El periodismo, acosado/JUAN ALBERTO CEDILLO

• El periodismo, acosado/JUAN ALBERTO CEDILLO

Revista Proceso No. 1897, 10 de marzo de 2013

Sus voces han sido acalladas por sicarios que arremeten contra periodistas y medios que informan acerca de las atrocidades en que incurre el narco. Con todo, informadores de Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León y la Comarca Lagunera luchan por que se conozca el clima de terror en el que sobreviven. Directivos, editores, fotorreporteros, reporteros y organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos denuncian: las autoridades poco o nada hacen para detener a las bandas criminales y dar garantías de seguridad a los periodistas.

 SALTILLO, COAH.– Las agresiones de los últimos meses a periodistas y los recurrentes ataques a medios de comunicación como El Siglo de Torreón y El Norte de Monterrey “permanecen en la más absoluta impunidad”, aseguran directivos de medios, defensores de los derechos humanos y representantes de organizaciones internacionales.

 Según ellos, los discursos oficiales y las leyes de protección a los periodistas resultan demagógicos, ineficaces para capturar a los agresores, como sucede en el caso del reportero Jaime Guadalupe Domínguez, asesinado en Chihuahua el domingo 3. Ante la falta de justicia, los delincuentes siguen hostigando al gremio periodístico, dicen.

 En Monterrey, los directivos de El Norte y sus reporteros llevan meses en espera de justicia, luego de que las instalaciones del periódico fueron el blanco de artefactos explosivos. En Nuevo Laredo, El Mañana optó por cambiar su línea editorial y omitir las noticias relacionadas con los cárteles de la droga para evitar confrontarse con los sicarios que operan en esa ciudad fronteriza.

 Hoy, los medios tamaulipecos no informan nada relacionado con el narcotráfico. Tomaron esa decisión ante la falta de respuesta de las autoridades estatales y federales, sobre todo a partir de que las bandas criminales pusieron precio –a finales del mes pasado– a la cabeza de los administradores de la página de Facebook Valor por Tamaulipas, dedicada a alertar a la ciudadanía sobre las situaciones de riesgo.

 La semana antepasada, las instalaciones del Siglo de Torreón sufrieron varios ataques en los que dos policías federales resultaron heridos y un civil murió. El Ejército y las policías estatal y federal instalaron tres filtros de seguridad para proteger el diario.

 Días antes, el 7 de febrero, cinco trabajadores de ese periódico fueron secuestrados durante 10 horas. Sus captores los golpearon y amenazaron de muerte durante ese lapso.

 En esa ocasión, El Siglo de Torreón publicó un editorial en el que subrayó: “Lo ocurrido la noche del jueves resulta alarmante porque abre un nuevo frente en la vulnerabilidad de los medios de comunicación, pues los trabajadores secuestrados no pertenecen al área de redacción”.

 En agosto de 2009, el periódico sufrió el primer ataque, cuando unos desconocidos lanzaron explosivos contra sus instalaciones y dispararon contra la fachada. Dos años después, en noviembre de 2011, El Siglo fue atacado de nueva cuenta.

 Una persona cercana al periódico, que pide al reportero omitir su nombre, cuenta: “En esa época ninguna autoridad se nos acercó para investigar los atentados. Hasta ahora las investigaciones sobre esos atentados permanecen congeladas”.

 Dice que, en esta ocasión, las autoridades estatales y federales sí contactaron a los directivos del periódico para saber los motivos que, sostiene, son “intentos intimidatorios” por coberturas periodísticas recientes. No obstante, agrega, ningún funcionario del “Mecanismo para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Protección a Periodistas” les ha ofrecido respaldo.

 Hasta ahora, el crimen organizado actúa con total impunidad, pues las leyes que protegen al gremio resultan inútiles para frenar la violencia contra los medios.

 En la región lagunera los secuestros de reporteros se iniciaron el 26 de julio de 2010, durante la cobertura noticiosa de un motín de reos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 2, con sede en Gómez Palacio.

 Ese día un grupo armado secuestró a Javier Canales, de Multimedios Laguna; Alejandro Hernández, camarógrafo de Televisa Torreón; Héctor Gordoa Márquez, enviado de Televisa México, y Héctor “N”, de El Vespertino. Los tres primeros fueron liberados días después; Héctor nunca apareció.

 Previamente, el 25 de mayo de 2009, Eliseo Barrón Hernández, reportero policiaco de La Opinión Milenio, fue ejecutado por presuntos sicarios de Los Zetas comandados por Lucio Fernández, El Lucifer, quien ordenó su muerte para “dar un escarmiento” a los comunicadores de La Laguna.

  Voces acalladas

 Alejandro Junco de la Vega, directivo de El Norte, cuenta que el periódico regiomontano ha sufrido varios atentados.

 El más reciente ocurrió el 29 de junio de 2012, cuando hombres armados incendiaron una de sus subsidiarias en el municipio de San Pedro. En menos de un mes, fueron arrojadas granadas contra dos instalaciones de sus ediciones suburbanas. Las autoridades no han informado sobre las investigaciones ni se han acercado para conocer las recientes amenazas que han recibido, dice.

 Asimismo, declaró a la cadena televisiva CNN: “Tras los seis ataques, hasta ahora no conocemos de ninguna indagatoria. Nos da la impresión de que las autoridades no toman en serio las amenazas ni los atentados”. Según él, los ataques tienen que ver con “la atención que le ponemos a las acciones del crimen organizado”.

 El Mañana de Nuevo Laredo, cuya redacción fue atacada con gas y explosivos, también se queja de la falta de apoyo oficial.

 Ante la impunidad, los crímenes continúan en Tamaulipas y otras entidades, como Chihuahua, donde el domingo 3 por la mañana fue asesinado el periodista Jaime Guadalupe Domínguez, director del portal Ojinaga Noticias. Tres días después, hombres armados atacaron el Canal 44 y el Diario de Ciudad Juárez.

 A esos atentados se suman las amenazas contra medios alternos, como la recompensa de 600 mil pesos que ofreció el mes pasado un grupo por la cabeza del administrador de la página web Valor por Tamaulipas.

 El mes pasado Christina Hernández, de la oficina de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, visitó la región norte para platicar con reporteros y conocer su opinión sobre las leyes y medidas de protección a periodistas recién decretadas por el gobierno mexicano.

 Según las autoridades, existe un fondo de 42 millones de pesos que se maneja a través de un organismo denominado “Mecanismo para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Protección a Periodistas”, cuyos integrantes ofrecen chalecos antibalas, escoltas y, en ciertos casos, vehículos blindados para sacar a los periodistas de las zonas de riesgo.

Hernández se reunió con funcionarios del mecanismo y con activistas de Artículo 19, organización especializada en la defensa de la libertad de expresión, acceso a la información y la protección de comunicadores, fundada en Inglaterra.

Tras ese encuentro, Ricardo González, directivo de Artículo 19, contó a Proceso que “el Departamento de Estado les entregará 200 mil dólares los próximos tres años para capacitar a periodistas ciudadanos que utilizan las redes sociales”.

 “La defensa de activistas que atienden temas sobre derechos humanos y la protección a periodistas es un tema que les preocupa y se han comprometido a apoyarnos con fondos”, precisó.

 González y su organización intentarán ayudar a los integrantes de la página web Valor por Tamaulipas con el propósito, dice, de proteger y garantizar la privacidad de sus datos; también pretende capacitar a los usuarios de redes sociales y periodistas para que desarrollen las herramientas que les permitan proteger su identidad.

 “Además –insiste–, se tiene que trabajar en ese mismo sentido en la telefonía móvil, ya que también se ha convertido en un instrumento para el trabajo periodístico y sistema de alerta.”

 Y sobre los acosos al Siglo de Torreón, el representante de Artículo 19 sostiene que los criminales ya no sólo atacan a los reporteros, sino a cualquier trabajador del periódico y a las empresas distribuidoras. Es el caso, dice, de una empresa de Monterrey, incendiada por distribuir Proceso.

 Los delincuentes han llegado a comprar todos los ejemplares de la revista cuando se tocan temas de Tamaulipas, comenta.

 Varios periodistas del noreste se reunieron con la representante del Departamento de Estado para presentarle casos de colegas tamaulipecos amenazados por el crimen organizado. Le contaron que ellos no pueden denunciar o exigir protección pues las corporaciones policiacas están infiltradas por los sicarios del Cártel del Golfo y Los Zetas.

 Según ellos, prefieren irse a Estados Unidos en lugar de apelar al mecanismo que se aprobó a partir de la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas; desconfían de la eficacia de ese organismo del Estado.

 Petición empantanada

 Proceso presentó al organismo el caso de Valor por Tamaulipas para conocer la forma en que funciona y tiempos de respuesta en caso de amenazas contra algún reportero u organización periodística que, según la ley, deben ser de tres horas.

 La petición se hizo el lunes 4 a las nueve de la mañana en la oficina de Juan Carlos Gutiérrez, titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y coordinador ejecutivo nacional del Mecanismo para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Protección a Periodistas. Hasta el viernes 8 por la noche aún no había respuesta.

 Proceso llamó en varias ocasiones a la dirección de Implementación de Medidas de Protección, encabezada por Juan Pablo Alemán. Al principio su asistente respondió que él no estaba en la oficina; luego contestó que estaba en una junta, para decir finalmente que Alemán no atendía casos de ese tipo.

 La denuncia se presentó también ante la Dirección Adjunta de Protección a Periodistas, dirigida por Perseo Quiroz Rendón. La dependencia respondió que el titular “está en su espacio de retiro y no se le puede interrumpir”.

 Ante la insistencia de que se trataba de una amenaza contra un medio de comunicación, la secretaria particular de Juan Carlos Gutiérrez intentó, sin éxito, transferir la llamada a otra extensión. Tras otro intento respondió Silvia Vázquez, quien aseguró que no sabía nada de protección a periodistas, pues sólo tenía dos días en la Secretaría de Gobernación.

 Silvia se limitó a llenar un formulario para entregarlo a la Junta del Mecanismo; si no se responde, no puede procesarse, arguyó. Incluso exigió el domicilio del administrador de Valor por Tamaulipas, pero cuando se le explicó que era anónimo para evitar que lo localizara la delincuencia organizada, respondió: “Si no pone su domicilio, no se puede atender el caso”.

 Insistió en que ese dato era importante para que Gobernación se coordinara con el gobierno estatal a fin de dar una protección adecuada al activista. Cuando se le explicó que las amenazas a reporteros también provienen de la procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Silvia respondió que intentaría pasar el reporte sin ese dato. Quedó de entregar una respuesta en las tres horas que marca la ley.

 Quince minutos antes de que se venciera el plazo, se comunicó el director de Implementación de Medidas de Protección, Juan Pablo Alemán, para decir: “Desafortunadamente no contamos con su dirección ni sabemos dónde está. Son requisitos que tenemos que cumplir, según el artículo 1 de la ley”.

 Y agregó: “Nos atoramos un poco en datos sobre su identificación” y así no podemos proceder. Mencionó que difícilmente podrían atender ese tipo de casos, pero que haría el intento de presentarlo a la Junta.