Da la Segob prioridad a la Oralidad

• Da la Segob prioridad a la Oralidad

Solicitan a Cámara 562 millones para avanzar en implementación
Nota de Antonio Baranda
Reforma, 17 diciembre 2012.-   La Secretaría de Gobernación puso en su lista de prioridades para el próximo año avanzar en instauración de los juicios orales en la República que, por ley, deberán estar en plena operación a más tardar en 2016.
De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, la dependencia promoverá la consolidación de las instancias estatales encargadas de aterrizar la reforma constitucional penal de 2008.

A través de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia (SETEC), también coadyuvará con los estados en la "confección" de su normatividad (reformas complementarias).
"Una línea estratégica es (...) procurar vínculos para la realización conjunta de acciones para continuar con la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el País. Se fortalecerá la cooperación internacional en esa materia", indica.
La Segob solicitó a la Cámara de Diputados 562 millones 144 mil 524 pesos para la implementación de la reforma. De esa cantidad, 458.9 millones corresponden a subsidios para estados y municipios.
De aprobarse su propuesta, el rubro de subsidios aumentaría 3.5 por ciento en comparación con el presupuesto de este año, que asciende a 443.4 millones. Su orientación se focaliza en la ejecución de proyectos locales para reformas, capacitación, difusión, equipamiento, infraestructura y reorganización institucional.
"Transmitir a la población los beneficios de las reformas al sistema de justicia penal como un medio donde se favorecen los derechos humanos y la impartición de justicia", se lee en la "Estrategia Programática" del Proyecto.
El Libro Blanco de la SETEC reconoce que apenas 11 estados tienen el nuevo sistema acusatorio-oral: 3 en etapa de operación total (Morelos, Estado de México y Chihuahua), y 8 en parcial (Chiapas, Oaxaca, Nuevo León, Zacatecas, Durango, Yucatán, Guanajuato y Baja California).
Antes del cambio de gobierno, la Segob trazó en este documento los retos que enfrentará la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto para instaurar el nuevo modelo de justicia penal en todo el País: Concluir los cambios normativos en los estados; aprobar un nuevo programa de capacitación; unificar la legislación procesal penal; fortalecer el modelo de gestión (formas de trabajo, procesos y estructuras); y cambiar la mística y mentalidad de los operadores, entre otros.
"Cada uno de los ejes de trabajo desarrollados por la secretaría técnica tendrá aún que continuar en sus procesos de adaptación y servicio a cada uno de los operadores (...), pues su trabajo no termina simplemente con el paso del tiempo. Se trata de un trabajo permanente.
"Además de continuar con toda intensidad el trabajo en las áreas de operación de al implementación, la reforma tendrá que abrirse paso decisivo en nuevos actores que estén relacionados con el cambio cultural de la sociedad", recomendó.
Cabe recordar que el Pacto por México incluye entre sus compromisos tomar las medidas necesarias a nivel federal y estatal para instaurar el sistema acusatorio- oral, así como implantar en todo el país un Código Penal y un Código de Procedimientos Penales Únicos.
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 Recursos suficientes para juicios orales, o no funcionarán: Elías Azar, presidente del TSJDF

México, 17 de diciembre (Notimex).- El presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, Edgar Elías Azar, advirtió en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que sin los recursos suficientes para el siguiente año, las 20 nuevas salas orales y mercantiles “sencillamente no van a poder operar”.
Como parte de las mesas de trabajo para el análisis del Presupuesto de Egresos de 2013, añadió que tan sólo para la implementación de la reforma penal en materia de juicios orales se requieren 112 millones de pesos, por lo que el tribunal necesita en total un mínimo “irreductible” de cuatro mil 793 millones de pesos.
Ante diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del órgano legislativo local, indicó que está pendiente en el TSJDF “una agenda cargada de gasto”, como el tema de los dos jueces de ejecución de sanciones penales, que entraron en funciones a partir de la reforma judicial, quienes atienden casi 20 mil expedientes.
Dicha situación “hace absolutamente infuncional el tema”, pues cada juzgado penal debería tener un juez de ejecución, y si existen 69 juzgados más los de la justicia de adolescentes, son necesarios un centenar de impartidores de justicia que den seguimiento a la reinserción social de cada uno de los sentenciados.
A su parecer, el máximo tribunal de la capital está “congelado en los avances que pudiera haber”, y además de que no puede operar reformas que se han dictado desde el orden constitucional, “está a punto de la inamovilidad presupuestal”, lo que es preocupante, pues es un órgano que dicta más de mil sentencias al día.
Detalló que se llevan a cabo mil 500 audiencias diarias, tiene nueve mil 300 trabajadores y su trabajo se compara 50 por ciento del Poder Judicial de la Federación, “con prácticamente el 15 por ciento de su presupuesto.
Elías Azar señaló que desde 2011, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) ha tenido un déficit cada año, que en ocasiones alcanzó los 330 millones de pesos.
“Este déficit no puede crecer más porque todo se va a tener que ir a ampliaciones líquidas”, cuando en la actualidad el TSJDF opera ya con 25 por ciento de presupuesto derivado de recursos de ese tipo, abundó.
Recalcó que con toda la autoridad política que le confiere ser presidente del tribunal, insistió a los diputados que “ya basta de concurrencias legislativas sin respaldos presupuestales” y apuntó que “está en su responsabilidad la decisión de ver si es más importante o de qué es lo más importante y cómo se puede repartir ese presupuesto”.