- La guerra mexicana ante los ojos de Europa/MARCO APPEL
- Mexico Country Briefing 2013,
Revista
Proceso # 1911, 16 de junio de 2013;
Un
informe al Parlamento Europeo confirma el fracaso de la guerra calderonista
contra el narcotráfico que trajo consigo decenas de miles de muertos y
desplazados. Esta política, señala el documento, exacerbó la violencia y la
expandió hacia otras áreas geográficas, al tiempo que marcó la pauta para la
diversificación de las actividades criminales, como el robo, la extorsión y los
secuestros. Según el análisis, el presidente Enrique Peña Nieto tiene pocas
opciones para instrumentar un cambio radical en la estrategia antinarco, que,
dice, está viciada de origen.
BRUSELAS.-
Un informe elaborado por los servicios de análisis del Parlamento Europeo
concluye que el presidente Enrique Peña Nieto continuará con la misma
estrategia de combate al narcotráfico que su antecesor Felipe Calderón, la cual,
afirma, “no logró bajar significativamente los niveles de violencia” y, al
contrario, en ocasiones hasta la “exacerbó” o generó sólo “el desplazamiento de
las actividades criminales a nuevas áreas geográficas”.
El
informe de 36 páginas y de difusión restringida titulado Mexico Country
Briefing 2013, actualizado hasta el 17 de abril último, remarca: “Existen
fuertes presiones sobre Peña Nieto y su gobierno para que abata los niveles de
violencia y contenga de alguna manera el poder de los cárteles de la droga y
del crimen organizado… Dado que el nuevo presidente se ha comprometido
personalmente a continuar una lucha implacable contra los cárteles del
narcotráfico, en parte para disipar las preocupaciones de algunos sectores en
el sentido de que el nuevo gobierno del PRI intentaría buscar un arreglo con
los cárteles, es improbable un cambio radical en las políticas impulsadas por
el gobierno de Calderón”.
El
despliegue de las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico
“continuará en el corto y mediano plazos, en particular porque existen pocas
alternativas realistas e inmediatas a la participación militar”, analiza, y
añade que el propio Peña Nieto ha declarado que el Ejército sería retirado sólo
de manera gradual.
Elaborado
por Jesper Tvevad, experto en Latinoamérica del Departamento Político de la
Dirección General de Políticas Externas del Parlamento Europeo, el informe –una
copia del cual obtuvo Proceso– fue solicitado por la Delegación del Parlamento
Europeo en la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, el órgano de
contacto legislativo entre ambas partes.
Aunque
este tipo de informe no fija una postura institucional, puesto que no es
discutido y votado por los eurodiputados, su importancia radica en que refleja
una preocupación europea sobre México y en que su contenido puede influir en
la toma de decisiones de esa institución.
Pese
a que el informe de Tvevad se plantea como un análisis global del estado
económico, político y diplomático en que se halla el país, por lo que su parte
medular se ocupa de la manera en que llegó Peña Nieto a la Presidencia y cuál
es la actual repartición del poder, el balance sobre el sexenio de Calderón en
materia de narcotráfico, seguridad y derechos humanos merece un capítulo
entero.
“Con
frecuencia, el exitoso combate de algunos cárteles creó más espacio para las
actividades de otros grupos del narcotráfico o intensificó la pugna entre
cárteles por el control de los mercados locales de drogas y las rutas de
distribución”, indica Tvevad.
Saldo
negro
El
informe, al que preceden otros dos elaborados en noviembre de 2011 y julio de
2012 por el mismo analista, desde un principio expresa la preocupación de que
“la violencia relacionada con el narcotráfico escaló dramáticamente durante la
presidencia de Calderón y se convirtió en una amenaza cada vez más grave para
la seguridad”.
En
el diagnóstico que hace el documento sobre la estrategia de Calderón –y que ya
se puede encontrar en un informe anterior–, el especialista asegura que,
“además de los costos económicos y humanos, también dejó serias consecuencias
políticas y sociales”.
Resalta
que una de ellas fue que “el enorme poder corruptor del tráfico de drogas” se
convirtió “en una amenaza al funcionamiento del sistema judicial y de otras
instituciones del Estado, incluyendo a las fuerzas de seguridad”, por lo que en
los últimos años “cientos de policías, jueces, funcionarios de alto nivel y
políticos locales fueron arrestados y acusados de colaborar con los cárteles
de la droga.
“De
los aproximadamente 500 mil policías (que hay en México), únicamente 35 mil
pertenecen a la Policía Federal. El resto forma parte de las policías estatales
y municipales, que son consideradas más propensas a la corrupción y a la
colaboración con los cárteles de la droga”, apunta el informe.
Y
añade: “Ha habido campañas para purgar y procesar agentes locales, pero con
frecuencia los arrestos no terminan en un juicio. Las acciones para ‘limpiar’ a
la policía sólo han tenido un éxito parcial, y de acuerdo con funcionarios de
alto nivel a comienzos de noviembre pasado dos terceras partes de los policías
fueron sometidos a pruebas de confiabilidad. De los 50 mil policías que no las
pasaron, sólo a 10 mil se les separó de la institución”, acota.
El
experto también alude al fortalecimiento de la Policía Federal que emprendió
Calderón en su sexenio, sin que con ello lograra impedir la infiltración del
crimen organizado en esa corporación.
Más
aún, y considerando el rechazo europeo al uso de la fuerza militar en tareas de
seguridad pública, el informe señala: “El despliegue de las Fuerzas Armadas en
la lucha contra las drogas, tanto del Ejército como de la Marina,
tradicionalmente vistas como instituciones menos afectadas por la corrupción,
las expone a un riesgo creciente”. Asimismo, destaca que la infiltración del
narcotráfico en los órganos procuradores de justicia, incluyendo a la
Procuraduría General de la República (PGR), “está impidiendo la persecución de
los narcotraficantes”.
El
especialista hace notar a los eurodiputados que en 2010, 3 mil 200 policías
federales reprobaron los exámenes de control de confianza. Asimismo, enfatiza
que en medio del “clima generalizado de inseguridad y ausencia de estado de
derecho” que heredó Calderón, se dispararon otros delitos, como secuestro,
extorsión y robo armado.
Las
estadísticas del gobierno mexicano, integradas en el informe, sugieren que las
cifras de muertes relacionadas con la guerra contra el narcotráfico “llegó a un
pico” y que éstas incluso bajaron 14% entre diciembre de 2012 y marzo de 2013
respecto del mismo período previo. No obstante, Tvevad asegura que, “de
cualquier modo, las tendencias son inciertas”.
Refiere
que, según “una fuente no oficial”, mil 25 personas fueron asesinadas en marzo
pasado en acciones relacionadas con el crimen organizado, lo que muestra un
incremento frente a las muertes de ese tipo registradas en los primeros dos
meses de 2013.
Plantea
a los 754 miembros del Parlamento Europeo –en donde la mayoría de los
conservadores ha sido muy cuidadosa para no condenar las políticas de Calderón
contra el tráfico de drogas– que la infiltración de los cárteles en las
instituciones públicas puede extenderse a las campañas electorales para la
compra de cargos políticos.
“El
poder local de los cárteles de la droga y de los grupos del crimen organizado
ha alcanzado tal fuerza en varias áreas que algunos analistas observan una
situación donde la autoridad real la ejercen esas organizaciones, muchas de las
cuales incluso proveen a la población de servicios públicos”, analiza, por lo
que después añade que “un desafío mayor” para México será impedir que el
narcotráfico pueda financiar campañas electorales.
Algunos
logros
El
informe recuerda también a los eurodiputados que la violencia desatada durante
la guerra de Calderón contra las drogas afectó las actividades económicas y el
flujo de inversiones en las zonas más golpeadas, incuso tratándose de las más
ricas del país, como el estado de Nuevo León y su capital Monterrey.
“En
esas áreas –dice el reporte– el surgimiento de la violencia de las drogas se
acompañó del cierre de muchos pequeños negocios y del aumento de los índices de
desempleo. De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), en 2011 aproximadamente 160 mil negocios concluyeron sus
operaciones por motivos ligados a los altos niveles de criminalidad.
“De
acuerdo con representantes de la banca privada, México habría dejado de recibir
4 mil millones de dólares de inversiones extranjeras en 2010. Ello corresponde
a 20% del total del flujo de tales inversiones en ese año”, precisa Tvevad.
Pese
a que el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas
en inglés) asegura que hay 140 mil personas en esa condición desde 2007, otras
fuentes no oficiales fijan esa cifra en 1 millón 600 mil personas. Detalla que
ese fenómeno se observa principalmente en los estados de Chihuahua, Tamaulipas,
Nuevo León, Durango, Guerrero, Sinaloa y Michoacán.
Según
Tvevad los movimientos “se realizan casi todos de forma individual, son
graduales y con frecuencia obedecen a otros factores. Como no se lleva un
registro es difícil evaluar la verdadera dimensión del problema”.
Respecto
a la violación sistemática de los derechos humanos que estalló con la guerra
contra el narcotráfico –y que desde hace años denuncian las organizaciones no
gubernamentales nacionales e internacionales–, el informe insiste en que el
despliegue masivo de las fuerzas de seguridad bajo el mandato de Calderón para
confrontar a los cárteles, “particularmente el despliegue de las Fuerzas
Armadas”, ha originado numerosas acusaciones de violaciones a tales derechos y
de abusos contra la población civil, “incluyendo torturas, violación sexual,
detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales”.
El
informe reconoce las reformas que promovió el gobierno de Calderón en materia
de derechos humanos y las que plantea impulsar el Pacto por México –por
ejemplo, para garantizar los derechos de los inmigrantes–, e incluso resalta el
hecho de que las organizaciones no gubernamentales recibieron con agrado el
fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en 2011 declaró
inconstitucional la jurisdicción militar, y otro de ese mismo tribunal que
obligó a juzgar en el fuero civil a un soldado que en 2009 asesinó a una
persona en un retén del estado de Guerrero.
No
obstante, las violaciones a los derechos humanos por la militarización del
combate contra el tráfico de drogas constituyen un punto preocupante del
informe: “De acuerdo con Human Rights Watch (HRW), entre 2007 y abril de 2012,
la Fiscalía Militar abrió casi 5 mil investigaciones por casos de violaciones a
los derechos humanos cometidas por miembros del Ejército, pero sólo 38 personas
fueron sentenciadas”, señala el reporte.
Para
documentar a los diputados del Parlamento Europeo, el informe reitera que HRW
reporta desde diciembre de 2006 la implicación de las fuerzas de seguridad en
más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 asesinatos extrajudiciales,
en tanto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó en
diciembre de 2012 que había recibido más de 34 mil quejas de diversas formas de
abusos cometidos por agentes del Estado desde 2005.
“En
relación con la tortura, la CNDH señala que el problema se ha incrementado
‘exponencialmente’, ya que en 2011 recibió 2 mil 40 quejas de tortura y tratos
inhumanos, frente a una sola en 2005”.
Para
concluir, plantea que los organismos defensores de derechos humanos acusan que
las violaciones a tales derechos “no son investigadas o procesadas
frecuentemente”.
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