Malova,
bajo la sombra del narco/Ismael Bojórquez, revista Riodoce
Revista Proceso # 1913, 30 de junio de 2013
Un
video desató el escándalo: en él aparecía –secuestrado– un guardaespaldas del
gobernador de Sinaloa, asegurando que su jefe, Mario López Valdez (a quien se
conoce como Malova), protegía al cártel del Chapo Guzmán. Otros audios
mostraban graves irregularidades en el manejo de la política de la seguridad
estatal. Éstas son sólo las más recientes acusaciones al respecto, muchas de
ellas provenientes del cártel rival. La estrategia que ha seguido López Valdez
sólo ha empeorado la situación.
La
pesadilla del gobernador sinaloense Mario López Valdez, Malova, empezó el
domingo 23 por la tarde, cuando le avisaron que, en un video subido en el sitio
Ríodoce.com en internet, aparecía su escolta Frank Armenta Espinoza, acusándolo
de estar coludido con el narcotráfico.
Armenta
Espinoza había sido levantado por un comando el martes 4 cuando llegaba a su
casa, en el poblado Callejones de Guasavito, Guasave. El agente, adscrito a la
Policía Estatal Preventiva y asignado a la escolta del gobernador, estaba de
vacaciones.
La
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y el propio mandatario
expresaron su preocupación por el destino del policía. Durante varios días
hablaron de operativos “por mar y tierra” para localizarlo.
Pero
no lo encontraron. No fue sino hasta 18 días después de su secuestro, el sábado
22 por la tarde, cuando llegó a Ríodoce.com un correo a través de la bandeja
SOS. Venía un link que llevaba a un video.
“Por
favor –dice el mensaje electrónico– revisen este enlace, aquí se revela
información muy importante, vean el video…”
Se
trata de una grabación que dura 55 minutos. Además del testimonio del escolta
había audios y resúmenes textuales.
Las
acusaciones
Armenta
Espinoza afirma que asistió junto con el gobernador –cuando apenas arrancaba la
administración– a una “reunión de trabajo” en el poblado de Quilá, donde
estuvieron Joaquín El Chapo Guzmán Loera e Ismael El Mayo Zambada García,
líderes del cártel de Sinaloa.
En
esa reunión, dice, se habló de la necesidad de formar un grupo para la
seguridad del mismo crimen organizado, que “necesitaba” el control absoluto de
la entidad. Para eso, afirma el guardaespaldas, el gobierno estatal designó a
Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, Chuytoño, a pesar de que había tenido en su
contra órdenes de aprehensión.
En
el video se acusa que Chuytoño, a su vez, nombró a Jesús Carrasco Ruiz como
jefe de la policía de Ahome para que combatiera a las células contrarias al
Cártel de Sinaloa. Supuestamente lo ayudó el comandante Gerardo Amarillas,
quien relevó a Carrasco la semana antepasada.
En
el video se expone un audio en el que hablan el procurador Marco Antonio
Higuera Gómez y el gobernador. La charla se da después de un ataque a Carrasco
el 9 de mayo, por la carretera internacional México 15. Ahí murieron dos
policías y tres delincuentes, y fueron asegurados vehículos blindados –entre
ellos un camión de 15 toneladas–, pistolas y fusiles AK-47 y Barrett.
En
la grabación, la voz de Malova le ordena al procurador que, “buscando provocar
un enfrentamiento y un conflicto, se lleven amarrados a unos 20 policías de
Guasave a la declaración… amarrados, ¿eh?”
–Sí, señor –le responde la voz del procurador.
En
otra conversación –la misma mañana en que ocurrió el ataque a Carrasco– Malova
le ordena al jefe de la Policía Ministerial, Aguilar Íñiguez, que no entregue
al Ejército las camionetas blindadas que se aseguraron durante la emboscada y
la persecución de los sicarios.
Hay
otra plática entre el jefe de la Policía Ministerial y el procurador, donde
éste le ordena que dé a Carrasco uno de los rifles Barrett que fue asegurado en
la misma balacera.
En
la cuarta comunicación, presuntamente entre Carrasco y un narcomenudista, el
jefe policiaco le pide que le pague por adelantado su cuota porque va a salir
de viaje y que le ayude a buscar a otros puchadores para que se pongan a su servicio.
En
otro audio se supone que el comandante Carrasco platica con un tirador de
droga, al que le pide información sobre un tal Chito y un Rey, a los cuales
quiere localizar “para chingármelos”.
En
otro de los diálogos, quien se presume es el comandante de El Carrizo reconoce
que ha matado a 51 personas.
Al
final del video Armenta Espinoza dice que hace estas revelaciones “para que el
gobierno federal mire lo que está pasando en Sinaloa y actúe”. Hace responsable
al gobernador por lo que le pueda pasar a él y a su familia.
Desconcierto
en palacio
La
publicación del video provocó un shock en el gobierno estatal. La tarde del
domingo el gabinete de seguridad, asesores y funcionarios del área de
comunicación se reunieron para improvisar un paquete de medidas y minimizar los
daños.
No
obstante, la misma tarde del domingo, los portales sinembargo.mx y el de la
revista Proceso publicaron la noticia y enlazaron el video. Hicieron lo mismo
otros medios estatales.
En
realidad el plan de contingencia mediática sólo les funcionó en Sinaloa, sobre
todo en noticiarios de radio y El Debate –el diario de mayor circulación–. En
ninguno de esos espacios se publicó la nota, aunque sí reprodujeron el posicionamiento del gobierno
ante tal “agresión”.
A
la medianoche del domingo el gobierno envió a las redacciones un comunicado con
ocho puntos.
En
el documento “el gobierno del estado hace un llamado a la sociedad sinaloense a
no dejarse engañar por quienes desde la ilegalidad y el clandestinaje pretenden
confundir a la ciudadanía con la producción de materiales sacados de contexto
para tratar de generar descrédito a las acciones que este gobierno, a través de
su gabinete de seguridad, ha emprendido en contra de los grupos delictivos, que
hoy no encuentran impunidad a sus actos ilegales”.
Agrega
que es evidente que el escolta fue torturado “y obligado a actuar de manera
lastimosa para preservar su vida”.
Ríodoce
solicitó a la PGJE los oficios a través de los cuales puso a disposición de la
PGR las armas, cargadores, pertrechos y vehículos asegurados en el ataque del 9
de mayo contra el comandante Carrasco, pero la información fue negada, “porque
forma parte de una averiguación”, a pesar de que casi siempre hacen lo
contrario.
En
una conferencia de prensa ofrecida el lunes 24, en el marco de una misa
celebrada por el Día del Agricultor, el gobernador reconoció que es su voz la
que aparece en los audios. “Cada día hablo en diversos lugares y digo infinidad
de cosas, y con la tecnología que hay manipularon las palabras y armaron el
mensaje”, explicó.
Malova
negó conocer al Chapo o al Mayo. “Hasta donde sé, no creo que ese señor ocupe
protección mía ni de nadie”.
No
quedó ahí: El martes 25 la PGJE presentó una denuncia por espionaje y otros
delitos ante la PGR.
Como
parte del paquete de contingencia, el gobierno estatal buscó el apoyo de
partidos, Congreso y sector empresarial. El martes 25 aparecieron en los
diarios locales tres desplegados. Uno estaba firmado por todos los partidos
políticos, otro por las cámaras empresariales y confederaciones agrícolas y uno
más por los 18 alcaldes. Todos con el mismo discurso.
Dicen
los alcaldes: “Las autoridades municipales de Sinaloa refrendamos nuestro total
apoyo al C. gobernador Mario López Valdez por su política de seguridad y
decidido compromiso por reducir la incidencia delictiva, que sin duda ha
permitido contrarrestar en forma sustancial hechos delictivos de alto impacto
en Sinaloa”.
Las
organizaciones del sector privado: “Reconocemos en la persona del gobernador
del estado el esfuerzo que realiza para lograr la estabilidad que la población
sinaloense demanda”.
El
del PRI, PRD, PAN, PVEM, MC, PT y Sinaloense: “Deseamos expresar a la sociedad
nuestro respaldo unánime a las políticas públicas, acciones, programas y operativos
de seguridad pública que se han venido desarrollando desde el Gobierno del
Estado en coordinación con el Ejército mexicano, Marina Armada de México y las
corporaciones federales”.
La
única voz discordante fue la del diputado local Manuel Cárdenas Fonseca, de
Nueva Alianza, quien condenó el caos administrativo, la gran corrupción que
impera en el estado y pidió que el video fuera analizado por una empresa
extranjera, para establecer si las conversaciones expuestas ahí fueron o no
manipuladas.
El
gobernador y los militares
Mario
López Valdez y el general Moisés Melo García llegaron al poder en Sinaloa casi
al mismo tiempo. Moisés Melo asumió como jefe de la Novena Zona Militar el 5 de
diciembre de 2010 y Malova protestó para la gubernatura el 31 de diciembre del
mismo año.
Melo
García llegó de la Decimosexta Zona Militar en Guanajuato, pero antes estuvo al
frente de la Décima Zona en Durango. De ahí traía dos famas: una, que el
respeto a los derechos humanos no era su prioridad. La otra, que le encantaban
las relaciones públicas.
Llegaron
casi al mismo tiempo y lograron, como suele decir Malova por doquier, niveles
de coordinación que no se habían registrado en Sinaloa entre el gobierno
estatal y las fuerzas castrenses.
No
pasó mucho tiempo para que la fama de general “duro” de Melo García se validara
en Sinaloa. El 14 de febrero de 2011 una jovencita, Leslie Abigail, de 17 años,
recibió un tiro de G3 en la cabeza cuando soldados que realizaban un rondín por
el fraccionamiento Nakayama, de Culiacán, dispararon contra una camioneta que
al parecer no obedeció una orden de “alto”. Viajaban tres parejas, casi todos
menores de edad. La joven fue trasladada por los propios militares al hospital
del ISSSTE y después al Hospital Militar de la Ciudad de México, donde fue
intervenida. Sobrevivió.
Cada
mes los mandos militares de la Tercera Región y de la Novena Zona se reúnen
con el gabinete de seguridad del gobierno estatal y con los alcaldes de los
municipios más acosados por la violencia para definir líneas de acción, aunque
en los últimos meses el Ejército prefirió andar solo en los operativos.
Esto
fue motivado por el asesinato de dos militares por parte de la Policía
Municipal de Mazatlán, durante una persecución, la madrugada del lunes 18 de
marzo. La policía dijo que se había tratado de un enfrentamiento, pero luego se
estableció que les habían dado alcance y que, al tenerlos rodeados, simplemente
los ejecutaron.
El
jefe de la policía, Marco Antonio Medrano, fue destituido y siete policías
fueron detenidos.
Las
columnas de vigilancia se separaron. Por un lado las policías; por el otro, los
militares. Y sólo confluyen en los enfrentamientos contra la delincuencia
organizada.
¿Quién
tiene a Frank?
Desde
el primer posicionamiento del gobierno estatal éste da por descontado que el
video y el secuestro del escolta es obra de “los grupos delictivos que hoy no
encuentran impunidad a sus actos ilegales”.
No
hay, sin embargo, ningún elemento firme para concluir que la triada
Beltrán-Zetas-Carrillo Fuentes está resquebrajándose por las acciones del
gobierno estatal. Nadie, además, ha reivindicado el hecho.
Habrá
que buscar más atrás. Las agresiones contra el gobierno de Malova se iniciaron
tres meses después de que empezara su encargo. El primer ataque a las policías
estatales ocurrió el 6 de marzo, cuando un grupo de sicarios asesinó a siete
policías ministeriales durante el traslado de dos reos desde la ciudad de Los
Mochis a Culiacán, en las inmediaciones de Guasave.
A
partir de ahí, la guerra ha sido no sólo de muerte, sino también mediática. Al
gobierno le interesa que no haya duda de que las células de los hermanos
Beltrán Leyva, presuntamente aliadas con Los Zetas y los Carrillo Fuentes, son
las más violentas y que por esa razón deben ser exterminadas. A esos grupos les
importa, sobre todo, difundir que el gobierno de Malova ha pactado una alianza
con el Cártel de Sinaloa y que por ello los ataques son orientados sólo hacia
ellos. Su recurso más utilizado son las masacres de policías y los narcomensajes,
a veces acompañados de cuerpos descuartizados, que han arrojado en las propias
escalinatas del Palacio de Gobierno.
La
madrugada del 15 de mayo de 2011 la Policía Ministerial detuvo en Los Mochis a
uno de los cabecillas del Cártel de los Beltrán Leyva en la zona norte,
Giovanni Lizárraga Ontiveros, el cual fue mostrado por la procuraduría estatal
como un trofeo de guerra.
Contra
lo que hizo tras el ataque al comandante Carrasco, la procuraduría dio a
conocer incluso las declaraciones preliminares del delincuente, donde ventilaba
información sobre la estructura criminal de su organización, incluidas redes de
protección policiaca que, con base en el cohecho, habían tejido en esa zona de
la entidad.
Las
reacciones no se hicieron esperar. La mañana del 30 de mayo de 2011,
autoridades de cuatro municipios –Culiacán, Guasave, Ahome y Sinaloa–
reportaron el hallazgo de al menos 19 narcomantas, todas con imputaciones
directas al gobernador López Valdez sobre una presunta alianza con Joaquín El
Chapo Guzmán.
Ninguno
de los mensajes tenía la rúbrica de persona o grupo alguno, aunque las
autoridades dijeron que se trató del Cártel de los Beltrán Leyva. Ese mismo
lunes por la noche el cuerpo de un policía ministerial fue arrojado por el
bulevar Pedro Infante, justo enfrente del edificio del Congreso estatal.
La
guerra mediática siguió. El viernes 3 de junio las manos y la cabeza de un
hombre fueron dejadas durante la madrugada en las escalinatas de Palacio de
Gobierno. Los restos humanos estaban a unos metros de la avenida Insurgentes.
Al
día siguiente aparecieron otras mantas en Mazatlán, Culiacán y Guamúchil:
“Malova dales a conocer que fuiste con El Chapo Guzmán no es para que lo
negaras eso”.
El
propio diputado Luis Antonio Cárdenas Fonseca, exprocurador de Justicia en el
sexenio de Jesús Aguilar Padilla, había declarado que, efectivamente, el
gobierno de Malova combatía sólo a unos grupos de narcotraficantes, pero no a
los otros. Que debía ser parejo.
El
acoso criminal no se detuvo. El 15 de julio de ese año, comandos de estos
mismos grupos perpetraron dos ataques contra la policía, dejando como resultado
11 agentes muertos y cuatro lesionados.
La
segunda fue la peor emboscada contra los cuerpos policiacos de Sinaloa. El
ataque, se dijo, iba dirigido contra Frank Córdova, secretario de Seguridad,
quien de última hora decidió viajar en helicóptero. El Ejército le atribuyó la
matanza a las células de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro. Al día
siguiente aparecieron narcomantas acusando que el gobierno protegía al grupo
del Chapo Guzmán. Malova lo volvió a negar.
Su
reacción fue detener agrupaciones policiacas enteras. En Ahome, en noviembre de
2011, Malova detuvo a 32 policías municipales acusados de tener nexos con el
narcotráfico, entre ellos al mayor Horacio de León Reyes –sobre quien Ríodoce
ya había advertido que existían antecedentes delictivos desde que era militar
activo.
Lo
mismo hizo con 20 policías de Guasave.
Habría
un ataque más directo. El 18 de enero de 2012, un par de gatilleros llegaron en
motocicleta a una de las sucursales de la ferretería Malova –propiedad del
gobernador– en Mazatlán y dispararon contra dos empleados e intentaron
incendiar el negocio. Uno de los trabajadores murió.
“Lo
único que sé –dijo esa vez Malova– es que es producto de las acciones que ha
tenido el gobierno de enfrentar a los delincuentes. Aun con estos riesgos no
renunciaré al rol que tengo como gobernador.”
Tufos
de narco en la elección
El
municipio más azotado por la incidencia del narcotráfico en el marco de las
elecciones que se avecinan es precisamente donde Malova nació: Sinaloa de
Leyva, zona de influencia de El Chapo Isidro.
Durante
semanas los candidatos y operadores de la coalición Unidos Ganas Tú, donde
confluyen PAN, PRD y PT, tuvieron que suspender las campañas porque fueron
amenazados, su propaganda destrozada y algunos hasta golpeados.
Después
de algunas consideraciones reanudaron el sábado 22 sus labores de proselitismo,
pero el lunes 24 uno de los coordinadores de ruta de la campaña, Eleazar
Armenta Acuña, exfuncionario municipal y quien además era candidato suplente a
regidor, apareció asesinado a balazos.
Posteriormente,
Esteban López Beltrán, candidato a la presidencia municipal y primo hermano del
gobernador, quiso renunciar pero le pidieron que no lo hiciera. Entonces cerró
su local de campaña, igual que Saúl Rubio Valenzuela, candidato a diputado por
el Distrito V.
No
fue todo, el viernes 28 por la noche vencía el registro para que los partidos y
coaliciones registraran funcionarios y representantes de casillas ante el
Consejo Municipal Electoral. Y la coalición Unidos Ganas Tú no registró a nadie
porque no había condiciones para competir en equidad. Se espera que antes de la
elección renuncien todos sus candidatos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario