Sistema de Justicia Penal/PND 2013-2018

 Sistema de Justicia Penal/PND

El Sistema de Justicia Penal vigente en México hasta 2008 mostró deficiencias en su capacidad para cumplir su principal finalidad: procurar e impartir justicia de manera pronta, expedita e imparcial. La problemática estructural de ese Sistema, caracterizada por prácticas de corrupción, faltas al debido proceso, opacidad, saturación,

dilación, una defensoría pública rebasada y una deficiente vinculación entre policías y el Ministerio Público, se tradujo en violaciones a los derechos humanos, en la ineficacia de la función persecutoria de los delitos y en la falta de respeto al principio de presunción de inocencia. Todo ello vulneró el Estado de Derecho y provocó que, en ocasiones, actos ilícitos quedaran impunes. Este fenómeno ha afectado la percepción de la ciudadanía acerca del Sistema de Justicia: hasta el día de hoy 56% de los participantes de la Consulta Ciudadana coincide en que el principal problema del Sistema de Justicia es que permite la impunidad.

Para hacer frente a esta problemática, en junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional en materia de Seguridad y Justicia. Una de las finalidades de la reforma fue modernizar el Sistema de Justicia Penal de manera integral, ajustándolo a los principios de un Estado democrático y a los instrumentos internacionales suscritos por México. La reforma al Sistema de Justicia transformará el desempeño de las policías, ministerios públicos, juzgadores, defensoría pública, abogados y de todos los involucrados en procurar e impartir justicia, así como en ejecutar las sanciones penales en beneficio de la sociedad.

Sin embargo, hoy se registra un rezago en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, debido a que, en su momento, se subordinó la asignación de recursos para la reforma de otros objetivos públicos. Aunado a ello, la insuficiente armonización legislativa, la falta de capacitación entre los operadores y el funcionamiento inercial de las instituciones constituyen obstáculos para la implementación del Nuevo Sistema.

La Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal (ENSIJUP) 2012, muestra que sólo el 11% de la población reportó saber sobre la Reforma Constitucional de 2008; que el 49% considera que las leyes no se cumplen; que los principales problemas del Sistema de Justicia son la corrupción, la tardanza y la impunidad; y que el promedio nacional del nivel de confianza en la procuración de justicia está por debajo del 15 por ciento.

Para la presente Administración, es prioritario impulsar la reforma al Nuevo Sistema de Justicia, que se caracteriza por la oralidad, transparencia, mediación, conciliación, reparación del daño y por garantizar los derechos humanos tanto de la víctima como del imputado. En este Sistema existen medios alternativos de solución de conflictos que permiten descongestionar el Sistema Penal, hacer eficiente el uso de recursos y generar condiciones para un adecuado acceso a la justicia.

Por otro lado, un aspecto central en materia de seguridad y procuración de justicia es lograr la plena y efectiva colaboración entre Federación, entidades y municipios. Asimismo, debe fortale- cerse la colaboración entre las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, y finalmente entre el Ministerio Público, policías de investigación y peritos.

Asimismo, para la implementación del Nuevo Sistema es necesario impulsar la expedición de un Código de Procedimientos Penales Único y una Ley General Penal, ya que la multiplicidad de normas dificulta la procuración y la impartición de justicia. Los operadores del Sistema a nivel federal y en especial la Procuraduría General de la República (PGR), efectuarán los cambios estructurales necesarios para cumplir en tiempo y forma con el mandato constitucional establecido para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con el apoyo del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y su Secretaría Técnica (SETEC).

Por tanto, si bien existen avances en el proceso de implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, también prevalecen retos importan- tes. Actualmente, 12 entidades federativas se encuentran en etapa de planeación, siete en la etapa de entrada en vigencia, 10 están en operación parcial y tres en operación total. En 2012, la cobertura del Nuevo Sistema de Justicia Penal ascendió a 31.2 millones de personas, lo que representa el 28.4% de la población total del país.

Las experiencias de las entidades federativas servirán de parámetro para el diseño del Nuevo Modelo de Justicia Penal Mexicano, mientras que el Código Único y la Ley General Penal deberán ser la base para su construcción.

Derechos humanos

La consolidación de un Estado democrático en México debe tener como uno de sus componentes el pleno respeto y garantía de los derechos humanos. A pesar de los esfuerzos realizados por las instancias competentes en el tema, no se ha logrado revertir el número de violaciones que persisten en muchos ámbitos de los derechos humanos. Por ello, uno de los objetivos prioritarios del gobierno es lograr una política de Estado en la materia, que garantice que todas las autoridades asuman el respeto y garantía de los derechos humanos como una práctica cotidiana.

Uno de los avances más importantes en esta materia lo constituye la Reforma Constitucional en Derechos Humanos y la referente al Juicio de Amparo, que incorporaron a nuestro marco jurídico nuevos principios de respeto y exigibilidad para dichos derechos. Este nuevo marco constitucional tiene una potencialidad transformadora que servirá de base para la promoción de la política de Estado en la materia. Por ello, un aspecto central para la promoción de la política de derechos humanos es impulsar su implementación.