Caso Regina Martínez. Sin avances, sin explicaciones, sin credibilidad..

 Caso Regina Sin avances, sin explicaciones, sin credibilidad.../ JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Revista Proceso No. 1897, 10 de marzo de 2013

 La investigación del asesinato de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, derivó en un enredo en que, por consigna, aparece un presunto responsable, mientras un supuesto cómplice sigue prófugo. A la coadyuvancia de este semanario en el caso, que fue aceptada por el gobernador de Veracruz hace un año, se le ponen todas las trabas: las diligencias ministeriales se frenan inexplicablemente y, por si fuera poco, de la nada aparece un nuevo personaje cuya presencia no se ha podido explicar.

 El gobierno de Javier Duarte de Ochoa y el Poder Judicial de Veracruz no encuentran la manera de justificar la versión de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) sobre la investigación del asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso en esa entidad.

 Hace cuatro meses que la juez Beatriz Rivera Hernández tiene la consigna de condenar a Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, el único detenido que supuestamente confesó su participación en el asesinato cometido hace casi un año, la madrugada del 28 de abril, en el domicilio de la periodista en Xalapa, capital del estado.

 Pero la titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, apenas ha seguido la instrucción del caso, mientras que la PGJ no ha encontrado al otro presunto responsable, José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, a quien supuestamente tenía localizado desde octubre pasado, cuando el gobierno de Duarte aseguró que el caso estaba prácticamente resuelto.

 El martes 5 la PGJ y la juez expresaron sorpresa cuando la revista acreditó ante el juzgado a la abogada Diana Coq Toscanini como coadyuvante y solicitó a la juez diversas actuaciones ante la versión oficial de que el móvil del asesinato fue un robo que implica una supuesta doble vida de la periodista.

 A pesar de tener 24 horas para responder, la juez no había emitido ningún acuerdo hasta el cierre de esta edición, ignorando la gestión de la revista y en la práctica desconociendo su coadyuvancia, reconocida por la procuraduría estatal y por la Procuraduría General de la República, que también ha estado marginada de las investigaciones de la PGJ.

 La directora de Investigaciones Ministeriales de la PGJ, Consuelo Lagunas Jiménez, se dio por enterada de la actuación judicial de la revista para reiterar lo que ha dicho durante todo el proceso judicial: Que si tiene pruebas, que las presente. Sólo así la procuraduría podría investigar más allá de su versión.

 En su escrito Proceso pidió a la juez que ampliara y ratificara las declaraciones de las personas referidas por la PGJ para “el esclarecimiento” del caso, incluidos los agentes investigadores y los peritos que intervinieron la escena del crimen, así como otras actuaciones judiciales.

 Pidió también copia del video y las fotografías tomados en la casa de la periodista y reiteró su solicitud de acceder al expediente completo del caso. La primera petición se hizo en noviembre pasado, pero la PGJ y la juez la ignoraron, contrario al compromiso público de Duarte de facilitar la participación de la revista en las investigaciones.

 Culpables al vapor

 El 30 de octubre de 2012 el procurador Amadeo Flores Espinosa anunció la detención del Silva y que su oficina estaba en busca del Jarocho, un delincuente y sexoservidor a quien presentó como supuesto novio de la periodista. Ese mismo día los consignó ante la justicia local y el viernes 2 de noviembre la juez Rivera dictó el auto de formal prisión contra El Silva.

 La juez desechó por completo la declaración preparatoria de Hernández Silva, quien negó su responsabilidad y acusó a la PGJ de tortura y retención ilegal durante varias semanas hasta hacerlo inculparse, amenazado con que matarían a su madre, su único lazo afectivo, si no lo hacía.

 Analfabeto y portador del virus de inmunodeficiencia humana, El Silva, de 34 años, firmó su declaración ante el Ministerio Público con su huella digital, pero su comparecencia ante la PJG en la que se inculpa es tan coherente, estructurada y detallada como la de una persona con preparación, según consta en la investigación ministerial 019/2012/PC.

 Desde que fue llevado a prisión, Hernández Silva quedó aislado. No convive con la población del penal de Pacho Viejo, en Xalapa. De acuerdo con testimonios recogidos en el centro de readaptación social, lo tienen bajo vigilancia día y noche. Su encarcelamiento es muy distinto al de la primera vez, cuando fue condenado por robo. En ese entonces trabajaba en la misma prisión para obtener dinero.

 Ahora teme que lo maten. Está en permanente tensión. Ante quienes puede hablar insiste en su inocencia: “Sí he robado pero nunca he matado a nadie”. Internos procesados por delincuencia organizada dudan también de su participación en el homicidio de la reportera.

 Sin recursos para su defensa, por lo que había tenido dos abogados de oficio, le apareció repentinamente un litigante particular (no se sabe quién lo contrató), Adair Gasca Hernández, quien se presentó después de que la juez Rivera ya había cerrado la instrucción de la causa penal 358/2012 el pasado 15 de enero.

 La juez consideró que ya no había más pruebas que aportar a favor del acusado, pese a que la PGJ no ha aprehendido al Jarocho, quien ya había sido detenido en junio del año pasado y luego fue puesto en libertad no obstante que para entonces la procuraduría ya había incluido su nombre en las investigaciones del asesinato de Regina Martínez. En aquella detención, lo fichó y en la fotografía aparece con la cara golpeada.

 Según Consuelo Lagunas, el prófugo es un halcón, como se conoce a quienes hacen trabajo de vigilancia para la delincuencia organizada. La funcionaria dijo que lo tenían ubicado.

 La juez tampoco consideró las declaraciones de un operador de Los Zetas en Veracruz, Jesús Hernández Rodríguez o Ruiz Rodríguez, El Chilango, quien en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/133/2011 aseguró que en el asesinato estaban involucrados narcomenudistas de Xalapa, según dio a conocer Proceso en su número 1879.

 En los 26 meses de gobierno de Duarte, nueve periodistas han sido asesinados en Veracruz. De esos casos el gobierno asegura haber “esclarecido” seis, pero evitó procesar a los culpables porque al parecer estaban vinculados con la delincuencia organizada, un delito del fuero federal.

 Desaseo judicial

 Al igual que la PGJ, la juez Rivera desestimó la petición del semanario para que se investigara la posible relación del homicidio con la cobertura periodística de su corresponsal. En las actuaciones judiciales no hay ningún peritaje al respecto ni durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán ni en el de Duarte.

 A casi dos meses de haber cerrado la instrucción, la juez no ha emitido sentencia contra El Silva y en cambio ha seguido realizando diligencias judiciales, como la del 19 de febrero pasado, cuando se evidenció el desaseo judicial y la complicidad de la PGJ y de la juez en el caso.

 Ese día debían comparecer los policías de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), Ángel Pérez Martínez y Jorge Luis Téllez Ruiz, quienes detuvieron al Silva.

 Los agentes de la AVI, dependiente de la PGJ, sí llegaron, pero no fue posible el careo entre ellos, el acusado y el abogado defensor en la mesa 9 de la rejilla de prácticas del Juzgado Tercero de Primera Instancia, donde está radicado el expediente judicial.

 La audiencia se suspendió porque no se esperaba la presencia de la prensa.

 –¿Por qué no hubo diligencia? –preguntaron los reporteros al comandante Braulio, encargado de presentar a los oficiales de la AVI en el juzgado.

 –No sé. No se presentó el abogado defensor del Silva, quien solicitó la diligencia. Se tendrá que acordar y volver a agendar. Ya me voy –respondió.

 Sin embargo la juez dio otra versión: “Que no vengan a decir mentiras. Aquí está el acta. Se abrió a las 10:05 AM. No se presentaron los policías y se tuvo que cerrar. Se llevará a cabo la próxima semana, probablemente el martes”.

 La juez mostró un acta con las rúbricas de la agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado, Blanca Estela Gómez Ruiz, y del abogado defensor, Adair Gasca Hernández.

 Aunque la diligencia estaba programada para las 10 de la mañana no fue sino hasta las dos de la tarde cuando el comandante Braulio se retiró del juzgado junto con los dos agentes de la AVI. Sorprendidos por la presencia de la prensa, los policías esperaron cuatro horas para ser llamados a la rejilla de prácticas, mientras el encargado de la mesa 9 del juzgado, Noé Rojas, no ocultaba su nerviosismo mirando a los periodistas. Se encerró en dos ocasiones con la juez. No dijo ni una sola palabra.

 –¿Quién mintió? –preguntaron los reporteros a la juez Rivera.

 –Nosotros no. Aquí está la firma del abogado, Adair Gasca.

 Insistió: “Sí vino, lo tienen que haber visto afuera, un chaparrito, con los pelos parados, ni prieto ni blanco”.

 –¿Por qué el comisionado de la AVI dijo que no se presentó el abogado?

 –A mí pregúntenme de lo mío. Aquí ha venido a declarar la esposa del Silva, el que vende papitas y conocía al Silva y al Jarocho, La Mafer, el que vio la compra-venta de los artículos de Regina y el que bebía licor por la casa de la difunta el día del asesinato.

 La juez replicó la versión difundida por la PGJ el 12 de noviembre, dos semanas después de consignar al Silva, según la cual encontró en posesión de Sergio Hernández Martínez, un travesti conocido como La Mafer, el reloj de la periodista. Según la procuraduría, El Jarocho y El Silva fueron quienes le vendieron el reloj.

 En su comunicado 4921 la PGJ reiteró que el único móvil del crimen fue el robo y que lo dicho por La Mafer “fortalece la imputación en contra del procesado, pues los familiares de la periodista Regina Martínez reconocieron el objeto robado por los homicidas y que éstos tenían en posesión”.

 El pasado martes 5, un día después de que la abogada Coq Toscanini declarara “el nulo avance, inconsistencias e irregularidades” en el proceso judicial, la directora de Investigaciones Ministeriales de la PGJ, Consuelo Lagunas, acudió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado para reunirse con su presidente, Alberto Sosa Hernández.

 Ambos negaron que el caso estuviera cerrado y, contrario a lo acordado por la juez cuando el 15 de enero cerró la instrucción contra Hernández Silva, el presidente del TSJ declaró: “No se ha dado por concluida la instrucción… Si existe un recurso, nosotros tendremos que esperar para que se envíen de nueva cuenta al juzgador. No hay responsabilidad (de irregularidades o inconsistencias), son los tiempos que se llevan para la resolución”, declaró.

 Sosa salió en defensa de la juez Rivera, quien es cercana a Alejandro Dávila Vera, su secretario particular. El presidente del TSJ responsabilizó a la PGJ: Hay diligencias e interrogatorios que no se han llevado a cabo. Sin embargo “no es relativo al Poder Judicial, sino al Ministerio Público. El juzgador, al ir, cumple con su cargo, con la fecha acordada. Si no se llevan a cabo (las diligencias), el juzgador tendrá que hacer uso de los medios de apremio; es el Ministerio Público el que debe impulsar ese procedimiento”.

Lagunas se deslindó y señaló a la Dirección General de Control de Procesos, “y eso no es de mi competencia”, cortó. (Con información de Noé Zavaleta, en Xalapa.)