Protección de dientes para afuera/reportaje de Proceso

 Protección de dientes para afuera/JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Revista Proceso # 1914, 7 de julio de 2013

El Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que depende de Gobernación, no funciona. Nació con fórceps a finales de la administración calderonista, sus recursos financieros caen a cuentagotas y quienes deben participar en las reuniones de su Junta de Gobierno no lo hacen, prefieren delegar. Para colmo, el actual gobierno le quiere entregar su control a policías que en el sexenio anterior fueron gente de confianza de Genaro García Luna.

El gobierno de Enrique Peña Nieto pretende entregar a antiguos hombres de confianza de Genaro García Luna, exsecretario federal de Seguridad Pública, el control del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

 Intentó primero con quien fue coordinador de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal el sexenio pasado, Rafael Avilés Avilés. Ahora, con el exjefe de la División de Inteligencia de esa corporación, Benito Roa Lara.

 Entre mayo y junio pasados Avilés estuvo a cargo de la Unidad de Evaluación de Riesgos del Mecanismo, instancia que decide si es necesaria la protección de un periodista o defensor y de qué tipo. Los dictámenes del jefe policial, caracterizados por desestimar los riesgos o amenazas, guiaron en ese periodo las acciones de protección propuestas por la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo, a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob) y donde la Policía Federal (PF) tiene una representación permanente.

 Sin que se llegara a definir si estaría comisionado por la PF, Avilés dejó el Mecanismo… pero no se quiere ir del todo.

 Propuso como sustituto a Roa Lara, quien fue coordinador general de Inteligencia y Prevención del Delito de la PF y durante el último año del sexenio de Felipe Calderón fue designado por García Luna coordinador de la División de Inteligencia de esa corporación. La llegada de Roa Lara aún no se concreta.

 Aunque pocas veces se presentó en la oficina del Mecanismo, Avilés se hizo cargo de asuntos como las amenazas de muerte contra defensores de derechos humanos y del equipo de Artículo 19, capítulo México, la organización no gubernamental internacional dedicada a defender la libertad de expresión.

 También participó en reuniones de la Junta de Gobierno del Mecanismo, a donde concurren todas las dependencias gubernamentales obligadas, por ley, a proteger la integridad de esas personas.

 Con la Segob al mando de la PF, su nombramiento fue avalado por la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, la expanista Lía Limón, de quien depende la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo.

 La Segob tomó la decisión de promover a Avilés pese a las recomendaciones de organismos y organizaciones internacionales que participan como observadores del Mecanismo, las cuales se oponen a que los análisis de evaluación de riesgo de los periodistas y defensores queden sólo en manos de policías.

 En las casi cuatro décadas de carrera policial de Avilés destaca su paso por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, donde formó parte del Agrupamiento Fuerza de Tarea, conocido como Grupo Zorros.

 Fue uno de los hombres de confianza de García Luna, quien lo hizo director general de Coordinación y Desarrollo de Policías Estatales y Municipales, y luego, comisario de la División de Fuerzas Federales, donde se concentra el mayor número de efectivos de la PF. Antes, ambos habían estado en la ya desaparecida Agencia Federal de Investigación.

 Avilés fue el responsable de los operativos conjuntos contra el narcotráfico ordenados por el entonces presidente Felipe Calderón, así como de los realizados por iniciativa de la corporación federal, como el que en Michoacán dejó numerosas bajas federales y de la organización delictiva La Familia Michoacana.

 Fue señalado por familiares de policías federales desaparecidos en Michoacán como uno de los jefes de la corporación que no les pudo dar respuesta de lo ocurrido con los agentes, al parecer secuestrados por la delincuencia organizada en noviembre de 2009 en Zitácuaro (Proceso 1755).

 Como responsable también del operativo de la PF en Ciudad Juárez, enfrentó en agosto de 2010 la rebelión de unos 300 agentes que se inconformaron con sus mandos, a quienes acusaron de maltrato y de sembrar droga a los ciudadanos para extorsionarlos. Esos mandos fueron destituidos, pero Avilés aseguró que la corporación también investigó al “grupo de personas instigadoras”.

 Fue además, junto con el entonces comisionado de la PF, Facundo Rosas, encargado del operativo policial para la toma y vigilancia de las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza cuando Calderón ordenó su desaparición, el 10 de octubre de 2009. Las crónicas periodísticas destacaron que, desde un helicóptero, Avilés dirigió el operativo en el que las fuerzas federales se apoderaron del Centro de Operación y Control de la empresa, donde se localiza el sistema central de distribución de la energía eléctrica para el Valle de México.

 La Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas señala que la Unidad de Evaluación de Riesgos es un órgano auxiliar –“de carácter técnico y científico”– de la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo, encargado de evaluar los riesgos, definir las medidas preventivas o de protección, así como su temporalidad. Además debe dar seguimiento a la puesta en práctica de esas medidas para definir si continúan.

 Según la ley, la unidad tendrá al menos cinco expertos en materia de evaluación de riesgo y protección; de ellos, uno deberá serlo en la defensa de los derechos humanos y otro, en el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.

Críticas internacionales

A un año de la entrada en vigor de la ley y a siete meses del gobierno de Peña Nieto, la Unidad de Evaluación de Riesgos ni siquiera ha podido integrarse. Sólo se había definido la llegada de Avilés, aunque ahora en la mesa de Lía Limón está el nombre de Roa Lara.

Sin que se conociera la preponderancia policial en el Mecanismo, el pasado 25 de junio, al cumplirse un año de la promulgación de la ley, más de 100 ONG nacionales e internacionales enviaron cartas al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante las deficiencias del Mecanismo: recursos detenidos, falta de personal y ausencia de respaldo político.

En su carta, las organizaciones mexicanas señalaron que el Mecanismo carece de personal necesario, pero sobre todo del respaldo político e institucional para operar a escalas federal, estatal y municipal. La organización estadunidense Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos se refirió también a los obstáculos para acceder a los fondos del Mecanismo y las dificultades de coordinación entre las instituciones involucradas en la protección de periodistas y defensores.

Amnistía Internacional, que también se dirigió a Osorio Chong, incluso se refirió a “incumplimiento por parte de otras instituciones, como la Policía Federal, de algunas medidas acordadas”.

 El Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue creado a finales del sexenio calderonista ante las presiones internacionales al Estado mexicano por los crecientes ataques a esos colectivos en el contexto de la guerra que el expresidente le declaró al narcotráfico.

 Pero no fue sino hasta el 30 de noviembre de 2012, a unas horas de abandonar el poder, cuando Calderón publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada por el Congreso el 30 de abril de ese año. El 25 de junio Calderón había publicado la ley diseñada con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil.

 En la elaboración de la ley participaron la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las organizaciones Amnistía Internacional y Peace Brigades International. Una de sus recomendaciones fue que para una mejor aplicación del Análisis de Riesgo se considere una gama amplia de medidas de protección no enfocadas meramente en la policiaca y asegurando que correspondan al nivel y naturaleza del riesgo.

 El Mecanismo no termina de integrarse y, como coincidieron las organizaciones no gubernamentales mexicanas y extranjeras, no se han liberado los fondos de operación empaquetados en un fideicomiso y los recelos prevalecen entre las instituciones federales que lo integran.

 En los más de 70 casos que hasta ahora lleva el Mecanismo la constante ha sido la burocracia. La mayoría de los casos implican a personas defensoras de derechos humanos, pero hay una tendencia creciente de casos de periodistas. La relación es de seis a cuatro.

Desinterés

El Mecanismo está estructurado con una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional. La Junta de Gobierno es su órgano máximo.

La ley dice que sus integrantes deben ser subsecretarios o su equivalente de la Segob, del comisionado nacional de Seguridad –dependiente de Gobernación–, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y cuatro representantes del Consejo Consultivo. Está presidida por la Segob, pero la subsecretaria Limón prácticamente ha estado ausente de las reuniones, pese a ser la principal responsable de la operación del Mecanismo.

No es el único caso. En las reuniones de la Junta de Gobierno han variado los enviados de las dependencias. La SRE, por ejemplo, tiene como representante al embajador Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Pero a las reuniones se han presentado el ministro Juan José González, director general adjunto de Política Internacional sobre Derechos Humanos; Alejandro Alday, director general de Derechos Humanos; o bien Consuelo Olvera, directora de Política Internacional de Derechos Civiles, Políticos y Democracia.

Por parte de la Comisión Nacional de Seguridad, encabezada por Manuel Mondragón y Kalb, ha participado el comisario Javier Santos Plata, director general de Seguridad Física, en representación del comisionado general de la PF, Francisco Galindo Ceballos.

Algo similar ha ocurrido con la CNDH. Quien está llamado a participar es el quinto visitador general, Fernando Batista, pero en su lugar ha asistido el director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, Víctor Manuel Serrato Lozano.

Por la PGR, el representante es el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Ricardo García Cervantes, pero a la Junta de Gobierno se presenta la titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, Laura Angelina Borbolla Moreno. En ocasiones en su lugar ha ido el fiscal Alberto Peralta Flores, director general adjunto de la fiscalía.

La Junta de Gobierno se instaló formalmente el 12 de noviembre de 2012 en el Castillo de Chapultepec. Ahí, el entonces secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, anunció un presupuesto inicial de 40 millones de pesos. Pero ahora tiene uno que rebasa los 200 millones. Los recursos, sin embargo, no han sido liberados por el fideicomiso encargado de su administración. Como consecuencia, no están ocupadas las 18 plazas programadas ni tampoco se pueden operar todas las medidas de protección.

En las reuniones de la Junta de Gobierno están también representantes de organizaciones civiles que forman parte del Consejo Consultivo del Mecanismo, y con derecho a voz asisten las comisiones de Derechos Humanos del Senado y de la Cámara de Diputados, el Poder Judicial de la Federación, la Conferencia Nacional de Gobernadores y la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Pero en las reuniones ha quedado de manifiesto que la Ley de Protección es omisa en las responsabilidades de los gobiernos de los estados cuando servidores públicos son los responsables de amenazas o ataques a los periodistas y defensores. Un representante de un gobierno estatal puede darse por no enterado de las denuncias o llegar sin ninguna respuesta efectiva sin que sea sancionado. La ley tampoco involucra a las comisiones estatales de derechos humanos. Los gobiernos de los estados están a salvo porque la ley sólo propone convenios de colaboración no vinculantes con el Mecanismo.

Éste tiene además un Consejo Consultivo compuesto por nueve representantes honorarios de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas. Su designación se hizo el 19 de octubre del año pasado.

Como defensores de derechos humanos están Agnieszka Raczynska, Édgar Cortez, Michael W. Chamberlin Ruiz y Juan José Perdomo. Como representantes de los periodistas están Rogelio Hernández, Jade Ramírez Cuevas, Jorge Israel Hernández y José Luis Buendía. Como académico está Pablo Romo Cedano.

La operación del Mecanismo, que tiene que ver con la coordinación de las dependencias federales y gobiernos de los estados, está cargo de la Segob a través de la Coordinación Ejecutiva Nacional encabezada por Juan Carlos Gutiérrez Contreras, titular de la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y depende de Lía Limón. Gutiérrez fue director de la no gubernamental Comisión Nacional de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

De la Coordinación Ejecutiva Nacional depende la Unidad de Evaluación de Riesgos, que el gobierno de Peña Nieto pretende heredar a los policías cercanos a García Luna.