Garrote fiscal... para casi nada/CARLOS ACOSTA CÓRDOVA

 Garrote fiscal... para casi nada/CARLOS ACOSTA CÓRDOVA

Revista Proceso. No. 1924, 14 de septiembre de 2013:

Calificada por el presidente Enrique Peña Nieto como “la madre de todas las reformas estructurales”, la hacendaria (o fiscal) que él propone no le ha gustado a nadie, ni al sector empresarial… La propuesta acabaría con la mayor parte de las exenciones del Impuesto Sobre la Renta y gravaría con IVA hasta los chicles y la comida para mascotas. En todos los casos quien pagará el pato es el ciudadano de a pie, al cual las empresas le cargarán las alzas de precios al tiempo que mermarán sus prestaciones.

Desde su campaña electoral y con énfasis a partir de su toma de posesión como presidente, Enrique Peña Nieto anunció la hacendaria (o fiscal) como “la madre de todas las reformas estructurales”.

Dijo que esa sería la palanca para la transformación económica del país, la cual haría posible que las finanzas públicas ya no dependieran de los ingresos petroleros y proveería de recursos suficientes para enfrentar las ingentes necesidades de gasto, para echar a andar la economía y brindarle bienestar social a la población.

Pero víctima de una conducción errática de la economía, la cual está a un paso de la recesión, y acosado por la presión social que han desatado sus otras reformas, Peña Nieto se vio obligado a claudicar.

El domingo 8 presentó una propuesta de reforma hacendaria más bien coja y manca, muy menor en sus efectos. Si se aprueba como está, el año próximo sólo aumentará la recaudación en 240 mil millones de pesos, es decir apenas 5.6% del total de los ingresos presupuestados (casi 4 billones 480 mil millones de pesos) en la Ley de Ingresos para 2014, enviada al Congreso el mismo día.

Esos 240 mil millones de pesos adicionales representan apenas 1.5% del producto interno bruto (PIB), según el propio Peña Nieto en la presentación de la reforma.

La primera condición para que la reforma fuera “estructural” quedó descartada, pues no dará los recursos suficientes para disminuir la dependencia de los ingresos petroleros. El faltante deberá cubrirse con más deuda. En efecto, para el próximo año el paquete económico propone un déficit público de 1.5% del PIB, y para este año –contraviniendo lo aprobado por el Congreso en diciembre de 2012– el gobierno incurrirá en un déficit de 0.4% del producto.

Es la muerte anunciada del dogmático e imposible “déficit cero” que tanto habían festejado Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Y el déficit se cubre con recortes al gasto o con más deuda. El gobierno optó por lo segundo. Lo primero sería darle la última patada a una economía que está al borde del precipicio, pues apenas creció 1% en el primer semestre de 2013 y no se ve cómo pueda lograr en el segundo un crecimiento del PIB de 2.6% para alcanzar la meta de 1.8% para todo el año. Los primeros datos del comportamiento de la economía entre julio y septiembre hacen vislumbrar un trimestre perdido.

IVA a discreción

Si bien en términos macroeconómicos no resultó la reforma “estructural” que se buscaba, la iniciativa de Peña Nieto sí revoluciona el esquema tributario a tal grado que tiene indigesto a medio mundo, indignada a la sociedad y de cabeza a especialistas, empresarios y contribuyentes.

No es para menos. Con los cambios propuestos a la Ley del Impuesto al Valor Agregado se eliminan exenciones a muchos servicios y productos que son consumidos por gran parte de la población.

En la Ley del Impuesto Sobre la Renta hay un cambio total. De hecho es una nueva ley que incorpora muchas características y mecanismos del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), vigentes desde 2008 y los cuales serán abrogados, según la propuesta presidencial.

Respecto del IVA, Peña Nieto se vio obligado a renunciar a su propósito de generalizar la tasa de 16%, incluyendo alimentos y medicinas.

Iba a ser el gran cambio en materia de IVA, la fórmula que permitiría aumentar sensiblemente la recaudación y hacer más fácil la administración de ese impuesto.

Pero los cambios propuestos irritaron a todos. De ser aprobados se pagará 16% de IVA en colegiaturas, en la compra o renta de casas y en hipotecas, así como en las entradas a todos los espectáculos –cine, conciertos, eventos deportivos– distintos del circo y del teatro.

 Otra “ingeniosa” manera en que el gobierno pretende recaudar más es aplicándole IVA a los chicles y a los alimentos para mascotas. Y también a la compra de éstas. En el primer caso porque el chicle “no es un alimento”. En el segundo, porque los alimentos de los animales domésticos “evidentemente no están destinados al consumo humano y, por otra parte, quienes adquieren estos bienes reflejan capacidad contributiva y, en consecuencia, se trata de manifestaciones de riqueza que deben ser gravadas”.

 Y para que los “ricos” no se quejen de que sólo a ellos les pega la reforma propuesta, también pagarán 16% de IVA quienes –al año son millones– usen el servicio de transporte público foráneo de pasajeros.

 Igualmente las empresas maquiladoras y los importadores pagarán IVA cuando introduzcan mercancías al país. También se pagará ese impuesto por la venta al mayoreo de oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingotes. Y los habitantes de las zonas fronterizas verán mermada su capacidad de compra pues se propone eliminar la tasa baja de la cual gozan (11%) para subirla al 16% general.

 Lo peor es que a fin de cuentas, según la propia iniciativa presidencial, los cambios propuestos en el IVA –golpe seco a los bolsillos de la gente– dejarán una recaudación adicional de sólo 54 mil millones de pesos: 0.34% del PIB de 2014 (estimado en 16 billones de pesos), 1.2% de todos los ingresos presupuestados para ese año o 22.5% de los ingresos adicionales que dejará la reforma.

 En total los ingresos por IVA (incluidos los cambios) están estimados en 632 mil 368 millones 500 mil pesos, 3.95% del PIB.

 En pocas palabras, las modificaciones al IVA no resuelven la baja recaudación por ese impuesto. La exposición de motivos de la iniciativa señala que por IVA México recaudó en 2012 el 3.74% del PIB, muy por abajo del promedio de las naciones de la OCDE (6.9%) y de los países de América Latina (6.5%), y menos de la mitad de lo que recaudaron Argentina (8%), Chile (7.7%) y Uruguay (9.7%).

Irritación empresarial

Pero es la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta la que causa todavía más dolores de cabeza a los contribuyentes, sobre todo a empresarios y personas físicas con ingresos presuntamente “altos”.

El aplauso inicial que mereció la reforma de parte de los empresarios por la propuesta de desaparecer el IETU y el IDE, se trocó en desencanto cuando se anunció la eliminación del régimen especial llamado consolidación fiscal… y en irritación apenas se conoció el resto de las medidas propuestas, que en su mayoría apuntan a eliminar deducciones, exenciones y tratamientos preferenciales para sectores específicos.

La exposición de motivos de la nueva ley argumenta: “La estructura del ISR vigente contiene diversos regímenes preferenciales y tratamientos de excepción que generan distorsiones, restan neutralidad, equidad y simplicidad, y generan espacios para la evasión y elusión fiscales, derivando en una importante pérdida de recursos fiscales”. Es el mismo argumento esgrimido los últimos cuatro sexenios, durante los cuales no se pudieron hacer cambios sustanciales en ese gravamen.

Y como era casi imposible modificarlo y hacer que las empresas, sobre todo las grandes, pagaran la tasa efectiva de dicho impuesto, optaron por mecanismos de control. Los más relevantes fueron el Impuesto al Activo (Impac) y el IETU. El primero se inventó al inicio del gobierno de Carlos Salinas. Ante la costumbre de miles de empresas de declarar en ceros en lapsos de hasta 10 años, se les aplicó un impuesto de 2% sobre sus activos para que por lo menos pagaran algo.

Pero como las empresas y sus planeadores fiscales siempre van por delante de la autoridad, buscándole huecos a la ley para darle la vuelta y no pagar o pagar cantidades irrisorias, el Impac acabó siendo insuficiente.

Con Felipe Calderón –y Agustín Carstens en Hacienda– se llegó a la conclusión de que era prácticamente imposible hacer cambios contundentes en el Impuesto Sobre la Renta. Se optó por crear el IETU, que sería un control del ISR –prácticamente sin deducciones– para tapar las vías de elusión y evasión y toda la gama de posibilidades de las empresas para pagar un gravamen muy por debajo de la tasa general.

Con todo y el rechazo de los empresarios –se interpusieron más de 25 mil amparos contra el impuesto–, quienes se quejaban de que el IETU significaba una doble tributación, complicaba el pago de los impuestos y la misma contabilidad de las empresas y hacía excesiva la carga impositiva, en un principio el impuesto funcionó pues aumentó la recaudación.

Pero la crisis financiera de 2008-2009 realmente hizo padecer a las empresas. Por eso se pusieron felices cuando Peña Nieto anunció la desaparición del IETU y del IDE.

Poco les duró el gusto: la nueva Ley del ISR incorpora muchos mecanismos del primero, pues elimina o topa múltiples deducciones, acaba con exenciones y desa­parece tratos preferenciales. El problema es que se recarga en los causantes cautivos, los mismos que ya pagan impuestos.

Uno de los cambios que más ha irritado es la imposición de una tasa de 32% de ISR –dos puntos arriba de la tasa general– a los contribuyentes de presuntos “altos” ingresos.

Pagarán eso todas las personas físicas que ganen desde 500 mil pesos al año (cerca de 42 mil brutos al mes, pero menos de 30 mil netos) y que ya van a ser apaleados con los pagos de 16% de IVA en colegiaturas, renta y compra de casas y en créditos hipotecarios.

Además la ley reduce las deducciones personales –gastos médicos, hospitalarios, dentales y de transporte escolar, entre otros– a “la cantidad que resulte menor entre el 10% del ingreso anual total del contribuyente, incluyendo ingresos exentos (prestaciones) y un monto equivalente a dos salarios mínimos anuales correspondientes al área geográfica del Distrito Federal”. (Dos salarios mínimos al año son 46 mil 627 pesos).

Pero para que puedan deducir esos gastos los contribuyentes deberán pagar sus consumos con tarjeta de crédito o débito, cheque o transferencia bancaria. Si lo hacen en efectivo no podrán deducir esos gastos personales.

A las grandes empresas con subsidiarias la propuesta de desaparecer el régimen de consolidación fiscal los tiene alarmados. Este mecanismo les permite pagar el ISR como si fueran una sola empresa, aunque sean varias.

En dicho esquema se les permite compensar las pérdidas de unas con las ganancias de otras, con la ventaja de que si resulta alguna utilidad del conjunto pueden diferir el pago del impuesto. Antes, desde su creación en los setenta, ese diferimiento podía ser al infinito y se traducía en que nunca pagaban. Con Calderón –y Carstens– se limitó el monto a consolidar y se acotó a cinco años el diferimiento.

Eliminada la consolidación, si se aprueba la propuesta ahora cada empresa que pertenezca a un grupo deberá pagar el ISR de manera individual. Pero será un impuesto más agresivo y que le pegará no sólo a las grandes empresas, sino a todo mundo, incluidos los trabajadores.

Esto último porque los patrones ya no podrán deducir, o lo harán limitadamente –hasta 41%–, los ingresos no gravados de los trabajadores, que son prácticamente todas las prestaciones hasta ahora exentas, pero que de prosperar la reforma estarán gravadas. En ese caso se hallan la participación de utilidades, los fondos y cajas de ahorro, el aguinaldo, la prima vacacional, los vales de despensa y los bonos de asistencia, puntualidad y productividad.

Para los fiscalistas que se han abocado a revisar la iniciativa presidencial, esto podría llevar a los patrones a no otorgar alguna de esas prestaciones y a aumentar el salario, para deducir vía nómina. Pero así los trabajadores ingresarían a un segmento superior en la tarifa del ISR y pagarían más impuestos. Las consecuencias: se encarecería la relación laboral, se desincentivaría la contratación y a fin de cuentas aumentaría la informalidad.

Pero las empresas padecerán incrementos en sus costos por otras vías, además de que verán complicados sus proyectos de inversión, pues gracias a la nueva Ley del ISR propuesta se elimina la deducción inmediata de las inversiones de los bienes nuevos en activos fijos. La ley actual permite deducir 100%, en el mismo año en que se haga, ese tipo de inversión. Ahora la deducción deberá hacerse a través de los años de la vida útil del bien.

Además, las empresas no podrán deducir anticipadamente, como ahora, las aportaciones para la creación o incremento de las reservas destinadas a fondos de pensiones o jubilaciones, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social, así como de primas de antigüedad en los términos de la misma ley. La nueva establece que dichas aportaciones deben deducirse en el momento en el cual la empresa realice una erogación real a favor de sus trabajadores.

Por otra parte los vales de despensa sólo serán deducibles cuando “se otorguen a través de monederos electrónicos autorizados por el SAT, con lo cual se logrará un control de quién es el beneficiario efectivo de los vales y asegurarse que sea él quien los utilice”.

Las empresas sólo podrán deducir 41% –y no el 100% vigente– de las remuneraciones exentas otorgadas al trabajador, como la previsión social, cajas y fondos de ahorro, pagos por separación, gratificación anual, horas extras, prima vacacional y dominical y la participación de los trabajadores en las utilidades, entre otros, además de que ya no serán deducibles las cuotas al IMSS a cargo de los trabajadores y las cuales son pagadas por los patrones.

También se elimina la deducción de 12.5% en el consumo en restaurantes y desaparece el régimen de sociedades cooperativas de producción, que se desvirtuó al grado de utilizarse para pagar un ISR muy bajo o no pagarlo.

Las empresas que se dedican a la construcción y venta de desarrollos inmobiliarios ya no podrán deducir el costo de adquisición de sus terrenos en el ejercicio en que los adquieren. Tampoco podrán deducir las erogaciones estimadas relativas a los costos directos e indirectos de las obras realizadas o de la prestación del servicio.

Las ganancias de capital también serán gravadas: se aplicará un impuesto de 10% sobre las que obtengan las personas físicas por la venta de acciones en la bolsa de valores.

Y la venta de una casa o un departamento, que hasta ahora está exenta, quedará gravada cuando el inmueble tenga un valor de 250 mil udis (1.2 millones de pesos) o superior. Con la ley vigente sólo paga el impuesto quien venda un inmueble con un valor de 7.4 millones de pesos (o 1.5 millones de udis).

La lista es enorme, pero vale la pena apuntar el régimen propuesto para el sector agropecuario y el de los transportistas de carga, que sin duda será uno de los más polémicos.

Actualmente los contribuyentes de esos sectores pagan una tasa de ISR menor en 30% a la que paga todo mundo, pues tributan en el llamado “régimen simplificado”. La ley propone eliminar ese régimen, del que se han beneficiado sobre todo las grandes empresas agropecuarias y transportistas. Además las primeras cuentan con los beneficios de los programas de gasto público directo en apoyo a sus actividades (Procampo en primer lugar).

Sin embargo, dice la iniciativa, “con el tiempo se han detectado distorsiones y cuestionamientos de inequidad entre los contribuyentes del sector primario y del régimen general, tanto en el caso de personas morales como físicas”.

Por tanto desaparece el trato preferencial, y los contribuyentes del sector primario y los transportistas pagarán como el resto: 30% de ISR.

De acuerdo con la iniciativa de nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta se obtendrán recursos adicionales por 131 mil millones de pesos, pero –admite el propio texto– si se descuenta la pérdida recaudatoria esperada por la eliminación del IETU, el efecto neto de la reforma en el ISR empresarial será de apenas unos 16 mil millones de pesos en 2014.

Una bicoca que sin embargo lastimará a todos los contribuyentes, incluyendo a los de menores ingresos, por más que se prometa seguridad social universal y seguro de desempleo.