Reforma
migratoria/OLGA PELLICER
Revista
Proceso
No. 1903, 21 de abril de 2013;
La
iniciativa para una reforma migratoria ha sido presentada al Senado de Estados
Unidos. Se trata de un largo documento elaborado por quienes se conocen como
“la pandilla de los ocho”, cuatro senadores demócratas y cuatro republicanos.
En el ambiente de extrema polarización que se vive desde hace años en el
Congreso estadunidense, el documento bipartidista es visto como un logro
excepcional. Algunas de las figuras más radicales del Tea Party, como Marco
Rubio, senador por Florida, han dado todo su apoyo a la iniciativa. Aunque se
esperan negociaciones difíciles, particularmente en la Cámara de
Representantes, esos gestos conciliadores permiten albergar esperanzas de que
habrá una salida a la situación irregular de 11 millones de trabajadores
indocumentados en Estados Unidos, la mayoría (6.5 millones) de origen mexicano.
Hay
muchos nudos que destrabar antes de que se pueda cantar victoria. Dentro de los
más difíciles se encuentra la redacción final respecto a las condiciones,
costos y tiempos que habrá que cumplir para obtener el permiso de trabajo y, al
final, la ciudadanía; el número de visas para trabajadores temporales que se
van a otorgar; los requisitos a cumplir para que se confirme la existencia de
una “frontera segura”; los métodos para verificar el cumplimiento de la ley por
parte de los empleadores.
El
asunto es de enorme interés para entender los hilos que mueven la política
interna en Estados Unidos. Salta a la vista que el elemento decisivo para dar
vida a esta iniciativa ha sido la importancia del voto latino para la
sobrevivencia misma de los republicanos en algunos estados. Conciliar o
arriesgarse a quedar fuera del juego es lo que explica el cambio de ánimo en
políticos de extrema derecha. Es un ejemplo por excelencia de la aseveración
tan pertinente en Estados Unidos: toda política es local. El problema es que la
migración es internacional, que el tema involucra necesariamente a un factor
externo que en este caso se llama México y los mexicanos.
El
proyecto de reforma migratoria ha sido redactado sin la menor consideración a
la “buena vecindad”. Por el contrario, el eje central en torno al cual se han
tejido compromisos es la Frontera Segura. La advertencia es enérgica; habrá
reforma migratoria si se confirma que ni por los puertos de entrada ni en los
miles de kilómetros entre un puerto y otro habrá cruces ilegales. Se asigna una
suma millonaria, 6.5 mil millones de dólares en 10 años, para fortalecer
aviones no tripulados, censores, vallas, Guardia Nacional. En otras palabras,
que exista una espesa valla que separe a México y Estados Unidos.
La
reforma migratoria tiene destinatarios muy bien identificados: los mexicanos.
La manera en que afecte a México en su conjunto, las responsabilidades
implícitas que se esperan de los gobiernos federales y estatales mexicanos, no
han sido mencionadas. Quizás esto ocurra durante la visita de Obama a México,
quizás esté ocurriendo en estos momentos en las pláticas de Chong con Janet
Napolitano. Una cosa es cierta, esa reforma tan doméstica, tan determinada por
necesidades electorales de corto plazo, no puede aplicarse exitosamente si no
se cuenta con la colaboración del gobierno mexicano y, más aún, con la
colaboración de los gobiernos centroamericanos.
Tres
ejemplos pueden ilustrarnos respecto a esa inevitable conexión. El primero
tiene que ver con la frontera misma. No se puede concebir la seguridad de una
frontera tan transitada (con el mayor número de cruces en el mundo) sin que
haya coparticipación de uno y otro lado. Además, ¿Cómo van a resolver el
problema del envío de armas a México? Difícil aceptar que lo “seguro” es sólo
para que no vayan trabajadores indocumentados hacia allá. La frontera segura es
un asunto bilateral, como quiera que se vea.
El
segundo problema son las visas para trabajadores temporales poco calificados,
el contingente más numeroso de mexicanos deseosos de ir a Estados Unidos. El
acuerdo logrado entre los sindicatos pertenecientes al AFLCIO y la Cámara de
Comercio en Estados Unidos establece un mecanismo complicado para que éstas
puedan oscilar entre 20 mil y 200 mil según las necesidades mayores o menores
de la economía estadunidense. Será necesario precisar cómo se establecen esas
necesidades y desde luego cómo es la situación de la oferta laboral en México.
Contratar trabajadores mexicanos en cantidades significativas para conformar un
flujo seguro que sea, asimismo, el aliciente para ir legalmente, no es tarea
fácil. ¿Cuáles son las instituciones mexicanas que participarán? ¿Cómo se
seleccionarán los estados expulsores?
El
tercer problema, y el más difícil, es detener a los migrantes centroamericanos.
El problema remite a la correlación entre frontera norte y frontera sur en
México. El viaje de Obama de alguna manera evoca esa vinculación al hacer una
visita a México y Centroamérica. La insistencia en la frontera segura no puede
ignorar lo que ello significa para el gobierno mexicano, responsable no sólo de
detener a sus propios nacionales sino a los que llegan del sur de la frontera.
México se convierte para los centroamericanos en un largo túnel que desemboca
en una fuerte valla en la que será más visible que nunca el lema “no pasarán”.
Dentro
de unos días Obama visitará México. Es el momento de discutir cómo se pondría
en práctica, en caso de ser aprobada, una reforma migratoria que involucra
inevitablemente al gobierno mexicano. Saber identificar los problemas que se
deben enfrentar es un reto para la nueva administración cuyos perfiles en
cuestiones de política exterior son todavía tan inciertos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario