Guerrero, “limpia social” reactiva la guerrilla/Juan Veledíaz

Guerrero, “limpia social” reactiva la guerrilla/Juan Veledíaz

La Silla Rota, 4 de diciembre de 2013

¿Cómo se gesta la insurgencia social y armada cuando los asesinatos son la “norma”?

Pasaba del medio día cuando un hombre descendió de una motoneta en el camino que conduce a Mexcaltepec, una comunidad rural a orillas de Atoyac de Álvarez en la región costera de Guerrero, donde un grupo de personas se habían reunido para intentar levantar un puente provisional que permitiera el paso de la gente afectada por la tormenta tropical “Manuel”. Aquel individuo buscaba a una persona entre quienes estaban en plena faena. Se acercó al grupo y cuando tuvo cerca a una mujer, le disparó en varias ocasiones en el cuerpo, corrió de regreso a la moto donde lo esperaba el conductor con motor encendido. El pistolero y su cómplice huyeron sin que nadie los detuviera.

 Aquella tarde del pasado sábado 19 de octubre, el cuerpo sin vida de Rocío Mesino quedó tendido sobre la tierra. A su lado estaba su hermana Norma y varios campesinos que eran apoyados en labores de gestión por la dirigente social. Meses atrás en marzo, Rocío Mesino había sido detenida por la policía ministerial acusada de haber participado en el asesinato del empresario Victorino Luengas García, secuestrado el 23 de junio del 2011 y cuyo cuerpo apareció sin vida tiempo después. La acusación a decir del juez que recibió el expediente, no tenían sustento, eran especulaciones, y ordenó su liberación pocos días después.

 Rocío Mesino era una de los dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), creada en enero de 1994, y considerada por los órganos de inteligencia del ejército y del Centro Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN), como el “rostro social” de la añeja guerrilla que encabezó durante la primera mitad de los años setenta, Lucio Cabañas. Uno de los hermanos de Rocío, Alberto Mesino de entonces 20 años de edad, forma parte de la lista de campesinos desaparecidos en la llamada “guerra sucia” de aquella época. La OCSS está formada por campesinos de los municipios de Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, La Unión, Coahuayutla, Petatlán y otras comunidades de la sierra y la Costa Grande de Guerrero. Desde su creación hace 19 años, según su declaración de principios, sus objetivos son la atención a demandas de servicios públicos, mejoramiento de viviendas, introducción de agua, drenaje, escuelas, caminos, apoyo a la producción en el campo y el respeto a los derechos políticos y sociales de la población. Su presencia en la opinión pública nacional ocurrió en el verano de 1996, cuando un grupo de militantes fueron asesinados en una emboscada tendida por la policía en el vado de Aguas Blancas. La masacre desembocó en la renuncia del entonces gobernador del estado, Rubén Figueroa Alcocer.

 Hace unos años entre 2009 y 2012, Rocío Mesino fue regidora por el PRD en el municipio de Atoyac, donde contendió por la presidencia municipal en las últimas elecciones locales. En los últimos meses su padre Hilario Mesino Acosta y su hermana Norma, habían tenido presencia constante en medios locales debido a una serie de denuncias contra soldados, policías y grupos paramilitares en lo que catalogaron como hostigamientos constantes en su contra. En septiembre del 2005 Miguel Ángel Mesino, hermano de Rocío y Norma, fue abatido a tiros en el centro del poblado de Atoyac, su asesinato se dio tiempo después de que estuvo detenido en el penal de Chilpancingo, donde estuvo preso 10 meses.

 Los asesinatos de dirigentes sociales se instalaron como una constante durante el 2013. Todos los episodios tienen en común que ninguno de los probables responsables ha sido detenidos, de acuerdo a denuncias de los representantes de las organizaciones quienes el pasado fin de semana, se reagruparon en Chilpancingo como Movimiento Popular Guerrerense (MPG) contra la represión y asesinatos.

En un recuento de los episodios sangrientos que permanecen impunes informaron que el pasado 5 de agosto Raymundo Velázquez Flores, dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur “Emiliano Zapata”, fue asesinado junto a dos de sus acompañantes a las afueras del municipio de Coyuca de Benítez. Semanas antes el 3 de junio, tres de los ocho líderes de la Unidad Popular de Iguala fueron secuestrados y poco después sus cuerpos aparecieron sin vida. Se trataba de Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Banderas Román y Ángel Román Ramírez. Sus cadáveres fueron hallados sobre la carretera federal que une Mezcala con Iguala. El principal sospechoso de este triple asesinato, de acuerdo a denuncias de un sobreviviente y a integrantes de la organización, es el alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez, acusado de tener vínculos con la delincuencia organizada.

 El pasado 10 de noviembre un comando armado asesinó a tiros a Luis Olivares Enríquez, quien cayó abatido junto a su pareja Ana Lilia Gatica Rómulo en su domicilio de Coyuca de Benítez. La muerte del líder de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, se dio semanas después de que la víctima denunciara que en éste y otros municipios de Guerrero se había desatado una “campaña de exterminio de dirigentes sociales”.

 Una semana antes David Romero Téllez, familiar de Olivares Enríquez, fue asesinado a tiros por un grupo armado quien dejó sobre su cuerpo un mensaje en una cartulina que decía : “Aquí te dejamos este regalito ¡Luis Olivares! Así te metas debajo de las piedras vamos por ti te vamos a sacar de adonde estés te va a pasar lo que les pasó a los 3 del río. Atte. La Santa Muerte”. Antes de que fuera asesinado Olivares Enríquez había anunciado la creación de una “guardia ciudadana” en la colonia Fuerte Emiliano Zapata en virtud, decía, de que el gobierno del estado que encabeza el perredista Ángel Aguirre Rivero, era incapaz de garantizar la seguridad de la población de esta comunidad fundada por integrantes de su agrupación. En sus declaraciones hechas a la prensa local, responsabilizó a las autoridades de los tres niveles de gobierno de buscar acabar con su organización, la cual está considerada heredera de los principios de la OCSS, donde militaban antes de ser asesinados varios integrantes de la familia Mesino.

 Días después de asesinato de Olivares Enríquez un grupo de pistoleros asesinó en la comunidad de El Paraíso, un poblado convertido en referencia en el municipio de Atoyac cuando de “guerra sucia” se trata, a dos dirigentes de una organización de cafetaleros cuando se preparaban para realizar una protesta en el centro del poblado. De acuerdo a reportes de la prensa local, las víctimas fueron Juan Lucena Ríos y José Luis Sotelo, quienes fueron abatidos a tiros en presencia de dos policías municipales quienes se limitaron a observar, sin intervenir, en el crimen.

 La prensa local registró que hasta el pasado mes de noviembre y desde que en abril del 2011 Ángel Aguirre Rivero, priista reconvertido en perredista, asumió la gubernatura del estado, al menos 13 dirigentes de diferentes organizaciones sociales han sido asesinados, dos activistas ambientales se encuentran reportados como “desaparecidos” y 40 policías comunitarios, entre los que están tres dirigentes, se encuentran presos.

 El mismo domingo 1 de diciembre del 2013, mientras 27 organizaciones sociales se reunían en Chilpancingo para anunciar el relanzamiento del Movimiento Popular Guerrerense, un grupo autodenominado Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP) lanzaba un comunicado donde anunciaba su aparición como organización guerrillera en un momento donde consideraron que “el retorno a las armas es imprescindible”.

 Su presencia como grupo armado clandestino, señalaron, será en toda la región de la Costa Chica, la Montaña y la zona de Acapulco. En su manifiesto subrayaron que el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto desarrolla una política de represión contra las organizaciones sociales. También condenaron los crímenes de los promotores ecologistas, de derechos humanos, de organizaciones sociales como la Liga Agraria Revolucionaria del Sur “Emiliano Zapata”, entre otros. Firmado por los llamados “integrantes de la Comandancia General de las FAR-LP, Emilio, Camilo y Esperanza”, el documento recoge su posición en contra de la llamada reforma educativa, además de exigir la liberación de los presos políticos entre quienes mencionaron a Tomás de Jesús Barranco, Ángel Guillermo Martínez, detenidos en 1999, así como los dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria(CRAC-PC), entre quienes está Arturo Campos Herrera, detenido en días pasados y trasladado a principio de ésta semana al penal de máxima seguridad del Altiplano.

La irrupción de las autodenominadas FAR-LP, se dio a escaso un mes de que se conmemore el 20 aniversario del levantamiento armado en los Altos de Chiapas, donde el EZLN se convirtió en la guerrilla que puso “en jaque” al gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Twitter: @velediaz424