica de 1994 desatada a partir del llamado "error de diciembre".

En su perspectiva, la morosidad del trámite fomenta también la opacidad del gobierno saliente y propicia un vacío de autoridad.

"Tengo la impresión de que le dan demasiado tiempo al que se va para que se prepare, sobre todo si no ganó su partido. Si hay cosas irregulares lo más seguro es que estos meses les permitan parcharlas", explica.

Señala que entre el 1o. de septiembre, fecha del último Informe de Gobierno, y el 1o. de diciembre, día en que entrega la Presidencia, la información gubernamental queda perdida.

Herencia del pasado: Aguilar

Luis F. Aguilar, miembro del Comité Internacional de Expertos de la ONU en Administración Pública, asegura que la sucesión presidencial debería ser un mero trámite para el cual deberían estar listos tanto el gobierno saliente como el candidato ganador.

"La entrega-recepción de cinco meses es una exageración puesto que debería ser preparada oportunamente y ser algo de semanas, donde la vieja administración enlista dónde están los principales problemas, las principales dificultades o la agenda a realizar.

"No se requiere tanto tiempo para tantos equilibrios políticos, ya el equilibrio político se resolvió con la democratización electoral; es sólo un equilibrio burocrático, quién va a ocupar qué puestos, con base en qué conocimientos, con base en qué competencia, experiencias, etcétera", detalla.

Aguilar recuerda que esta lentitud se origina desde la Constitución de 1917, en la que se establece el 1o. de diciembre como la fecha de toma de posesión, y afirma que es una expresión típica del sistema presidencial priista, de una época en la que este tiempo servía para cicatrizar heridas entre los miembros de la élite gobernante.

"Eran demasiados meses para que el nuevo dirigente ajustara cuentas con el pasado dirigente todopoderoso y creara una composición política con los equilibrios fundamentales. Como las elecciones no eran dirimentes de la legitimidad política, era el arreglo político posterior a las elecciones lo que consumía el tiempo.

"La transición era un tiempo político de real transmisión del poder, no uno administrativo de entrega y recepción de la documentación de la hacienda y la administración pública. Se transmitía el poder político, no se hacía entrega de una administración", reseña.

El especialista en filosofía política considera que una transición tan larga en la actualidad crea una situación de vacío de poder y genera incertidumbres política y económica.

Define el tiempo de la transmisión actual, en medio de dudas, inconformidades e impugnaciones, como un largo tiempo de incertidumbre política sobre los gobernantes legítimos, de incertidumbre económica, y de inseguridad.

El enrarecimiento del ambiente político, el divisionismo y la confrontación son otros efectos que vislumbra.

"El periodo de la impugnación legal suele ser un periodo de política pura, de ampliación y radicalización de la controversia política, que tiene la ventaja de que los atacados ya no corren el riesgo de perder votos. Es pura política mediante instrumentos judiciales. Lo que importa en el tiempo de la impugnación y espera del juicio, independientemente de las pruebas ofrecidas, si son suficientes y son robustas, es alimentar el enfrentamiento, socavar la legitimidad política del candidato ganador, limitar su capacidad de gobierno y buscar obstaculizar su gobierno", refiere.

Aguilar recomienda no sólo reducir el periodo de transición, sino regular todo el proceso de entrega-recepción.

"Debe ser una entrega-recepción de la administración pública, con información abierta, actualizada, transparente; en vez de clandestina, oculta, propiedad personal de los ministros y secretarios", aconseja.

Hay que aprovecharlo: Gutiérrez Candiani

Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, no vislumbra graves riesgos económicos por lo largo de esta transición, pero coincide en la necesidad de acortar el periodo.

"Un proceso de cinco meses siempre es muy largo, se podría acortar. Deberíamos empezar por acortar las definiciones jurídicas después de la elección, que hubiera un tiempo razonable para dirimir las diferencias e impugnaciones. Como parte del fortalecimiento de la democracia y de las instituciones, es importante dar certidumbre de manera mucho más rápida", demanda.

El presidente del CCE deja ver que, en este año, los empresarios no esperaron cruzados de brazos la definición del Tribunal, pues su sector avanzó en las propuestas para el siguiente gobierno, que hasta el momento han trabajado con el Legislativo.

"Nosotros hemos seguido avanzando. Nos hemos reunido con los presidentes de los principales partidos, con los liderazgos y con los líderes de las fracciones parlamentarias para ir definiendo agendas comunes que nos permiten identificar prioridades y tiempos y empezar a construir con la LXII Legislatura, con los partidos y las fuerzas, y ser un factor de consenso", detalla.

Gutiérrez Candiani expone que el largo periodo de la transición debe servir para una buena coordinación entre equipos y dar continuidad a programas fundamentales.

"Estamos haciendo un inventario de programas que deben darles continuidad y seguimiento y que deben ser transexenales, indispensables, y que se puedan mejorar", señala.Sin embargo, el pasado 29 de agosto el CCE expuso sus inquietudes por el ambiente que se está viviendo en el país:

"Vemos con profunda preocupación los recientes actos de violencia, en particular los bloqueos que sufrió la ciudad de Guadalajara y el asalto en Morelos a un vehículo con placas diplomáticas. Estos hechos reflejan una falta grave de coordinación tanto entre las instancias federales involucradas, como entre los tres órdenes de gobierno, lo que resulta inaceptable", alertó el CCE en un desplegado publicado en diarios nacionales.

"Todos consideramos que es anómalo, pero ha sido un tema ausente en las discusiones de reforma del Estado, ha sido un grave descuido en las discusiones políticas y académicas".

Diego Valadés, Doctor en Derecho.

"Los empresarios bajan la cortina y ahora más, porque había un pleito en el Tribunal; hay un cierto nivel de desconfianza, ha disminuido en los últimos meses el nivel de inversión extranjera en México".

Carlos Jiménez Macías, Ex senador del PRI.

"La entrega-recepción de cinco meses es una exageración. Debería ser algo de semanas, donde la vieja administración enlista dónde están los principales problemas, las principales dificultades o la agenda a realizar".

Luis F. Aguilar, Miembro del Comité Internacional de Expertos de la ONU en Administración Pública.

"Deberíamos empezar por acortar las definiciones jurídicas después de la elección, que hubiera un tiempo razonable para dirimir las diferencias e impugnaciones".

Gerardo Gutiérrez Candiani, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Un mes de tensión

Agosto registró sucesos políticos y episodios de violencia que tensaron el ambiente previo a la calificación de la elección.

Agosto 11. Luego de un mes de cabildeos con líderes del PAN, Calderón es derrotado en el Consejo Nacional de su partido.

Agosto 11. Comandos armados atacan gasolineras y vehículos en cinco municipios de Guanajuato.

Agosto 15.- Joaquín Vargas revela amenazas de Presidencia previas a que la SCT retirara a MVS la concesión de la banda de 2.5.

Agosto 22. Luego de que Joaquín Vargas presentara pruebas de que Los Pinos le pidió sacar del aire a Carmen Aristegui; la vocera Alejandra Sota negó ser responsable.

Agosto 24.- Policías federales emboscan una camioneta en Morelos, con presuntos agentes de la CIA y un marino mexicano a bordo.

Agosto 25. Narcobloqueos en Guadalajara tras el rumor de que había sido detenido Nemesio Oceguera, presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación.

Costo de las transiciones

De Zedillo a Fox

• Vicente Fox fue declarado Presidente electo el 2 de agosto del 2000. Ese mes, su equipo de transición solicitó 100 millones de pesos al gobierno de Ernesto Zedillo para sufragar sus gastos.

• Como no estaba contemplada ninguna partida para ese fin en el Presupuesto de Egresos, la Secretaría de Hacienda decidió destinar sólo 40 millones.

• Los principales colaboradores de Fox cobraron sueldos de 85 mil pesos mensuales.

De Fox a Calderón

• El Congreso aprobó una partida de 150 millones de pesos para la transición; el equipo de Felipe Calderón pudo disponer de ella hasta que el Tribunal Electoral lo declaró Presidente electo, el 6 de septiembre del 2006.

• 20 millones de pesos los administró el Estado Mayor Presidencial para resguardar a Calderón.

• Los 130 millones de pesos restantes sirvieron para:

a. Honorarios asimilados a salarios. Se contrataron 317 personas con sueldos que iban desde los 5 mil hasta los 106 mil pesos. El gasto en nómina en los dos meses superó los 32 millones 400 mil pesos.

b. Consultoría y asesoría.

c. Adquisición y arrendamiento de bienes muebles diversos: mobiliario para oficina, equipo de cómputo, de impresión, de fotocopiado, software, consumibles.

d. Capacitación.

e. Seguridad privada para oficinas y escoltas, limpieza, subcontratación de servicios, digitalización de documentos, procesamiento electrónico de datos, agua, luz.

f. Arrendamiento y adaptaciones de oficinas.

g. Seguros.

h. Fondo de gastos menores: útiles y material de oficina, mensajería, gasolina, viáticos, pasajes, gastos de alimentación, gastos de telefonía local y larga distancia, telefonía celular, internet y servicios generales.

• El equipo de transición de Calderón gastó en total 104 millones 436 mil pesos y regresó a la Tesorería de la Federación 27 millones 393 mil pesos.

• En marzo del 2008, la Auditoría Superior de la Federación reportó anomalías en el ejercicio de los recursos.

Calderón-Peña Nieto

• La Cámara de Diputados aprobó una partida de 150 millones de pesos.

• La Secretaría de Hacienda depositó en julio estos recursos en un fideicomiso de Banjército, la misma institución que hace seis años manejó el fondo de transición.

• El Presidente electo puede disponer de los recursos luego de recibir la constancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Transiciones en el mundo

Sólo dos países entre las 41 democracias de América y Europa, superan a México en lo largo del periodo de transición entre un gobierno y otro.

La cifra corresponde al número de días.

Gran Bretaña 9

Francia           9

Canadá           14

Irlanda            15

Malta   15

Dinamarca     18

Suecia  18

Croacia           19

Italia    24

Panamá          28

España           31

Noruega         32

Bolivia            35

Andorra         39

Portugal         46

Colombia       47

Argentina       48

Liechtenstein 49

Ecuador         50

Chile   53

Perú    53

Venezuela       58

Honduras       59

Brasil   61

Alemania        65

Austria            65

Finlandia        66

Nicaragua       66

Eslovenia       68

Suiza   71

Estados Unidos         77

El Salvador    77

República Dominicana         88

Costa Rica      90

Uruguay          91

Paraguay         117

Guatemala      124

Holanda         127

México           152

Haití    167

Luxemburgo  222