Para salvar el derecho a manifestarse/Pascal Beltrán del Río

Para salvar el derecho a manifestarse/Pascal Beltrán del Río

Excelsior,  15/09/2013 00:00

Los hechos de los 26 días que pasaron entre la llegada de los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación al Zócalo y su desalojo por parte de la Policía Federal nos demuestran que no podemos seguir esperando más tiempo para definir con absoluta claridad algunos de nuestros derechos constitucionales y regularlos en beneficio de todos.

El que termina será un mes que se recuerde por la incapacidad de las instituciones para conseguir que todos pudieran ejercer sus derechos sin entrar en choque unos con otros.

Por supuesto que la violencia de la CNTE para lograr sus fines fue evidente: sus integrantes destruyeron propiedad pública y privada, impidieron casi diario la libre circulación de las personas en una ciudad a la que es muy fácil colocar del lado del caos; cerraron los recintos oficiales del Congreso; obstaculizaron la operación de pequeños y medianos comercios; agredieron a periodistas y a personas que se manifestaban en su contra, y cometieron actos de ultraje a la autoridad.

Sin embargo, uno tiene que preguntarse por qué lo lograron. ¿Cómo consiguieron hacerlo en una ciudad que se jacta de ser un oasis de paz en un país asolado por la violencia, y que lo es, en buena medida, por tener un numeroso y bien dotado órgano de seguridad pública con mando centralizado?

La respuesta es obvia: porque se les permitió. Difícilmente encontraremos un grupo de manifestantes dispuestos a autorregularse para no pasar encima de los derechos de los demás. Las protestas llegan hasta donde las autoridades quieren, y eso es cierto tanto en el caso de grupos reducidos como numerosos, en países desarrollados y en países en desarrollo.

 Sólo el tiempo dirá, pero es muy posible que este mes marque el resto del sexenio de Miguel Ángel Mancera, quien llegó a ser jefe de Gobierno del Distrito Federal por haber sido un procurador General de Justicia muy eficaz que actuó siempre con base en el derecho.

 Estoy seguro de que la motivación de Mancera para no actuar con mayor vigor en contra de los desmanes de la CNTE fue la prudencia en su mejor sentido, es decir, una determinación de no empeorar las condiciones de convivencia en la ciudad mediante la exacerbación de la furia de los manifestantes.

 Sin embargo, al final, el mandatario capitalino parece haber perdido la confianza del ciudadano común, que resultó afectado en sus actividades cotidianas —como ir a trabajar o pasar por sus hijos a la escuela—, pero también del militante de la izquierda que simpatiza con las demandas de los maestros.

 Y lo digo consciente de que la autoridad constitucionalmente responsable de la seguridad pública en la capital es el Ejecutivo federal, aunque en la práctica, desde 1997, ésta haya sido depositada en la Jefatura de Gobierno.

 Pero, ¿cómo evitar, en el futuro, el desprestigio de la autoridad? Sobre todo, ¿cómo evitar que choquen derechos como las garantías de manifestación y libre circulación?

 Para comenzar, toda persona de buena fe tendría que admitir que lo ocurrido el viernes 13 por la tarde no era un desenlace deseable (aunque es de celebrarse que aquí no haya habido el saldo de muertos y heridos que hubo con motivo de las protestas recientes en Brasil, Turquía y Egipto).

 Obvio, no podía prolongarse más la ocupación del Zócalo, que es la principal plaza del país y que es de todos los mexicanos.

 Y no lo digo por la conmemoración de la Independencia, con todo y que creo que esos festejos, instaurados por José María Morelos hace 200 años en los Sentimientos de la Nación, tienen una gran importancia en la formación de la identidad nacional.

 De hecho, hay un mensaje equivocado allí. Se ha hecho creer a los mexicanos y a los capitalinos que todo está permitido en la protesta pública menos ocupar el Zócalo durante los días del festejo de la Independencia.

 Es decir, se puede someter a los ciudadanos a la penuria de no encontrar transporte para llegar a tiempo a la escuela de sus hijos o a una cita médica importante, pero eso de impedir el Grito, pues nomás no.

 Vuelvo a la pregunta. ¿Cómo evitamos las escenas del mes pasado en la capital, coronadas tristemente por maestros de escuela orinando en la pared de un museo por el que México es conocido mundialmente o en las esculturas del Memorial de las Víctimas de la Violencia?

 Además del reconocimiento de que lo sucedido no beneficia a nadie, debemos acabar con la discrecionalidad.

 La discrecionalidad de los manifestantes, algunos de los cuales creen que todo les está permitido, a raíz de los crímenes cometidos contra la disidencia política durante la etapa autoritaria del país. Y la de las autoridades, que sólo aplican la ley cuando consideran que es políticamente conveniente o redituable hacerlo.

 Cuando escuchaba el viernes por la noche al secretario de Gobernación decir, durante la transmisión de Excélsior Televisión, que en la democracia se debe buscar el diálogo pero que esa búsqueda tiene un límite, me puse a pensar en quién decide cuál es ese límite y por qué.

 Creo que no exagero si digo que los capitalinos vivieron un mes de infierno. Dos veces se bloqueó el Periférico, y otras dos, la ruta al Aeropuerto; el Paseo de la Reforma parecía haber sido privatizado por la CNTE, igual que la plancha del Zócalo, y muchos negocios sufrieron pérdidas, con lo que se pusieron en riesgo fuentes de empleo… pero en la decisión de poner un hasta aquí a la CNTE parece haber pesado sobre todo la celebración tradicional de las fiestas patrias.

 A mí me gusta la ceremonia del Grito, con toda su carga histórica. Me gusta que se celebre en el Zócalo, y disfruto ver pasar el desfile militar por Paseo de la Reforma (de niño lo presencié trepado en los hombros de mi padre). Pero esa no puede ser la razón para desalojar el Zócalo, que llevaba un mes ocupado ilegalmente y con costo para el erario (adivine quién pagará la cuenta de la luz que usaba la CNTE en la plaza).

 ¿Cómo acabamos con la discrecionalidad de los manifestantes y las autoridades? No hay otra forma más que con la ley y su estricta observancia.

 Por eso deben quedar claras, de una vez por todas, las reglas para manifestarse. Es cierto que hay algunas, pero no habido la determinación de aplicarlas y la Asamblea Legislativa del DF se ha empeñado en hacer lo contrario: debilitar el marco legal que aplica en estos casos.

 Es necesaria una nueva legislación. Que la conozcan quienes ejercen el derecho de expresar su descontento, y que la autoridad la aplique.

 Hay muchos ejemplos en el mundo de ciudades liberales que regulan la protesta pública. En Ámsterdam usted puede ir a un café a fumarse un cigarro de mariguana, pero trate de hacer una manifestación sin avisar a la autoridad y la policía le caerá a garrotazos (o trate de caminar por una vía para ciclistas: quienes van en bicicleta seguramente lo insultarán).

 No hay derechos sin obligaciones, y esa es una realidad que debemos entender si queremos convivir pacíficamente en este país.

 Las razones de los manifestantes pueden ser poderosas. Deben tener derecho a expresarlas pero sin pasar por encima de los derechos de los demás. Y, en este caso, dejar sin clases a cientos de miles de niños, agredir a quienes protestan en su contra o cerrar las calles por horas o por días, es pasar por encima de ellos.

 Si no regulamos el derecho a manifestarse, ¿qué dirá la autoridad la próxima vez que alguien bloquee una calle y no sea retirado? Con razón le podrán reclamar que por qué a la CNTE no se le permitió continuar con su plantón y a otros sí.

 No encuentro mejores palabras para reflexionar sobre la necesaria convivencia de los distintos derechos que las del célebre organizador social portugués Eduardo Gill-Pedro.

 “La protesta pública no es extremista ni ilegal. Es una parte vital de una sociedad democrática. Muchos de los derechos y libertades de que gozamos hoy se obtuvieron porque hubo gente dispuesta a salir a las calles y protestar.

 “Sin embargo, es importante recordar que el derecho a manifestarse no da carta blanca a la protesta política (...) Los derechos de los individuos a reunirse y expresarse libremente son dos entre una serie de derechos que deben ser considerados y sopesados uno contra otro.

 “Si bien algunos tipos de protesta pública pueden ser violatorios de las leyes, entre ellas las que protegen a los individuos de no ser hostigados (aquí se refiere al derecho británico), usted no cometerá ningún delito si su conducta es razonable. Y porque usted tiene derecho a la protesta pública, si protesta pacíficamente tendrá un argumento muy fuerte a su favor pues su conducta se verá como razonable”.

 Al recurrir a la violencia y pisotear los derechos de los demás, la CNTE se echó encima a la opinión pública. Igual que lo hizo la autoridad que dejó a los maestros hacer y deshacer.

 La única forma de evitar que siga deteriorándose el prestigio del indispensable derecho a la protesta, así como el de la autoridad como árbitro de la convivencia, es legislar.

 Hay que poner en papel, y de forma precisa, lo que se puede y no se puede a la hora de ejercer derechos como el de manifestación. Hay que hacerlo ya. Y luego, aplicarlo sin miramientos, sin cálculos políticos y sin ideología.