Guerrero,
“limpia social” reactiva la guerrilla/Juan Veledíaz
La Silla Rota, 4 de diciembre de 2013
¿Cómo
se gesta la insurgencia social y armada cuando los asesinatos son la “norma”?
Pasaba
del medio día cuando un hombre descendió de una motoneta en el camino que
conduce a Mexcaltepec, una comunidad rural a orillas de Atoyac de Álvarez en la
región costera de Guerrero, donde un grupo de personas se habían reunido para
intentar levantar un puente provisional que permitiera el paso de la gente
afectada por la tormenta tropical “Manuel”. Aquel individuo buscaba a una
persona entre quienes estaban en plena faena. Se acercó al grupo y cuando tuvo
cerca a una mujer, le disparó en varias ocasiones en el cuerpo, corrió de
regreso a la moto donde lo esperaba el conductor con motor encendido. El
pistolero y su cómplice huyeron sin que nadie los detuviera.
Aquella
tarde del pasado sábado 19 de octubre, el cuerpo sin vida de Rocío Mesino quedó
tendido sobre la tierra. A su lado estaba su hermana Norma y varios campesinos
que eran apoyados en labores de gestión por la dirigente social. Meses atrás en
marzo, Rocío Mesino había sido detenida por la policía ministerial acusada de
haber participado en el asesinato del empresario Victorino Luengas García,
secuestrado el 23 de junio del 2011 y cuyo cuerpo apareció sin vida tiempo
después. La acusación a decir del juez que recibió el expediente, no tenían
sustento, eran especulaciones, y ordenó su liberación pocos días después.
Rocío
Mesino era una de los dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del
Sur (OCSS), creada en enero de 1994, y considerada por los órganos de
inteligencia del ejército y del Centro Inteligencia y Seguridad Nacional
(CISEN), como el “rostro social” de la añeja guerrilla que encabezó durante la
primera mitad de los años setenta, Lucio Cabañas. Uno de los hermanos de Rocío,
Alberto Mesino de entonces 20 años de edad, forma parte de la lista de
campesinos desaparecidos en la llamada “guerra sucia” de aquella época. La OCSS
está formada por campesinos de los municipios de Coyuca de Benítez, Atoyac de
Álvarez, La Unión, Coahuayutla, Petatlán y otras comunidades de la sierra y la
Costa Grande de Guerrero. Desde su creación hace 19 años, según su declaración
de principios, sus objetivos son la atención a demandas de servicios públicos,
mejoramiento de viviendas, introducción de agua, drenaje, escuelas, caminos,
apoyo a la producción en el campo y el respeto a los derechos políticos y
sociales de la población. Su presencia en la opinión pública nacional ocurrió
en el verano de 1996, cuando un grupo de militantes fueron asesinados en una
emboscada tendida por la policía en el vado de Aguas Blancas. La masacre
desembocó en la renuncia del entonces gobernador del estado, Rubén Figueroa
Alcocer.
Hace
unos años entre 2009 y 2012, Rocío Mesino fue regidora por el PRD en el
municipio de Atoyac, donde contendió por la presidencia municipal en las
últimas elecciones locales. En los últimos meses su padre Hilario Mesino Acosta
y su hermana Norma, habían tenido presencia constante en medios locales debido
a una serie de denuncias contra soldados, policías y grupos paramilitares en lo
que catalogaron como hostigamientos constantes en su contra. En septiembre del
2005 Miguel Ángel Mesino, hermano de Rocío y Norma, fue abatido a tiros en el
centro del poblado de Atoyac, su asesinato se dio tiempo después de que estuvo
detenido en el penal de Chilpancingo, donde estuvo preso 10 meses.
Los
asesinatos de dirigentes sociales se instalaron como una constante durante el
2013. Todos los episodios tienen en común que ninguno de los probables
responsables ha sido detenidos, de acuerdo a denuncias de los representantes de
las organizaciones quienes el pasado fin de semana, se reagruparon en
Chilpancingo como Movimiento Popular Guerrerense (MPG) contra la represión y
asesinatos.
En
un recuento de los episodios sangrientos que permanecen impunes informaron que
el pasado 5 de agosto Raymundo Velázquez Flores, dirigente de la Liga Agraria
Revolucionaria del Sur “Emiliano Zapata”, fue asesinado junto a dos de sus
acompañantes a las afueras del municipio de Coyuca de Benítez. Semanas antes el
3 de junio, tres de los ocho líderes de la Unidad Popular de Iguala fueron
secuestrados y poco después sus cuerpos aparecieron sin vida. Se trataba de
Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Banderas Román y Ángel Román Ramírez.
Sus cadáveres fueron hallados sobre la carretera federal que une Mezcala con
Iguala. El principal sospechoso de este triple asesinato, de acuerdo a
denuncias de un sobreviviente y a integrantes de la organización, es el alcalde
de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez, acusado de tener vínculos
con la delincuencia organizada.
El
pasado 10 de noviembre un comando armado asesinó a tiros a Luis Olivares
Enríquez, quien cayó abatido junto a su pareja Ana Lilia Gatica Rómulo en su
domicilio de Coyuca de Benítez. La muerte del líder de la Organización Popular
de Productores de la Costa Grande, se dio semanas después de que la víctima
denunciara que en éste y otros municipios de Guerrero se había desatado una
“campaña de exterminio de dirigentes sociales”.
Una
semana antes David Romero Téllez, familiar de Olivares Enríquez, fue asesinado
a tiros por un grupo armado quien dejó sobre su cuerpo un mensaje en una
cartulina que decía : “Aquí te dejamos este regalito ¡Luis Olivares! Así te
metas debajo de las piedras vamos por ti te vamos a sacar de adonde estés te va
a pasar lo que les pasó a los 3 del río. Atte. La Santa Muerte”. Antes de que
fuera asesinado Olivares Enríquez había anunciado la creación de una “guardia
ciudadana” en la colonia Fuerte Emiliano Zapata en virtud, decía, de que el
gobierno del estado que encabeza el perredista Ángel Aguirre Rivero, era incapaz
de garantizar la seguridad de la población de esta comunidad fundada por
integrantes de su agrupación. En sus declaraciones hechas a la prensa local,
responsabilizó a las autoridades de los tres niveles de gobierno de buscar
acabar con su organización, la cual está considerada heredera de los principios
de la OCSS, donde militaban antes de ser asesinados varios integrantes de la
familia Mesino.
Días
después de asesinato de Olivares Enríquez un grupo de pistoleros asesinó en la
comunidad de El Paraíso, un poblado convertido en referencia en el municipio de
Atoyac cuando de “guerra sucia” se trata, a dos dirigentes de una organización
de cafetaleros cuando se preparaban para realizar una protesta en el centro del
poblado. De acuerdo a reportes de la prensa local, las víctimas fueron Juan
Lucena Ríos y José Luis Sotelo, quienes fueron abatidos a tiros en presencia de
dos policías municipales quienes se limitaron a observar, sin intervenir, en el
crimen.
La
prensa local registró que hasta el pasado mes de noviembre y desde que en abril
del 2011 Ángel Aguirre Rivero, priista reconvertido en perredista, asumió la
gubernatura del estado, al menos 13 dirigentes de diferentes organizaciones
sociales han sido asesinados, dos activistas ambientales se encuentran reportados
como “desaparecidos” y 40 policías comunitarios, entre los que están tres
dirigentes, se encuentran presos.
El
mismo domingo 1 de diciembre del 2013, mientras 27 organizaciones sociales se
reunían en Chilpancingo para anunciar el relanzamiento del Movimiento Popular
Guerrerense, un grupo autodenominado Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación
del Pueblo (FAR-LP) lanzaba un comunicado donde anunciaba su aparición como
organización guerrillera en un momento donde consideraron que “el retorno a las
armas es imprescindible”.
Su
presencia como grupo armado clandestino, señalaron, será en toda la región de
la Costa Chica, la Montaña y la zona de Acapulco. En su manifiesto subrayaron
que el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto desarrolla una política de
represión contra las organizaciones sociales. También condenaron los crímenes
de los promotores ecologistas, de derechos humanos, de organizaciones sociales
como la Liga Agraria Revolucionaria del Sur “Emiliano Zapata”, entre otros.
Firmado por los llamados “integrantes de la Comandancia General de las FAR-LP,
Emilio, Camilo y Esperanza”, el documento recoge su posición en contra de la
llamada reforma educativa, además de exigir la liberación de los presos
políticos entre quienes mencionaron a Tomás de Jesús Barranco, Ángel Guillermo
Martínez, detenidos en 1999, así como los dirigentes de la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria(CRAC-PC), entre
quienes está Arturo Campos Herrera, detenido en días pasados y trasladado a
principio de ésta semana al penal de máxima seguridad del Altiplano.
La
irrupción de las autodenominadas FAR-LP, se dio a escaso un mes de que se
conmemore el 20 aniversario del levantamiento armado en los Altos de Chiapas,
donde el EZLN se convirtió en la guerrilla que puso “en jaque” al gobierno de
Carlos Salinas de Gortari.
Twitter:
@velediaz424
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