Se mencionan
como probables sucesores de Silva Meza a Luis María Aguilar Morales, José
Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Sergio Valls
Hernández.
Empieza la
disputa por la Suprema Corte/
Jorge Carrasco
Araizaga, reportero.
Revista
Proceso # 1941, 11 de enero de 2014
Por
dentro y por fuera, la Suprema Corte empieza a ser zarandeada, y muchas otras
convulsiones tendrá que vivir en el curso de este año: En lo interno, por los
intensos cabildeos de los ministros que se disputan la presidencia del máximo
tribunal, entre los cuales hay cuatro punteros hasta el momento. En lo externo,
a causa de las miles de impugnaciones y recursos de amparo que recibirá en
contra de las reformas constitucionales y las leyes secundarias derivadas de la
reformitis de Enrique Peña Nieto…
Con varios
ministros decididos a cabildear todo este año dentro y fuera del Poder Judicial
de la Federación en busca de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN),
ese órgano tendrá que hacer frente en los próximos meses a las inconformidades
generadas por las reformas constitucionales que promovió Enrique Peña Nieto y
que fueron aprobadas sin discusiones de fondo en el Congreso.
Aun
cuando faltan leyes secundarias, varios aspectos de las reformas educativa,
fiscal, energética y de transparencia están controvertidos en la SCJN. Otros
temas, como el techo del endeudamiento gubernamental y algunos relacionados con
la Ley de Juegos y Sorteos, también dejarán ver, ante la reformitis de Peña
Nieto, el talante de los ministros, especialmente el de quienes aspiran a
presidir la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los dos cargos
más importantes en el cada vez más influyente Poder Judicial de la Federación,
que tiene ya más de 40 mil empleados en todo el país.
Además, el
máximo tribunal este año pondrá a prueba su discurso derecho-humanista cuando
se pronuncie sobre la constitucionalidad del arraigo en México, una figura
impulsada por Felipe Calderón durante su mandato a pesar de
hallarse cuestionada por el derecho internacional.
En el propio
Poder Judicial los que más se mencionan como probables sucesores de Juan Silva
Meza son los ministros Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco
González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Sergio Valls Hernández.
En
la SCJN y en el Consejo de la Judicatura Federal, el órgano de control y
administración de los juzgados y tribunales federales, el nombre de Aguilar
Morales es de los más recurrentes, aun cuando su ingreso a la Suprema Corte
quedó marcado por su cercanía con el líder del Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, quien
había quedado envuelto en el escándalo por el desvío de recursos del sindicato
a la frustrada campaña presidencial del PRI en el año 2000.
El
día del juramento de Aguilar Morales ante el pleno de ministros, el 7 de
diciembre de 2009, Romero Deschamps llegó como invitado de honor del entonces
flamante ministro.
El
ahora senador del PRI evitó la interrelación con los otros invitados e ingresó
al salón de plenos de la Corte en momentos en que la ceremonia protocolar ya
había comenzado. Tan pronto acabó la sesión, salió de prisa, aunque en una
breve declaración a la prensa dijo que había ido a la SCJN invitado por su
amigo Aguilar Morales.
De
64 años de edad y con casi 40 años de carrera judicial, Aguilar Morales ha sido
miembro del CJF y secretario general de la Presidencia y oficial mayor del
máximo tribunal. Llegó a éste propuesto por Felipe Calderón. A partir del
presente año, preside la Segunda Sala de la Suprema Corte.
Su
cabildeo para reemplazar a Silva Meza es intenso en el llamado “foro”, como se
conoce al ámbito de los litigantes. La revista El mundo del abogado, en cuyo
consejo editorial participan funcionarios del Poder Judicial y abogados de
despachos influyentes, de plano ya lo da como el sucesor:
“Todo
indica que Luis María Aguilar será el próximo presidente de nuestro máximo
tribunal. Su larga experiencia como juez y magistrado, su postura moderada a la
hora de emitir sus fallos y la buena aceptación que tiene entre sus colegas así
lo hacen suponer”, publicó la revista en diciembre pasado.
En
su número actual, abiertamente se pronunció en contra de Arturo Zaldívar: “Si
bien suenan algunos nombres de los ministros para encabezar nuestro máximo
tribunal a finales de 2014, no hay que perder de vista que su próximo
presidente tendrá que ser un juez de carrera.
“Sin
negar los méritos de los ministros que no lo son, la realidad es que la
Judicatura Federal difícilmente respaldará a un antiguo integrante de la
administración pública, a un litigante o a un académico. Para decirlo de otro
modo, Margarita Luna Ramos tiene más posibilidades que Arturo Zaldívar.”
Zaldívar
llegó a la Corte el mismo día que Aguilar Morales, en diciembre de 2009, con 50
años de edad. Durante 25 años fue abogado en materia constitucional, con un
paréntesis en 1995, año en el que fungió como coordinador de asesores en la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
La
publicación también se refirió a los ministros Fernando Franco y Sergio Valls,
quienes no son de carrera judicial. Franco González Salas, de 63 años, es
ministro de la Corte desde diciembre de 2006 y ha pasado por altos cargos en
los tres poderes del Estado. Fue secretario general de la Cámara de Diputados,
subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Social, y subsecretario de
Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación.
Igualmente,
se desempeñó como magistrado del Tribunal de lo Contencioso Electoral, y luego
tuvo el puesto de magistrado presidente del Tribunal Federal Electoral,
antecedente inmediato del actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
El
ministro Valls Hernández, de 72 años, ha pasado asimismo por la administración
pública: la desaparecida Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas,
el Infonavit y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, fue diputado
federal de su estado natal, Chiapas, por el PRI. Con una amplia red política
que lo mismo incluye a Diego Fernández de Cevallos que al clan Salinas, Valls
Hernández es también cercano a Peña Nieto, con quien trabajó uno de sus hijos
en el gobierno del Estado de México (Proceso 1725). No es la primera vez que
busca la presidencia de la Corte.
En
el caso del ministro procedente de la academia, la referencia es a José Ramón
Cossío Díaz, quien desde el pasado proceso sucesorio renunció a buscar la
presidencia de la Suprema Corte.
Decisiones
en la mira
Las
decisiones de Aguilar Morales estarán más en la mira durante este año. Una de
ellas es sobre los alcances de la consulta popular, el último recurso legal de
los opositores a la reforma energética de Peña Nieto y que amenaza con despedir
a miles de trabajadores del STPRM, que preside su amigo Romero Deschamps.
La
Ley Federal de la Consulta Popular, que ya pasó por la Cámara de Diputados y
aún está pendiente de aprobación en la de Senadores, establece que podrán
realizarse consultas ciudadanas vinculatorias siempre y cuando tengan como
mínimo 2% de la lista nominal electoral. El PRD ya entregó al Senado 1 millón
700 mil firmas para someter a consulta popular la reforma energética, 100 mil
más que las requeridas.
La
reforma al artículo 35 de la Constitución fijó seis límites a la figura de
consulta popular. Según lo aprobado por los diputados, se excluyen de esa
forma de participación ciudadana aquellos asuntos relacionados con la
restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los
instrumentos internacionales.
De
la misma manera, los relativos a la materia electoral y los principios del
artículo 40 de la Constitución sobre la organización del Estado mexicano en
una república representativa, democrática y federal. La misma suerte de
exclusión corrieron los temas que tengan que ver con los ingresos y gastos del
Estado, la seguridad nacional, y la organización, funcionamiento y disciplina
de las Fuerzas Armadas.
La
Suprema Corte tendrá que pronunciarse en torno a si la consulta popular sobre
la reforma energética afecta alguno de esos principios, en especial el de los
ingresos y gastos del Estado. De ser avalada por los ministros, la consulta
popular tendría lugar el próximo año, organizada por el Instituto Nacional
Electoral (INE), el sustituto del Instituto Federal Electoral (IFE).
Los
ministros también deberán fijar su posición ante la reforma fiscal. En
diciembre pasado, Fernando Franco admitió a trámite una acción de
inconstitucionalidad que promovieron 62 senadores de oposición contra la
homologación del IVA en la frontera, que pasó de 11 a 16%.
Según
informó la ministra Margarita Luna Ramos el jueves 2, al inicio del primer
periodo de sesiones del Pleno para 2014, el recurso 40/2013 es en contra del
decreto publicado por Peña Nieto en el Diario Oficial el 11 de diciembre
pasado. Hasta ese día no se había asignado el juicio a ningún ministro.
En
materia de recaudación, la Corte ha dado la razón al Ejecutivo y al Congreso
bajo el principio de que los legisladores tienen amplias facultades para fijar
las tasas impositivas. Sólo ha puesto como condición que no sean “ruinosas y
confiscatorias” para los contribuyentes. Por si fuera poco, en ese tema, Peña
Nieto tiene un gran aliado, el primer ministro de su sexenio, Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena, quien llegó a la SCJN desde su despacho como jefe del Servicio de
Administración Tributaria (SAT).
Está
pendiente el juicio de acción inconstitucional promovido por 44 senadores que
se oponen a la contratación de deuda pública adicional para este año, y una
controversia constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados en contra de
Peña Nieto por valerse del Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos para
autorizar la importación de máquinas tragamonedas.
Del
mismo modo, los ministros fijarán su posición ante las leyes secundarias de la
reforma educativa. Luego de que en agosto pasado rechazó amparos colectivos de
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en contra de la
modificación constitucional correspondiente, el máximo tribunal tendrá que
resolver miles de amparos, también de la CNTE, en contra de las leyes
secundarias, vigentes desde septiembre pasado.
La
apuesta de los maestros disidentes es que a través de la Suprema Corte el
Congreso modifique las leyes reglamentarias, que la disidencia considera
violatorias de sus derechos humanos, previstos en la Constitución y en tratados
internacionales.
Los
mentores invocan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su
artículo 23 establece que toda persona tiene derecho al trabajo y a la
protección contra el desempleo. Con ese argumento, pretenden evitar ser
separados del servicio docente en caso de no aprobar las evaluaciones previstas
en la reforma.
Derechos
humanos
La
Corte quedará frente al discurso a favor de los derechos humanos promovido por
la gestión de Silva Meza e impulsado por el ministro Zaldívar, quien desde que
asumió como ministro, en diciembre de 2009, se erigió como defensor de los
derechos humanos desde el más alto tribunal del país.
Después
de protagonizar juicios de gran interés mediático, como el de la guardería ABC
y el amparo de la ciudadana francesa Florence Cassez, el 3 de septiembre pasado
Zaldívar acabó sumándose a la mayoría del pleno al considerar que los tratados
internacionales en materia de derechos humanos tienen jerarquía constitucional,
siempre y cuando no contradigan a la Carta Magna.
La
decisión fue criticada por las organizaciones defensoras de derechos humanos,
por lo que Zaldívar tuvo que salir a aclarar su cambio de parecer, de una
resolución que consideraba el principio pro persona a la de los límites
constitucionales. Según el ministro, “las restricciones son unas cuantas”,
entre ellas el arraigo y la extinción de dominio.
Contraria
a los principios internacionales de derechos humanos, la Constitución mexicana
prevé el arraigo para procesar penalmente a las personas. Además, considera la
suspensión de derechos políticos de quienes estén bajo proceso penal, aun si se
encuentran en libertad, o la imposición de trabajos como pena.
Las
expectativas generadas por la llegada de Silva Meza, quien era considerado el
ministro más liberal de la Suprema Corte, se limitaron al tema de los derechos
humanos. Las reformas constitucionales en materia de amparo y la de derechos
humanos, de 2011, fueron los motivos por los que acordó el inicio de la Décima
Época del Semanario Judicial de la Suprema Corte.
Pero
la SCJN también se vio obligada a revisar sus criterios por los fallos de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano,
empezando por el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, el
campesino guerrerense que fue detenido en un retén militar en Atoyac de
Álvarez, Guerrero, durante la guerra sucia de la década de los setenta.
A
partir de esa sentencia, la Corte fijó principios para que juzgados militares
no ejerzan su jurisdicción en casos de civiles, mas no se atrevió a sentar
jurisprudencia sobre la manera en que deben ser juzgados los elementos
castrenses en casos de violaciones a derechos humanos de civiles.
No
obstante, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) decidió integrar a su programa Memoria del Mundo los
expedientes del caso Radilla, por lo que desde noviembre pasado forman parte
del patrimonio documental de la humanidad.
En
diciembre pasado, la Organización de las Naciones Unidas concedió el Premio de
Derechos Humanos 2013 a la Suprema Corte por considerar que “ha logrado
importantes progresos en la promoción de los derechos humanos a través de sus
interpretaciones y de la aplicación de la Constitución mexicana y sus
obligaciones bajo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
El
premio fue cuestionado por Santiago Corcuera, integrante del Comité contra las
Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, quien consideró que con su decisión
de hacer interpretación restrictiva de los tratados internacionales de derechos
humanos, la Corte “decidió volver inmunes” figuras como el arraigo.
“Falta
conocer el ‘engrose’ de la decisión de la SCJN y ver si se matiza lo anunciado…
y en cambio determina que las limitaciones a derechos contenidas en la Constitución
se interpretarán conforme a las reglas previstas en los tratados
internacionales sobre derechos humanos, como los artículos 29 y 30 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues de lo contrario los efectos
pueden ser funestos”, escribió el especialista en el periódico El Universal el
14 de diciembre de 2013, cuatro días después de que Silva Meza viajara a la
sede de la ONU, en Nueva York, a recibir el premio.
Continuó:
Es una ironía que Naciones Unidas premie a la Suprema Corte por sus
“importantes progresos” en materia de derechos humanos. “Eso, en general, era
verdad hasta el 3 de septiembre, por lo que asumo que la ONU adoptó esa
decisión antes de esa fecha”.
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