La trama del hambre/ALVARO DELGADO

 La trama del hambre/ALVARO DELGADO

Revista Proceso No. 1903, 21 de abril de 2013;

 El entramado político-electoral para usar programas sociales en beneficio del PRI en el estado de Veracruz, puesto al descubierto por el PAN, revela la naturaleza corrupta del partido en el poder federal. Y si bien ya se realizaron las primeras destituciones de funcionarios implicados, es claro que con ellas se pretende lavar imagen y, sobre todo, evitar que rueden las cabezas de dos responsables principales: la del gobernador de esa entidad, Javier Duarte, y la de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles. 

La red de funcionarios federales, estatales y municipales para usar ilegalmente los programas antipobreza a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, puesta al descubierto por el Partido Acción Nacional (PAN), no sólo exhibe al gobernador Javier Duarte como jefe de delincuentes electorales, sino también al presidente Enrique Peña Nieto y a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que opera el programa emblema del sexenio: La Cruzada contra el Hambre.

En la denuncia penal que presentó el PAN ante la Procuraduría General de la República (PGR), a través del diputado federal Humberto Alonso Morelli, no queda duda: Duarte está al frente de la “estructura paralela” al PRI en Veracruz, como lo confiesan los responsables políticos y operativos de ésta, miembros del primer círculo del gobernador priista.

A lo largo de las 50 cuartillas de la denuncia penal, presentada el martes 16 y de la que Proceso tiene copia, los involucrados describen, a detalle, el plan para hacer triunfar al PRI con base en el uso ilegal de programas federales, estatales y municipales, una trama en la que intervienen al menos 59 servidores públicos –no 57–, la mayoría priistas.

Pero también en la denuncia contra “El cártel rojo de Veracruz” –como lo denomina el PAN– se identifica como “cómplices” a funcionarios del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Instituto Electoral Veracruzano (IEV), quienes facilitan la infiltración de priistas como funcionarios y realizan cambios de credenciales de elector indebidamente.

Según la denuncia, están involucrados el vocal ejecutivo del Registro Federal de Electores (RFE) en esa entidad, Sergio Vera Olvera; Mariana Sánchez “y los encargados de los módulos” del IFE, así como la presidente del IEV, Carolina Viveros González; el vocal de capacitación, que no identifica, y “los capacitadores asistentes electorales”.

La denuncia refiere que los funcionarios del IFE “autorizaron cambios de domicilio de electores entre municipios que no son procedentes de acuerdo con la normatividad legal, principalmente a los municipios de Boca del Río y Veracruz”.

Por ello pide a la PGR que solicite al IFE cuántos de esos cambios se hicieron este año de otros municipios del estado a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, “así como de municipios de los estados limítrofes con Veracruz proporcionando los nombres y demás datos de dichos electores”.

En la denuncia ante la PGR, el PAN asegura: “Se tiene conocimiento de que en todo el estado está operando una estructura paralela similar a la de Boca del Río y de que se ha estado contratando a personas con residencia en otros estados para que voten a favor de los candidatos del PRI a cambio de dinero, transportándolos de sus lugares de origen y regresándolos al terminar la jornada electoral”.

Añade: “Según sabemos, ya realizaron trámites de cambio de domicilio a diversas ciudades del estado, principalmente Veracruz y Boca del Río, con la complicidad de los funcionarios y empleados del Registro Federal de Electores antes mencionados, quienes no exigen un documento que acredite fehacientemente su residencia efectiva”.

En el caso de los funcionarios del IEV, la denuncia recoge testimonios en el sentido de que ese órgano “está de nuestro lado”, pero también se planea colocar como funcionarios de mesa directiva de casilla a priistas, como lo planteó en una reunión la representante del PRI ante el IEV, Rosa María Adriana Mendoza.

La priista dice que se debe trabajar “para que nuestra gente ocupe las primeras posiciones en este proceso electoral” y por eso pide que se invite a priistas para que se capaciten: “Y, bueno, nosotros nos encargamos de lo demás a través del capacitador de convocarle una posición de escolaridad alta para que él ocupe la integración (de mesas directivas de casilla) como presidente, secretario y como escrutador”.

Otro videoescándalo

Con base en más de 13 horas de grabaciones, el PAN acusa a Duarte de violar los artículos 108 de la Constitución –que establecen que los gobernadores son responsables por las violaciones a ésta, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales–, y 134, que obliga a aplicar con imparcialidad los recursos públicos.

También se le imputa al gobernador y a los otros 56 denunciados cometer numerosos delitos previstos en el Código Penal y en cuatro leyes –asociación delictuosa, entre ellos–, así como el Programa de Blindaje Electoral 2013 de la Sedesol por condicionar la entrega de los programas sociales, como Oportunidades, pensiones, despensas, sillas de ruedas, prótesis auditivas…

Este golpe político del PAN a Duarte, difundido el miércoles 17 y cuyo artífice es el expriista Miguel Ángel Yunes, se produce en medio del lanzamiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre, a la que fue invitado el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva.

La operadora de este plan, la experredista Rosario Robles, titular de la Sedesol, fue ubicada por el PAN como la artífice del uso clientelar de los programas sociales en varios de los 14 estados donde habrá elecciones locales en julio de este año, como Aguascalientes, Coahuila, Quintana Roo, Durango, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

El presidente del PAN, Gustavo Madero, advirtió que esos estados son “focos rojos” y, entre otras demandas, exigió a Peña Nieto, en una carta, separar de sus cargos a Robles y a Duarte, así como a todos los funcionarios involucrados, e integrar “con rapidez y eficiencia” la averiguación previa derivada de la denuncia presentada.

“Hay una fusión entre el PRI-gobierno que violenta todas las normas constitucionales que obligan a la imparcialidad y a la equidad en las contiendas. Esto se materializa en una estructura paralela o ciudadana, encabezada por el gobernador de Veracruz y en la que participan 57 funcionarios de los tres órdenes de gobierno.”

Esta estructura, dijo Madero, constituye una asociación delictuosa, porque opera en todos los municipios de Veracruz con recursos de los programas sociales públicos para ponerlos al servicio de los candidatos del PRI, lo que constituye una violación grave a la Constitución de la República, a la local y a las leyes penales y electorales.

“Violenta también el espíritu democratizador del Pacto por México, pero sobre todo constituye un abuso y una falta absoluta de moral pública, de ética política y de respeto a la dignidad humana”, puntualizó al dar a conocer las grabaciones de los funcionarios implicados.

En este nuevo videoescándalo, cuya grabación los Yunes se la atribuyen a la priista Aurora Delgado Huerta –que ya lo negó–, Robles salió perjudicada: Será sujeta a una demanda de juicio político en la Cámara de Diputados.

Y es que los propios involucrados, que fueron audiograbados y videograbados a pesar de extremar precauciones para mantener en secreto el plan, se ufanan de que el PRI siempre ha operado electoralmente mediante la compra de votos de los ciudadanos más pobres del país.

“Así se ha hecho siempre en nuestro partido, de darles las cosas”, confiesa Pablo Anaya Rivera, secretario de Salud de Duarte hasta el 7 de marzo y desde entonces coordinador operativo de la “estructura paralela”, quien, en sus intervenciones, es prolijo en el repertorio de prácticas de defraudación electoral.

Comprar votos no es sencillo, acepta el propio Anaya: “No es fácil comprar una elección, el ir y comprar votos, porque hay que saber a quién comprárselos. Y lo han visto y lo han vivido y lo hemos visto todos los que sabemos de esto: No es fácil, porque a veces damos el dinero a quien no nos va a responder o al menos nos agarran de pendejos”.

Alarde de mapaches

Justamente para “saber a quién” comprarle los votos es que los operadores de la estrategia encabezada por Duarte consiguieron los padrones de beneficiarios de los programas sociales, que los propios funcionarios les proporcionaron en las reuniones secretas.

Así consta en las grabaciones que se anexan a la denuncia presentada ante la PGR, en las que participaban funcionarios de la Sedesol, cuyo delegado Ranulfo Márquez Hernández fue separado del cargo por la secretaria Rosario Robles, el jueves 18, un día después de que el PAN estalló el escándalo.

Sin embargo, si bien destituyó a otros seis funcionarios menores de la Sedesol, Robles mantuvo en el cargo a Alejandro Baquedano Sánchez, coordinador estatal de Oportunidades, el principal programa para captar votos conforme al plan de Duarte.

La relevancia de Oportunidades la puso de relieve el coordinador general de la “estructura paralela”, Salvador Manzur Díaz, secretario de Finanzas y Planeación del gobierno de Duarte, presidente municipal con licencia de Boca del Río y delfín de Duarte para sucederlo en la gubernatura:

“Quiero comentarles que hay muchísimas oportunidades que aprovechar y seguir realizando una inercia con esta estructura, y hablo de que hay muchísimas oportunidades, porque precisamente hablo del programa Oportunidades (por lo) que invité a los encargados que están aquí: César Perdomo y Mariano Molina. Ellos son los responsables encargados de este programa Oportunidades aquí en esta zona y quiero decirles que les reconozco que se han comprometido muchísimo con lo que es la acción operativa de este programa.”

El uso ilegal de este programa incluye, como él mismo lo confesó, remover a las vocales identificadas con el PAN y sustituirlas con priistas, por las buenas o por las malas: “(…) mandar el mensaje de que jalan o jalan, ¿no?, así es. De alguna manera es un tema natural, ¿no?”.

El plan priista implica remover a la mayoría de las 4 mil vocales de Oportunidades en Boca del Río, según el coordinador operativo, Pablo Anaya Rivera, delegado priista en ese municipio:

“No se puede quitar ni borrar a los beneficiarios, pero quienes coordinan a los beneficiarios son las vocales y a esas sí las tenemos que quitar a todas, a todas. Ahora, ¿a quién vamos a proponer? A las que proponga el partido y a las que propongan ustedes.”

Para eso lo de menos es falsificar actas de asamblea, como lo aclaró el mismo Anaya: “Nosotros somos expertos en hacer actas allá con el doctor Raúl Zamora. ¿Sí o no, Raúl? Así es, nosotros fabricamos el acta y decimos que fue electa como Susana Pérez por parte del vocal de Oportunidades. O sea, ese no es problema. Hay que hacerlo ya. Ya, porque tenemos que adoctrinarlas a través de nuestras vocales”.

Si bien Robles destituyó a Mariano Molina Rodríguez, César Perdomo Buenrostro se mantiene en el cargo, aunque forma parte de los cinco funcionarios de la Sedesol denunciados ante la PGR: Felipe Sosa Mora –quien sigue en su cargo–, el subdelegado Felipe Sosa Mora, Alejandro Baquedado y Graciela Tejeda Martínez.

Esta última proporcionó a los priistas, en las reuniones en que participó, información confidencial sobre la operación del programa de Adultos Mayores de la Sedesol, Sesenta y Cinco y Más, que hizo exclamar a Manzur Díaz: “¡Esto es oro molido!”.

Tejeda Martínez dijo que sólo en Boca del Río podrían darse apoyos a mil personas mayores de 65 años y que recomenzaba el PRI a localizarlos para “acarrearlos” a afiliarse.

En esa reunión, celebrada el 7 de abril, Rivera Cortés le pregunta si puede proporcionarle el padrón de adultos mayores: “Tenemos el padrón de Oportunidades, nos lo confiaron y tenemos la oportunidad de movilizarnos casa por casa. ¿Tienes el padrón de los viejitos? Dices que nos están ganando a los viejitos. Ese mismo padrón no nada más lo tienes tú, lo deben tener las gestoras, las gestoras que están operando para el otro partido, sí lo deben de tener ellas. Si nosotros no tenemos ese padrón, pues entonces por eso nos están ganando a los abuelitos”.

La funcionaria le respondió que no, que son nuevos y que deben buscarlos en el municipio, lo que avala Manzur, quien dice que el programa de Adultos Mayores es ahora lo que fue Oportunidades, “la mayor reclutadora de personal de todo el país”.

Se explica: “O sea, realmente eran programas de nómina de los beneficiarios, o sea trabajaban para el gobierno federal y su trabajo era votar por el PAN, ese era su trabajo y les pagaban mil, 2 mil, 3 mil, aquí adultos, la pensión, no sé de cuánto sea la pensión”.

–Subió 50 pesos –le responde Tejeda–. Ahora es mil 50 cada dos meses.

–Y se les paga por eso, por participar políticamente –reflexiona Manzur, quien se dirige a Anaya, como coordinador operativo del plan priista:

“Entonces es realmente oro molido lo que tenemos en la mano, hay que aprovecharlo, no nada más es la única instrucción que lo hagamos con el sentido político y que se considere, doctor, esto ya es de manera importante de manera formal.”

 Duarte, el jefe

 En la denuncia los propios implicados colocan a Duarte como el artífice de la “estructura paralela” al PRI, mediante la cual pretende ganar las elecciones de julio, cuando se renovarán los ayuntamientos y el Congreso local”.

Expone la denuncia: “De manera reiterada, tanto el doctor Pablo Anaya Rivera, secretario de Salud del gobierno del estado, como Salvador Manzur Díaz, secretario de Finanzas y Planeación; Raúl Zarrabal Ferat, secretario de Comunicaciones, señalan que han recibido instrucciones del gobernador del estado de integrar esa estructura paralela para favorecer al PRI y a sus candidatos en las elecciones del próximo 7 de julio”.

Anaya Rivera: “A él le conviene que ganemos nosotros, sí, porque yo trabajo para un gobernador, ¿sí? Y al final de cuentas es hacer un esfuerzo extra por una situación. O sea, ¿cuántos estamos en esta posición? Yo no quiero fallarle al gobernador, eso me queda claro a mí”.

Otra cita de Anaya: “Debemos tener vergüenza para decirle al alcalde: Pues ¿sabes qué? No te puedo ayudar porque tengo otros compromisos y no le quedan mal a los candidatos, no le quedan mal al partido y no le quedan mal al gobernador, a nuestro gobernador”.

Manzur Díaz, en la reunión del 11 de marzo, un día antes de rendir protesta como secretario de Finanzas: “No necesitaba el gobernador decírmelo por moral, por compromiso ético, yo de igual manera lo hubiera hecho, pero él me lo instruyó que yo sea el enlace del gobierno del estado aquí en Boca del Río, por lo tanto me voy pero no me voy”.

En la denuncia cita otra vez a Manzur y también al exgobernador Fidel Herrera, quien se prevé que busque ser diputado local:

“Nuevamente Manzur reitera que son instrucciones del gobernador del estado: ‘Venimos con todo, como lo platicamos la semana pasada, también el licenciado Fidel Herrera lo comentó: Hemos recibido la instrucción de nuestro jefe máximo, el gobernador’.”

Y añade Manzur: “(…) yo voy a estar como enlace del gobierno y responsabilizado de los avances políticos y electorales de la zona (…) la responsabilidad de un servidor no sólo recae en un municipio, sino también en todo el distrito. Afortunadamente hay una inercia política en este momento que favorece más al PRI que al PAN”.

En la denuncia del PAN ante la PGR se cita a Raúl Zarrabal, secretario de Comunicaciones hasta el 13 de marzo y aspirante a diputado por el Distrito 22, con cabecera en Boca del Río: “La presencia también de Salvador Manzur Díaz, hoy como enlace de nuestro gobernador, el doctor Javier Duarte de Ochoa, va a permitir fortalecer este trabajo”.

Por ello, en la denuncia se identifica a Duarte como el jefe de esta fusión PRI-gobierno:

“El gobernador del estado de Veracruz no puede argumentar desconocimiento, pues consta en las audiograbaciones que sus propios colaboradores han señalado que participa en esta ‘estructura paralela’ –misma que constituye una auténtica asociación delictiva– creada por instrucciones del propio gobernador y que él mismo encabeza.

“¿Puede un gobernador ser ajeno a las tareas ilícitas que llevan a cabo cuando menos tres secretarios de su gabinete y muchos otros funcionarios de primer nivel de su gobierno, así como delegados federales propuestos por él?”

Un gobernador, añade, puede delegar atribuciones en los miembros de su gabinete, pero debe supervisar a los funcionarios. Y en cuanto a las actividades ilícitas de sus funcionarios, él tiene responsabilidad directa si las ordena, pero igualmente la tiene si las permite.

Concluye: “Hay, pues, una responsabilidad directa del gobernador del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en las acciones ilícitas que lleva a cabo esta ‘estructura paralela’ encabezada por él mismo”.