Proyecto panista: castigar la protesta social/JESUSA CERVANTES

• Proyecto panista: castigar la protesta social/JESUSA CERVANTES

Revista Proceso No. 1902, 14 de abril de 2013

Sin pretender regular sino más bien “sancionar” y coartar el derecho a la protesta social, e incluso sin ir a las causas que generan cualquier tipo de manifestación ciudadana, el PAN pretende “inhibir” y “penalizar” este derecho consagrado en la Constitución y reconocido por los organismos internacionales sobre derechos humanos, advierte la diputada del PT Loretta Ortiz Ahlf.

El viernes 5 el panista Jorge Francisco Sotomayor Chávez, diputado federal por el XV distrito en la Ciudad de México, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de modificación al Código Penal Federal: imponer de 10 a 20 años de prisión y suspensión de sus derechos políticos hasta por 10 años a quien realice actos que “perturben la coexistencia pacífica, armónica y civilizada de los ciudadanos, utilizando sustancias tóxicas, inflamables o explosivas”.

El joven panista también propone “incrementar dos terceras partes” la sanción a los responsables cuando incurran en “dicha conducta” utilizando elementos que “impidan total o parcialmente su identificación”.

La propuesta no pasó desaperciba en los medios de comunicación, pero quedó en el olvido luego de que se turnó a la Comisión de Justicia de la cámara, que preside la priista Claudia Delgadillo González.

Los partidos de izquierda –el PT, MC y el PRD– alertaron que se trata de una propuesta “fascista”, de corte autoritario y que anula el diálogo como recurso para resolver el origen de las protestas sociales.

Para la diputada Ortiz Ahlf, “la penalización de la protesta social que se pretende hacer con esta iniciativa ya está tipificada, por lo que no hay razón de ser de esta propuesta”.

Aclara que si bien el documento no se votó en el pleno porque aún se encuentra en la Comisión de Justicia, donde el PRI tiene 13 votos, el PVEM dos, el PAN siete y la izquierda sólo ocho, resulta preocupante que el PRI pretendiera avalarla para reprimir posibles manifestaciones contra el eventual aumento del Impuesto al Valor Agregado, la reforma energética “o, aún peor, las protestas magisteriales”.

La legisladora advierte que las manifestaciones son la única válvula de escape que tiene la población ante las imposiciones del gobierno y que sólo en los regímenes dictatoriales se inhiben. Por eso, recalca, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado a favor de la libertad de expresión y el derecho a manifestarse, por lo que  México no puede avalar una iniciativa como la del PAN.

El gen calderonista

El promotor de la iniciativa, Sotomayor Chávez llegó a su curul federal enmedio de acusaciones, primero en el interior de su partido por presuntamente haber falsificado firmas para ganar la postulación, y luego porque el Consejo Distrital XV del IFE lo habría beneficiado ilegalmente en el conteo de los votos al restarle 220 de éstos a su contrincante de la coalición PRD-PT-MC y “regalándole 300 votos cerrados al PAN”, como reportó Arturo Rodríguez García para la agencia Apro el 24 de julio pasado. También relató que antes del conteo de votos los paquetes electorales estaban abiertos, es decir, se habían violado.

En la exposición de motivos de su iniciativa, el panista recurre a la interpretación que el jurista Jesús Orozco Henríquez hace sobre “la poca presión de los límites establecidos por el artículo 6 de la Constitución a la libertad de expresión”.

Según dicho artículo, la libertad de expresión tiene sus límites cuando se incurre en “ataques a la moral, los derechos a terceros, cuando se provoque algún delito o cuando se perturbe el orden público”. Orozco Henríquez sostiene que esos términos son ambiguos, lo que ha permitido una “interpretación y aplicación arbitraria o caprichosa por parte de las autoridades judiciales y administrativas”, recuerda el panista Sotomayor Chávez en su exposición de motivos.

Añade que el mencionado jurista establece como “lo más grave, la abstención frecuente del ciudadano para expresarse por razón de la inseguridad jurídica prevaleciente, ya que se teme que cierta expresión, aun cuando se encuentre protegida en la mayoría de los sistemas democráticos, pueda llegar a la considerase proscrita por los órganos del Estado mexicano”.

De acuerdo con el diputado del PAN, la forma de subsanar la inseguridad jurídica es modificar el artículo 141 bis del Código Penal Federal para establecer “sanciones” por actos “contra la paz pública”.

Jesús Orozco Henríquez es el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 14 de marzo de 2012.

Antes de llegar a ese cargo, Orozco Henríquez fue uno de los seis magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que el 5 de septiembre de 2006 validaron la elección que llevó a Felipe Calderón a la Presidencia.

Su elección en el organismo interamericano fue celebrada por el gobierno de Calderón y se llevó a cabo en medio de una severa crisis en materia de derechos humanos en el país, derivada de la “guerra” contra el narcotráfico realizada por el segundo presidente panista. Los excesos contra civiles inocentes provocaron que diversas organizaciones presentaran quejas contra el Estado mexicano ante instancias internacionales, precisamente como la CIDH.