Estrategia
mediática/MARCELA TURATI
Revista
Proceso # 1911, 16 de junio de 2013;
La
Cruzada Nacional contra el Hambre, la inflada “estrategia social” compuesta por
70 programas que se aplicarían en 400 municipios para combatir la pobreza
extrema y la alimentaria, se halla entrampada en la demagogia, el caos y la
parálisis, motivos por los cuales se redujo en su etapa inicial a sólo 80
demarcaciones en 20 estados. La razón oficial: problemas técnicos y de
coordinación. La verdadera: sólo concentrándose en un puñado de poblaciones el
gobierno federal podrá ofrecer algunos resultados para engrosar el primer
informe del presidente Peña Nieto.
La
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se fijó una ruta crítica llena de
atajos para tener algo que presumir sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre
el 1 de septiembre, día del informe presidencial, ya que dicha estrategia sigue
en la fase de diseño y experimentación.
Como
primera maniobra, el número de municipios que se atenderá en la primera fase se
redujo de 400 a 80, la mayoría pequeños y rurales, donde se instalarán tiendas
Diconsa, lecherías Liconsa y comedores escolares, además de entregar
suplementos alimenticios de la Secretaría de Salud para obtener resultados
rápidos.
Las
acciones en los 80 municipios elegidos como “prioritarios” con miras al informe
de Enrique Peña Nieto impactarán en las condiciones de vida de 364 mil 901
personas que viven en pobreza extrema y padecen hambre, una cifra muy alejada
de los 7.4 millones de personas que eran la meta inicial para esa etapa.
A
seis meses de iniciado el gobierno federal priista, la polémica cruzada,
también conocida como Sin Hambre, ha sido más mediática que real, debido a su
ambiciosa estrategia publicitaria, los escándalos electorales en que se ha
involucrado y la inclusión de compañías trasnacionales. Sin embargo, todavía no
tiene efecto entre los mexicanos más pobres, pues sólo ha sido aplicada en dos
puntos del estado de Guerrero: la colonia Simón Bolívar de Acapulco y el
municipio Mártir de Cuilapan, elegidos para la prueba piloto.
Ni
siquiera en las demarcaciones donde la titular de la secretaría, Rosario
Robles, ha organizado eventos de la Cruzada Nacional contra el Hambre ha
comenzado a paliarse la desnutrición. Por ejemplo, el secretario municipal de
Amatenango del Valle, Chiapas, Juan Gómez Díaz, informa en entrevista
telefónica: “Acá todavía los promotores van a empezar a hacer los censos (de
beneficiarios). A lo mucho Liconsa puso tienda y están entregando tarjetas para
que la gente del programa pueda comprar leche”.
El
comité ciudadano que planearía junto al gobierno las obras aún no existe.
Desde
Mezquitic, en la zona wixárika de Jalisco, Misael Marcos López, secretario
particular del alcalde, informa que la semana pasada firmaron un convenio con
la titular de Sedesol y dos semanas antes habían firmado un preconvenio “de
avanzada” con la delegada. Todavía no crean comité alguno.
“Diconsa
y Liconsa están creando el padrón para que los habitantes tengan derecho a la
leche. (…) Ya se va a abrir una estancia infantil en una casa que se
acondicionó hace como un mes”, indica López a Proceso.
Tanto
los funcionarios enviados por Robles a los estados como los documentos de la
Sedesol se limitan a mencionar acciones en los 80 municipios seleccionados en 20
entidades, entre ellas Coahuila y Guanajuato. Tres son urbanos: Cuernavaca,
Aguascalientes y Tecomán, cuyos niveles de miseria no son tan altos como para
estar entre los prioritarios.
Un
municipio elegido para la primera etapa, Santa Ana Ateixtlahuaca, en Oaxaca,
cuenta con un censo de 156 personas en pobreza extrema y desnutrición; en
Cuernavaca hay 8 mil 55.
El
17 de mayo pasado el portal de noticias nortedigital publicó que en Chihuahua,
donde se dará prioridad a los municipios de Guadalupe y Calvo y Morelos entre
los seis primeros del programa, la directora nacional del Fondo Nacional para
el Fomento de las Artesanías (Fonart), Liliana Romero, explicó en una reunión
privada:
“La
meta es que en el próximo mes de septiembre el presidente Peña Nieto pueda
decir ante el Congreso de la Unión que (en los 80 municipios iniciales) se han
generado las condiciones para que en determinado tiempo cambien los indicadores
que hoy se atacan”,
“Problemas
técnicos”
Funcionarios
de la Sedesol admiten que será hasta el próximo año cuando empiece a perfilarse
la cruzada con programas a la medida, padrones establecidos, comités
comunitarios organizados y presupuesto etiquetado, pues este año está en una fase que denominan
“reforma institucional de la política social”.
Explican
que los beneficiarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, a estas alturas
del año, deben recibir los programas inerciales como Oportunidades, así como el
abasto de Liconsa y Diconsa, más los suplementos alimenticios. Los programas
productivos aún tienen abiertas sus convocatorias para quienes quieran
concursarlos y las obras están en fase de diseño.
Durante
estos seis meses la estrategia ha enfrentado problemas técnicos que han puesto
a prueba su diseño. Se topó con que los 70 programas seleccionados para operar
en los 400 municipios no tenían presupuesto adicional para su nueva misión,
mantenían reglas de operación muchas veces incompatibles con la cruzada y sus
mismos padrones. Sólo Liconsa y 65 y Más pudieron ampliar su base de beneficiarios.
“A
partir de junio tendremos conformadas todas las instancias (porque además hay
comités intersecretariales, municipales y estatales), o sea, la nueva
institucionalidad estará en junio, los programas con reformas ya los estamos
aplicando y los nuevos programas ya vendrán en el presupuesto que viene”,
señala Omar Garfias, secretario técnico de la Cruzada Nacional contra el
Hambre.
En
entrevista menciona que durante estos meses se han dedicado a crear la
“institucionalidad adecuada” para coordinar los 70 programas y crear una
estructura federalista que se coordine con los estados, un comité de expertos,
así como un consejo nacional de organizaciones sociales, mecanismos de
evaluación y esquemas de participación
comunitaria.
“Encontramos
programas dispersos, sin estrategia, sin acudir a campo. No se llegaba a
quienes debía llegarse ni se atendía toda la problemática integral; había
duplicidad de beneficiarios y beneficiarios profesionales que recibían
siempre”, justifica el funcionario, quien trabajó en Sedesol en el sexenio de
Ernesto Zedillo, bajo el mando del priista Carlos Jarque, y posteriormente en
secretarías de Sinaloa y Oaxaca.
Cuando
se le cuestiona sobre la preselección de 80 municipios, niega que las acciones
sólo cubran a éstos y explica que si los cuentan por separado es porque “son
los que más van avanzando”. Estima que 170 municipios deben tener acciones
reportadas.
Y
al preguntarle si hubo un retraso dice que la cruzada tiene trazadas sus metas
y seguir indicadores, pero no es “una estructura autoritaria, centralista y
monolítica” que determine desde un escritorio del Distrito Federal la vida de
los municipios, por lo que está en interacción con la gente, en fase de
construcción de soluciones para cada municipio. “Las circunstancias especiales
modifican los calendarios”, resume.
“El
23 de mayo entramos en un impasse por la veda electoral porque en 14 estados no
podemos hacer ningún trabajo de acercamiento a la comunidad; hasta julio no
habrá acciones”, agrega.
Según
diversas fuentes consultadas, el dinero que la Secretaría de Hacienda destina a
estados y municipios tampoco ha bajado de las cuentas concentradoras. Esto
significa que la economía que depende del gobierno federal está paralizada.
“A
estas fechas, en otros años, Conafor ya habría acabado su ejercicio y Sedesol
tendría la mitad de su gasto ejercido, con excepción de Oportunidades.
Actualmente no lleva ni 10%, ni han entregado resultados de Opciones
Productivas ni de Coinversión Social, y lo mismo está ocurriendo en Semarnat,
Sagarpa y Sedatu”, comenta extraoficialmente un funcionario.
Con
miras al informe
Un
documento interno de la Sedesol titulado “Criterios para definir la condición
de bandera blanca en los 80 municipios prioritarios. Ruta crítica”, ubicado en
el portal de la dependencia, establece que el reto de ésta es legitimar ante la
opinión pública los resultados de la cruzada.
En
los cuadros sinópticos que detallan la ruta se contemplan acciones a partir de
mayo. Las indicaciones cortan en septiembre, donde se lee: “Informe
presidencial reportando resultados en los 80 municipios”. No se proyectan obras
para después.
Del
documento se desprende que, de mayo a agosto, la meta de Sedesol es abrir 30
tiendas Diconsa y 100 nuevas lecherías Liconsa, proveer 18 mil 582 desayunos
escolares en primarias focalizadas, medir talla y peso a 66 mil 756 menores de
11 años, dar suplementos alimenticios a 30 mil 511 infantes y a un número
desconocido de madres lactantes y de mujeres embarazadas, así como impartir
orientación nutricional a 100 mil familias.
El
término “bandera blanca” fue acuñado en la Sedesol en tiempos de Josefina
Vázquez Mota para señalar que se completó la meta por la suma de varias
acciones.
En
otro documento (“Guía de acciones que se desarrollarán para la implementación
de la cruzada”) se admite que una de las “instrucciones presidenciales de la
reunión de gabinete celebrada el 21 de marzo” fue “hacer levantamiento de
banderas blancas en un mínimo de 80 municipios en este año, incluyendo aquéllos
más emblemáticos que siempre han estado relacionados con la pobreza”.
De
hecho, la suspensión de la cruzada en el Distrito Federal por las acusaciones
de los delegados de que era usada electoralmente, descargó a la Sedesol de la
presión de hacer un barrido calle por calle, casa por casa, para ubicar y empadronar en las cuatro delegaciones
seleccionadas a las 100 mil personas que las estadísticas mencionan dentro de
la pobreza extrema y que padecen hambre.
Peña
Nieto lanzó su estrategia social con un dato engañoso: la muerte por hambre de
11 mil personas en México en 2011.
Proceso
solicitó conocer el origen de esa información, a través de la ley de
transparencia. En su respuesta, la Sedesol dijo desconocerlo y la Presidencia
de la República remitió a un documento del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval), que no incluye esa cifra, y a otro del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el cual establece que en
2011murieron 8 mil personas por deficiencias nutricionales; 3 mil menos de las
indicadas por Peña Nieto.
“La
mayoría de estas 11 mil muertes son de ancianos que por su condición
fisiológica o por patologías agregadas se desnutren, no tanto por falta de
comida. Pero hay un número muy grande que estimamos matemáticamente como de 10
mil niños que mueren, la mayoría en zonas rurales indígenas pobres que ni
siquiera aparecen en el Registro Civil, que no las podemos contar pero
ocurren”, dice a Proceso el investigador del Instituto Nacional de Nutrición
Abelardo Ávila.
Sin
embargo, al ser consultado Omar Garfias sobre este dato muestra una ficha que
le envió el Instituto Nacional de Salud Pública. En ella se le informa que las
muertes por deficiencias nutricionales en 2011 fueron menos de 6 mil. Admite
que la mayoría eran ancianos y no precisamente carentes de alimentos.
En
poco tiempo, la estrategia contra el hambre enfrentó cuestionamientos después
de que el PAN presentó las pruebas del desvío de recursos sociales en Boca del
Río, Veracruz, en el que estuvieron involucrados funcionarios de la Sedesol.
Posteriormente
el presidente del PRD, Jesús Zambrano, señaló que 25 delegados de la
dependencia han sido operadores electorales priistas y el senador Alejandro
Encinas, del mismo partido, denunció en un documento que varios municipios
elegidos para aplicar Sin Hambre son botines electorales, por lo que rebautizó
la estrategia como la “cruzada por los votos”.
Al
mismo tiempo estalló el escándalo por la firma de convenios de colaboración con
trasnacionales como PepsiCo y Nestlé, acusadas por organizaciones como El Poder
del Consumidor de ser responsables de los altos índices de obesidad y la mala
nutrición de los mexicanos.
Robles
defendió la participación de esos corporativos explicando que el primero iba a
desarrollar una galleta de avena que ayudaría a “solucionar las necesidades
nutricionales” y la segunda impartiría capacitación a 15 mil mujeres para que
se conviertan en microempresarias culinarias y que ayudaría a empoderar a
productores.
Sin
embargo, los convenios firmados reflejan otras aristas; por ejemplo, que ambas
firmas recibirán “subsidios federales” por sus aportaciones.
El
acuerdo es que Nestlé imparta cursos a mujeres para que se conviertan en
vendedoras de postres (como brownies o helados de chocolate), a quienes
regalará paquetes con productos de la empresa.
Además,
realizará un proyecto productivo en San Luis Acatlán, Guerrero, justamente una
comunidad que –según reportó el 7 de mayo Matilde Pérez en La Jornada– recibe
la producción de 10 mil 500 cafeticultores de la región guerrerense de La
Montaña, quienes al estar en desventaja por los bajos precios con que Nestlé
compra su grano ahora dependen de la trasnacional.
“El
comprador de Nestlé en Guerrero paga 80 dólares o menos por 100 libras (unos 45.3
kilogramos) de café natural, mientras en el mercado internacional el precio es
de 135 dólares”, publicó el diario.
Tras
el escándalo, la secretaria no mencionó más el convenio que se iba a firmar o
se firmó con Walmart.
El
pasado 19 de abril, en Chiapas, Robles dijo en su discurso frente a Peña Nieto
y el expresidente brasileño Lula Da Silva que ya había iniciado el proceso de
capacitación de 500 mil mujeres y el trabajo en los 400 municipios.
Presidentes
municipales como Andrés Balleza, de Guachochi, Chihuahua, dicen lo contrario:
“No ha llegado nada todavía de los programas federales; el comentario es que
habría que esperar hasta que se resuelva lo de las elecciones de julio y
seguimos sin nada”.
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