Columna TOLVANERA
Atentado/Roberto
Zamarripa
Reforma, 4
Feb. 13
Diversas
versiones han circulado de manera extraoficial sobre la tragedia en las
oficinas administrativas de Petróleos Mexicanos (Pemex). De todo: un atentado
criminal con explosivos, una fuga de gas, un corto circuito como detonante, un
incendio, una falla estructural en el edificio siniestrado, un acto provocado
para destruir evidencias de corrupción. En fin. La obligada comparecencia de
las autoridades responsables para dar una explicación exhaustiva y convincente
ha sido contaminada ya por la especulación y la duda.
Igual
ha sucedido con otras tragedias. El 22 de abril de 1992 Pemex tuvo su peor
tragedia cuando volaron colonias enteras del centro de la Ciudad de Guadalajara
tras la explosión de ductos que transportaban combustible. Aquel incidente
provocó centenas de muertos, pérdidas de viviendas, la devastación de una zona
tradicional de Guadalajara y con el tiempo la alternancia política en Jalisco, una
entidad profundamente priista.
Pero
los efectos de aquella tragedia se tradujeron en castigos para funcionarios
políticos de las administraciones estatales y municipales. Renunciaron al
gobernador de Jalisco, Guillermo Cosío, y fue encarcelado el alcalde de
Guadalajara, Enrique Dau, junto con otros funcionarios. Pero en el terreno de
Petróleos Mexicanos las pesquisas, los castigos y las penas fueron
benevolentes. Lo que apuntaba a un muy probable tráfico clandestino de
combustible, cuyo descontrol colapsó ductos y derramó cantidades
extraordinarias que se colaron a drenajes y entraron directamente a las casas
hasta que volaron con el primer chispazo, no llevó a un cambio drástico ni en
el nivel directivo de Pemex ni en sus prácticas.
Entonces,
en las especulaciones, también se habló de atentado, como se habla ahora
referente al derrumbe en el edificio B2 de la denominada torre de Pemex. Era
mejor perfilar una causa hacia un ente externo y diabólico que hacia los
irresponsables y corruptos administradores de la empresa.
Aunque
en estricto sentido, sí puede hablarse de un atentado. Y de responsabilidades
específicas. Pemex ha sido colocada como una caja de enriquecimiento ilícito de
funcionarios, contratistas, burócratas sindicales y ninguna de las proclamas
electoreras de renovar o refundar a la empresa petrolera ha cristalizado en un
cambio sino en un acendramiento de las peores prácticas. El atentado a Pemex ha
derivado, inequívocamente, en el descuido de sus instalaciones, en la total
falta de respeto a bienes y recursos, a su dilapidación premiada con la
impunidad.
En
el edificio B2 siniestrado laboraban expertos en cimientos en el momento del
siniestro. Especialistas de una empresa subcontratada realizaban labores de
mantenimiento de pilotaje según testimonios. Hasta el fin de semana pasado
algunos de ellos estaban registrados como desaparecidos. Se sabe que laboraban
en el sótano de una de las zonas a las que hasta el sábado no habían accedido
los rescatistas. Era la zona de mayor destrucción y al parecer donde podría
detectarse el origen del derrumbe y/o explosión.
Pudiera
ser que las explicaciones definitivas de la tragedia, entonces, estuvieran en
un accidente derivado de una labor de mantenimiento. Sería una explicación
difícil de acreditar en medio del mar de especulaciones que quisieran encontrar
a poderosos enemigos de Pemex o del gobierno federal actuando sin sentido y sin
razón.
El
atentado contra Pemex lleva rato y ha dejado incluso a sus edificios en
condiciones de emergencia. Hay quienes consideran que ésta es la gran
oportunidad para impulsar una reforma legislativa que posibilite una mayor
intervención de capitales privados en Pemex. Modernizarla, dicen.
Efectivamente,
ésta es una gran oportunidad pero para fincar una reforma ética en Pemex. Las
especulaciones sobre el origen de la tragedia crecen y toman forma porque no
hay quien tenga la conciencia tranquila en esa empresa en sus niveles
directivos y en la casta sindical. Es tal el descuido que cualquier cosa puede
pasar.
Antes
que impulsar una reforma productiva para Pemex se debiera proponer una reforma
ética; una estricta estrategia que modifique procesos, procedimientos, pactos y
entuertos. Los derrumbes seguirán. Y es que Pemex está debilitada por una
corrosión interna. Detenerla es paso necesario para cualquier otra reforma en
la empresa. Ni la mejor reforma, ni la imitación del modelo brasileño, ni la
fórmula mágica que se quiera podrá salir adelante con los niveles de corrupción
y descuido que prevalecen en Pemex.
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