El legado de Nazar Haro a Peña Nieto

 El legado de Nazar Haro a Peña Nieto/GLORIA LETICIA DÍAZ

Revista Proceso. No. 1924, 14 de septiembre de 2013:

Apoyado por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el exguerrillero michoacano Abdallán Guzmán Cruz acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ventilar el caso de su padre y cuatro de sus hermanos desaparecidos en la década de los setenta. El demandante sostiene que cuando fue detenido y torturado por elementos de la Dirección Federal de Seguridad, el propio director de esa corporación, Miguel Nazar Haro– personaje central del libro El policía, de Rafael Rodríguez Castañeda, puesto en circulación recientemente por Grijalbo–, le comentó abiertamente que si quería que le pasara lo mismo que a sus familiares…

 De vuelta el PRI en el poder, al gobierno de Enrique Peña Nieto le corresponderá litigar en los próximos meses ante la Organización de Estados Americanos (OEA) los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra sucia, y en particular los atribuidos a Miguel Nazar Haro.

 Sin cumplirse aún la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco a manos del Ejército en Atoyac, Guerrero, en agosto de 1974, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio entrada a un caso que involucra a cinco víctimas de la política de exterminio de los gobiernos priistas de los setenta y ochenta, y en el que Nazar fue protagonista.

Durante la sesión del 12 de julio pasado, durante el 148 Periodo Ordinario de Sesiones realizado en la sede de la CIDH en Washington, seis de los siete comisionados dieron entrada a la demanda del ciudadano michoacano Abdallán Guzmán Cruz, quien reclama la presentación de su padre, José de Jesús Guzmán Jiménez, y sus hermanos Amafer, Armando, Adenauer Solón y Venustiano, detenidos en 1974 y 1976 en operativos realizados por miembros de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), con Nazar como pivote, y el Ejército.

 El comisionado mexicano José de Jesús Orozco Henríquez se excusó de participar en el debate y en la decisión de someter a México al escrutinio internacional en apego al reglamento interno del mismo órgano de la OEA, según se asienta en el Informe 50/13, del que Proceso tiene copia. El documento tiene la firma del también mexicano Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH.

El torturador

Excombatiente del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), Abdallán Guzmán fue víctima del entonces director de la DFS, incluso fue encarcelado en 1974. Recuperó su libertad gracias a una amnistía en 1979. En las sesiones de tortura, cuenta, se enteró por voz de Nazar que su papá y tres de sus hermanos también fueron capturados por él meses antes.

Amafer, Armando y él, dice Abdallán, militaban en el MAR, mientras Venustiano colaboró con las Vanguardias Armadas Revolucionarias del Pueblo (VARP) y fue capturado en Acapulco, Guerrero.

“Si ellos cometieron un delito, de acuerdo a los cánones del Estado burgués, debieron ser juzgados con sus mismos cánones –señala Adballán–. ¿Por qué no los presentaron al Ministerio Público? ¿Por qué los llevaron al Campo Militar para interrogarlos y torturarlos? ¿Por qué los desaparecieron? Esos son crímenes de lesa humanidad. Nosotros seguimos firmes buscándolos a ellos y a la justicia.”

Abdallán fue detenido en octubre de 1974 junto con otras dos personas tras un enfrentamiento con policías municipales. Y aunque se presentó con otro nombre la DFS lo identificó como miembro del MAR y decidió trasladarlo a la 21 Zona Militar.

 Cuenta: “Nazar llegó a Morelia y personalmente nos torturó. De ahí nos llevaron a la Ciudad de México, a la DFS, y nos volvieron a dar. En la DFS estuvimos una semana y de ahí nos llevaron al Campo Militar número Uno, donde estuvimos más de una semana.

 “Nazar concurrió sólo dos veces; quien nos torturó fue su gente. A pesar de que nunca te quitaban la venda, tenías una capucha y estabas esposado y desnudo te dabas cuenta de quién era. Él (Nazar) daba las órdenes, gritaba; él era el responsable directo. Pero también estaban los de la Judicial y el Ejército, ellos también participaban en las torturas.”

 Del Campo Militar número Uno, continúa, lo llevaron ante el Ministerio Público. Ahí también estuvo Nazar. “Puso la pistola en el escritorio para ver si la agarrábamos. Se puso a corregir al agente del Ministerio Público, pasándole notas que no tenían nada que ver con nosotros”.

 A Abdallán y a sus compañeros se les fincaron cargos por robo con violencia, asociación delictuosa y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, en tanto que les fueron retirados los de sedición, incitación a la rebelión, fabricación, transporte y uso de explosivos y daños a las vías de comunicación. En 1979 él fue amnistiado.

 “En una de esas pocas veces en medio de la tortura que nos quitaban la capucha y las vendas estuvimos frente a frente Nazar Haro y yo –relata–. Me gritó: ‘¡Pinches indios, tercos, no quieren decir nada, todo lo niegan. Te va a pasar lo mismo que a tu papá y tus hermanos!’. Hablaba de mi familia, de que me iban a hacer lo mismo que a mis hermanos, hasta morir.

“Yo suponía que me decía cosas que no eran ciertas, pero sí lo eran. ¡Ya los habían tronado! Todavía algunos compañeros que cayeron en el 75 y 76 me dijeron que habían visto en el Campo Militar a mis hermanos y a mi papá.”

Abdallán recuerda esa escena, cuyo resumen se incluye en el informe de admisibilidad de la CIDH, aunque sin mencionar a Nazar.

Nazar fue “pieza clave en la guerra sucia mexicana”. Tomó cursos de antiguerrilla en la Escuela de las Américas “y dio forma a su segunda gran vocación: el anticomunismo, que marcó su trayectoria dentro de la DFS como agente, comandante, subdirector y director”, escribe Rafael Rodríguez Castañeda en su libro El policía, puesto en circulación en estos días bajo el sello editorial Grijalbo.

Nazar, continúa Rodríguez Castañeda, “era el policía por antonomasia, el policía que por proteger las estructuras del gobierno perseguía con denuedo, torturaba por placer y mataba sin compasión” (Proceso 1923).

Sin titubeos, Guzmán Cruz acusa: “Miguel Nazar Haro no sólo tuvo que ver en mi detención y la de mi familia (también participó), en la tortura y en la desaparición forzada de mi papá y mis hermanos”.

Las denuncias contra Nazar

El abogado Adrián Díaz Fernández, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las dos organizaciones que presentó el 25 de octubre de 2006 ante la CIDH –la otra es la Fundación Diego Lucero– destaca que el expediente que integró la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) sobre el caso de la familia Guzmán, se pudo establecer que “los mandos en ese entonces tenían una línea con Nazar Haro”.

 Además, dice el litigante, se le dio seguimiento a los amparos interpuestos por Nazar contra el proceso que le siguió la fiscalía encabezada durante el sexenio de Vicente Fox por Ignacio Carrillo Prieto.

 Nazar, quien falleció en enero de 2012, fue procesado incluso por la Femospp por privación ilegal de la libertad de guerrilleros, entre ellos Jesús Piedra Ibarra, el hijo de Rosario Ibarra, cargo del que finalmente fue absuelto.

 Pese a que en esta indagatoria de la Femospp, como en otras, “se integraron líneas tendentes a ir en contra de los presuntos responsables”, apunta el abogado, lo cierto es que después de cuatro años de investigaciones, Carrillo Prieto no consignó el caso ante un juzgado.

 El caso de la familia Guzmán Cruz formó parte de los expedientes integrados en la recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la guerra sucia, así como de las averiguaciones previas abiertas por la Femospp, creada en 2002 y desaparecida el 30 de noviembre de 2006, un día antes de la toma de posesión de Felipe Calderón.

 De acuerdo con el informe 50/13, Amafer Guzmán fue detenido “por miembros de la DFS” en Morelia, Michoacán, el 16 de julio de 1974. Tres días después, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, efectivos de la DFS arrestaron a su hermano Armando.

 El día 24 “miembros del Ejército y de la DFS sitiaron la comunidad purhépecha (sic) de Tarejero, municipio de Zacapu, Michoacán”, y tras agredir a la población, se llevaron a José de Jesús Guzmán Jiménez y a sus hijos Adanauer Solón, de 17 años, y a Venustiano, de 15.

 La esposa de José de Jesús, Salud Cruz, denunció la detención ilegal de su cónyuge y sus hijos ante autoridades locales de Tarejero. Venustiano fue puesto en libertad. Dos años después fue detenido y desaparecido en Guerrero.

Por las indagatorias oficiales mencionadas en el documento de la CIDH se determinó que José de Jesús y sus hijos estuvieron en la 21 Zona Militar de Morelia, Michoacán, así como en las instalaciones de la DFS y en el Campo Militar número Uno.

Después de haber pisado esos lugares para ser interrogados, según el expediente, no se volvió a saber nada de ellos. Poco después de la desaparición de Venustiano, Salud Cruz y sus otros seis hijos huyeron a Morelia.

Desde entonces la familia Guzmán Cruz vive en la zozobra. Los hostigamientos contra ellos se intensificaron en noviembre pasado, “presumiblemente por su continua demanda de justicia”, indica el documento de la CIDH.

Cuenta Abdallán: “El Ejército se ha metido a mi casa, dizque buscando ojivas. Me detuvieron pero me soltaron; luego se metieron a mi casa y robaron documentos históricos de los movimientos armados, así como videos y computadoras. Presenté la denuncia…

“El último chiste ocurrió el 17 de marzo último, cuando detuvieron a mi hijo (Pavel Ulianov Guzmán Macario) y le sembraron droga. Y aunque salió bajo fianza lo están procesando. Sabemos que todo eso lo hacen para que desistamos de nuestra lucha. Pero estamos firmes, y si algo le pasa a algún miembro de mi familia ya responsabilizó al Estado mexicano.”

El Estado mexicano pidió a la CIDH no atender el caso, toda vez que la averiguación sigue abierta en la Coordinación General de Investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR); además, arguyó, los familiares de las víctimas no recurrieron al Programa Administrativo de Reparación del Daño, un fondo económico que administra la Secretaría de Gobernación para pagar indemnizaciones en los 275 casos de desaparición forzada documentados en la recomendación 26/2001de la CNDH.

La CIDH determinó admitir el caso tras advertir que el programa de Gobernación iniciado en 2011 “no es una instancia jurisdiccional y no tendría como resultado el esclarecimiento pleno de los hechos alegados, la averiguación del paradero de las presuntas víctimas, el juzgamiento de los responsables ni, en su caso, la sanción de los mismos”.

Pasado vivo

La CIDH tomó en cuenta que “transcurridos cerca de 40 años desde la primera desa­parición denunciada, ninguno de estos recursos ha resultado eficaz para esclarecer plenamente los hechos, sancionar a los responsables, determinar el paradero de las presuntas víctimas desaparecidas y reparar los daños causados”.

Ante la débil respuesta del Estado, formulada en junio de 2012, los comisionados de la CIDH Tracy Robinson, Rosa María Ortiz, Felipe González, Dinah Shelton, Rodrigo Escobar Gil y Rose-Marie Antoine decidieron dar entrada al caso que para los peticionarios y sus representantes no tiene otro destino que la Corte Interamericana.

Andrés Díaz Fernández, coordinador del Área de Defensa Integral del Centro Prodh, advierte que cuando la CIDH notificó su decisión, los defensores fijaron una postura inamovible a nombre de la familia Guzmán:

“Desde que se inició la demanda a nivel local en la Femospp, la familia Guzmán Cruz dejó en claro que no hay posibilidad de solución amistosa por las cinco desapariciones. Es muy probable que la CIDH, en su informe de fondo, decrete que sí hay violaciones a los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos como ocurrió con el caso Radilla.”

Díaz Fernández hace notar que el caso Radilla y el de la familia Guzmán comparten el mismo contexto histórico:

“Estamos hablando de los mismos años de la década de los setenta que le han llamado guerra sucia y del mismo plan sistemático del Estado de violar los derechos humanos; es decir, cometer crímenes de Estado, se usó la desaparición forzada como un método de represión política.”

Díaz Fernández considera que la Corte Interamericana tardará alrededor de tres años en emitir su sentencia sobre el caso de la familia Guzmán, toda vez que está procesando otros expedientes similares. En entre ellos, dice, el que presentó el Centro Prodh relativo a las desapariciones forzadas de Alicia de los Ríos Merino, dirigente de la Liga Comunista 23 de Septiembre, y de David Jiménez Fragoso, impresor de Madera, el órgano de difusión de esa organización.

“Para el Estado –expone–, las 2 mil personas que desaparecieron durante la guerra sucia son casos aislados, pero son crímenes de lesa humanidad. Hay que aceptar que en México existieron y hay que nombrarlos así; si no, la gente piensa que sólo existieron en África, en la ex Yugoslavia o en la Alemania nazi.

“Son crímenes de lesa humanidad porque son violaciones sistemáticas a los derechos humanos contra un sector de la población en un tiempo determinado. Y está probado que el Estado mexicano en esa época dispuso de algunos órganos del Estado, como la Brigada Blanca y la Dirección Federal de Seguridad, para formular planes de ataque y exterminio a todas las personas opositoras al gobierno. No se les quería llevar a juicio a las personas, se les quería exterminar, son crímenes de lesa humanidad y no prescriben jamás.”

El exguerrillero Abdallán Guzmán es uno de los sobrevivientes de una época en la historia negada por las autoridades mexicanas. Él y otros compañeros de lucha documentan las vicisitudes de los grupos armados durante los setenta y ochenta, su propósito es articular las historias de sus camaradas ausentes.

Con la admisión del caso de la familia Guzmán por parte de la CIDH, Abdallán confía en que en esa búsqueda se conozca el destino de otros activistas sociales desaparecidos de esa época.

Ojalá el procedimiento de la CIDH contemple la posibilidad de una solución amistosa entre los ofendidos y el Estado, para evitar llegar a la Corte Interamericana, dice.

Y concluye: “Buscamos la verdad histó-rica y que se legisle para evitar más crímenes de lesa humanidad que sólo destruyen familias y a la sociedad”.