Caso Monreal: ¿Inteligencia, espionaje o montaje

• Caso Monreal: ¿Inteligencia, espionaje o montaje?/JESÚS CANTÚ

 Revista Proceso No. 1902, 14 de abril de 2013

 Una semana después de que la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio, diera a conocer la detención de cuatro personas presuntamente involucradas en un intento de asesinato de al menos uno de los hermanos David y Ricardo Monreal, las preguntas y dudas son más que las certezas.

 Al menos hay dos aspectos que dilucidar en el caso: Uno, si la información que se obtuvo de las llamadas telefónicas se realizó previa autorización judicial o si el Centro de Investigación y Seguridad Nacional ya inició operaciones generalizadas de espionaje telefónico; y dos, si el intento de atentado efectivamente existió o todo es un montaje para vigilar de cerca a Ricardo Monreal y afectar directamente a la izquierda ajena al llamado Pacto por México.

En el primero de los casos la información que proporcionó la subprocuradora el jueves 4 y las reconstrucciones que hicieron algunos medios de comunicación hacen pensar en un espionaje telefónico totalmente ilegal y violatorio de los derechos humanos y constitucionales, pues se habla de “…un escaneo habitual de llamadas telefónicas…” en el caso de 24 Horas; genéricamente “…en informes de inteligencia…”, Reforma; de “…manera fortuita…en un escaneo de rutina…”, en el caso del portal de Proceso y Ricardo Alemán señala en su columna en El Universal que “…se descubrió a partir del riguroso sistema de espionaje que el Cisen despliega en el Senado, entre muchos otros centros de poder”.

 Los medios dan versiones precisas de las conversaciones que se escucharon y que dieron pie a la investigación que permitió desactivar el supuesto atentado y hasta hoy la autoridad confirma que efectivamente se referían a las presuntas víctimas como “diputado R” y “senador D”, así que al menos esa parte de la información ha sido confirmada por las autoridades y, la otra, hasta hoy no ha sido oficialmente desmentida.

 El procurador Jesús Murillo Karam pretendió aclarar, sin mencionarlo directamente (en una entrevista telefónica con Joaquín López Dóriga, en Radio Fórmula el jueves 11) que las intervenciones telefónicas se realizaron previa autorización judicial. De acuerdo con sus dichos la primera autorización (de la que dio el número) se expidió el 15 de febrero para investigar a una célula de la delincuencia organizada; en algún momento que no especificó apareció una llamada a un tercero, no involucrado en esta célula, en la que por primera vez se escuchó la posibilidad del atentado y se pidió una nueva orden que se expidió el 15 de marzo, es decir, un mes después. Este caso fue el que les permitió conocer toda la trama y desmontarla.

 En la primera hipótesis la lógica es que todos estamos bajo sospecha y por lo tanto hoy todas nuestras llamadas son monitoreadas “habitual” o “rutinariamente”, lo cual no es muy plausible; más bien hay que revisar la hipótesis de que se espía sistemática y cotidianamente a personajes específicos por motivos y con objetivos que hasta hoy no han sido aclarados. La versión que plantea el procurador Murillo Karam, que es en función de posibles vínculos con actos delictivos, no es muy congruente con los distintos tiempos y fechas que se han señalado a lo largo de esta semana y los criterios para solicitar las intervenciones, bajo las normas introducidas en el pasado sexenio ya en la paranoia generada por la creciente inseguridad, también parecen muy laxos y arbitrarios.

 Así que por una o por otra vía todo indica que hoy el Cisen opera un “riguroso sistema de espionaje telefónico” que casi nadie cuestiona ante su aparente éxito. Nuevamente el combate a la inseguridad es el pretexto ideal para violar la privacidad, la Constitución y los derechos humanos.

 El procurador Murillo Karam también aclaró en la entrevista que todavía no tienen el móvil del crimen ni certeza de que el empresario fuese efectivamente el autor intelectual; sin embargo pretendió justificar el recurrir al arraigo (figura que ha criticado en repetidas ocasiones) por considerar que lo hacen para ampliar las investigaciones, pues ya cuentan con suficientes elementos para consignar a los presuntos responsables.

 La información que proporcionan las autoridades conduce a que el empresario buscaba vengarse de los hermanos Monreal porque los responsabiliza del secuestro de su hermano, pero no dan elementos que lo respalden y de acuerdo a lo que declaró Murillo Karam las investigaciones que hoy realizan no van en dicho sentido, sino en el de descubrir presuntos vínculos con otras actividades delictivas. El mismo Ricardo Monreal, que sí se muestra turbado y sacudido, se limita a agradecer la actuación de las autoridades pero tampoco proporciona datos que permitan tener idea clara del móvil.

El pasado lunes 8 todo indicaba que el gobierno federal había logrado el propósito de brindarle seguridad a Ricardo Monreal y, a través de la misma, obtener información puntual y precisa de todos los movimientos y acciones que realiza el diputado, uno de los políticos de oposición más incómodo para el actual gobierno, y que sus vigilantes le permitirían también infiltrar al movimiento de Andrés Manuel López Obrador, hasta hoy el único grupo que no había aceptado sentarse a la mesa de negociaciones. Sin embargo, el miércoles 10 el diputado declinó la protección que originalmente había aceptado.

Pero más allá de la falta de información precisa y contundente se encuentran los antecedentes de Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong como gobernadores de sus respectivos estados. El primero montó un centro de espionaje telefónico –que fue descubierto en noviembre de 2008– para conocer las conversaciones de líderes políticos de todos los partidos políticos; y el segundo utilizó a la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, con el pretexto de que habían identificado movimientos sospechosos y gente armada, para desmontar el mismo día de las elecciones (4 de julio de 2010) el centro de operaciones de la candidata de oposición Xóchitl Gálvez. Así que el uso político de la procuraduría y la intervención telefónica no es precisamente un tema desconocido para las actuales autoridades.