Inicia cuenta regresiva para la reforma de justicia penal

Inicia cuenta regresiva para la reforma penal

Quedan justo tres años de plazo para que se instale el nuevo Sistema de Justicia en todo el territorio nacional

Nota de David Vicenteño

Excélsior, 18/06/2013:

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de junio.- A partir de mañana, quedan tres años para que todas las entidades del país hagan sus respectivos cambios legales para aplicar la Reforma al Sistema de Justicia Penal, aprobado hace cinco años y que el Congreso de la Unión estableció ocho años para su total implementación.

Hasta ayer sólo tres entidades ( Chihuahua, Estado de México y Morelos) han realizado las reformas con las que el nuevo sistema ya opera en todo su territorio.

De manera parcial, pero con avances significativos, los cambios se están aplicando en Baja California, Nuevo León, Durango, Zacatecas y Oaxaca.

El Congreso de la Unión aprobó en marzo de 2008 la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, que fue publicada el 18 de junio de ese año en el Diario Oficial de la Federación, con las bases para el nuevo Sistema de Justicia Penal, y entró en vigor al día siguiente.

 En la publicación se estableció un periodo de ocho años para la implementación del nuevo sistema en todo el territorio, por lo que deberá estar listo y operando para el 19 de junio de 2016.

 Los cambios fundamentales de esta reforma son la implementación de juicios orales en el sistema penal, partiendo de la presunción de inocencia del acusado, y garantiza más protección a los derechos de las víctimas de un ilícito.

 Reforma balcanizada

 Renato Sales Heredia, recién nombrado subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR), y uno de los principales promotores de esta reforma, reconoció que no todas las entidades están interpretando igual los cambios legales.

 “Lo que está sucediendo con la reforma es que se está balcanizando, se está dispersando, se está perdiendo porque una entidad federativa la aplica de una forma, otra de otra. El procedimiento abreviado en Yucatán se maneja de una manera distinta a como se maneja en Chihuahua.

 “Solamente hay tres entidades federativas en donde está caminando en su totalidad el sistema, son el Estado de México, Chihuahua y Morelos. En otros están trabajando parcialmente, en algunos en etapa de planeación, en otros está votado el Código de Procedimientos pero no ha iniciado”, comentó Sales Heredia, en entrevista con Excélsior.

 Como integrante del Consejo de Coordinación de la Secretaría de Implementación de los Juicios Orales, Sales Heredia explicó que se detectó este problema en las conferencias nacionales de Procuración de Justicia y de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia.

 El contratiempo fundamental es avanzar con los programas de capacitación para policías, ministerios públicos, abogados y jueces, quienes serán los principales responsables de aplicar las modificaciones legales que implica la reforma.

 Ante esto se aprobó la propuesta para hacer un Código Penal y un Código de Procedimientos Penales únicos, para todo el territorio nacional, en agosto del año pasado.

 “Si ya tenemos Ley General de Salud, si ya tenemos Ley General Antisecuestros, si ya tenemos Ley General en Materia de Trata de Personas, que aplican concurrentemente para todo el país, la pregunta es: ¿Por qué no podemos tener una legislación única en materia procesal?

 “Porque no podemos tener una Ley General del Debido Proceso, eso es lo que se propuso después de platicarlos con los procuradores y con los presidentes de tribunales, eso es lo importante”, comentó el subprocurador.

 Sales Heredia, ex procurador general de Justicia de Campeche, indicó que ahora está en manos del Congreso, con el dictamen de Reforma Constitucional aprobado el 25 de abril de 2013, analizar las propuestas para la elaboración de los dos códigos, y así avanzar más rápido en la implementación de la reforma.

 Comentó que uno de los obstáculos que se deberán resolver es homologar el catálogo de delitos para todo el territorio.

 “Por ejemplo, en el DF no existe el delito de abigeato, pero en Campeche suprimirlo sería terrible, allá hay abigeato de abejas, por ejemplo, no puedes quitarlo.

 “La legítima defensa es una excluyente del delito, no puede ser que se planteé de una manera en un estado y de otra manera en otro”, explicó.

 Sales Heredia calificó como “la gran llave” la aprobación de los códigos Penal y de Procedimientos Penales únicos, para que se cumpla a tiempo con la implementación de la reforma en los próximos tres años.

 “Yo creo que el Código Penal Único es la gran llave, porque permite que todos los capacitadores, que todo el cuerpo de operadores del sistema actúe homogéneamente y con rapidez.

 “El sistema facilita las cosas enormemente, la propuesta del sistema acusatorio lo que hace es precisamente eso, tratar de solucionar los conflictos antes de llegar a la culminación de un proceso, que se repare el daño, que se solucione el problema”, dijo.

 Comentó que los capacitadores contratados para aplicar la reforma penal se han visto sorprendidos por la forma como un delito se procesa de manera diferente de un estado a otro.

 El funcionario indicó que también se debe preparar una gran campaña a escala gubernamental para que, desde cada área de la administración, se explique a la población cuáles serán los beneficios de la Reforma al Sistema de Justicia, como ocurrió en Chile.

 Sales Heredia advirtió que aunque la promulgación de los códigos Penal y de Procedimientos Penales únicos sean aprobados este año, se debe concluir con los procesos de capacitación a abogados, ministerios públicos, jueces, policías, pero también implica a otras disciplinas.

 “No es un sistema estrictamente o nada más de abogados, es un sistema que acompaña a ingenieros, que apuntan sistemas informáticos, administradores, sociólogos, porque buena parte de la idea es mediar, fortalecer la mediación.

 El subprocurador alertó en la urgencia para aprobar los códigos únicos, ya que no deberá haber prórrogas ni excusas para no cumplir con los cambios.

 “No se puede ir más lejos, si logramos que se apruebe ya el Código Único, no habrá excusas”, dijo.

 ¿Qué es el nuevo Sistema de Justicia Penal mexicano?

 Las características del nuevo sistema penal apuntan a la presunción de inocencia  y el respeto a los derechos humanos:

 En marzo de 2008, el Congreso de la Unión aprobó la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, que fue publicada el 18 de junio de ese año en el Diario Oficial de la Federación, y sienta las bases para el establecimiento de un nuevo Sistema de Justicia Penal en México.

 Esto significa que el nuevo Sistema de Justicia Penal deberá quedar implementado el país el 19 de junio de 2016, por lo que quedan tres años para hacer los cambios legales.

 El Congreso propuso un sistema en el que se respeten los derechos tanto de la víctima y ofendido, como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia.

 El objetivo es fortalecer el debido proceso y el pleno respeto a los derechos humanos de todas y todos aquellos involucrados en una investigación o procedimiento penal.

 Se basa en un sistema acusatorio-adversarial donde el juez decide de manera imparcial, frente a las solicitudes de los intervinientes; y en el que los conflictos jurídicos relevantes se resuelven en audiencias orales, públicas y contradictorias.

 Se incorpora la oralidad en los procesos penales, protege a los imputados confiriendo a rango constitucional el derecho de presunción de inocencia.

 Se precisan nuevos derechos de las víctimas, como la reparación del daño, su seguridad personal, la protección de su identidad y de sus datos personales.

 Los avances

 Entidades que hasta esta fecha ya hicieron reformas constitucionales y a leyes secundarias, así como de infraestructura para la aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal:

 Baja California

 Nuevo León

 Durango

 Zacatecas

 Oaxaca.

 Pero ya opera plenamente en la totalidad de los territorios de:

 Chihuahua

 Estado de México

   Morelos

 Necesaria, la voluntad política, afirma experto

 Ernesto Canales Santos, presidente del Patronato Renace, afirma que en estos últimos tres años se puede acelerar la implementación del nuevo sistema penal en los estados.

 Se necesitará de la voluntad política de mandatarios estales y responsables del sistema de justicia, para cumplir en los próximos tres años con la aplicación de las reformas aprobadas en 2008, afirmó Ernesto Canales Santos, presidente del Patronato Renace e integrante de la Red Nacional de Juicios Orales.

 “Hay trabajos previos que dan la base para pensar que estos últimos tres años se puede acelerar la implementación, pero de una manera sólida, no improvisando.

 “Si se llega a aprobar, como todo parece indicar, en el primer periodo extraordinario del Congreso, el nuevo Código de Procedimientos Penales, ese va a ser una guía para todos los estados que no han hecho nada. Sí se puede implementar en los próximos tres años, es cuestión de voluntad política, todo lo demás está dado”, comentó Canales Santos.

 El presidente del Patronato Renace, dedicado, entre otras actividades, a proporcionar asistencia jurídica a personas que por no contar con recursos permanece en prisión, dijo que es tiempo de que el Estado deje los vicios en materia penal.

 “Ya es tiempo de que nos sacudamos estas cuestiones y podamos avanzar en un país en que queden atrás esos vicios, una estadística espantosa es que actualmente 60 por ciento de quienes están en la cárcel están por delitos menores de cinco mil pesos.

 “Se ha hecho un derecho contra los pobres, contra los que no tienen dinero para la fianza y que no tienen condiciones. Es un circulo vicioso de que se está en la cárcel porque no se repara el daño y no se repara el daño porque se está en la cárcel”, comentó.

 Canales Santos agregó que uno de los grandes pendientes, en los primeros cinco años que han transcurrido para la aplicación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, es la capacitación de las policías y la formación de una corporación nacional.

 “La primera falla es la policía, todos sabemos que nuestra policía, sobre todo a nivel municipal, ha estado totalmente abandonada inclusive en muchos estados también la policía no ha tenido una prioridad en los planes de gobierno.

 “Es cierto que a nivel federal prácticamente todo el sexenio de Felipe Calderón ya se tomaron medidas fuertes para transformar la policía federal y ha tenido logros y avances importantes, aunque desde luego falta mucho por hacer”, comentó.

 El presidente del Patronato Renace agregó que las autoridades federales no han sido claras con la presentación de lo que será la Gendarmería Nacional, nueva corporación propuesta por la Comisión Nacional de Seguridad y que se está integrando actualmente.

 “No ha estado debidamente detallado, la idea es que es algo entre la policía y la milicia, con carácter más bien de prevención. Pero no pude haber parches, debe ser todo un sistema integral para que tenga sentido, no sólo se puede decir la policía se va a llamar Gendarmería, porque eso no significa ningún avance.

 “Tampoco se puede decir que se va a crear un nuevo cuerpo, y vamos a dejar el actual que no está funcionando en las mismas condiciones, porque se van a contradecir”, afirmó Canales Santos.

 Indicó que las policías municipales no han recibido ningún tipo de formación para atender las necesidades de la nueva reforma penal, a tres años de su implementación.

 “No se trata sólo de unificarlas, sino de transformarlas desde el principio, que las policías municipales tengan sueldos dignos, que les implique una carrera profesional.”