- Desaparecidos:
las listas caóticas/MARCELA TURATI
Revista
Proceso
No. 1897, 10 de marzo de 2013
El
presidente Enrique Peña Nieto y sus colaboradores se embrollan cada vez más en
lo que atañe a las personas desaparecidas durante el sexenio de Felipe
Calderón. Al principio negaron conocer cuántas eran; luego, de manera inopinada
la Secretaría de Gobernación difundió una lista en la que enumeraba a más de 27
mil. Pero cuando activistas sociales y familiares de los agraviados consultaron
el registro de los desaparecidos, descubrieron que algunos de ellos tampoco
estaban en las listas.
Margarita
López no se atrevía a enfrentarse al registro nacional de personas extraviadas
o desaparecidas del sexenio anterior que puso en internet la Secretaría de
Gobernación. Tuvo miedo a partir de que habló con otras madres y padres de
familia que buscaron a sus hijos entre los 26 mil 121 nombres pero no los
hallaron. Pronto se dio cuenta de que su hija, Yahaira Guadalupe Bahena López,
desaparecida físicamente el 13 de abril de 2011, fue desaparecida también de la
lista oficial.
“Es
indignante, es un golpe bajo saber que aún con todo lo que he alzado la voz y
lo que he hecho y las tantas veces que he puesto la denuncia, mi niña no está
en esa lista de desaparecidos”, dice esta mujer que al final del sexenio
calderonista hizo huelga de hambre afuera de la Secretaría de Gobernación,
junto con Julia Alonso, para exigir la búsqueda de sus hijos.
Enumera
los lugares donde presentó la denuncia por la desaparición de su hija, quien
fue sacada de su casa por hombres armados: ante el Ministerio Público de
Tlacolula, Oaxaca; en la zona militar de Oaxaca; ante el procurador del estado;
en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; en la SIEDO –que a partir de
septiembre de 2012 se convirtió en Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)–, y luego la amplió, cuando el
caso pasó al área de Secuestros; en Províctima; en la Secretaría de
Gobernación, cuando hizo la huelga de hambre en tiempos de Alejandro Poiré.
A
la par, gritó su dolor en decenas de las plazas públicas de México y Estados
Unidos que recorrió con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad,
incluso le dio un expediente con su caso al entonces presidente Felipe
Calderón, su esposa Margarita Zavala y al general Guillermo Galván.
Hace
un par de semanas escribió una nueva ficha para el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong.
“La
cifra que manejan es irrisoria en comparación con todos los que son. No están
muchos conocidos y seguro tampoco están los que por miedo no han salido a
denunciar o no tienen dinero para tanto papeleo porque constantemente nos piden
que llenemos fichas. Es difícil para nosotros volver a empezar desde el
principio”, dice Margarita a Proceso.
Si
uno escribe el nombre de Yahaira Guadalupe Bahena López en el sistema del
Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas
(www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Sistema_RNPED)
aparece una leyenda: “No se encontró ningún dato”.
En
cambio, enlistadas, aparecen 726 personas si se usa Guadalupe como criterio de
búsqueda. También aparecen nueve Yahairas, quienes fueron desaparecidas en
Jalisco, Distrito Federal, Tamaulipas, Guanajuato, Monterrey y Quintana Roo.
El
registro no arroja nombres y edades, se limita a mencionar el sexo de la
persona, los municipios y entidades donde desapareció, la fecha del suceso y
si alguna procuraduría lleva el caso. La mayoría de los casilleros están
vacíos.
De
las nueve Yahairas, por ejemplo, sólo en la de Guanajuato se mencionan señas
particulares escuetas: “lunar cerca de la boca”. En el resto, el vacío.
De
ese estilo es el contenido de la base de datos que presentó el 26 de febrero la
subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón, tras una semana en
la que familias, medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y
políticos exigieron que hiciera públicos los registros oficiales de
desaparecidos, luego de que ella dijo en radio que sabía de la existencia de un
registro con “27 mil 523 personas” desaparecidas durante la administración
anterior.
La
lista que los primeros meses de gobierno de Peña Nieto dijeron desconocer
Osorio Chong y el titular de Procuraduría General de la República (PGR), Jesús
Murillo Karam, fue elaborada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e
Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), adscrito a la PGR, con
base en reportes de las procuradurías locales. Incluye, sin distingos, a
personas extraviadas (no relacionadas con hechos criminales) y desaparecidas
(ya sea por agentes del Estado o por delincuencia organizada).
En
la conferencia donde se hizo pública, el subsecretario de Normatividad de
Medios, Eduardo Sánchez, aventuró que seguramente “muchas” de las personas
enlistadas ya regresaron a sus casas, por lo que en unas semanas la lista
estará depurada.
Por
esos mismos días, Gobernación firmó un acuerdo con el Comité Internacional de
la Cruz Roja –con experiencia en conflictos bélicos y desastres naturales– para
armar protocolos de búsqueda. Anunció que se crearía un grupo especial de
búsqueda (conformado por 200 ministerios públicos, peritos y policías
federales); también informó a las familias que está por crearse una dirección
(que no será fiscalía) dedicada a desapariciones, a cargo de la Subprocuraduría
de Derechos Humanos de la PGR.
Así,
las autoridades respondieron al duro informe de Human Rights Watch que
señalaba: “El presidente Peña Nieto ha heredado una de las peores crisis en
materia de desapariciones que se hayan producido en América Latina a lo largo
de la historia (…) debe tomar los pasos necesarios para asegurar que los
responsables de estos horribles crímenes sean llevados ante la justicia”.
El
informe documentó 149 casos en los que “encontró pruebas contundentes de
desapariciones forzadas, en las cuales tuvieron participación agentes
estatales”.
Con
la publicación de la base de datos, Gobernación respondió también al
exsecretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la PGR,
Óscar Vega Marín, quien intentó desautorizar la lista de los 27 mil, señalando
que el único registro “validado” –que elaboró su área– contiene 5 mil 319
desaparecidos, el cual se desconocía.
En
entrevista con Proceso, Vega explica que se basó en información proporcionada
por las procuradurías estatales y admitió que, quizás por “irresponsabilidad”
de los gobiernos estatales, podría haber un subregistro. Políticos
calderonistas salieron en su apoyo.
Primeros
problemas
La
búsqueda avanzada del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o
Desaparecidas (Renped) permite conocer que de los 26 mil, 15 mil 372 son
hombres y 10 mil 199 mujeres. Sólo en 20 mil 915 casos existe una denuncia, de
los 5 mil 206 restantes no hay información.
Las
entidades que acumulan el mayor número de casos de personas extraviadas o
desaparecidas son, en primer lugar, el Distrito Federal (6 mil 486); le siguen:
Edomex (2 mil 986), Tamaulipas (2 mil 702), Jalisco (2 mil 230), Guanajuato
(mil 345), Sinaloa (mil 301), Coahuila (mil 185), Nuevo León (857), Veracruz
(799), Michoacán (642), Durango (594), Hidalgo (453) y Chihuahua (447).
Chihuahua,
a pesar de sus niveles de violencia y del repunte de las desapariciones de
mujeres en Ciudad Juárez, presenta cifras menores que las de Hidalgo o
similares a las de Chiapas. Otro dato: las cifras de desaparición en Coahuila,
reconocidas por el gobierno estatal, son de mil 835 personas, 650 más que las
del Renped.
El
politólogo Alejandro Hope, experto en seguridad, comenta: “La lista está muy
rara. Me mete mucho ruido la distribución geográfica de los casos. Si sumas
Distrito Federal, Estado de México, Jalisco y Guanajuato, tienen 54% del total
de los casos. No es exactamente el mapa de la guerra contra el narcotráfico. Y
si ves, Quintana Roo tiene dos veces más que Chihuahua. Quién sabe qué es lo
que está registrado ahí”.
Ahora
que se dio la cifra, el gobierno de Peña Nieto, dice, se metió “en un embrollo
monumental”: “Tienen que buscar a esas 27 mil personas, ¿y qué va a pasar
cuando digan que no eran 27 mil, sino 8 mil? (…) Dado que dieron a conocer el
registro, hay un compromiso público de buscar o depurar (las listas).
Cualquiera de los dos casos es complicado”.
Por
su parte, la politóloga Sandra Ley manifiesta su preocupación porque, así como
no se han explicado los criterios bajo los que se registró a la gente, tampoco
se sabe cómo se hará la depuración.
Tras
revisar esa base de datos y la que contiene 20 mil registros, dada a conocer en
enero pasado por Propuesta Cívica y filtrada también desde la PGR, encontró que
hay un “sesgo geográfico” en lugares donde impera el crimen organizado, donde
posiblemente la gente no denunció por miedo. Indica que la información, como
fue capturada, tampoco permite identificar los casos relacionados con
desapariciones forzadas (cometidas por elementos de seguridad) o involuntarias
(del narcotráfico), ni el modus operandi de los agresores y sus territorios.
Tampoco permite identificar lo que falló en la estrategia calderonista.
Menciona
que los casos ocurridos en el Distrito Federal, que son los que mayor
información contienen, la mayoría “parecen ser casos de extravíos o conflictos
entre familiares”. O Jalisco, por ejemplo, no reporta un solo caso en 2011.
“La
falta de información marcó la administración de Calderón y necesitamos
información para poder evaluar su estrategia (…) El gobierno actual ha estado
tratando de dar información sin clarificar sus criterios y ese ha sido un
problema”, dice Ley, candidata a doctora por la Universidad de Duke.
Véase
desde donde se le vea, el Renped encarna el dicho popular de: “No están todos
los que son ni son todos los que están”.
Al
igual que en el caso de Margarita López, los agentes de Ministerio Público de
la PGR tampoco encontraron los casos que llevan relacionados con las
desapariciones
Cuando
surgió esa inquietud, desde Gobernación se informó a las familias que por
alguna razón en la lista del Cenapi no se incluyeron los casos “de alto
impacto”, como se conoce a las denuncias presentadas al entonces presidente
Calderón por organizaciones como el Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad y que, por sugerencia de las propias autoridades, fueron llevados al
área antisecuestros de la SEIDO. Al parecer, tampoco las desapariciones
forzadas.
Pero
no son las únicas omisiones. De una lista de 32 migrantes hondureños,
salvadoreños y guatemaltecos obtenida por Proceso y cuyos casos fueron
denunciados por sus propias cancillerías ante el gobierno mexicano, sólo están
registrados cinco, todos guatemaltecos.
Entre
éstos está enlistado William Arnoldo Román Pérez, quien fue hallado en las
fosas de San Fernando, Tamaulipas. La PGR dijo haberlo identificado y lo
incineró el último día del sexenio de Calderón con otros nueve cuerpos de
migrantes.
El
sitio de noticias Animal Político encontró que de los 140 casos documentados
por Human Rights Watch como desaparición forzada –cometida por militares,
marinos o policías federales, estatales o municipales–, 86 quedaron fuera del
listado oficial de víctimas. Que a pesar de que Cenapi, de la PGR, armó el registro,
no incluyó los nombres de 32 personas por los que la propia PGR ofrece
recompensa a quien informe sobre su paradero. También omite nueve de los 14
nombres de periodistas desaparecidos que la organización Artículo 19 ha
registrado, así como varios del Movimiento por la Paz.
En
el Renped no están incluidos ni siquiera los seis hombres desaparecidos en
Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre el 2 y el 5 de junio de 2011, durante
operativos de la Marina, hecho por el que la dependencia se hizo acreedora de la
recomendación 39/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El
director del Cenapi durante los meses de integración de la lista fue el
contralmirante de la Secretaría de la Marina, asignado a la PGR, Horacio
Fourzán Esperón. Proceso lo buscó la semana pasada para entrevistarlo. En la
Marina dijeron desconocer su paradero.
Información
rasurada
Yolanda
Morán, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México
(Fundem) y oriunda de Coahuila, se llevó una decepción cuando revisó la base de
datos.
“A
este registro le falta mucha información: cuando pongo el nombre de mi hijo
aparece una pantalla que indica la desaparición en un año equivocado y que es
de sexo masculino y el municipio donde desapareció. No dice que hay militares
involucrados en la desaparición de mi hijo. Y sé de familias que señalan a
funcionarios involucrados y casualmente no encuentran eso en los registros”,
comenta.
No
pudo acceder a más información sobre su hijo Dan Jereemel Fernández porque,
dice, el sistema le pide claves que sólo poseen los funcionarios:
“¿Para
qué nos piden fichas de varias hojas con información completa de mi hijo, cómo
andaba vestido, sus cicatrices, de manos de quién desapareció y hasta datos de
la abuela, si esa información no aparece? ¿Si tiene tantos candados y no tiene
ni la foto, cómo va a aportar más información la gente?”
En
ese mismo sentido, Jorge Verástegui, de Fundem, quien busca a su hermano y su
sobrino, señala: “Esta información sin la ficha y la foto con las que las
familias los reportamos solamente va a servirnos a los familiares para
comprobar que lo tienen registrado, no sirve para otra cosa”.
En
tanto, Juan López, el asesor legal de la organización, aplaude que el gobierno
mexicano haya reconocido la magnitud del problema, que va acompañado de una
demanda de integrar –junto con la sociedad– un verdadero registro nacional de
personas desaparecidas, donde se establezcan criterios de a quién puede incluir
bajo esa definición.
Brisa
Solís, vocera del Movimiento por la Paz, dio la bienvenida a la publicación de
la lista que evidencia el desorden del gobierno mexicano, cuyos funcionarios no
han podido armar criterios básicos para catalogar desapariciones y armonizar
cifras de varias instituciones.
Ella
manifiesta su deseo de que se abran canales para que los ciudadanos que no
están asesorados por organizaciones o agrupados con otras familias puedan
registrar sus casos.
Para
otros, este asunto supera la danza de las cifras. “No importa si son 3 mil o 30
mil casos, lo que importa es que no existe una constancia de que los casos se
hubieran investigado”, expresa Carlos Martín Beristain, perito de la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos e integrante en comisiones de la verdad
de varios países.
Para
organizaciones de familias afectadas por las desapariciones, como Fundem, la
lista difundida por el gobierno es “un primer paso en el reconocimiento de que
el Estado mexicano ha perpetuado la impunidad, es un reconocimiento de que la
administración calderonista conocía la problemática que se estaba viviendo y no
se hizo nada. Prefirió pedir perdón porque no tuvo tiempo para buscarlos”,
según Jorge Verástegui.
De
estas listas, dice, deberían surgir órdenes de aprehensión contra los agentes
del Ministerio Públicos que nunca investigaron los casos que les fueron
asignados.
Agrega:
“Quizás nunca vamos a saber el número de personas desaparecidas. Habrá que
aceptar que estamos frente a una tragedia humanitaria innegable. Y lo más
importante: que nos digan qué van a hacer, para buscar (y evitar más
desapariciones)”.
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