Por fin, el pleno de la Cámara de
Senadores aprobó en lo general y en lo particular en la sesión de este jueves 11 de abril y con 86 votos en pro, cero en contra y 0 abstenciones, un dictamen donde se establecen las condiciones
en las cuales el Ministerio Público Federal podrá atraer delitos del fuero
común cometidos contra periodistas, medios de comunicación y ataques contra las
libertades de información y expresión.
Se trata del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y; del Código Penal Federal.
Fue remitido a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.
El dictamen http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-04-11-1/assets/documentos/Dic_CP_Penales_Reforma_Proteccion.pdf
Señala
que estos cambios permitirán a l as autoridades federales brindar una mejor
atención a los periodistas y personas que se dedican a actividades relacionadas
a la libertad de expresión, quienes en los últimos años han sufrido vejaciones,
ataques a su integridad física, privaciones de su libertad y otro tipo de
vulneraciones de sus derechos.
Deja
en claro que en México las personas que realizan la actividad del periodismo se
encuentran en una situación vulnerable y su integridad física y vida pueden
verse amenazadas tanto por agentes estatales como no estatales.
Hace
notar que la mayoría de los casos de agresiones a periodistas encuadran en los
delitos del orden común y muchos de ellos son permitidos o generados por las
autoridades locales, por lo que la justicia se hace inaccesible para las
víctimas.
Esta
reforma promoverá el fortalecimiento de la estructura orgánica encargada de
conocer de este tipo de delitos, ya que se asegura que se agotará la línea de
investigación que emprenda la PGR sobre delitos relacionados con el derecho a
la información y la libertad de expresión.
“Los
delitos en contra de periodistas o medios de comunicación serán investigados
hasta su conclusión, evitando que, por tecnicismos orgánicos, éstas se vean
relegadas en el proceso investigativo del órgano ministerial”, se precisa en el
documento.
Uno
de los aspectos destacados de esta serie de modificaciones es conferir al
Ministerio Público de la Federación la facultad de atraer y a los jueces
federales la competencia para juzgar delitos del fuero común cometidos contra
quien ejerza el periodismo, siempre que se presuma intencionalidad dolosa.
Posicionamientos en el pleno:
Sesión en
el Senado, jueves 11 de abril de 2013
-EL C.
PRESIDENTE SANCHEZ JIMENEZ: Tenemos ahora la segunda lectura al dictamen de las
Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos,
con opinión de la Comisión de Gobernación que contiene proyecto de
Decreto por el que se reforman el Código Federal de Procedimientos Penales, la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República y el Código Penal Federal.
A este
dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos.
En
consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si
autoriza que se dispense la segunda lectura el dictamen y se ponga a discusión
en lo inmediato.
-LA C.
SECRETARIA MERODIO REZA: -Sí se aprueba la dispensa de la segunda
lectura, señor Presidente.
-EL C.
PRESIDENTE SANCHEZ JIMENEZ: Gracias.
Se
concede el uso de la palabra al Senador Roberto Gil Zuarth, para presentar el
dictamen a nombre de la Comisión de Justicia.
-EL C.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Con su permiso, señor Presidente.
Como lo
mandata el reglamento del Senado de la República, vengo a nombre de la Comisión
de Justicia a plantear los fundamentos y motivaciones que sustentan el
dictamen que hoy está a consideración de esta Asamblea.
Es un dictamen profundamente relevante para la vida democrática del país.
Sin lugar a dudas es el paso siguiente y necesario a una reforma constitucional
que aprobó también este Congreso de la Unión y que buscaba fortalecer los
mecanismos de protección a los periodistas, a los medios de comunicación
y a la generalización de la expresión y de la información en
nuestro país.
Antes de expresar los motivos que las Comisiones Unidas tuvieron en
cuenta para formular este dictamen, debo expresar mi reconocimiento personal a
las senadoras Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos, a la Senadora Graciela Ortiz, Presidenta de la Comisión de Estudios
Legislativos; a la Senadora Cristina Díaz, Presidenta de la Comisión de
Gobernación; a los senadores Arely Gómez González y al Senador Manuel Camacho,
Secretarios de la Comisión de Justicia por su contribución a este proceso
legislativo y sobre todo por su apertura y su disposición de bien para llegar
al consenso que hoy presentamos ante ustedes, señoras senadoras y señores
senadores.
También es menester dar el reconocimiento a un conjunto de organizaciones de la
sociedad civil que desde tiempo atrás, desde la reforma constitucional
se impusieron la tarea de apoyar este tema, que se asumieron en el deber de
representar a muchos de los periodistas que hoy sufren condiciones de
vulnerabilidad en ejercicio de su profesión y que han llevado a buen puerto no
solamente esa reforma constitucional, sino también la reforma legal que hoy
presentamos.
La reforma constitucional promulgada en junio del 2012 reconoció una
realidad, México se ha convertido en el lugar, en el país más inseguro para
ejercer la tarea periodística.
Reconoció, y parte de ese reconocimiento que las personas que realizan
actividad del periodismo se encuentran en especial condición de
vulnerabilidad y su integridad física y moral se encuentra amenazada por
el crimen organizado y también por agentes estatales particularmente por
las autoridades locales.
Y también reconoce que las agresiones a los periodistas tienen un impacto en el
ejercicio generalizado en las libertades de información informativa.
No solamente son casos que quedan impunes en cuanto a delitos son, sino
también en cuanto a sus implicaciones o sus fines para acallar y silenciar a la
democracia mexicana.
La modificación constitucional como razonamos a profundidad en las Comisiones
Unidas, no federalizó la materia, es decir, no le dio competencia al Congreso
de la Unión para tipificar los delitos cometidos en contra de la libertad
de expresión y las libertades informativas, no era el propósito de la reforma
constitucional otorgarle al Legislador Federal la competencia en materia penal
y sustraerla en las autoridades legislativas locales.
En una innovación constitucional se estableció una facultad específica de
atracción que viene acompañada de aquella facultad genérica de atracción
cuando un delito local concurre en convexidad con un delito del orden federal.
Esta facultad de atracción también se ejerce en casos en los cuales por razones
de especial importancia para el ejercicio de estas libertades es necesario que
la federación supla a la autoridad local, la ministerial y la judicial
precisamente para que esos casos no queden en la impunidad.
Esa reforma constitucional también en un transitorio mandató al Congreso de la
Unión a establecer las condiciones a través de los cuales los supuestos
en los cuales esa facultad de atracción ha de ejercerse no potestativa, no
discrecionalmente, sino como un imperativo legal.
Y es justamente lo que este dictamen el día de hoy plantea.
Hemos
construido un consenso fundamental en las condiciones de realización de
esa facultad específica de atracción, una serie de supuestos que no
solamente reconocen el derecho de la víctima o el ofendido de apelar al a
autoridad federal para que se investigue un delito en su contra, sino también
una serie de supuestos que reconocen realidades de hechos y que exigen que la
autoridad federal…”
En una
importante innovación que le da valor a este dictamen, reconocemos también que
cuando órganos internacionales, reconocidos por el Estado mexicano a través de
tratados internacionales ratificados por este Senado de la República, reconozca
que hubo indebida diligencia en la persecución o sanción de un delito ese caso
ya no vuelva otra vez a la autoridad local que fue parte del problema, sino que
la federación reciba ese caso y lleve hasta sus últimas consecuencias las
responsabilidades.
Pero
también debemos destacar que en el equilibrio político, al que arribamos en las
comisiones dictaminadoras, introducimos dos figuras de enorme importancia: un
recurso de reconsideración en caso de que el Ministerio Público Federal se
niegue a ejercer la facultad de atracción; un recurso de reconsideración que se
resuelva de manera directa por el Procurador General de la República, y que le
da a este mecanismo una fortaleza institucional de enorme importancia.
Será el
procurador el que en última instancia determinará si un caso ha de atraerse
conforme a las causales que hoy establece este dictamen. Pero también, señoras
senadoras y señores senadores, recogimos la obligación del Ministerio Público
de agotar la línea de investigación, la hipótesis de investigación relacionada
con el atentado a la libertad de expresión o bien a las libertades
informativas.
Hoy en
día muchos casos quedan impunes en cuanto a su efecto silenciador precisamente
porque el único propósito de la investigación es el delito en sí, el homicidio,
el secuestro; pero en este caso establecemos la obligación de que siempre y en
todos los casos la línea de investigación relacionada con la finalidad o el
resultado de la agresión cometida contra un periodista o contra un medio de
comunicación llegue hasta sus últimas consecuencias.
¿Para
qué? Para que no solamente no quede impune el delito, sino también para que no
quede impune la intención o finalidad de silenciar los mecanismos democráticos
de expresión o de información.
Ya decía
yo hace un momento que la racionalidad constitucional de la reforma no fue
federalizar los delitos. En consecuencia, se mantiene el régimen dual en el
sentido de que hay una competencia originaria de las autoridades ministeriales
y judiciales de sancionar delitos del orden común, salvo cuando se ejerza la
facultad de atracción; pero también persiste la facultad originaria de la
federación para perseguir delitos federales, ya sea por la calidad del sujeto
activo o ya sea también por los bienes jurídicos tutelados.
En el
caso de los delitos federales el dictamen establece una triple modalidad de
agravante en consonancia con los estándares internacionales. Es menester decir
que los estándares internacionales no solamente sugieren la posibilidad de
federalizar, sino también recomiendan el establecimiento de agravantes
específicos cuando concurran ciertas condiciones.
En el
tono de esos estándares internacionales este dictamen establece, ya decía, una
triple agravante. Cuando el sujeto activo del delito sea un servidor público,
cuando exista una intención de afectar o delimitar las libertades informativas
o de expresión, o bien cuando concurra una condición de género.
Y resalto
este último tema, ha sido un elemento insistente de muchas organizaciones el
hecho de que reconozcamos que hoy en día mujeres periodistas sufren agresiones
en razón de su condición de género. Y precisamente porque reconocemos esa realidad
hemos incorporado un elemento técnico de agravante precisamente cuando además
del ejercicio profesional concurra en el delito la condición de género.
La
iniciativa presentada por senadores y senadoras de diversas fuerzas
parlamentarias planteó elevar a rango de ley la fiscalía encargada de perseguir
tanto los delitos federales, como de ejercer la facultad de atracción. Es una
tendencia que venía reconociendo nuestro país y también es una tendencia que
han sugerido en distintos momentos los órganos internacionales.
En el
equilibrio al que hemos arribado en este Senado de la República, y que hoy les
presentamos a votación, se mantiene la existencia de la fiscalía encargada de
perseguir estos delitos, pero al mismo tiempo se establece la potestad de la
Procuraduría General de la República de presentar una reorganización integral
dentro de 180 días precisamente para fortalecer en el ámbito administrativo e
institucional la persecución de estos delitos, y sobre todo la dimensión
orgánica que hoy tiene la fiscalía.
Estamos
aquí, senadoras y senadores, dando un paso fundamental en un pendiente del
país. México no puede tener ese indecoroso lugar de ser el país donde en la
profesión periodística se ejerza con miedo, con temor o con riesgo. Estamos
empeñados en generar menores mecanismos…
(Aquí lo interrumpe la presidencia para pedirle que concluya su participación)
legales e institucionales, concluyo, presidente, para hacer efectivo ese
derecho fundamental, no solamente a mantener la integridad física de las
personas, sino también al libre flujo de las ideas en nuestro país.
A pesar
de discursos que hoy anuncian que la reducción de la violencia es inminente y
que el crimen va a la baja la realidad es otra en Veracruz, la realidad es otra
en Coahuila, la realidad es otra en Tamaulipas. Y precisamente porque la
realidad es otra en esos estados hoy el Senado de la República asume esa
responsabilidad de contribuir con el gobierno de la República en mejores
instrumentos legales para traer a México la paz y la seguridad que todos
merecemos.
Muchas
gracias, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE
SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Gracias, Senador.
Se
concede el uso de la tribuna a la Senadora Angélica de la Peña Gómez para
presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos.
Se ha
determinado que estas participaciones sean de cinco minutos, ruego, ojalá
puedan ajustarse a ese tiempo.
-LA C.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias, Presidente.
Bien,
creo que la exposición del Presidente de la Comisión de Justicia ha sido muy
concreta para especificar el proceso que ha seguido la discusión que hemos
emprendido a partir de diversas reformas que nos fueron entregadas por
organizaciones que dedican su esfuerzo a la defensa de periodistas.
Hay un
acompañamiento importante de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos
Humanos de Naciones Unidas en México y de otras personalidades que están
preocupadas porque podamos dar, a partir de un precepto constitucional inscrito
en el artículo 73, todas las líneas jurídicas a partir de estas reformas que
hoy presentamos ante ustedes para que se pueda atraer, para que el Ministerio
Público de la Federación pueda atraer aquellos casos que tienen que ver con
asesinatos o con violaciones a derechos a la información, a la libertad de
expresión o imprenta que se encuentran en el ámbito del fuero común.
Creo que
es muy importante insistir que el trabajo que realizamos las cuatro comisiones,
yo tengo que distinguir que si bien teníamos que dictaminar Comisión de
Justicia, Comisión de Derechos Humanos y Comisión de Estudios Legislativos fue
muy importante la participación con su opinión, eso no demeritó de ninguna
manera la relevancia de su participación en la discusión, en las mismas
condiciones que las otras tres comisiones que acabo de mencionar, el caso de la
Comisión de Gobernación.
Además
con un acompañamiento muy importante, que también tengo que decirlo, de quienes
fueron parte de la directiva de la Comisión de Justicia. Yo creo que hoy
estamos dando un gran paso para atender los reclamos que desde diversos medios,
desde los medios de comunicación, desde el gremio de los periodistas han estado
exigiéndole al Congreso de la Unión para que respondamos a tiempo y en forma al
transitorio inscrito en la reforma al 73 constitucional, que también dio origen
a una ley general en la materia, una ley en la materia.
En la
discusión tuvimos algunos cambios que es importante señalar. Yo quiero poner
énfasis a una preocupación que ha quedado en algún ambiente respecto de que
nosotros desde estas comisiones estamos anulando el funcionamiento de la
Fiscalía especializada en la materia. Eso no es así.
El
transitorio tercero de este decreto que ponemos a su consideración la legitima,
y además establece que tiene las atribuciones para poner en marcha el decreto
que hoy estamos reformando.
No
tenemos facultad para desaparecer esa fiscalía, simple y sencillamente no es
nuestra atribución. La misma fue creada por un decreto del titular de la
Procuraduría General de la República en función de sus atribuciones, inscrita
en la Ley Orgánica de la PGR; al contrario, y por cierto, no es la única
unidad a la que tiene facultado crear.
Si
ustedes revisan la Ley Orgánica, en su artículo diez, encontrarán inscritos una
serie de unidades especializadas que están cumpliendo la función de coadyuvar a
las tareas de la Procuraduría General de la República, y en el caso concreto,
de la nos ocupa, es una fiscalía que está creada por un decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación.
Es verdad
que va a tener nuevas atribuciones, es verdad que esta unidad especializada va
a tener mayores encomiendas a partir de que hoy estemos aprobando este
dictamen; es verdad que México va a dar un paso importante desde el ámbito
jurídico, pero también es verdad que necesitamos, y eso ya no nos compete a
nosotros, seguir insistiendo que con este avance en las reformas a estos
ordenamientos secundarios, seguramente el gobierno, los gobiernos, van a tener
que seguir poniendo mayor índice, mayor suficiencia en sus tareas como
gobernanza, para evitar que este tipo de crímenes no queden en la impunidad.
Hoy estamos
otorgándole al Ministerio Público de la Federación y al Poder Judicial de la
Federación la atracción en las características que aquí han sido enunciadas,
pero el problema no puede ser que permanentemente ante delitos del fuero común
la federación tenga que tomar estas decisiones, tenemos que seguir
fortaleciendo al Estado de Derecho, tenemos que seguir trabajando en las
acciones gubernamentales y, sobre todo, en el funcionamiento de los ministerios
públicos y del Poder Judicial para que exista justicia y para que no haya
impunidad, esa es una tarea que sigue presente y que desde el Senado de la
República seguramente coadyuvaremos.
Por lo
tanto, solicito a las señoras y señores senadores que puedan apoyar de manera
positiva con su voto para que estas reformas a estos cuatro ordenamientos
puedan transitar a nuestra Colegisladora y tengamos condiciones de que con
calma, la Colegisladora pueda dictaminarlas, esperando que la acepte como las
hemos trabajado, ha sido un trabajo colegiado muy importante, muy destacado, y
podamos tener condiciones de que las mismas sean pronto publicadas en el Diario
Oficial de la Federación.
Hemos
cumplido con el compromiso que signamos, con las organizaciones no
gubernamentales, con los medios de comunicación, con periodistas, con el
gremio. Es cuanto, muchas gracias por su atención. (Aplausos).
-EL C.
PRESIDENTE SANCHEZ JIMÉNEZ: Gracias, senadora. Se concede ahora el uso de
la palabra a la senadora Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a
nombre de la Comisión de Gobernación.
-LA C.
SENADORA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Muchas gracias, presidente. Señores
senadores, el dictamen que se está presentando a esta soberanía por parte de
las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos, y Estudios Legislativos,
con opinión de la Comisión de Gobernación, es sin duda una muestra más del gran
compromiso social y político del Senado de la República, y de los grupos
parlamentarios en esta Cámara representados.
En un
amplio consenso las comisiones dictaminadoras hemos alcanzado el acuerdo
suficiente y necesario para transitar a una nueva regulación del derecho a la
libertad de expresión, y la protección de aquellas personas que en su ejercicio
periodístico forman parte importante y trascendental de la sociedad, tanto para
acceder a la información, como para informar en la parte que corresponde
a la sociedad, de aquello que sucede en nuestra comunidad, en nuestro país, y
en el mundo.
Las
reformas que ahora se presentan y que estoy segura serán aprobadas por el pleno
del Senado, por su amplio contenido y su naturaleza intrínseca en favor de
protección de periodistas y la libertad de expresión, atienden la
necesidad de reglamentar la fracción vigésima primera del párrafo segundo del
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
instaura la facultad de atracción del Ministerio Público de la Federación sobre
delitos del orden común que agravien a periodistas, personas o instalaciones
que afecten, limiten, o menoscaben el derecho a la información, o las libertades
de expresión o imprenta.
Esta
facultad es una innovación en el Sistema Jurídico Mexicano, como bien lo ha
expresado el Presidente de la Comisión de Justicia, el senador Roberto
Gil, puesto que con ella se “inauguró” la atribución de las autoridades
federales para conocer de investigaciones que no tengan "conexidad"
con delitos federales.
Estas
reformas tienen como finalidad reconocer a los periodistas como un sector
contra el que se han venido acentuando las agresiones y las violaciones a sus
derechos humanos, por lo que ha resultado imperativo, para este órgano
legislativo, proteger la actividad esencial que realiza en beneficio de la vida
pública del país, y en especial en los casos en que los profesionales de la
información cubren en situaciones de alto riesgo.
En los
últimos años gran parte de estas agresiones contra el ejercicio de la libertad
de expresión constituyen delitos de la competencia de la autoridad local, por
lo que se considera conveniente que cuando estos delitos trasciendan del ámbito
de las entidades federativas, o tengan efectos a nivel internacional, sean
investigados, perseguidos y sancionados por las autoridades federales para
garantizar una mayor eficacia en el manejo de los procesos correspondientes,
evitando la impunidad.
Las
recomendaciones internacionales que recibimos de la OEA y ONU, fueron
consideradas como un llamado de alerta para los legisladores y ameritó la
renovación del marco normativo para permitir a las autoridades competentes de
los distintos ámbitos, accionar de manera inmediata en contra de aquellos que
atenten contra la libertad de expresión.
En la
Comisión de Gobernación consideramos que la libertad de expresión es un derecho
fundamental que debe ser tutelado por el Derecho Penal, porque esta se
constituye en un bien jurídico que a la sociedad, como su titular, le interesa
sea protegido y sanciones a quienes lo vulneren.
Existen
diversas posturas que sirven de sustento a este argumento. De acuerdo con la
opinión consultivo “OC5/85” de la Corte Interamericana, la libertad de
expresión involucra, por una parte, el derecho y la libertad de expresar el
pensamiento propio, y por otra, el derecho y la libertad de buscar, recibir y
difundir información, ideas, libertades, de buscar y recibir información que en
el ordenamiento nacional se encuentran ya plasmados el derecho a la información
y tutelado en el artículo 6º de nuestra Constitución.
Por
tanto, ambos campos deben ser garantizados simultáneamente para la concreción
de las libertades de expresión, en su sentido más amplio, porque como bien
afirma la misma Corte Interamericana, la expresión y la difusión del
pensamiento y de la información son indivisibles.
Proteger
la expresión de libertad en nuestro país en beneficio de la sociedad, es un
tema de interés de Estado.
Por ello,
en la Comisión de Gobernación reconocemos el proceso de dictaminación llevado
acabo por las Comisiones de Justicia; Derechos Humanos, y Estudios
Legislativos, ya que en este proceso previo a la elaboración del dictamen se
llevaron a cabo, no sólo un análisis minucioso y profesional de la Iniciativa,
como lo mandata el Reglamento del Senador, sino también debemos de reconocer
que se escucharon todas las voces interesadas a través de un proceso de
audiencias públicas, todas de una gran importancia, sin dejar de señalar
--por supuesto-- que la opinión de expertos nacionales e internacionales;
también contamos a través del Alto Comisionado de la ONU.
Es por
ello que quiero agradecer la participación de quienes integran estas
comisiones, y felicitar a las comisiones que dictaminaron.
Como
integrante de la Comisión de Gobernación, a nombre de mis compañeros, felicito
a todos mis compañeros por este alto compromiso en beneficio de la sociedad
mexicana.
A sus
presidentes:
Roberto
Gil, de la Comisión de Justicia;
Angélica
De la Peña, de la Comisión de Derechos Humanos;
Graciela
Ortiz, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos;
A nuestra
compañera Arely Gómez, como Secretaria de la Comisión de Justicia, a quien le
tengo un amplio respeto y conocimiento a su trabajo cotidiano.
Muchas
gracias. Y esperamos contar con el voto de todos ustedes. (Aplausos).
Posicionamientos:
-EL C.
PRESIDENTE SANCHEZ JIMENEZ: Gracias, Senadora Díaz.
-Procedemos
ahora al posicionamiento de los grupos parlamentarios, a los cuales les rogamos
pudieran ajustarse a un tiempo de 5 minutos.
-Tiene el
uso de la tribuna el Senador Zoé Robledo, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.
-EL C.
SENADOR ZOE ROBLEDO ABURTO: Con su venia, Senador-Presidente.
Hoy es un
día para congratularnos por nuestra labor como senadores, porque al proteger
esa noble labor periodística, esa democrática profesión, estamos también
haciendo honor al Senador, por excelencia, Don Belisario Domínguez, en el año
del centenario de su cruel asesinato por haber dado una opinión, por haber
ejercido un derecho, el derecho a la libertad de expresión que en su momento, a
esas horas álgidas de la república, era motivo de represalias, tales como la
muerte de un Senador de la República.
Hoy
estamos haciendo votos por reconocer este pilar fundamental de la democracia.
Sólo con
el libre ejercicio de este derecho podremos pensar en que realmente México es
un país democrático, antes no.
Mientras
siga habiendo periodistas que tienen que cerrar sus medios de comunicación, que
caen en la peor desgracia que puede caer un periodista, que es la autocensura,
no podemos decir que México es democrático.
Mientras
haya periodistas que tengan miedo, mientras haya periodistas muertos, no
podemos pensar que México es democrático. Y las cifras así lo señalan.
Tan sólo
entre 2000 y 2010, como ya se ha señalado, dice la Organización de Naciones
Unidas: “El número de periodistas asesinados en México ascendió a 66, mientras
que 12 más se han reportado desaparecidos”.
La
Comisión Nacional de Derechos Humanos, el propio Instituto Nacional de
Estadística y Geografía dice: “Que para el año 2011, en México, la impunidad por
delitos violentos es de 98 por ciento, lo que propicia la repetición de las
conductas delictivas, principalmente por el riesgo de obtener una sanción para
quien delinque”.
La
Organización de Derechos Humanos Article 19, publicó su informe trimestral para
enero, febrero y marzo de 2013, y contabilizaba ahí 50 agresiones contra
periodistas en el primer trimestre entre ataques a medios, secuestros,
asesinatos y desapariciones. Esta cifra representa un incremento del 11 por
ciento con respecto al año anterior.
Esta
situación, en la que son las bandas criminales las que perpetran estos delitos,
estas amenazas, estas acciones de privación ilegal de la libertad, pues no
podían seguir ocurriendo sin la reacción, sin la acción inmediata por parte de
nosotros como senadores.
Acallar
las diversas voces en una sociedad, dejar a periodistas muertos, a periodistas
heridos, obligar, como ya se ha mencionado, el cierre de medios de
comunicación, no va a ser que nuestro país sea más democrático.
Por eso,
el hecho de que hoy podamos votar a favor de que en el marco de la ley, el
ejercicio y la garantía del ejercicio informativo, contribuye a que nuestro
país tenga un sistema político y un sistema democrático más sólido.
Tal como
se establece en el dictamen, las reformas legales que se están proponiendo
constituyen el bloque indispensable para construir un México respetuoso de la
libertad de expresión y el derecho a la información.
Hoy esta
Iniciativa dictaminada constituye realmente un proyecto integral en
cumplimiento de una mandato constitucional que aclara las competencias entre
las instancias ministeriales, federales y locales garantizando la protección
jurídica de los derechos de información y de libertad de expresión, así como
las condiciones de seguridad de las personas que realizan esta actividad, que
no es una profesión, no es un oficio, es una vocación democrática, de profundo
arraigo para quienes así lo deseen hacer, aún cuando su vida corra riesgo.
En
nuestro deber como legislador, garanticemos, pues, este ejercicio informativo
libre, un ejercicio informativo seguro, en el marco de protección de derechos
fundamentales, lo que aporta elementos sustanciales para la democracia
nacional.
Compañeros
senadores:
Hoy, a la
hora de votar, yo les pido que recuerden al prócer, a Belisario Domínguez, y
con él, parado en nuestros hombros, votemos y legislemos a favor de la
protección del periodismo.
Es
cuanto, ciudadano Presidente. (Aplausos).
-EL C.
PRESIDENTE SANCHEZ JIMENEZ: Gracias, Senador Robledo.
-Ahora
tiene el uso de la tribuna el Senador Fernando Yunes Marques, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
-EL C.
SENADOR FERNANDO YUNES MARQUES: Gracias, Presidente.
Compañeras
y compañeros:
Hoy es un
día en el cual nos debemos de congratular como Senado de la República, al
dictaminar y votar una serie de medidas, que sin duda alguna beneficiarán en
mucho a la protección de los periodistas.
Sin
embargo, esta serie de Iniciativas y medidas nunca debieron de haber existido.
Si lo
gobernantes en turno, de manera especial, en las entidades federativas se
preocuparan por darle seguridad a quienes ejercen esta noble profesión.
De
acuerdo a algunas organizaciones civiles, como artículo 19, el Estado de
Veracruz, al cual represento, es si duda alguna el Estado más peligroso para
ejercer el periodismo en el país, y de acuerdo al artículo 19, también en
América Latina.
En
solamente 47 días, en Veracruz asesinaron a 5 de los 7 periodistas que fueron
asesinados en el año 2012.
Desde 2011
a la fecha han sido asesinados 9 compañeros de los medios de comunicación en
Veracruz.
En los
últimos 2 años se ha documentado la salida de 23 comunicadores por situaciones
de apremio debido a la ausencia de garantías de seguridad en este Estado.
Ante esta
situación, en el Estado de Veracruz se creó una Comisión Estatal para la
Atención y Protección de los Periodistas en el Estado, organismos, que simple y
sencillamente sirvió para pagarle a algunos periodistas que le trabajan al
gobierno en opiniones y columnas.
El 8 de
febrero de este año, Jorge Morales, periodista integrante de esta comisión,
acusó la falta de transparencia y apego de la ley de la misma.
De los 15
millones de pesos que le fueron presupuestados, el 85% se utilizó en el pago de
nómina y pago de bonos a periodistas.
Esto nos
debe de servir de ejemplo, para que la Fiscalía, en el caso federal, no sirva
de esta misma manera; debe ser una Fiscalía eficiente, una Fiscalía que
verdaderamente proteja y persiga a los delitos que se cometen contra los
periodistas, y que en las entidades federativas no están siendo perseguidos de
la manera correcta.
Pero no
solamente se ha afectado la vida y la integridad física de los periodistas. De
más aún más grave, se ha buscado asesinar la libertad de expresión y la
divergencia de ideas en muchos estados.
Una
vez más en Veracruz, el fotoperiodista Félix Márquez, hace unos cuantos días
fue fustigado y también fue acorralado y atosigado por el… perdón, por el
secretario de Seguridad Pública del estado, Arturo Bermúdez Zurita, por tomar
fotos de grupos de autodefensa.
Y cito:
Señaló que el que debería de estar detenido, es quien sacó las fotos y pagó a
los ciudadanos para que rayen las paredes, pongan graffiti y que puedan hacer
las cosas.
Pero aún
más grave, y abro comillas “el gobernador del estado, Javier Duarte Ochoa,
declaró lo siguiente: esa nota es una vacilada, tiene el mismo efecto de tomar
una foto disfrazado de Blue Demon, la Mujer Maravilla y Batman, no tiene
ninguna consecuencia, es un tema que no tiene que ver con la realidad. Una cosa
muy diferente es que existan este tipo de circunstancias en otros lugares del
país.
Aunque
parezca broma, así habla un gobernador del estado. Una situación por demás
compleja.
Pero no
solamente esto, el 28 de marzo de este mismo año, hace unos cuantos días, el
subdirector de Tránsito y Vialidad del gobierno estatal, golpeó a un reportero
gráfico en la ciudad de Xalapa, por no quererse retirar a la hora de que habían
tomado las fotografías. No hubo una sola, ni siquiera disculpa del gobierno
estatal para este reportero o el medio de comunicación.
De igual
forma, el 4 de abril de este año, el jefe de información del periódico El Mundo
de Córdoba en Huatusco, Enrique Zamora y la reportera Juliana Rincón, del mismo
medio de comunicación, fueron golpeados y agredidos por el empresario Jorge
Quezada Cobi, quien les reclamó la publicación de una nota en dichos medios de
comunicación, los cuales, en palabra de él, habían negociado la no publicación
de los mismos, con agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y
el procurador general de Justicia del estado de Veracruz.
Una vez
más tratando de acallar las voces opositoras.
Esto no
solamente ocurre en Veracruz. Hace unos cuantos días en Chihuahua fue despedido
un periodista, por atreverse a entrevistar a Andrés Manuel López Obrador. Esto
en un país democrático como México no puede ocurrir. Las voces que no
piensan igual a las de un gobierno, sin importar de qué color sea, deben ser
escuchadas para que nuestra democracia crezca día a día.
De igual
forma, en Tamaulipas, una situación muy compleja, del portal de Internet, Valor
por Tamaulipas, miembros de la delincuencia organizada ofrecieron 600 mil pesos
por la cabeza de la persona que lleva dicho portal de Internet. El portal tuvo
que ser bajado.
No podemos también reprimir las voces de la sociedad, que día a día se expresan
en contra de la violencia y en contra de situaciones que no les parezcan de sus
gobiernos estatales, municipales o federales.
No podemos dejar de lado esta situación. Hoy damos un gran avance, hoy damos un
paso importante, pero no podemos dejar pasar por alto, que lugares como
Veracruz y otras entidades federativas, hoy son más complicadas y más
peligrosas para los periodistas que ir a Afganistán a cubrir un conflicto
armado o ir a cualquier otro lugar.
Pero aún más grave que esto, compañeras y compañeros, sin demeritar el hecho de
proteger la integridad física de las y los periodistas, es que no podemos
permitir que la libertad de expresión se vea asesinada en México; no podemos
permitir que uno o dos o tres medios de comunicación sean prácticamente
desmantelados por no coincidir con las ideas del gobierno estatal o el gobierno
federal, en su caso.
En Veracruz van cuatro reporteras y periodistas, titulares de noticieros que
son despedidas por algún día dar una nota discordante de lo que decía el
gobernador del estado, en el momento.
Quiero hacer un llamado a ustedes, una vez más, a que votemos a favor, como lo
haremos los senadores de Acción de Nacional, en este dictamen y esta serie de
medidas.
Pero sobre todo, que utilicemos esta alta tribuna para siempre exigir cuando la
libertad de expresión en nuestro país, quiera ser coartada o detenida.
Muchas gracias. (Aplausos)
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Gracias, senador.
Tiene el
uso de la tribuna la senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
-LA C.
SENADORA GRACIELA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Con su permiso, señor presidente.
Compañeras y compañeros legisladores: Me parece que estamos tratando un tema de
la mayor importancia para el desarrollo de la vida democrática del país.
Sin estridencias, creemos en el Partido Revolucionario Institucional, que
la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales de la humanidad.
Porque nos permite a partir de su ejercicio libre a la ciudadanía tomar
decisiones más asertivas, forjarnos criterios y de esta manera, forjar naciones
independientes, democráticas y plenas en el respeto a los derechos humanos, y
México es uno de ellos.
Posicionamientos:
Tal como lo hemos venido haciendo desde que inicio la presente legislatura, una
de las responsabilidades que esta soberanía ha privilegiado en todo momento, es
el relativo a la defensa y protección de los derechos humanos, de las
garantías individuales que nuestra Constitución y diversos instrumentos
internacionales reconocen y protegen.
En los últimos años, México ha transitado del reconocimiento de derechos y
libertades, buscando, ahora, la efectividad de los mismos.
Sin embargo, no podemos desconocer, y aquí se ha dicho y se ha dicho con
claridad, habremos de ubicar también fechas, que existen situaciones de riesgo
y amenazas que en ocasiones hacen imposible garantizar plenamente los valores
que estamos obligados a tutelar.
Y es el caso que nos ocupa. Bien lo han dicho aquí los compañeros que nos
anteceden.
En el caso del ejercicio pleno de los derechos a la libertad de expresión
e información, que es una condición sine qua nom para el desarrollo democrático
del país, éste debe sustentarse en un grado de efectividad, con que se
ejercitan estos derechos, sin más prohibiciones, limitaciones o restricciones,
que las señaladas en las normas, en virtud del interés público social.
Y ciertamente esto no fue cumplido, habría nada más que revisar las cifras que
nos dan organismos internacionales. México ha sido nombrado en diversas
ocasiones como el país latinoamericano con el mayor peligro para ejercer el
periodismo.
Ocupamos el lugar 149 de 179 en el ranking mundial, redactado por la
Organización No Gubernamental, Reporteros sin Fronteras.
En la administración pasada, debemos de recordar que la incidencia de crímenes
fatales en contra de periodistas, aumentó en más del 240%, respecto a la administración
de Vicente Fox.
De diciembre de 2000 a noviembre de 2006, fueron asesinados, en promedio, 4.3
periodistas por año.
Mientras que en el gobierno anterior, de Felipe Calderón, el cálculo rondaba
los 10.4 homicidios de comunicadores anuales. Esto en todo el país.
No olvidemos que México es un país compuesto por 32 entidades federativas y que
tiene establecida en la Constitución, atribuciones, facultades y competencias
para los tres órdenes de gobierno.
En la medida en que logremos, que esos tres órdenes de gobierno cumplan con su
función, en esa medida lograremos avanzar como país. No podemos ver una parte y
desconocer la otra.
Para el
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el tema de la
protección de las personas y en general de todos los actores y entes que
intervienen en la actividad periodística de comunicación e información, en
cualquiera de sus modalidades, nos resulta un asunto sensible y prioritario, un
asunto que no podemos postergar en el debate y en las acciones legislativas
conducentes, pero sobre todo un asunto que no podemos manipular a modo para
buscar con ello un resultado político.
Por esto, la situación que se ha venido generando en los últimos años en perjuicio
de algunos miembros del gremio periodístico del país debe dimensionarse y
atenderse sobre todo en aquellas regiones del país que han sido vulneradas por
la delincuencia organizada que tuvo un crecimiento exponencial en la pasada
administración.
Es claro que en el entorno generado por el combate a las organizaciones del
crimen organizado, los derechos fundamentales de los periodistas se han visto
gravemente afectados.
Como es del conocimiento de todos, entre los años
de 2007 y 2012, los delitos y actos contra periodistas se incrementaron de
manea alarmante.
Las cifras reportadas por la fiscalía especial para la atención de delitos
cometidos contra la libertad de expresión, adscrita a la Procuraduría General
de la República, conformada en la pasada administración, indican que se
cometieron en ese periodo poco más de 55 homicidios, incremento que se da
respecto a los años que le precedieron. Así como también un incremento en
algunos años de 3 a 1 en cuanto a agresiones y lesiones físicas, amenazas,
abusos de autoridad, entre otros cometidos contra periodistas que estaban
ejerciendo su profesión.
La propia Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, reconocen que del periodo de 1999 a julio del año 2012,
emitió 77 recomendaciones al gobierno mexicano por presuntas violaciones a la
libertad de expresión.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos registró desde el año 2000 al año
2012, 87 homicidios de periodistas; 16 desapariciones y 18 atentados, de los
cuales 19 por ciento han sido investigados y sólo 7 por ciento han derivado en
condena.
Estos registros lo que nos muestra es la necesidad urgente de hacer frente al
problema, sin partidarismos y sin posiciones maniqueas y buscando con ello
evitar las agresiones y los crímenes contra periodistas y trabajar unidos
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, incluyendo a los sectores involucrados por
supuesto y a la sociedad en general, en razón de una sola causa común que es la
de garantizar la protección de los derechos humanos y el régimen de garantías a
favor de los ciudadanos.
En este sentido, el dictamen que hoy se somete a consideración del pleno y por
el cual mi grupo parlamentario votará a favor, atiende ese reclamo, el reclamo
de un gran sector social que se encuentra atento y preocupado para que se
legisle de manera clara, oportuna y de modo plural e incluyente, sobre el marco
legal que se deriva de la Reforma Constitucional del 25 de junio del 2012, por
el que se facultó a la federación para conocer y perseguir y resolver sobre
delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o
delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o
menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión e
imprenta.
Yo quiero destacar que este dictamen por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, de Procedimientos
Penales y las Leyes Orgánicas del Poder Judicial de la Federación, y de la
Procuraduría General de la República, recoge las opiniones y recomendaciones
vertidas a lo largo de innumerables foros por especialistas y expertos en la
materia, tanto de organizaciones de la sociedad civil, organizada, dedicada a
la promoción de la libertad de expresión, como de organismos internacionales
para la protección de los derechos humanos, los cuales concluyeron en su
momento de manera genérica lo siguiente.
Dijeron estas organizaciones:
“La violencia contra periodistas en México es alarmante y tiende a
intensificarse debido a factores como el crecimiento del crimen organizado en
ciertas zonas del país. Por ello es necesario adoptar las reformas necesarias
para permitir el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos contra
la libertad de expresión y garantizar que las posibles violaciones de este
derecho sean siempre investigados por la jurisdicción penal ordinaria. Por lo
que estas reformas que se proponen reglamentan justamente esta facultad de
atracción prevista en la Constitución a efecto de que sea la federación quien
se constituya en un soporte para la resolución de asuntos que por su naturaleza
trascienden el ámbito de las entidades federativas, soporte que no existía hasta
esta reforma.
Esta facultad sólo podrá ser ejercida, ya se dijo aquí, en aquellos casos en
que por su relevancia y una vez que se presuma la comisión de delitos y que en
estos exista una intención dolosa y se actualice cualquiera de las nueve causales
que prevé el código adjetivo, procederá tal facultad tratándose del Ministerio
Público Federal y de los tribunales federales para conocer, perseguir y
resolver al respecto”.
Sin embargo debemos dejar claro que esta facultad, esta reforma en ningún
momento federaliza delitos o crea nuevos delitos federales ni tampoco tiene el
objeto de permitir que se invadan esferas de competencia de las autoridades
estatales, sino que pretende, repito, crear un nuevo régimen procesal para la
facultad de atracción que podrá ejercer la federación en las hipótesis que ya
hemos comentado.
Yo quisiera aprovechar para concluir, compañeras y compañeros legisladores, la
oportunidad, no quisiera dejarla pasar, de hacer un reconocimiento muy sentido,
muy amplio a los integrantes de las comisiones dictaminadoras de Justicia. De
manera especial a nuestra compañera Arely Gómez, sin cuya participación no se
hubiese avanzado con la celeridad con que se hizo, hacia el presidente de la
propia comisión, al senador Roberto Gil, que mostró en todo momento la
disposición para que avanzáramos en el desarrollo de esta reforma.
A de Derechos Humanos, a su presidenta Angélica de la Peña y así como a la
propia que preside su servidora de Estudios Legislativos, en la que los
integrantes de mi comisión mostraron siempre la disposición de establecer en un
ánimo propositivo los requerimientos que la reforma necesitaba para salir
adelante.
No quiero desconocer la valiosísima opinión emitida por la Comisión de
Gobernación, cuya presidenta Cristina Díaz estuvo aportando a lo largo y ancho
de este tiempo.
Estos trabajos resultaron muy provechosos, porque son en su conjunto un
análisis y discusión…..
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Solicito concluya su participación,
senadora.
-LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Concluyo, presidente. De las reformas
mismas que estamos seguros van a fortalecer la política de estado que busca
preservar uno de los mayores derechos que debe de proteger nuestra
Constitución, los tres órdenes de gobierno y la sociedad en su conjunto, que es
el de la libertad de expresión.
Sin estridencias, sin acusaciones falaces, sin posiciones partidistas, me
parece que este es un momento histórico que la nación en su conjunto debe
celebrar.
Muchas gracias.
(Aplausos)
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Gracias. Informo a la asamblea que para la
discusión en lo general de este dictamen, se han inscrito los siguientes
senadores: Marco Antonio Blásquez Salinas, del Partido del Trabajo; Benjamín
Robles Montoya, del Partido de la Revolución Democrática; y la senadora Mariana
Gómez del Campo Gurza, del Partido Acción Nacional. Todos ellos en pro.
Se cierra la lista de oradores.
Tiene el
uso de la tribuna el senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos, si son tan
amables.
-EL C.
SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS: Con el permiso del ciudadano presidente
de la asamblea.
Quiero
igualmente felicitar a los compañeros que han dictaminado, porque
indudablemente tanto sus mesas directivas como los integrantes aplicaron
bastante tiempo para el dictamen de estas regulaciones.
Quiero
decir que efectivamente la federalización de los delitos cometidos contra
periodistas y
y sus
agravios era una cuestión ciertamente ociosa.
Hay que
decir que el hecho de que esto haya quedado en diferentes vertientes, como por
ejemplo la petición de la víctima, la omisión del Ministerio Público en las
investigaciones y algunas situaciones específicas fueran el signo y fueran la
condición para la atracción del delito es totalmente correcto.
Sin
embargo, quiero llamar la atención de todos mis compañeros en el sentido de que
se ha eliminado la creación de una fiscalía especial para atender los delitos
contra periodistas con autonomía plena de gestión.
La
creación de esta fiscalía estaba incluida en el dictamen sobre reformas
secundarias para proteger la labor de los periodistas.
Asimismo,
también en este dictamen se descarta la posibilidad de que estas fiscalías sean
creadas a nivel estatal.
Esto
obviamente es una situación que nos preocupa a quienes estamos relacionados en
el Senado en la materia y es una cuestión que preocupa al gremio periodístico y
a sus agrupaciones.
Porque la
creación de esta fiscalía especializada con total autonomía no es un capricho
ni es una petición graciosa que el gremio y que las agrupaciones estuvieren
demandando de nosotros, sino es una realidad, es una necesidad total y
absoluta.
Quiero
recordar aquí, palabra por palabra la demanda del gremio periodístico en
torno a la creación de esta fiscalía especializada que ha sido negada, que ha
sido omitida por este dictamen.
Es necesario
la creación de un cuerpo técnico especializado y que éste cuente con autonomía
financiera y recursos humanos para tener capacidad de reacción inmediata y
atender de manera puntual y eficaz al gremio periodístico, generando con ello
certeza jurídica y confianza, respeto a la institución a la que acuden para la
atención de este tipo de ilícitos.
Con ello,
al negar la creación de esta fiscalía obviamente estamos generando lo que
parece será una iniciativa incompleta, y no quiero de ninguna manera demeritar
a los compañeros que participaron en este dictamen, sino simple y sencillamente
decirles que esta reforma no está completa porque se ha eliminado esta figura.
Se
argumenta que algunos compañeros de una numerosa fracción parlamentaria
hicieron un comentario en relación a la reestructuración de la Procuraduría
General de la República, y se estableció un plazo de 180 días para que esta
institución vertebral del sistema público federal se reestructure.
Por ello,
no seré yo quien promueva el voto en contra de esta reforma, al contrario, mis
compañeros del Grupo Parlamentario del PT y su servidor votaremos a favor, pero
quiero aprovechar esta presencia en este foro para invitar desde aquí a la Procuraduría
General de la República a que en el marco de esos 180 días de reestructuración
contemple la existencia de la fiscalía especial, lo repito, para la atención de
delitos cometidos contra la libertad de expresión a fin de que se fortalezca o
en su caso se especifique con claridad qué instancia y a qué nivel estructural
será la competente para investigar los delitos relacionados con la libertad de
expresión.
Reitero,
la creación de esta figura es necesaria, porque quienes nos dedicamos a esto
hemos encontrado que uno de los más grandes temores de la víctima, que el más
grande temor del agraviado, que es un periodista, es precisamente comparecer
ante instituciones en las que definitivamente no cree.
Es la
cuenta, señor Presidente, y mi voto será a favor, con esa reserva, no técnica,
sino moral.
Muchas
gracias.
- EL C.
PRESIDENTE SENADOR SANCHEZ JIMENEZ: Gracias, Senador Blásquez. Tiene ahora el
uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
- EL C.
SENADOR ROBLES MONTOYA: Muchísimas gracias, Senador Presidente. He solicitado
el uso de la palabra porque estoy convencido de la relevancia del tema que hoy
discutimos, porque el tema de la protección a periodistas, como aquí se ha
expresado, es un reclamo de toda la sociedad mexicana, y es un reclamo que ha
cobrado fuerza, muchísima fuerza durante los últimos años.
¿Por qué?
Pues a
razón, a consecuencia de la violencia que el crimen organizado ha venido
ejerciendo en contra de la labor periodística a lo largo y ancho del país.
Y, desde
luego quiero subrayar que no se trata de un reclamo que proviene y solamente
del gremio periodístico, sino de la sociedad mexicana en general, pues al
atentar contra la labor de los periodistas se atenta también contra la libertad
de expresión y en contra del derecho de información de los mexicanos.
El
problema no es menor, apenas el 23 de diciembre pasado, es decir, hace poco,
menos de 4 meses la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que en
el año 2000, a noviembre del 2012 se han recibido 807 quejas por agravios a
periodistas, y que desde el 2005 ha registrado 82 homicidios, y 18
desapariciones de comunicadores.
Además
señaló que en los últimos años, en los últimos 5 años de manera particular, ha
investigado 28 ataques en contra de instalaciones de medios de comunicación.
Por eso
es el tema tan relevante, y por eso también era necesario y urgente que el
Senado de la República asumiera el compromiso de sacar adelante esta reforma,
no solamente por la obligación, derivada del decreto de la Reforma
Constitucional del 25 de junio del 2012, sino, y lo quiero subrayar, por los
riesgos y amenazas que la realidad de nuestro país impone hoy en día, como se
ha insistido, se ha subrayado durante los últimos minutos al ejercicio de la
labor periodística, la libertad de expresión y al derecho de la información.
Pero a
pesar de la presente reforma, también me parece necesario llamar la atención
sobre otra faceta de la problemática de la violencia contra periodistas. Me
refiero al hostigamiento proveniente de los agentes del Estado, que aquí
también ya se abordó, y que muchas veces se hace utilizando incluso las vías
legales.
Bien vale
la pena, compañeras y compañeros senadores recordar recientemente que el
Relator Especial de Naciones Unidas Sobre la Promoción y Protección del Derecho
a la Libertad de Opinión y de expresión, Frank Larroue, a quien por cierto
recibimos en Comisiones Unidas como parte de los trabajos de la elaboración del
presente dictamen, señaló que en México las agresiones contra periodistas no
provienen sólo del crimen organizado, sino también de agentes del Estado
como una forma de represalia en contra de aquellos que investigan asuntos
públicos, tales como los casos de corrupción o como actuaciones indebidas.
Más aún,
el propio representante de las Naciones Unidas en la materia ha señalado
también que el acoso judicial es un ejemplo de este hostigamiento por parte
de los agentes del Estado.
Es decir,
se utiliza a las instituciones como un mecanismo de hostigamiento en contra de
los periodistas.
Otro
método es el uso de la publicidad oficial como mecanismo para presionar, para
premiar, para castigar o para privilegiar a los medios de comunicación en
función de sus líneas informativas.
Por ello,
celebro la aprobación, Senador Presidente del presente dictamen, pero no quiero
dejar pasar la oportunidad de hacer también un llamado a esta soberanía para
que no quitemos el dedo del renglón, y veamos también qué otras formas son
necesarias para proteger la labor periodística del acoso proveniente de los
agentes del Estado, sirviéndose para ello de mecanismos legales.
No
asumamos que nuestra labor en este tema termina aquí. Aún hay mucho camino por
recorrer, porque como ya lo he señalado, atentar contra la labor periodística
es atentar contra la libertad de expresión y contra el derecho a la información
de todos los mexicanos. Y como lo han comentado aquí quienes han hecho
uso de la palabra, pues no quiero concluir sin felicitar a los presidentes de
las Comisiones Unidas en esta larga jornada de audiencias públicas de discusión
que hoy nos trae a la aprobación de este dictamen, porque yo estoy seguro que
todos lo vamos a aprobar.
Gracias,
Senador Presidente.
-EL C.
PRESIDENTE SANCHEZ JIMENEZ: Gracias Senador Robles.
Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
-LA C. SENADORA MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA: Con su venia, Senador
Presidente.
Bueno, primero las reformas legales que se presentan, que se proponen en este
dictamen constituyen un bloque indispensable para seguir construyendo el México
respetuoso de la libertad de expresión y del derecho a la información, parte
central de los derechos fundamentales de toda persona, garantizar la
procuración y administración de justicia imparcial y expedita en que los
periodistas o medios de comunicación se vean vulnerados en sus derechos cuando
estos casos estén relacionados directamente con su actividad es una obligación
irrenunciable de todas las autoridades, pero en especial de aquellas que deben
legislar la reglamentación secundaria de la facultad de atracción que se ha
tratado.
No obstante lo anterior no se puede garantizar una efectiva protección sin
proteger los derechos fundamentales de informar y expresar desde
todos los ámbitos de competencias del estado y de las instituciones protectoras
de los derechos humanos.
El Titular del Poder Ejecutivo Federal dentro de sus compromisos asumidos el 1º
de diciembre del apo pasado en materia de seguridad se comprometió a
implementar una eficiente estrategia que permita proteger entre otros aspectos
el libre ejercicio del derecho de expresión y labor periodística, no obstante
lo anterior, hasta el momento no hemos visto nada al respecto.
Por lo que si bien, estas reformas al Código Penal y de Procedimientos Penales,
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República son un importante avance en materia de
protección del derecho de expresión.
Lo cierto también es que estas acciones resultan insuficientes si no se
implementan acciones serias que conlleven estrategias puntuales por parte del
Gobierno Federal.
Por eso desde esta tribuna convocamos al Presidente de la República a que
implementen de manera inmediata la estrategia nacional de seguridad en la
que incluya acciones eficientes para la protección de la libertad de expresión
y que a su vez garanticen la defensa de los derechos humanos de todos los
mexicanos.
Es cuanto, Presidente.
-EL C. SENADOR SANCHEZ JIMENEZ: Gracias Senadora Gómez del Campo.
En virtud de que no hay más oradores ni artículos reservados para la discusión,
ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la
votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar
de la votación.
(Se recoge la votación)
-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Con el voto de la Senadora Ninfa Salinas, 86
votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Gracias.
-EL C. PRESIDENTE SANCHEZ JIMENEZ: Está a probado en lo general y en lo
particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; de
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República y; del Código Penal Federal.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72
Constitucional.¨´
Al margen:
El tema sólo generó una nota en las primeras planas:
El Senado
aprueba ley para periodistas ‘rasurada’
El
Pleno del Senado aprobó por unanimidad reformas para proteger la labor de los
periodistas, pero quedó pendiente la creación de una fiscalía especial para
atender delitos contra reporteros. El dictamen deja esta facultad al titular
del Ejecutivo o a la Procuraduría General de la República para que en un plazo
de 180 días, después de aprobada la ley, determinen la creación de la fiscalía
o faculten a otra unidad administrativa para dicha función. La iniciativa fue
enviada a la Cámara de Diputados para su aprobación.
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