Empieza la disputa por la Suprema Corte/reportaje

Se mencionan como probables sucesores de Silva Meza a Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Sergio Valls Hernández.

Empieza la disputa por la Suprema Corte/

Jorge Carrasco Araizaga, reportero.

Revista Proceso # 1941, 11 de enero de 2014

Por dentro y por fuera, la Suprema Corte empieza a ser zarandeada, y muchas otras convulsiones tendrá que vivir en el curso de este año: En lo interno, por los intensos cabildeos de los ministros que se disputan la presidencia del máximo tribunal, entre los cuales hay cuatro punteros hasta el momento. En lo externo, a causa de las miles de impugnaciones y recursos de amparo que recibirá en contra de las reformas constitucionales y las leyes secundarias derivadas de la reformitis de Enrique Peña Nieto…

Con varios ministros decididos a cabildear todo este año dentro y fuera del Poder Judicial de la Federación en busca de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ese órgano tendrá que hacer frente en los próximos meses a las inconformidades generadas por las reformas constitucionales que promovió Enrique Peña Nieto y que fueron aprobadas sin discusiones de fondo en el Congreso.

Aun cuando faltan leyes secundarias, varios aspectos de las reformas educativa, fiscal, energética y de transparencia están controvertidos en la SCJN. Otros temas, como el techo del endeudamiento gubernamental y algunos relacionados con la Ley de Juegos y Sorteos, también dejarán ver, ante la reformitis de Peña Nieto, el talante de los ministros, especialmente el de quienes aspiran a presidir la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los dos cargos más importantes en el cada vez más influyente Poder Judicial de la Federación, que tiene ya más de 40 mil empleados en todo el país.

Además, el máximo tribunal este año pondrá a prueba su discurso derecho-humanista cuando se pronuncie sobre la constitucionalidad del arraigo en México, una figura impulsada por Felipe Calderón durante su mandato a pesar de hallarse cuestionada por el derecho internacional.

En el propio Poder Judicial los que más se mencionan como probables sucesores de Juan Silva Meza son los ministros Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Sergio Valls Hernández.

En la SCJN y en el Consejo de la Judicatura Federal, el órgano de control y administración de los juzgados y tribunales federales, el nombre de Aguilar Morales es de los más recurrentes, aun cuando su ingreso a la Suprema Corte quedó marcado por su cercanía con el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, quien había quedado envuelto en el escándalo por el desvío de recursos del sindicato a la frustrada campaña presidencial del PRI en el año 2000.

 El día del juramento de Aguilar Morales ante el pleno de ministros, el 7 de diciembre de 2009, Romero Deschamps llegó como invitado de honor del entonces flamante ministro.

 El ahora senador del PRI evitó la interrelación con los otros invitados e ingresó al salón de plenos de la Corte en momentos en que la ceremonia protocolar ya había comenzado. Tan pronto acabó la sesión, salió de prisa, aunque en una breve declaración a la prensa dijo que había ido a la SCJN invitado por su amigo Aguilar Morales.

 De 64 años de edad y con casi 40 años de carrera judicial, Aguilar Morales ha sido miembro del CJF y secretario general de la Presidencia y oficial mayor del máximo tribunal. Llegó a éste propuesto por Felipe Calderón. A partir del presente año, preside la Segunda Sala de la Suprema Corte.

Su cabildeo para reemplazar a Silva Meza es intenso en el llamado “foro”, como se conoce al ámbito de los litigantes. La revista El mundo del abogado, en cuyo consejo editorial participan funcionarios del Poder Judicial y abogados de despachos influyentes, de plano ya lo da como el sucesor:

“Todo indica que Luis María Aguilar será el próximo presidente de nuestro máximo tribunal. Su larga experiencia como juez y magistrado, su postura moderada a la hora de emitir sus fallos y la buena aceptación que tiene entre sus colegas así lo hacen suponer”, publicó la revista en diciembre pasado.

En su número actual, abiertamente se pronunció en contra de Arturo Zaldívar: “Si bien suenan algunos nombres de los ministros para encabezar nuestro máximo tribunal a finales de 2014, no hay que perder de vista que su próximo presidente tendrá que ser un juez de carrera.

“Sin negar los méritos de los ministros que no lo son, la realidad es que la Judicatura Federal difícilmente respaldará a un antiguo integrante de la administración pública, a un litigante o a un académico. Para decirlo de otro modo, Margarita Luna Ramos tiene más posibilidades que Arturo Zaldívar.”

Zaldívar llegó a la Corte el mismo día que Aguilar Morales, en diciembre de 2009, con 50 años de edad. Durante 25 años fue abogado en materia constitucional, con un paréntesis en 1995, año en el que fungió como coordinador de asesores en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

La publicación también se refirió a los ministros Fernando Franco y Sergio Valls, quienes no son de carrera judicial. Franco González Salas, de 63 años, es ministro de la Corte desde diciembre de 2006 y ha pasado por altos cargos en los tres poderes del Estado. Fue secretario general de la Cámara de Diputados, subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Social, y subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación.

Igualmente, se desempeñó como magistrado del Tribunal de lo Contencioso Electoral, y luego tuvo el puesto de magistrado presidente del Tribunal Federal Electoral, antecedente inmediato del actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El ministro Valls Hernández, de 72 años, ha pasado asimismo por la administración pública: la desaparecida Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, el Infonavit y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, fue diputado federal de su estado natal, Chiapas, por el PRI. Con una amplia red política que lo mismo incluye a Diego Fernández de Cevallos que al clan Salinas, Valls Hernández es también cercano a Peña Nieto, con quien trabajó uno de sus hijos en el gobierno del Estado de México (Proceso 1725). No es la primera vez que busca la presidencia de la Corte.

En el caso del ministro procedente de la academia, la referencia es a José Ramón Cossío Díaz, quien desde el pasado proceso sucesorio renunció a buscar la presidencia de la Suprema Corte.

Decisiones en la mira

Las decisiones de Aguilar Morales estarán más en la mira durante este año. Una de ellas es sobre los alcances de la consulta popular, el último recurso legal de los opositores a la reforma energética de Peña Nieto y que amenaza con despedir a miles de trabajadores del STPRM, que preside su amigo Romero Deschamps.

La Ley Federal de la Consulta Popular, que ya pasó por la Cámara de Diputados y aún está pendiente de aprobación en la de Senadores, establece que podrán realizarse consultas ciudadanas vinculatorias siempre y cuando tengan como mínimo 2% de la lista nominal electoral. El PRD ya entregó al Senado 1 millón 700 mil firmas para someter a consulta popular la reforma energética, 100 mil más que las requeridas.

La reforma al artículo 35 de la Constitución fijó seis límites a la figura de consulta popular. Según lo aprobado por los diputados,­ se excluyen de esa forma de participación ciudadana aquellos asuntos relacionados con la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los instrumentos internacionales.

De la misma manera, los relativos a la materia electoral y los principios del artículo­ 40 de la Constitución sobre la organización del Estado mexicano en una república representativa, democrática y federal. La misma suerte de exclusión corrieron los temas que tengan que ver con los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional, y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas.

La Suprema Corte tendrá que pronunciarse en torno a si la consulta popular sobre la reforma energética afecta alguno de esos principios, en especial el de los ingresos y gastos del Estado. De ser avalada por los ministros, la consulta popular tendría lugar el próximo año, organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), el sustituto del Instituto Federal Electoral (IFE).

Los ministros también deberán fijar su posición ante la reforma fiscal. En diciembre pasado, Fernando Franco admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad que promovieron 62 senadores de oposición contra la homologación del IVA en la frontera, que pasó de 11 a 16%.

Según informó la ministra Margarita Luna Ramos el jueves 2, al inicio del primer periodo de sesiones del Pleno para 2014, el recurso 40/2013 es en contra del decreto publicado por Peña Nieto en el Diario Oficial el 11 de diciembre pasado. Hasta ese día no se había asignado el juicio a ningún ministro.

En materia de recaudación, la Corte ha dado la razón al Ejecutivo y al Congreso bajo el principio de que los legisladores tienen amplias facultades para fijar las tasas impositivas. Sólo ha puesto como condición que no sean “ruinosas y confiscatorias” para los contribuyentes. Por si fuera poco, en ese tema, Peña Nieto tiene un gran aliado, el primer ministro de su sexenio, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien llegó a la SCJN desde su despacho como jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Está pendiente el juicio de acción inconstitucional promovido por 44 senadores que se oponen a la contratación de deuda pública adicional para este año, y una controversia constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados en contra de Peña Nieto por valerse del Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos para autorizar la importación de máquinas tragamonedas.

Del mismo modo, los ministros fijarán su posición ante las leyes secundarias de la reforma educativa. Luego de que en agosto pasado rechazó amparos colectivos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en contra de la modificación constitucional correspondiente, el máximo tribunal tendrá que resolver miles de amparos, también de la CNTE, en contra de las leyes secundarias, vigentes desde septiembre pasado.

La apuesta de los maestros disidentes es que a través de la Suprema Corte el Congreso modifique las leyes reglamentarias, que la disidencia considera violatorias de sus derechos humanos, previstos en la Constitución y en tratados internacionales.

Los mentores invocan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 23 establece que toda persona tiene derecho al trabajo y a la protección contra el desempleo. Con ese argumento, pretenden evitar ser separados del servicio docente en caso de no aprobar las evaluaciones previstas en la reforma.

Derechos humanos

La Corte quedará frente al discurso a favor de los derechos humanos promovido por la gestión de Silva Meza e impulsado por el ministro Zaldívar, quien desde que asumió como ministro, en diciembre de 2009, se erigió como defensor de los derechos humanos desde el más alto tribunal del país.

Después de protagonizar juicios de gran interés mediático, como el de la guardería ABC y el amparo de la ciudadana francesa Florence Cassez, el 3 de septiembre pasado Zaldívar acabó sumándose a la mayoría del pleno al considerar que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, siempre y cuando no contradigan a la Carta Magna.

La decisión fue criticada por las organizaciones defensoras de derechos humanos, por lo que Zaldívar tuvo que salir a aclarar su cambio de parecer, de una resolución que consideraba el principio pro persona a la de los límites constitucionales. Según el ministro, “las restricciones son unas cuantas”, entre ellas el arraigo y la extinción de dominio.

Contraria a los principios internacionales de derechos humanos, la Constitución mexicana prevé el arraigo para procesar penalmente a las personas. Además, considera la suspensión de derechos políticos de quienes estén bajo proceso penal, aun si se encuentran en libertad, o la imposición de trabajos como pena.

 Las expectativas generadas por la llegada de Silva Meza, quien era considerado el ministro más liberal de la Suprema Corte, se limitaron al tema de los derechos humanos. Las reformas constitucionales en materia de amparo y la de derechos humanos, de 2011, fueron los motivos por los que acordó el inicio de la Décima Época del Semanario Judicial de la Suprema Corte.

 Pero la SCJN también se vio obligada a revisar sus criterios por los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano, empezando por el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, el campesino guerrerense que fue detenido en un retén militar en Atoyac de Álvarez, Guerrero, durante la guerra sucia de la década de los setenta.

 A partir de esa sentencia, la Corte fijó principios para que juzgados militares no ejerzan su jurisdicción en casos de civiles, mas no se atrevió a sentar jurisprudencia sobre la manera en que deben ser juzgados los elementos castrenses en casos de violaciones a derechos humanos de civiles.

 No obstante, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) decidió integrar a su programa Memoria del Mundo los expedientes del caso Radilla, por lo que desde noviembre pasado forman parte del patrimonio documental de la humanidad.

 En diciembre pasado, la Organización de las Naciones Unidas concedió el Premio de Derechos Humanos 2013 a la Suprema Corte por considerar que “ha logrado importantes progresos en la promoción de los derechos humanos a través de sus interpretaciones y de la aplicación de la Constitución mexicana y sus obligaciones bajo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

El premio fue cuestionado por Santiago Corcuera, integrante del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, quien consideró que con su decisión de hacer interpretación restrictiva de los tratados internacionales de derechos humanos, la Corte “decidió volver inmunes” figuras como el arraigo.

“Falta conocer el ‘engrose’ de la decisión de la SCJN y ver si se matiza lo anunciado… y en cambio determina que las limitaciones a derechos contenidas en la Constitución se interpretarán conforme a las reglas previstas en los tratados internacionales sobre derechos humanos, como los artículos 29 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues de lo contrario los efectos pueden ser funestos”, escribió el especialista en el periódico El Universal el 14 de diciembre de 2013, cuatro días después de que Silva Meza viajara a la sede de la ONU, en Nueva York, a recibir el premio.

 Continuó: Es una ironía que Naciones Unidas premie a la Suprema Corte por sus “importantes progresos” en materia de derechos humanos. “Eso, en general, era verdad hasta el 3 de septiembre, por lo que asumo que la ONU adoptó esa decisión antes de esa fecha”.