En Guerrero, movimiento articulado: Proceso

En Guerrero, movimiento articulado/JOSE Y EZEQUIEL GIL OLMOS Y FLORES

Revista Proceso No. 1902, 14 de abril de 2013

A cuatro meses de haber asumido la presidencia, Enrique Peña Nieto ya enfrenta en Guerrero un movimiento popular bien articulado que rechaza de plano las reformas constitucionales que él presume en el extranjero. Dirigentes magisteriales advierten que la crisis social, comparada por un legislador priista con “un coctel molotov”, llegará hasta donde lo decidan el presidente y el cuestionado gobernador Ángel Aguirre. Lo evidente es que ambos están valiéndose de un solo recurso: la represión.

CHILPANCINGO, Gro.-  Integrado por maestros, sindicalistas, padres de familia, organizaciones de derechos humanos y policías comunitarios, el naciente Movimiento Popular Guerrerense ya se enfrentó tres días seguidos con la Policía Federal (PF) y le advirtió al gobernador, Ángel Aguirre Rivero, que si no resuelve la crisis social pronto habrá levantamientos armados en el estado, que tiene amplios antecedentes de actividad guerrillera.

Desde hace cuatro meses miles de maestros se encuentran en un plantón indefinido en esta capital, en rechazo a la reforma educativa del gobierno peñista que aprobó el Congreso de la Unión. El magisterio disidente ha realizado marchas y bloqueos a la carretera federal demandando que se tome en cuenta su propuesta de reforma educativa, que incluye la creación de un instituto estatal de evaluación, respeto a sus derechos laborales, gratuidad de la educación y que se evalúe a los docentes de acuerdo con los estándares del estado y de cada región.

El rechazo a esta iniciativa magisterial por del congreso local de mayoría perredista, así como la represión de sus protestas por la PF, provocaron que los maestros disidentes replantearan su organización y  formaran el Movimiento Popular Guerrerense (MPG).

A éste se sumó la Policía Comunitaria, que el lunes 8 realizó una acción histórica cuando sus integrantes ingresaron armados a Chilpancingo para rescatar a uno de sus comandantes, sin que soldados ni policías estatales o federales pudieran detenerlos.

El MPG se constituyó el miércoles 10 con padres de familia, el Frente Único Estatal de Representantes Sindicales Autónomo –que agrupa más de 12 sindicatos, entre ellos el de la Universidad Autónoma de Guerrero–, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, estudiantes normalistas y la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), fundada desde 1995 en La Montaña y Costa Chica del estado.

Hasta ahora ningún movimiento social había incluido a un grupo de policía para su seguridad. “Somos pueblo y defendemos al pueblo”, sostiene en entrevista Eliseo Villar Flores, coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.

La inserción de la Policía Comunitaria al MPG se concretó cuando la dirigencia magisterial fue a visitar sus pueblos y les pidieron a sus habitantes y sus organizaciones que defendieran la propuesta de reforma que ellos impulsaron; el gobierno de Aguirre Rivero la presentó al Congreso local, donde fue rechazada el martes 2 por considerar que se contrapone a la reforma federal aprobada por el Congreso de la Unión.

El dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Gonzalo Juárez Ocampo, señaló que ellos proponen un tipo de evaluación que sirva para detectar los problemas de competencia, que sea acorde con las condiciones sociales y económicas del estado e incluya el derecho a un trabajo digno. Asimismo, plantea que se otorguen  plazas de base a los normalistas, que los ascensos se apliquen mediante un escalafón y se tomen en cuenta los usos y costumbres de 10 mil maestros indígenas.

Esta iniciativa fue rechazada por el Congreso estatal. El presidente de la mesa coordinadora, el diputado perredista Bernardo Ortega, argumentó que no se puede ir en contra de la reforma federal aprobada por el mismo Congreso el miércoles 3.

El 11 de abril los maestros disidentes volvieron a presentar su iniciativa al Poder Legislativo, para lo cual se instaló una mesa de negociación a la que asistieron sólo diputados del PRD. A partir de ese día la CETEG y la Policía Comunitaria realizaron marchas, cierre de centros comerciales, manifestaciones y bloqueos a las carreteras de Chilpancingo como medidas de presión para que se discutan sus propuestas.

Indignación comunitaria

El profesor  Minervino Morán, vocero de la CETEG, dice que tras el rechazo del Congreso local a la iniciativa de los maestros, la semana pasada éstos enviaron una comisión a La Montaña y a la Costa Chica, donde visitaron a las organizaciones de la CRAC y también a la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo.

“Les dijimos a los miembros de la CRAC que estábamos en un momento difícil, decisivo e histórico, que era necesario defender la educación pública. Les enseñamos el decreto que le propusimos al Congreso y les dijimos que la defensa de la educación pública no era sólo de los maestros sino de todos. Luego se dio la represión del viernes 5, con el desalojo en la Autopista del Sol, y eso movió a la CRAC a incorporarse a la lucha. Ahora estamos en hacer un frente común”.

Para entonces las autoridades federal y estatal ya tenían un problema con la CRAC. El viernes 5 el Ejército detuvo al profesor Nahum Santos Bartolo, segundo comandante de la Policía Comunitaria de Troncón, municipio de Tixtla de Guerrero, por portación de arma prohibida. Esto provocó que el lunes 8 llegaran a Chilpancingo 15 agentes comunitarios armados para rescatar a Santos.

Ante este hecho y la marcha del miércoles 10, en la que participaron más de 30 mil maestros, padres de familia, sindicalistas y normalistas, el gobernador Aguirre Rivero respondió con una declaración pública: “No voy a admitir ningún tipo de presiones o amenazas. Estoy de acuerdo en privilegiar el diálogo, pero tampoco nos van a poner de rodillas, mucho menos nos van a someter actitudes amenazantes”.

El mandatario manifestó sorpresa por la decisión de la policía comunitaria de sumarse al MPG y por el ultimátum de aceptar el diálogo si no quería afrontar protestas más violentas y hasta el desconocimiento a su gobierno.

Eliseo Villar, comandante de la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán, sostiene en entrevista: “Se tiene que apoyar al magisterio, así se decidió en una reunión de todos los comisarios. De hecho la participación de la policía comunitaria es totalmente por acuerdo de las comunidades y de las autoridades, así que detrás de cada policía está toda la comunidad”.

Según él, la situación se les está yendo de las manos al gobierno y al Congreso de Guerrero, porque no han atendido las peticiones de la ciudadanía y en todo el estado hay un hartazgo por la situación de pobreza e inseguridad. Por lo mismo, advierte, el movimiento que ahora es pacífico puede volverse violento.

El gobierno, dice, “ya golpeó al magisterio y la gente está muy molesta, está dispuesta a pasar a un movimiento violento, como son levantamientos armados por donde sea. Si vemos las causas por las que surgió el movimiento, vemos que se le está afectando directamente a toda la ciudadanía, a los obreros, campesinos, indígenas, a todos. Es un interés común que en cualquier momento en que se dé la violencia van a brotar más expresiones violentas, levantamientos en contra del gobierno”.

–Ya se habla de ingobernabilidad en Guerrero.

–Bueno, esa ingobernabilidad ya se da con la inseguridad, por tanta violencia, por la delincuencia que ataca a la ciudadanía. Y el gobierno, lejos de prestar atención a esto, pone oídos sordos. La gente está en peligro, sabemos que es un problema nacional pero aquí en el estado se puede remediar. La solución está en manos del Congreso y del gobierno estatal.

Agrega que desde las comunidades ellos observan el crecimiento de la corrupción, el abandono a los pueblos y las imposiciones del gobierno con decisiones y leyes que no benefician a los pobladores. Por eso opina que “ya llegó el tiempo de que la gente se rebele. Hay muchas necesidades y problemas, pero el gobierno hace como que no pasa nada. Entonces nosotros, como Policía Comunitaria, vemos cómo cada día reprimen más a los maestros y a todos los que protestan”.

En consecuencia, explica, las autoridades comisariales y de la Policía Comunitaria –integrada por 877 elementos de la CRAC, que abarca a 12 municipios de indígenas tlapanecos, mixtecos y amuzgos– acordaron apoyar al magisterio e integrarse al MPG.

La CRAC tiene trazada una ruta de tres etapas. La primera es la participación pacífica y sin armas para exigir una mesa de diálogo con el gobierno y el Congreso estatal; la segunda consiste en protestas más fuertes que pueden desembocar en el desconocimiento de poderes, y la tercera contempla ya la reformulación de los poderes del estado.

–¿Los policías comunitarios están decididos a actuar?

–Están bien convencidos. Prueba de ello es que ya participaron en las protestas de los maestros. Veremos cómo reacciona el gobierno para actuar nosotros.

–¿No tienen miedo a una confrontación con el Ejército o la PF?

–Miedo no hay, estamos decididos a todo. Sabemos bien que puede haber represión, pero no podemos dar pasos atrás.

Ingobernabilidad

Al cumplir dos años de gobierno, la administración de Ángel Aguirre Rivero sufre una crisis de gobernabilidad. Los principales cuestionamientos es que ha favorecido a su familia con puestos políticos, como a su sobrino Ernesto Aguirre, quien opera como asesor de gobierno, y su hijo Ángel Aguirre Herrera, diputado local.

También se han señalado sus presuntos vínculos con su primo Víctor Aguirre, identificado como el jefe del Cártel Independiente de Acapulco, así como el hecho de que su estrategia de seguridad está más enfocada a reprimir la protesta social que a combatir la delincuencia organizada. En esta estrategia interviene por cierto el comisario de la PF en Guerrero, Omar García Harchuf, hijo de quien fuera titular de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), Javier García Paniagua.

En un balance difundido el lunes 1, el centro Tlachinollan afirmó que la entidad vive el viacrucis porque tras dos años de gobierno de Aguirre Rivero el estado “sigue hundiéndose en la debacle causada por la corrupción, la impunidad, el desamparo, la miseria, la violencia y la inseguridad”.

Ilustra: “De los 3 millones 380 mil guerrerenses, más del 65%  siguen condenados a vivir en la pobreza; el 13% de la población total está bajo las garras del analfabetismo y Cochoapa el Grande cuenta con el mayor índice de analfabetos, que asciende a 24.1%.”.

De los 81 municipios del estado, los nueve de la Tierra Caliente; 10 de los 16 de la región Norte; los 13 de la parte Centro, los ocho de la Costa Grande; 13 de 15 de la Costa Chica y 14 de 19 municipios de La Montaña enfrentan graves problemas con la delincuencia organizada.

Ante este panorama, Tlachinollan destaca que las comunidades indígenas y campesinas formaron grupos de autodefensa. Además, señala que ante “la impavidez de las autoridades estatales que dejan crecer los conflictos suscitados por las mismas autoridades municipales, y al mismo tiempo permiten que los intereses económicos y políticos del narcotráfico florezcan dentro de las instituciones de gobierno”, los maestros disidentes encontraron apoyo suficiente para constituir el MPG.

El diputado local priista José Rubén Figueroa Smutny –nieto de Rubén Figueroa Alcocer e hijo de Rubén Figueroa Figueroa, exgobernadores que asolaron al estado para combatir la guerrilla de Lucio Cabañas y al Ejército Popular Revolucionario respectivamente– advierte que la inclusión de la Policía Comunitaria en el MPG es “un coctel molotov” que puede prender el conflicto.

El dirigente de la CETEG, Gonzalo Juárez Ocampo, aclara que la actual lucha de los maestros es también la de los pueblos de Guerrero que están inconformes, y precisa que no buscan la desaparición de poderes sino impulsar un cambio en el gobierno y en el Poder Legislativo.

No obstante, para el maestro Minervino Ochoa ya es un hecho que Guerrero está en el límite de la ingobernabilidad a causa de la violencia y la imposición de las reformas de Enrique Peña Nieto, incluida la educativa: “No aceptaremos reformas que vengan desde arriba, que afecten los derechos constitucionales, los derechos humanos, y se nos someta desde el gobierno federal”.