Sistema
de Justicia Penal/PND
El
Sistema de Justicia Penal vigente en México hasta 2008 mostró deficiencias en
su capacidad para cumplir su principal finalidad: procurar e impartir
justicia de manera pronta, expedita e imparcial. La problemática estructural
de ese Sistema, caracterizada por prácticas de corrupción, faltas al debido
proceso, opacidad, saturación,
dilación,
una defensoría pública rebasada y una deficiente vinculación entre policías
y el Ministerio Público, se tradujo en violaciones a los derechos humanos, en
la ineficacia de la función persecutoria de los delitos y en la falta de
respeto al principio de presunción de inocencia. Todo ello vulneró el Estado
de Derecho y provocó que, en ocasiones, actos ilícitos quedaran impunes. Este
fenómeno ha afectado la percepción de la ciudadanía acerca del Sistema de
Justicia: hasta el día de hoy 56% de los participantes de la Consulta
Ciudadana coincide en que el principal problema del Sistema de Justicia es que
permite la impunidad.
Para
hacer frente a esta problemática, en junio de 2008 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación la Reforma Constitucional en materia de Seguridad y
Justicia. Una de las finalidades de la reforma fue modernizar el Sistema de
Justicia Penal de manera integral, ajustándolo a los principios de un Estado
democrático y a los instrumentos internacionales suscritos por México. La
reforma al Sistema de Justicia transformará el desempeño de las policías,
ministerios públicos, juzgadores, defensoría pública, abogados y de todos
los involucrados en procurar e impartir justicia, así como en ejecutar las
sanciones penales en beneficio de la sociedad.
Sin
embargo, hoy se registra un rezago en la implementación del Nuevo Sistema de
Justicia Penal, debido a que, en su momento, se subordinó la asignación de
recursos para la reforma de otros objetivos públicos. Aunado a ello, la
insuficiente armonización legislativa, la falta de capacitación entre los
operadores y el funcionamiento inercial de las instituciones constituyen
obstáculos para la implementación del Nuevo Sistema.
La
Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal (ENSIJUP) 2012, muestra
que sólo el 11% de la población reportó saber sobre la Reforma
Constitucional de 2008; que el 49% considera que las leyes no se cumplen; que
los principales problemas del Sistema de Justicia son la corrupción, la
tardanza y la impunidad; y que el promedio nacional del nivel de confianza en
la procuración de justicia está por debajo del 15 por ciento.
Para
la presente Administración, es prioritario impulsar la reforma al Nuevo
Sistema de Justicia, que
se caracteriza por la oralidad, transparencia, mediación, conciliación,
reparación del daño y por garantizar los derechos humanos tanto de la
víctima como del imputado. En este Sistema existen medios alternativos de
solución de conflictos que permiten descongestionar el Sistema Penal, hacer
eficiente el uso de recursos y generar condiciones para un adecuado acceso a la
justicia.
Por
otro lado, un aspecto central en materia de seguridad y procuración de
justicia es lograr la plena y efectiva colaboración entre Federación,
entidades y municipios. Asimismo, debe fortale- cerse la colaboración entre
las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, y
finalmente entre el Ministerio Público, policías de investigación y peritos.
Asimismo,
para la implementación del Nuevo Sistema es necesario impulsar la expedición
de un Código de Procedimientos Penales Único y una Ley General Penal, ya que
la multiplicidad de normas dificulta la procuración y la impartición de
justicia. Los operadores del Sistema a nivel federal y en especial la Procuraduría
General de la República (PGR), efectuarán los cambios estructurales
necesarios para cumplir en tiempo y forma con el mandato constitucional
establecido para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal
Acusatorio, con el apoyo del Consejo de Coordinación para la Implementación
del Sistema de Justicia Penal y su Secretaría Técnica (SETEC).
Por
tanto, si bien existen avances en el proceso de implementación del Sistema de
Justicia Penal Acusatorio, también prevalecen retos importan- tes.
Actualmente, 12 entidades federativas se encuentran en etapa de planeación,
siete en la etapa de entrada en vigencia, 10 están en
operación parcial y tres en operación total. En 2012, la cobertura del Nuevo
Sistema de Justicia Penal ascendió a 31.2 millones de personas, lo que
representa el 28.4% de la población total del país.
Las
experiencias de las entidades federativas servirán de parámetro para el
diseño del Nuevo Modelo de Justicia Penal Mexicano, mientras que el Código
Único y la Ley General Penal deberán ser la base para su construcción.
Derechos
humanos
La
consolidación de un Estado democrático en México debe tener como uno de sus
componentes el pleno respeto y garantía de los derechos humanos. A pesar de
los esfuerzos realizados por las instancias competentes en el tema, no se ha
logrado revertir el número de violaciones que persisten en muchos ámbitos de
los derechos humanos. Por ello, uno de los objetivos prioritarios del gobierno
es lograr una política de Estado en la materia, que garantice que todas las
autoridades asuman el respeto y garantía de los derechos humanos como una
práctica cotidiana.
Uno
de los avances más importantes en esta materia lo constituye la Reforma
Constitucional en Derechos Humanos y la referente al Juicio de Amparo, que
incorporaron a nuestro marco jurídico nuevos principios de respeto y
exigibilidad para dichos derechos. Este nuevo marco constitucional tiene una
potencialidad transformadora que servirá de base para la promoción de la
política de Estado en la materia. Por ello, un aspecto central para la
promoción de la política de derechos humanos es impulsar su implementación.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario