El DF y un precedente del caso
Cassez/Bernardo Bátiz V.
La Jornada, 18 de febrero de 2013
Se dice que somos un pueblo sin
memoria, que tropezamos varias veces con la misma piedra, que los
acontecimientos de hoy hacen olvidar los de ayer, lo que es lamentable; sin
duda se debe a que los hechos se suceden unos a otros a gran velocidad y a que
los medios electrónicos de comunicación masiva destacan unos para opacar a
otros, según sus intereses.
Debemos recobrar los
precedentes, recuperar los hechos importantes del pasado y recordar que la
historia es maestra de la vida; sin duda tenemos que estar al día leyendo
periódicos con responsabilidad social y atentos a las redes sociales, pero
también nuestra obligación es seguir el hilo de los acontecimientos, porque
cada fenómeno social es parte de una cadena que viene de un pasado que lo
explica, por ello recuerdo un precedente del caso Cassez relacionado con la
naturaleza jurídica de la ciudad de México.
Cuando el inteligente y honrado
doctor Samuel del Villar fue procurador de Justicia del Distrito Federal,
inició una averiguación previa en contra del último jefe que tuvo el
Departamento del Distrito Federal, por una disposición indebida de cuantiosos
recursos del erario público, cuyo destino nunca fue aclarado debidamente. El
acusado tenía un cargo público y con ese motivo se inició ante el Congreso juicio
de desafuero en su contra, para que una vez resuelto iniciar acción penal ante
un juez; el acusado no quiso enfrentarse a una acusación pública ante los
legisladores y optó por renunciar a su cargo y escapar de la justicia.
El procedimiento fue largo, la
defensa estuvo a cargo de abogados hábiles y bien cotizados que emplearon todo
tipo de argumentos y argucias a favor de su cliente. El juez de primera
instancia, a pesar de todo, dictó sentencia de culpabilidad y poco después la
sala que revisó el asunto, confirmó la resolución anterior
Además de estas dos sentencias,
del fuero común, se sumaron cuatro o cinco resoluciones más de tribunales
federales, que resolvieron diversos amparos interpuestos en contra del auto de
formal prisión, de la sentencia definitiva y de otras resoluciones dentro del
proceso, todas ellas fueron en favor de la parte acusadora y en contra del
acusado; así las cosas, éste pudo ser extraditado de un país centroamericano
donde se había refugiado.
Cuando todo parecía indicar que
finalmente cumpliría su pena de prisión y devolvería el dinero, sus abogados se
sacaron de la manga un nuevo amparo que llegó a la Suprema Corte de Justicia de
la Nación; se trataba adujeron, de un asunto de interpretación de la
Constitución, materia que corresponde a ese alto tribunal.
El asunto fue turnado (que
pequeño es el mundo) a la misma ministra que tuvo a su cargo varios años
después el proyecto de sentencia que a la postre permitió la libertad de la
señora Cassez. Entonces, como hoy, la sentencia de la Suprema Corte exoneró al
acusado y echó por tierra años de litigio, pruebas irrebatibles y media docena
de sentencias desfavorables al acusado; de un plumazo concluyó el asunto.
El argumento para liberar al
acusado se basó en sostener que el delito que se le atribuía era federal y no local,
por que el funcionario había sido designado en su cargo por el Presidente de la
República, punto que por cierto ya había resuelto un tribunal colegiado en
sentido diametralmente distinto a la posterior resolución de la Suprema Corte.
El asunto era de gran interés
para la clase política, de haber condenado a un alto funcionario habría
precedente contra la impunidad y la corrupción, por lo que se buscó la salida;
para ello, la sentencia cambió la naturaleza del cargo público a partir de la
forma de su designación. La verdad es que se trataba de un funcionario local y
la acusación se refería a la disposición de fondos locales no federales, pero
eso no importó, igual que hoy, la misma señora ministra, la misma Suprema
Corte, por cuestiones de forma e interpretaciones jurídicas, exoneró al
acusado.
jusbbv@hotmail.com
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