Acoso a Lilia Esther Priego, abogada de Gutiérrez Rebollo

El acoso brutal/GLORIA LETICIA DÍAZ

Revista Proceso # 1913, 30 de junio de 2013

La abogada del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, Lilia Esther Priego, fue secuestrada por presuntos militares el miércoles 19, horas antes de una entrevista pactada con este semanario. Estuvo en cautiverio siete días durante los cuales fue ultrajada por sus captores, quienes le insistían en que se callara, que dejara de defender al militar con el que estuvo casada y procreó tres hijos. “Sentí la muerte”, dice a Proceso. Dolida aun por los agravios, no ceja en su empeño por lograr que el general purgue el resto de su condena en su casa, pero todo indica que su lucha molesta a los altos círculos militares.

Con los ojos cubiertos y las manos atadas al frente, Lilia Esther Priego fue obligada a permanecer hincada con la frente apoyada en una silla. En esa posición escuchó los sonidos de una cámara fotográfica.

 Abogada del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, de quien fue esposa, Lilia Esther se supo vulnerable. En sus 52 años –14 de ellos huyendo– fue la primera vez que, dice, sintió la muerte cerca. Huyó de México en marzo de 1997, tras ser involucrada en el Maxiproceso bajo los mismos cargos imputados a Gutiérrez Rebollo: Brindar protección al narcotraficante Amado Carrillo Fuentes.

Las acusaciones provenían del tribunal civil y de instancias castrenses, aunque ella no era militar. En 2011 regresó al país después de que en octubre de 2008 un juzgado de Distrito la exculpó de toda responsabilidad por falta de elementos.

 El pasado miércoles 19 de junio fue privada de su libertad en un cajero automático de Banamex en Insurgentes y la calle Margarita, a una cuadra del Eje 5 Sur, en la colonia Del Valle. La abogada había concertado una entrevista con Proceso para ese día. El encuentro tuvo que posponerse una semana. Según el general Gutiérrez Rebollo, cuenta ella misma,  detrás de ese arresto está la mano del Ejército.

 La abogada, de 1.80 de estatura, fue abordada por dos hombres más altos que ella. Uno tenía el corte de cabello tipo militar, aunque iba vestido de civil; el otro llevaba un pantalón de mezclilla y una sudadera en la que al parecer ocultaba un arma de fuego.

 Sus captores cubrieron los ojos de la abogada con una franela, le taparon la cara con una capucha, ataron sus manos con una cinta plástica corrediza, similar a las que utiliza el Ejército en los aseguramientos, y la subieron a un automóvil Camaro. Dentro del vehículo fue golpeada en brazos y espalda. Siete días después, durante la entrevista, su cuerpo aún muestra las huellas del maltrato.

 “Todo el tiempo me dijeron: ‘Te crees muy chingona, ¿verdad?; te crees muy verga. Ya deja de andar de pinche chismosa. Aquí ya valiste madre, ahora sí te chingaste. Dile a ese cabrón pelón que te diga la verdad, por qué pasaron las cosas. Estás caminando por arenas movedizas y no te das cuenta’.

 “Ellos sabían de mi vida. Me decían: ‘¿A qué regresaste? Ese hijo de la chingada mejor que se muera’. Me pidieron incluso no decir nada ‘al patrón’”. Lilia Esther sospecha que se referían al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda.

 Admite que ha buscado a Cienfuegos Zepeda, como lo hizo en su momento con su antecesor, Guillermo Galván Galván, para pedir atención médica adecuada para el general Gutiérrez Rebollo. Mientras era vejada en el auto se preguntaba qué buscaban esos hombres de ella: “Han destrozado la vida del general, se está muriendo, mi familia está desintegrada; no tengo dinero, la PGR tiene mis bienes asegurados a pesar de que un juzgado federal dice que soy inocente. ¿Qué quieren de mí? Yo no sé nada”.

 Después de varias horas de pasearla en el Camaro, sus captores la entregaron a otros hombres, quienes la llevaron a un espacio cerrado, al parecer una bodega con techo de lámina. Se dio cuenta de ello porque esa noche llovió: “Por debajo del vendaje pude ver a uno de ellos cuando se calzaba zapatos negros de charol, como los que usan los militares de rango”.

 Esos hombres la vejaron aún más: la obligaron a permanecer de rodillas al menos 48 horas y le tomaron fotografías; también le golpearon los oídos y otras partes del cuerpo con una manopla cubierta con tela y le impidieron ir al baño. “A lo lejos –relata–, sólo escuchaba los ladridos de los perros, y en la mañana al canto de gallos y guajolotes. Nunca escuché la llegada del auto en el que me sacaron de ahí”.

 El viernes 21 le quitaron la cinta corrediza de las manos y las ataron con cinta industrial. Sus ojos continuaron cubiertos, incluso cuando la subieron al vehículo y, tras pasearla, la dejaron sentada en una banqueta. Supo que estaba en Puebla.

 Entre sollozos narra a la reportera que abordó un taxi a la terminal de autobuses y se vino al Distrito Federal, al tiempo que muestra el boleto de autobús que abordó a las 17:07 horas.

 El acoso

 “Después de estar 14 años fuera de México y a cinco de que fui exonerada por un juez creí que lo que me unía de manera personal con Gutiérrez ya estaba muerto y enterrado, pues ahora soy sólo su abogada… Y mira lo que me pasa cuando me voy a entrevistar con ustedes”, dice Lilia Esther a la reportera.

 Cojea, se le dificulta mantener la espalda erguida. Su cuerpo y su mente sufren las huellas de la tortura. Y aun cuando trata de contenerse, alguna palabra o detalle detona el llanto.

 “No tengo los pelos de la burra pero sé que esto viene del Ejército. Ya estaba planeado desde hace tiempo, pero lo aceleraron cuando se enteraron de que iba tener una entrevista con Proceso. Manifestaron su molestia luego de que acompañé a mi hijo a dar una entrevista a Carmen Aristegui, el 29 de mayo de 2012. Después de eso comenzaron las llamadas amenazantes; mi hijo recibió incluso una corona de muerto”, comenta.

 Lilia Esther, por su parte, sostuvo la versión de que el encarcelamiento del general Gutiérrez Rebollo fue producto de una venganza del entonces secretario de la Defensa, general Enrique Cervantes Aguirre, en represalia por investigar los vínculos de los hermanos Amezcua Contreras con la familia del presidente Ernesto Zedillo, argumentos similares a los que el propio Gutiérrez Rebollo expuso en entrevista a Julio Scherer García en su libro Máxima seguridad. Almoloya y Puente Grande.

 De un encuentro informal de Lilia Esther con el fundador de la revista ­Proceso, el pasado jueves 13 surgió la propuesta de hacer una entrevista, lo que ella aceptó. Esa tarde recibió la primera advertencia. Mientras se dirigía a un restaurante al encuentro de su hijo César, tropezó con un hombre que la insultó.

 “Me empezó a gritonear, a decirme que me callara el hocico. Quise contestarle pero se fue. Pensé que era un borracho impertinente que me había confundido”, cuenta.

 El lunes 17, agrega, don Julio la buscó telefónicamente para comentarle que la entrevista había sido asignada por el jefe de información a esta reportera. Ese mismo día, al salir del Campo Militar Número Uno luego de una diligencia, su hijo, el abogado César Gutiérrez Priego, recibió un mensaje amenazador: “Se le cerró un carro blanco y uno de los hombres que iban a bordo le grito: ‘Dile a tu pinche madre que deje de estar chingando, que no dé entrevistas a esa pinche revista’.

 “Yo hablé con Scherer el martes 18 para contarle el suceso. Él dijo estar convencido de que nuestros teléfonos estaban intervenidos. Me preguntó si quería continuar con la entrevista. Le dije que sí.”

 El miércoles 19 la reportera acudió a la cita fijada a las cinco de la tarde en la oficina de la abogada. Gutiérrez Priego dijo que su madre no le contestaba las llamadas desde la mañana. También le comentó que el vigilante del edificio donde vive no la había visto desde que salió a hacer ejercicio.

 Los nuevos litigios

 El lunes 24 Lilia Esther se puso en contacto con la reportera para la entrevista, que se realizó el miércoles 26. Al término del encuentro regresó a su despacho y recibió una llamada para advertirle que le seguían los pasos.

 El jueves 27 Lilia Esther acudió al Hospital Central Militar, donde está confinado el general Gutiérrez Rebollo desde abril de 2011. Le contó lo que le había ocurrido. “Quería que me explicara qué me había ocultado, saber quién estaba detrás de todo, y que él me respondiera por qué me habían dejado en Puebla”.

 Por el modus operandi, por los mensajes transmitidos mientras la torturaron y por la impunidad con la cual se movieron entre el Distrito Federal y Puebla, los únicos interesados en lastimarlos a ambos “seguramente provenían del medio militar”, le dijo el general.

 Según el razonamiento del militar condenado a 40 años de prisión por delincuencia organizada y delitos contra la salud –apunta Lilia Esther–, en las cloacas del Ejército hay personal en activo que “tiene miedo de que Gutiérrez Rebollo hable, si llegamos a ganar el recurso legal para que, debido a su edad, purgue el resto de su sentencia en casa. Quieren amedrentarme para que lo abandone a su suerte y restarle el apoyo, pues sólo mis tres hijos y yo somos quienes lo visitamos”.

 En su conversación con el general Gutiérrez Rebollo, dice, éste no le dio mayor información. Por lo que ella infiere que su secuestro “es un mensaje al general: si habla, van a tomar venganza en el punto más vulnerable”.

 Y sobre la razón de que la hayan dejado en Puebla, el exzar antidrogas le dijo a Lilia Esther: “Lo único que sé de Puebla es que ahí nació Cervantes Aguirre, aunque no vive ahí. Yo no tengo enemigos en ese estado ni detuve a algún narcotraficante poblano”.

 Lilia Esther y su hijo César mantienen una batalla legal para que el general Gutiérrez Rebollo cumpla su sentencia en su domicilio, luego de que en abril de 2011 lograron trasladarlo del Cefereso del Rincón, en Nayarit, al Hospital Central Militar, gracias a la intervención del general Mario Arturo Acosta Chaparro “y un periodista muy famoso que me prohibió que lo mencionara”, dice la abogada.

 Ella huyó del país en 1997 a causa del Maxiproceso, expediente en el que, asegura, aparece la firma de Marisela Morales, quien fungía entonces como Ministerio Público: “Salí de México en la cajuela de un carro y anduve como judío errante, apoyada por organizaciones cristianas que me conocían y sabían que era inocente. Estuve en República Dominicana, Haití, España y Estados Unidos. Hice de todo, menos prostituirme, hasta que alguien me dijo que podía revalidar mis estudios. Me titulé como abogada desde los noventa, hice una maestría en educación y era maestra en el Distrito Escolar de Houston; debo confesar que tomé otras identidades”.

 En 2008 ganó un amparo que la exculpó de responsabilidades en el Maxiproceso. Regresó a México tres años después, cuando se enteró de que era abuela. Acudió a la prisión de mediana seguridad de Nayarit a ver al general Gutiérrez Rebollo, el padre de sus tres hijos.

 En abril de ese año, Gutiérrez Rebollo recuperó su grado de militar: “El juez ponente del tribunal colegiado –explica la entrevistada– concluyó que no había pruebas de que el general haya cometido los delitos que le imputan mientras fue jefe de la Novena Zona Militar con sede en Culiacán, Sinaloa, por lo que debía otorgarse el amparo liso y llano.

 “Sin embargo, los otros dos jueces votaron en contra y consideraron que los delitos los cometió en los 56 días que estuvo como zar antidrogas –fue nombrado en diciembre de 1996–; incluso lo llevaron a Washington, en donde presumieron que era el mejor para la lucha antinarco y de repente, en 56 días, dicen que es el peor ciudadano del mundo y lo acusan de estar coludido con el narcotráfico.”

 La última vez que Lilia Esther vio a Gutiérrez Rebollo, recuerda, fue con su uniforme militar, orgulloso de su origen. Cuando regresó a México buscó al padre de sus hijos y fue al penal federal de Nayarit.

 “En Nayarit (el general) no tenía atención, se les desmayaba constantemente. Una vez la directora (María Mayela Almonte Solís) lo llevó personalmente al hospital general militar de Guadalajara; no lo recibieron, aunque tenía derecho. En 2008 le regresaron su grado de general.”

 La abogada y su hijo lograron el traslado de Gutiérrez Rebollo. Los de la Procuraduría General de Justicia Militar le advirtieron que si se atrevía a dar conferencias de prensa regresaban al general al penal de Nayarit. Todos los días lo atormentan diciéndole que a lo mejor lo cambian de piso; que ya no va a recibir atención ­especializada.

 Gutiérrez Rebollo padece diabetes tipo dos, así como cáncer terminal en próstata, estómago y huesos, además de fibrosis, enfisema pulmonar y gastritis crónica. Fue tratado por cataratas, hipotiroidismo, anemia crónica, tiene un marcapasos que debió habérsele cambiado hace dos años, un respirador artificial y con frecuencia se somete a diálisis.

 En espera de que se resuelva la petición para solicitar el traslado a su casa, Lilia Esther comenta que el general también está luchando por recuperar tres propiedades y más de 8 millones de pesos que le aseguró la PGR durante su captura. Ella tiene derecho a recuperarlos desde 2008, tras ganar un amparo que la libraba de responsabilidades en el Maxiproceso.

 Hace poco Lilia Esther ganó otra sentencia judicial en la cual el Juzgado Sexto de Distrito instruyó a la PGR, encabezada por Jesús Murillo Karam, a entregar las propiedades de la abogada (resolución 516/2013).

 La dependencia se niega a atender los reclamos. El pasado lunes 17 la PGR envió un informe al juez de Distrito en el cual argumenta que pese al ordenamiento judicial, “no ha lugar a la devolución de los bienes asegurados afectados a la presente indagatoria por no haber acreditado su legal procedencia”.

 Lilia Esther interpuso otro litigio en el Distrito Federal contra el Frente Popular Francisco Villa Independiente, cuyos integrantes invadieron desde febrero de 2008 un terreno de 5 mil 600 metros cuadrados, en la delegación Tláhuac, que le heredó su padre.

 Pese a que desde febrero de 2011 ganó un juicio y se libraron órdenes para ­desalojar y detener a los líderes precaristas –Raúl Trejo Pastrana y Agustín González Cázares–, las autoridades capitalinas aún no ejecutan la orden.

 Cuenta la abogada: “Se me acercó el subsecretario de Gobierno (del Distrito Federal), Juan José García Ochoa, y me dijo que podían comprarme el terreno –valuado en 22 millones de pesos–, pero que el Instituto de la Vivienda (Invi) y el gobierno capitalino sólo podían pagarme 10 millones; acepté y entregué documentación al Invi.

 El martes 25 el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, recibió una notificación de la juez 56 de lo Penal, Beatriz Moreno Cárdenas, para que ejecute el desalojo del terreno, advertido de que “en caso de incumplimiento se le impondrá una medida de apremio, consistente en un arresto por 36 horas”.

 Todo sigue igual

 Lilia Esther Priego se muestra decepcionada porque, dice, pensó que el país había avanzado. “He encontrado una cerrazón incomprensible para acabar con el general Gutiérrez Rebollo y con nosotros. ¡El colmo!: vemos que se premia a quienes hicieron tanto daño, como Marisela Morales, nombrada cónsul en Milán”.

 A ella, apunta, el general le decía la traedora, “porque cuando estaban fabricando su averiguación previa ella se encargaba de traer el agua y el café”.

 La abogada se confiesa impotente. Le duele haber sido secuestrada, torturada y mancillada.

 Cuando intentó denunciar los hechos en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), los agentes del Ministerio Público de la delegación Benito Juárez pusieron en duda su versión y se le negó la atención del médico legista. Sólo realizó los trámites de recuperación de sus identificaciones, tarjetas bancarias y chequera (AP FBJ/BJ-2/T2/01231/13/06).

 En un segundo encuentro con la reportera, el viernes 28, la abogada comentó: “Apenas estoy llorando. No había podido hacerlo, apenas estoy cayendo en cuenta de que pudieron matarme y desaparecerme, pero creo que su intención era precisamente golpear mi integridad para que me desista de apoyar al general”.

 Mientras estuvo en Estados Unidos, dice, la DEA le ofreció protección a cambio de información.

 Y remata: “Amigos militares cercanos me preguntan qué busco, para qué ayudar a Gutiérrez Rebollo. Yo les digo: como jurista y como mujer que viví con él, sé que es una injusticia lo que le hicieron; estoy aquí por humanidad. Ese hombre se está muriendo; ya no le hace daño a nadie. Mis hijos y yo estamos convencidos de que sólo lo sostiene la dignidad y la esperanza de morir en su casa”.