Columna
JAQUE MATE
Sin amparo/Sergio
Sarmiento
Reforma,
20 Feb. 13
"La
ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie". Barón de
Montesquieu
No me hago ilusiones. Las modificaciones a la
Ley de Amparo han sido ya acordadas por los poderes políticos. El Senado
simplemente aceptará las enmiendas hechas por los diputados. Ésa es la
instrucción de los líderes. El capítulo está cerrado.
La nueva
legislación contiene algunos avances, como el que se pueda proceder contra
omisiones y no sólo contra actos de la autoridad, el que uno
pueda promover un amparo aunque no sea afectado directamente por una ley o acto
de gobierno, el que puedan concentrarse amparos similares ante un solo juez, el
que se obligue a los tribunales a adelantar ciertos proyectos de sentencia, el
que se eliminen los amparos múltiples y se vean todos en una misma sentencia,
el que la acumulación de cinco sentencias en un mismo sentido pueda llevar a
una declaración de inconstitucionalidad y el que se puedan procesar ciertos
amparos de manera urgente.
Estoy en
desacuerdo, en cambio, con la prohibición a los amparos contra reformas y
adiciones a la Constitución. Esto abre una caja de Pandora. Si se
aprueba una enmienda constitucional que viole las garantías individuales, y que
despoje, por ejemplo, de derechos a los judíos o a los chinos, no habrá defensa
posible.
Es también
inaceptable que se niegue a ciertos grupos el derecho a una suspensión
provisional en un juicio de amparo. Esta disposición viola para empezar el
principio de igualdad ante la ley. El
nuevo texto busca dejar sin defensa a los concesionarios "de los bienes
del dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución" en
conflictos con el gobierno. Afecta así a mineras, aerolíneas,
bancos,
empresas de telefonía, radiodifusoras, televisoras, empresas de transporte,
pescadores y hasta operadores de taxis (aclaración de interés: yo colaboro para
TV Azteca y Grupo Radio Centro, ambos concesionarios).
El
gobierno busca impedir que las empresas de telecomunicaciones defiendan sus
intereses con amparos. Me dicen que una reforma a fondo que elimine las
barreras de entrada y las inequidades del sector sería imposible sin esta
limitación. Yo en lo personal estoy a favor de un aumento en la competencia,
pero pienso que una ley que deje a ciertos gobernados en estado de indefensión
jurídica ante actos de la autoridad no solamente es peligrosa sino que viola
los fallos sobre México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Eliminar
la suspensión hace virtualmente imposible la defensa contra ciertos actos de
autoridad. Si el gobierno decide cancelar o no renovar una concesión, como Hugo
Chávez ha hecho repetidas veces en Venezuela, la falta de una suspensión haría
imposible restablecer la condición previa al acto cuestionado después de un
juicio de amparo que puede durar varios años.
La Barra
Mexicana Colegio de Abogados A.C. ha lanzado una voz de alerta contra una
reforma que "podría constituirse en un obstáculo para la aplicación de la
reforma constitucional que en materia de derechos humanos fue publicada desde
el mes de junio de 2011". La nueva ley "no solamente amplía
la enumeración de casos en los que se impide el otorgamiento de la suspensión respecto
de actos del Estado, sino que abre la puerta para que las autoridades emitan
actos que no cumplan con la obligación de estar fundados y motivados".
La nueva Ley de
Amparo otorga enormes poderes al gobierno. Espero que quienes hoy la aplauden,
porque piensan que el gobierno la usará en contra de sus rivales, no se quejen
si llega a utilizarse en su contra y descubren que se les ha dejado en estado
de indefensión.
Productividad
La
productividad laboral en México creció sólo 0.7 por ciento en 2012, según The
Conference Board de Estados Unidos. Un aumento de 3.9 por ciento en la
producción se vio compensado por un alza de 3.1 por ciento en el número de
trabajadores. En China, a pesar de una desaceleración, la productividad creció
7.4 por ciento en 2012.
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