En México. Naturalización selectiva/MATHIEU TOURLIERE

 Naturalización selectiva/MATHIEU TOURLIERE

Revista Proceso No. 1903, 21 de abril de 2013;

La ley establece claramente los requisitos para otorgar la carta de naturalización a los extranjeros que la soliciten, pero la “tradicional hospitalidad mexicana” es muy selectiva: Si no se trata de una persona “visible” –dice Lorena Cano, abogada de Sin Fronteras–, no tiene suficiente dinero o proviene de países como Colombia y Guatemala, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración y hasta el Cisen despliegan su creatividad para ponerles obstáculos insuperables.

El futbolista Damián Álvarez, de los Tigres de Monterrey, nació en Argentina y obtuvo la nacionalidad mexicana en 2011. Sin problema ni traba esperó poco más de un año entre la solicitud y la entrega de la carta de naturalización. “Obviamente el club le dio la asesoría y lo apoyó, pero pasó el examen de cultura y siguió los mismos trámites como cada naturalizado”, comenta a este semanario Alejandro Garza, jefe de prensa de los Tigres.

 Marta Martina Ceto, empleada doméstica de origen guatemalteco, tiene 12 años viviendo en México y empezó los trámites para obtener su naturalización hace cinco años. Sigue en espera de un juicio que nunca llega.

Según datos que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) proporcionó a Proceso, “cualquier extranjero que cumpla con los requisitos previstos en la Ley de Nacionalidad y su Reglamento puede obtener la nacionalidad mexicana por naturalización si la solicita, independientemente de su situación socioeconómica o profesional”.

Sin embargo Lorena Cano Padilla, asesora legal en la asociación Sin Fronteras, matiza: “Existen nacionalidades restringidas para llegar a México. Las restricciones se emplean también en el caso de personas que buscan la nacionalidad. Es cierto que se naturalizaron personas de todos orígenes en México, pero es mucho más difícil acceder a este procedimiento si tú, africano, árabe o colombiano, solicitas la nacionalidad. Se les otorga con mucho más facilidad a las personas de origen europeo y estadunidense, por ejemplo”.

Y precisa: “La discriminación tiene que ver con la combinación de factores; proviene no sólo de la nacionalidad de origen, sino también del poder adquisitivo”.

Según la información de la SRE, entre el 1 de enero de 2010 y el pasado viernes 12, México entregó 9 mil 503 cartas de naturalización a extranjeros. Poco menos de 4 mil las entregó a latinoamericanos e ibéricos, 2 mil 357 a quienes contrajeron matrimonio con mexicanos, mil 464 a personas que tuvieron hijos mexicanos, mil 197 a quienes viven aquí desde hace más de cinco años, 566 a los que fueron adoptados por una pareja mexicana y dos a personas que realizaron obras destacadas para el país.

En cuanto a sus orígenes, desde 2010 hasta la fecha 2 mil 733 colombianos solicitaron la nacionalidad mexicana, seguidos por 2 mil 255 cubanos, mil 328 argentinos, mil 126 venezolanos y 978 españoles. La lista se prolonga a Guatemala, Perú, Estados Unidos, China y Honduras. En total, 12 mil 377 ciudadanos de esos 10 países pidieron su naturalización.

El pasado 27 de marzo, en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto entregó oficialmente 20 cartas de naturalización y simbólicamente otras 158. “Hoy México les refrenda su hospitalidad y les agradece la confianza que le han tenido al hacerlo su nuevo hogar (…) Este es un país que sabrá valorar su participación y recompensar su esfuerzo diario. Ser mexicano es más que una nacionalidad. Es un compromiso. Es asumir una responsabilidad con el país que los adopta como hijos y con las personas que hoy los reciben como hermanos”, dijo en esa ocasión.

Sin embargo, para otros el camino hacia la nacionalidad mexicana está lleno de obstáculos.

 Papeleo de “seguridad nacional”

 Bleidy Rueda es una de los mil 783 refugiados que según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) radicaban en México en 2011.

 Una madrugada de 2008 salió corriendo de su casa en Colombia con su hija de nueve años para huir de una masacre perpetrada por la guerrilla, que persigue a su familia desde hace 30 años. La embajada mexicana le otorgó una visa que le reconocía el estatus de refugiada. Llegó al país enferma, tras dos días sin comer y sin dinero.

 “Me recibieron bien. Me dieron auxilio en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y me orientaron hacia Sin Fronteras. Ahí me apoyaron económicamente”, relata. Cuando pasó el trauma de la huida, Rueda empezó a trabajar en el Metro, el Metrobús y sitios de taxis; poco después de seis meses un taxista la secuestró y la dejó por muerta. “Perdí dientes, mis oídos me los reventó. Ese tipo casi me mató”, comenta.

 Pero ella, que se define como “trabajadora y luchona”, reunió el dinero suficiente para abrir en 2010 un pequeño local de cosmetología: Tu Spa Cio, equipado con tres camas de masaje y donde trabajan seis empleadas mexicanas.

 Al crecer su hija, Rueda solicitó la nacionalidad el 31 de julio de 2011 y siguió el consejo de los abogados de Sin Fronteras: “No vaya a hacer nada ilegal, haga sus cosas bien porque cualquier cosa puede frustrar su naturalización”. No obstante, ella se queja que desde el principio la SRE le puso obstáculos.

 El 19 de diciembre de 2011 personal de esa dependencia le notificó que su flujo migratorio –el registro de sus entradas y salidas del país– no le permitía continuar el proceso. En realidad ella nunca había salido del país, pero tuvo que reiniciar el trámite en el Instituto Nacional de Migración para que se revisaran otra vez su flujo migratorio y sus antecedentes penales. Las autoridades reconocieron que todo estaba en orden y convocaron a Rueda para seguir con los trámites tres meses después.

 No obstante, dice, como extranjera “cuando tienes que acudir al INM o a la SRE te tratan mal, como si hubieras cometido un asesinato o matado a un cura. No siento la discriminación en mi vida cotidiana porque gracias a Dios el trabajo que hago me gusta y puedo llegar a la gente muy fácil. Lo siento aquí como México contra Colombia en un partido de futbol”.

 El 24 de enero de 2012 descubrió que en algún lugar de la burocracia le habían inventado una hija de 11 meses. Fue necesario que realizara más trámites para establecer que su hija tenía 12 años, había nacido en Colombia y que la trajo con ella a México. Así se reconoció oficialmente, pero le agregaron un requisito nuevo: un aviso del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la Secretaría de Gobernación.

La mujer gestionó el documento. El 10 de enero de 2013 el Cisen concluyó que “se obtuvieron indicios que motivaron el desarrollo de una investigación por las autoridades federales dirigida a determinar si el solicitante está llevando a cabo actos que se encuadran en alguno de los supuestos previstos por las fracciones del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, investigación que actualmente está en curso, por lo que derivado de la opinión emitida (…) no es procedente otorgarle la nacionalidad mexicana a la señora Bleidy Rueda”.

Al consultar el mencionado artículo, se enteró de que se le hacía sospechosa de “espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio; impedir u obstaculizar a las autoridades militares o navales actuar contra la delincuencia organizada”.

No sabía qué hacer. “Estaba muerta de ira, no sabía ni para dónde correr”, dice. Entonces, con la ayuda de Sin Fronteras, demandó a la SRE, un servicio por el cual “cualquier abogado cobraría 50 mil pesos”.

Explica que, desde su llegada a México, vive en el mismo domicilio, ha tenido un solo teléfono celular. Nadie fue a interrogarla, a investigarla ni fue citada. El INM investigó dos veces sus antecedentes penales y dictaminó que podía seguir el proceso de naturalización.

“Lo que me pasa es una burla”, deplora. Lo peor es que ni siquiera puede conocer los motivos de la investigación aludida por el Cisen porque se trata de un asunto “de seguridad nacional”.

Se desahoga: “Tuve que esperar casi dos años: todas las veces, los buses que tomé para ir a SRE, que fui a migración, que hice una cosa y otra; mi tiempo, mi plata, ¿quién me responde a mí por todo eso?”

Bleidy Rueda había invertido sus ahorros para viajar a Colombia, donde tenía casas y departamentos. Allá se enteró de que sus hermanos vendieron todas sus pertenencias. Y al volver a México recibió la respuesta del Cisen.

“Ya no tengo nada –lamenta–. Vengo desmoralizada de Colombia, y me ponen esta traba después de otras mil trabas. Con esto dejé de insistir. Me fui para la ACNUR. No lo podía creer, estaba indignadísima. Ni siquiera me dijeron qué pasaba. Tengo derecho a saber por qué soy investigada, pero la ‘seguridad nacional’ no es algo con lo que peleas.”

Dice que ya pensó en la posibilidad de irse de México. Sin embargo, su hija adolescente cursa el tercer año de bachillerato y patina en la liga del Distrito Federal, por lo que ya se fue a competir a Cancún y a Morelia. Bleidy asume que las dos tienen ya una vida formada en el país.

Congruente con la difundida tradición hospitalaria de México, la ley prevé la entrega de carta naturalización a los extranjeros que la soliciten, si comprueban que no tienen antecedentes penales aquí ni en su país de origen, hablan español, conocen la historia nacional, están integrados a la cultura y tienen un periodo de al menos cinco años de residencia.

La ley facilita este proceso a los solicitantes que provienen de países latinoamericanos o ibéricos, a los padres de hijos mexicanos y a las personas que “prestaron servicios o realizaron obras destacadas en materia cultural, social, científica, técnica, artística, deportiva o empresarial”. A ellos sólo les exige al menos dos años de estancia permanente en el país.

“Por supuesto, la naturalización se les otorga de manera mucho más fácil a las personas ‘visibles’: modelos, deportistas y otros, porque es mucho más fácil comprobar” que cumplen los requisitos, explica Lorena Cano.

Y enfatiza que la decisión de entregar la carta de naturalización le corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE, que pide al INM una investigación sobre el flujo migratorio del aspirante. En caso de rechazar la solicitud, la dependencia tiene que “fundar y documentar” su decisión, pero ésta puede resultar “nada transparente”, en palabras de Cano.

 Salir de Guatemala…

 Estaría más cómoda con los vestidos tradicionales mayas, pero los tuvo que cambiar por ropa urbana para que sus empleadores no la discriminen por sus orígenes guatemaltecos. Cuando habla, nunca pronuncia una palabra más alta que otra; parece frágil, pero narra sus experiencias con soltura.

Marta Martina Ceto llegó a México en agosto de 2002. Dejó a su mamá y sus hermanos para seguir a la pareja de colombiano y mexicana que la empleaba en su servicio doméstico, pero también para alejarse de un problema “muy doloroso” sobre el cual no quiere hablar.

Como se quedó un año sin documentos, fue multada con 4 mil pesos. Después logró obtener su visa de residente temporal (la Forma Migratoria 3), que debía renovar cada año. Renunció a su empleo porque sus patrones nunca la apoyaron en los trámites.

Entonces acudió a la embajada de Guatemala, que le recomendó acercarse a Sin Fronteras, organización que proporciona asesoría legal a los migrantes. En 2008, ya con seis años de estancia laboral en el país, pagó los 4 mil pesos que la SRE le pidió para iniciar el proceso. “Nos habían dicho que cumpliendo tres años aquí me la iban a proporcionar”, relata Ceto.

Pero de pronto la dependencia canceló el trámite sin notificarle los motivos y no le devolvió su dinero. Marta Martina y Sin Fronteras interpusieron una demanda contra la SRE, pero después de cinco años todavía esperan fecha para el juicio.

Ella también conoce el muro de silencio y las trabas que utiliza la administración migratoria: papeles tras papeles, cita tras cita, las autoridades invocaron miles de argumentos para posponer el juicio a una fecha indefinida, incluida la grafía de su nombre (¿Marta o Martha? ¿Ceto, Zeto o Seto?). Cada error retrasa el trámite. Hasta el juez la convocó para “precisar” su nombre, pero fue en vano, aunque después de dos horas la atendió el asistente del juez y le aseguró que haría todo lo posible para resolver su caso.

No obstante, esa y otras autoridades siguen analizando una y otra vez sus documentos, sus entradas y salidas del país.

Entre tanto, cambió su situación migratoria. En 2008 obtuvo la estancia permanente –Forma Migratoria 2– que debe renovarse anualmente mediante un pago de 3 mil 800 pesos, “gasto grande” para sus ingresos.

Además, dice, “tengo que tramitar la solicitud un mes antes de que se me venza la FM2 e ir hasta tres veces por semana al INM. Para poder hacerlo tengo que pedir días libres, que no me pagan”. Como empleada doméstica, no tiene horario. Le dejan “libres” (sin paga) los fines de semana, cuando el INM está cerrado.

Señala que en esas oficinas ha padecido la discriminación de los funcionarios, que “se sienten grandes y en el momento causan miedo”. En 2009 fue al instituto sin que la acompañara alguno de sus tres representantes legales de Sin Fronteras porque iba a recoger la FM2. El burócrata que la recibió preguntó por qué iba sola y Ceto respondió que ella era la interesada en el documento y que sus representantes no le cobraban nada por la asesoría. La respuesta fue que no le entregarían el documento si no se presentaban sus abogados.

“Tuve que llamar a la licenciada (Lorena Cano); ella habló a Migración y tuve que ir otra vez para que me dieran el documento –relata Ceto–. Siento que me trataron mal porque creen que una no puede hacer las cosas por sí sola. Me dijeron que a fuerza me tenía que acompañar una de las representantes legales. Me dio nervios, coraje, porque yo sí trabajo y tengo que estar pidiendo permiso para salir.”

En otra ocasión que fue a renovar la FM2 escuchó a unos funcionarios que hablaban de su caso. Una frase perforó el grueso cristal de la ventanilla e impactó sus oídos: “Los guatemaltecos no son bienvenidos”. Por eso, comenta, “me siento a veces triste, con rabia porque hay mucha discriminación. Cuando voy a meter mi solicitud para renivelar mis papeles, cada año, siempre pasa”.

Ya va a cumplir 12 años en México y está segura de que la naturalización cambiaría su vida. En cambio, apunta, “hay unos chilenos que tienen un año aquí y ya les otorgaron la naturalización porque ellos tienen dinero; llegaron al país con una empresa y ya con eso la hacen”.

Marta Martina estudia belleza desde hace un año y le falta otro para terminar. Le gustaría vivir de ese trabajo porque está cansada del servicio doméstico. Hace poco estaba contratada por una familia en Santa Fe, pero no respetaban sus horas libres, que necesitaba para estudiar, y renunció. Cuando les agradecía que le hubieran dado el empleo, la señora llamó al policía del conjunto residencial para verificar que no llevara nada que no fuera suyo entre sus pertenencias. La joven le dijo que podía revisarla ella misma, aunque en todos los años que trabajó ahí nunca se perdió nada. Ahora trabaja en otro hogar y dice que le va mucho mejor.

Ahora extraña mucho a su familia. Nunca le cuenta a su mamá lo que padece en México. “Mis paisanos son muy valiosos porque dejan a su familia para encontrar vida mejor. Espero que mi testimonio ayude a los demás, porque yo no tengo hijos”, reflexiona.

Según datos oficiales, en lo que va del año la SRE ha entregado mil 192 cartas de naturalización. En 2009 el INM tenía registrados 262 mil 672 residentes extranjeros, de los cuales 173 mil 607 provenían de otros países americanos.

La asociación Sin Fronteras asesora actualmente a 17 migrantes y dos refugiados, informa Lorena Cano. Marta Martina y Bleydi siguen esperando sus juicios contra la SRE, y a pesar de los episodios enfadosos y hasta trágicos que sufrieron en el país, agradecen el apoyo de varias personas y familias que las ayudaron y valoraron su trabajo.